Marcha Patriótica: “Ni Una Vida Más”

“Exigimos Garantías”
Por. Víctor Garavito

“Sino cesa el exterminio ciudadano” podría haber un llamado al Paro Cívico Nacional, esta fue la respuesta de los diversos sectores políticos que integran la Marcha Patriótica, frente a los últimos cinco asesinatos y dos atentados que sufrieron sus miembros durante el pasado fin de semana.

Y no es para menos, en lo que va corrido del 2016, a la Marcha Patriótica le han asesinado 70 líderes; además, se perpetraron contra sus militantes 341 agresiones individuales, 279 amenazas y 28 atentados contra varios de sus dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra, “quienes tenían en común haber trabajado en la construcción y la defensa del actual proceso de paz”, así lo precisó la Dirección Nacional del movimiento político, en un pronunciamiento ante los medios informativos nacionales e internacionales, este martes 23 de noviembre.

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“En los últimos cuatro días el país a presenciado el homicidio selectivo de cinco líderes Erley Monroy, Didier Losada Barreto, José Antonio Velazco, Rodrigo Cabrera, John Rodríguez, quienes eran destacados dirigentes campesinos, comunitarios, defensores de derechos humanos y, por supuesto, defensores del actual proceso de paz; de igual manera, se han realizado por parte de los actuales enemigos del proceso de paz, atentados contra la vida y la integridad física, de los también líderes campesinos, Danilo Bolaños Díaz y Argemiro Lara, quien también se ha destacado por su valiosa labor de defensa de los derechos humanos y líder reclamante de tierras. Es de anotar, que actualmente, el estudiante Hanier Hurtado, de Cali, se encuentra desaparecido”, precisó el comunicado leído por la excongresita Piedad Córdoba Ruíz.

Y agregó que: “No ayuda en absoluto que el Estado colombiano continúe negando o minimizando la existencia de grupos paramilitares en el territorio nacional. El Estado y el alto gobierno poseen instrumentos Constitucionales para enfrentar amenazas extraordinarias incompatibles con el logro de la paz y la convivencia”.

Igualmente señaló que: “El Consejo Gremial, la iglesia católica, las organizaciones cristianas, la universidades, los partidos políticos que brillan por su ausencia deben repudiar enfáticamente estos crímenes que afectan a las personas más indefensas y así evitar que estos lamentables hechos se conviertan en el inicio de una tragedia nacional”.

“Por las anteriores razones, exigimos parar los crímenes de defensores y defensoras de la paz, que cese la impunidad del sicariato, para ello se hace necesario que la Fiscalía General de la Nación y que las autoridades competentes cumpla con su deber constitucional sin más dilaciones. Que todos las fuerzas políticas sin excepción, incluida el Centro Democrático, condenen estos crímenes”.

Entre el Paramilitarismo y los señalamientos del Estado

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Dra. Liceth Montero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica 

Ante el sistemática persecución y asesinato de los miembros de la Marcha Patriótica, se realizarán una serie de movilizaciones, que buscan defender la vida y exigirle al Gobierno Nacional, las garantías necesarias para el desarrollo de su actividad política.

¿Pero cuál es la situación real que enfrenta la Marcha Patriótica? Para conocer la coyuntura por la que atraviesa el movimiento político, dialogamos con la abogada Liceth Montero, quien pertenece la Comisión Nacional de Derechos Humanos de esta agrupación.

[ar]: ¿Qué lectura hace la Marcha Patriótica de los hechos que durante los últimos meses ha vivido?

Liceth Montero: Hoy es necesario que las autoridades cumplan con su deber constitucional y legal de investigar, esclarecer y sancionar a los responsables de estos hechos. Pero, nos preocupa y nos llama poderosamente la atención, la actitud institucional que se han asumido, en relación señalar que existen móviles diversos para la comisión de los homicidios, especialmente, afirmando que nuestros dirigentes están en asuntos relativos al narcotráfico o que estos casos pueden ser producto de ajustes de cuentas; incluso, las autoridades, tienen han dicho que algunos tenían antecedentes por algunos de delitos.

Bajo estos señalamientos, es claro que estas afirmaciones son irresponsables y no corresponden a una labor investigativa y nos permite afirmar estas versiones tienen una intencionalidad política, como es la de decirle a la Marcha que sus muertos tienen una vinculación con su pertenencia a nuestra organización, sino que existen móviles diversos en cada uno de los casos, lo que es contrario a la realidad.

Por eso, el llamado que nosotros hacemos es precisamente que se cumpla con las obligaciones constitucionales y se pueda esclarecer las circunstancias en las que se producen los hechos que afectan a integrantes activos de nuestra organización política y que han tenido un papel fundamentalmente de liderazgo dentro de sus comunidades.

Y, ese liderazgo al que nosotros hacemos referencia, no es el liderazgo de los partidos políticos tradicionales; dado que estos hombre y mujeres, son importantes para sus comunidades, porque habían contribuido ha construir el tejido social, porque son defensores de derechos humanos, del campesinado y, en ese sentido.

