Censura, Cambio Radical y Jaime Eduardo Maestre Dau

Un Sector Político quiere imponer el silencio
Por. Victor Garavito

Agresión, racismo, xenofobia e intimidación por parte del sector político que acompañó al excandidato de Cambio Radical a la alcaldía de Ariguaní Jaime Eduardo Maestre Dau, son los únicos argumentos contra la investigación periodística y el derecho constitucional a la libertad de expresión de cualquier ciudadano, en una actitud claramente fascista con la que se intenta imponer el silencio.

Así se infiere de las reacciones después que circuló el artículo en las redes sociales y publicado en el blog [ar] actualidad regional: “¿Y qué hay de nuevo en la Demanda contra el Alcalde de Ariguaní, Rivelino Mendoza Ballestas?”, el pasado 8 de marzo del presente año. La investigación periodística suscitó fuertes manifestaciones, que fueron publicadas en la social media de Instragam (como la imagen de esta nota de prensa).

La precaria altura intelectual y el lenguaje procaz que acompaña a quienes rodean a Maestre Dau y al Partido Cambio Radical, dan cuenta de la pobre lectura y la escasez de herramientas conceptuales de los connotados e ilustres prohombres ariguanenses que pertenecen a este sector, al abordar su análisis de la realidad local y regional. Este hecho refleja claramente el estilo que siempre han utilizado y las intenciones de quienes ejercen y solo conocen la política del odio, la codicia y la venganza.

De igual forma, este típico y peligroso ejemplo de intimidación y constreñimiento contra la prensa independiente, quebranta al derecho Constitucional al trabajo consignado en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia; además, se empeñan en coartar derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia” consignado en el artículo 24 de la Carta Magna.

Por otro lado, las actuaciones y expresiones de quienes seguramente hacen parte del grupo político de Maestre Dau, solo buscan que las comunidades de la subregión centro del departamento, no tengan acceso a la información, violando los artículos de la Constitución que consagran los derechos y garantías para la libertad de expresión y la labor periodística, como son:

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho de rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.

Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable”.

De otra parte, de forma flagrante, soez, obscena y vulgar, vulneran el Derecho a la No Discriminación y a la Igualdad en la Diversidad, dispuesto en la Ley 1482 del 30 de noviembre de 2011, que en su artículo primero señala: “Esta ley tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación, para ello se modificó el Título I del Libro II del Código Penal en su Capítulo IX, arts. 134 a y b, entre otros.

Por eso, frente a las peligrosas agresiones (Que no son los primeros), a la libertad de expresión, a las garantías para el ejercicio periodístico, nuestro derecho a pensar distinto y al respeto a la diversidad consagrados en el ordenamiento legal vigente, no nos queda más que iniciar todas las acciones legales en las instancias pertinentes, alertar a las diferentes organismos  nacionales e internacionales de protección a los periodistas, como la Fundación para la Libertad de Expresión Flip, la Federación Colombiana de Periodista, Fecolper y el Comite Permanente para los Derechos Humanos, CPDH; así mismo, solicitar a medidas cautelares al Estado ante hechos como los que protagonizan quienes acompañan y/o rodean al excandidato de Cambio Radical a la Alcaldía de Ariguaní, Jaime Eduardo Maestre Dau.

Igualmente, no quiero desaprovechar la oportunidad para Editorializar sobre el tema, que genera varias reflexiones a la sociedad y entre otras cosas queda develado de forma diáfana el desespero de quienes intentan imponerse de cualquier forma y a como dé lugar con el viejo concepto de Maquiavelo, muy utilizado por la clase política colombiana: “El fin justifica los medios” [1]; conservando un visión medieval de la realidad y asumiendo que Ariguaní es un feudo que les pertenece a unas pocas familias y que la Alcaldía se hereda por su condición social, económica, linaje o abolengo.

Sin embargo, hay temas gruesos y estratégicos para el desarrollo del municipio y la región en los que debería intervenir Cambio Radical y promover el debate, por ejemplo: los $12.000 mil millones de las deudas que sí heredó el municipio de la Administración del ex-alcalde Carlos Eduardo Castilla Baena y su supuesto desorden fiscal; los presuntos cobros irregulares del impuesto predial realizados por la Secretaria de Finanzas y del Tesoro que superan los $2.000 millones, que deberán ser investigados para esclarecer las denuncias realizadas antes los organismos competentes; el nombramiento en la Oficina de Control Interno de la ex-tesorera Esperanza Hincapié Morales sin cumplir los requisitos y en un claro conflicto de intereses como si en la Administración Pública lo ético no importará; la situación de orden público y derechos humanos en El Difícil, los planes para la superación de la pobreza con equidad, la próxima Reforma Estructural de Impuestos en Colombia, en fin, sólo por nombrar algunos asuntos que le preocupan a las comunidades y que les afectan directamente.

Finalmente, ante todos estos hechos:  ̶  Usted aún se los imagina gobernando en Ariguaní…

NOTA: Agradezco las innumerables muestras de respaldo y los fraternales gestos de quienes me han expresado su solidaridad y su apoyo como periodista.  

Imagen: Still de Instagram

Referencia

  1. [On Line] LLANO ESCOBAR, Alfonso  S. J. “El fin justifica los medios: Maquiavelo”. El Tiempo, 3 de marzo de 1996.
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2 comentarios en “Censura, Cambio Radical y Jaime Eduardo Maestre Dau

  1. Artículo 220. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuena y cuatro (54) meses  y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

     Artículo 221. Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses  y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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