Y qué pasó en el Congreso en el 2016

Saldo Negativo en materia social
Por. Víctor Garavito

El balance social que arrojan las decisiones legislativas tomadas por el Congreso de la República en el 2016, es negativo para la amplia mayoría de los colombianos y los sectores populares del país.

En materia legislativa el 2016 el saldo es negativo para las aspiraciones de las clases medias y bajas en Colombia, quienes enfrentarán un incierto 2017 en materia económica, con un salario básico que cada día pierde poder adquisitivo, con un aumento del 7%, $741.717 más auxilio de transporte $83.140 para un total $820.857, fijado por el Gobierno Nacional; al mismo tiempo, aumenta la concentración de la riqueza en el 9% de la población y persiste la entrega del país a los intereses de la multinacionales extranjeras.

Sin embargo, en medio de esta nada halagador panorama, la clase política que ocupa el Congreso de la República, se dedicó en el 2016 a favorecer la plutocracia criolla y las multinacionales minero energéticas, con reformas y leyes que garantizan el despojo de las riquezas de los colombianos y hacen inviable el desarrollo del país.

Por otro lado, si se trata del control político ejercido, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, es absolutamente pobre, dado que no arrojó resultados concretos dentro del ejecutivo ni de las entidades encargadas de realizar las investigaciones frente a las diferentes denuncias por corrupción o el fracaso de este modelo económico que no contribuye al desarrollo ni al bienestar, ni siquiera a punta del asistencialismo de sus políticas sociales sino que perpetua la pobreza; aunque el legislativo sea ha dedicado a promover la destrucción de los ecosistemas estratégicos y las violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios del Estado.

De esta manera, el Congreso de Colombia demostró una vez más, que sigue siendo la trinchera donde la clase política, junto con la plutocracia y las transnacionales deshacen este precario remedo de democracia y negocian el país, que se supone nos pertenece a todos. Mientras el Centro Democrático da un precario espectáculo en su defensa al gobierno del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y los intereses del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, que patrocinaron sus mentiras en la campaña del No al plebiscito por la paz, pero votaron afirmativamente la Reforma Tributaria.

Así lo refleja el hundimiento de la Proyecto de Acto Legislativo que intentaba consagrar al agua como un derecho fundamental, que fuera impulsado por las organizaciones ambientales del país y presentado por el Senador Jorge Eliécer Prieto Riveros; pero también, la iniciativa legislativa del Senador Jesús Alberto Castilla que buscaba reconocer al campesinado como sujeto político y promover políticas para proteger la cultura, la economía campesina, así como el reconocimiento al derecho a la tierra individual, colectivamente para las familias y comunidades campesinas, con el fin de acceder a la titulación y el territorio.

En cambio, el 16 de junio fueron aprobados los 244 artículos del Código de Policía que claramente viola los más elementales derechos humanos, criminaliza la protesta social y convierte a todos los ciudadanos en un blanco potencial de una sociedad inmersa en la sospecha, de una fuerza que se niega a mejorar sus relaciones con las comunidades y salirse del esquema de la guerra de baja intensidad, aplicada desde 1970, fecha en que se expidió la anterior norma que duro vigente por los últimos 46 años.

Pero también, esta legislatura consolidó las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, Zidres, con la expedición de la Ley 1776 del 29 de enero del presente año, por las que el lobby de las multinacionales se cortan las venas, dado el jugoso negocio que representa para el capital especulativo financiero y la legalización de la entrega de las mejores tierras del país al capital extranjero. Así se legitimó el despojo de tierras a los campesinos colombianos, en un país que un día era nuestro.

Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la joya de la corona: la Reforma Tributaria, aprobada a pupitrazo limpio y bajo la presión del lobby empresarial colombiano y de las multinacionales extranjeras.

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El regalo de navidad del Congreso de la República castigará a los colombianos por ser pobres con un IVA del 19%, es decir $7.5 billones al que nos condenaron los Senadores y Representantes; al tiempo que los más ricos solo le aportaran al fisco nacional el 0,4% billones en sus impuestos el 2017; mientras esto pasa el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón subasta al país en los mercados internacionales.

Esta Reforma Tributaria espera recaudar $12 billones para tapar el hueco fiscal que nos ha dejado la corrupción del Estado colombiano y los negocios de los altos funcionarios del Gobierno, a su vez premia y promueve la evasión, dado que solo se sancionará a los evasores a partir de $5.000 millones. Sin embargo, el 60% de los productos de la canasta familiar fueron gravados con el IVA del 19%.

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De tal manera, que los que ganaron fueron los Congresistas, quienes están cobrando el 12% a los Alcaldes por los “cupos” de los contratos que les da el Gobierno Nacional por votar sus proyectos, que es como funciona la mermelada que se esparce desde la Presidencia de la República y con la que se van aceitar las campañas políticas que elegirá, como siempre a los mismos el próximo año.

Finalmente, Colombia termina con un saldo negativo en materia social y como el tercer país más desigual en el mundo, en medio de una realidad de una nación carcomida por el hambre, la impunidad, la corrupción y ambiciones de las multinacionales extranjeras que nos saquean y solo dejan destrucción a su paso por el territorio nacional. Por eso, este no será un feliz año para todos.

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