De igual forma, independientemente que se produzca cualquier homicidio en el país, la obligación de las autoridades debe ser la de promover el respeto por los derechos humanos y evitar que estos casos se sigan produciendo; más aún, cuando son militantes de una organización política como la Marcha, porque nosotros hemos venido denunciando situaciones de señalamiento, de persecución, de montajes judiciales, sobre los cuales las autoridades nunca han ofrecido una respuesta que permita para con este tipo de de agresiones.

[ar]: ¿Actualmente se imponen mecanismos de impunidad frente a los diferentes casos que han vivido los dirigentes y líderes sociales en las diferentes regiones del país?

Liceth Montero: Sí, claro que sí. La incapacidad en términos de esclarecimiento de los hechos esta probada; son 124 casos de los cuales, la institucionalidad nunca ha podido ofrecer una respuesta certera, en relación a cuantos de ellos tienen avances en materia investigativa; por esta razón, podemos hablar y afirmar que existe impunidad en un 100% en el esclarecimiento frente a estos casos.

Igualmente, dentro de esos 124 homicidios vinculan claramente a miembros de la fuerza pública, como son los homicidios de campesinos en el sur del departamento del Cauca, como Faiber Antonio Erazo Cuéllar en enero del 2015 y el asesinato de Miller Bermeo en noviembre del año pasado, donde claramente estamos frente a ejecuciones extrajudiciales que no han sido esclarecidas y existe incluso colisiones de competencias, porque la Jurisdicción Penal Militar pretende acoger estos delitos como actos en el marco del servicio, cuando lo que son y constituyen son graves violaciones a los derechos humanos.

[ar]: ¿Ante la impunidad y este plan sistemático de exterminio contra los miembros de la Marcha Patriótica, cuáles son las acciones que emprenden desde el escenario jurídico?

Liceth Montero: Nosotros hemos venido realizando todas las acciones pertinentes; en este sentido, los homicidios están denunciados ante la jurisdicción ordinaria. Así mismo, hemos solicitado el paso de los expedientes de estas investigaciones a Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos.

También hemos y estamos emprendiendo acciones jurídicas por apología al genocidio e instigación al delito, contra quienes están saludando la muerte de los integrantes de la Marcha Patriótica y están celebrando que en este país haya personas que asuman las armas para terminar con la vida de dirigentes comunales, campesinos y defensores de derechos humanos.

[ar]: ¿En el plano de la organización social la Marcha Patriótica prevé algunas acciones?

Liceth Montero: Por supuesto, nosotros hemos hecho un llamado muy importante al país para fortalecer la movilización y la organización, como mecanismo de defensa de la vida y el territorio.

De tal manera, que la gente ha asumido actividades como las de las Guardias Campesinas para la protección del territorio y la conformación de Comités de Derechos Humanos y creemos que ahí esta la esencia de una labor de blindaje de las comunidades ante estos hechos.

Pero nada de esto funciona sino existe la voluntad política del Estado en materializar las garantías y brindar los elementos que permitan que las comunidades puedan vivir en paz en sus territorios y no corra riesgos por el hecho de manifestar su pertenencia a una organización como la Marcha.

El llamado al Estado colombiano es a que asuma su labor constitucional y legal de sus instituciones, como es garantizar los derechos humanos y la permanencia de las comunidades en sus territorios; así como, los derechos a la participación política y organización de las comunidades. Igualmente, hacemos un llamado urgente a investigar y esclarecer estos hechos y poder brindar respuestas que permitan evidenciar que tenemos las garantías suficientes para el ejercicio de la política.

[ar]: ¿Existen evidencia claras de la aparición nuevamente de paramilitares en amplias zonas del país. Cuál es la percepción que tiene la Marcha Patriótica ante estas realidades que intentan imponer nuevamente el miedo y sembrar la muerte?

Liceth Montero:  Nosotros lo que hemos podido evidenciar es que hay presencia de todos estos grupos en el suroccidente colombiano, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en Cesar, Magdalena, Norte de Santander, en zonas como en El Zulia; pero, también en el Choco, Meta, Guaviare, Antioquia, Tolima, Putumayo y Bolívar. Estos estos territorios, claramente existe un proceso de reestructuración de estos grupos que amenazan la integridad de las organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y de los luchadores por la paz.

Nuestra postura es clara y es que se deben implementar inmediatamente las garantías planteadas en el punto tres (3) del Acuerdo de Paz, relativos a todos los desarrollos institucionales tendientes al desmonte del paramilitarismo; que deben pasar, no solamente por acciones judiciales sino de política criminal, en relación a establecer una pedagogía que le permita al país erradicar esta cultura del paramilitarismo, aunque es preciso señalar que hoy tiene unos matices distintos; actualmente, no estamos frente al paramilitarismo de antaño, pero evidentemente son estructuras que se plantean desde lo paraestatal ó parainstitucional y son una autentica amenaza para los derecho de la vida y de la organización de las comunidades en los territorios.

Fotografía: [ar] actualidad regional, 2016.

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