La Transformación de Santa Marta y el Aporte de la Cultura al Desarrollo

[Entrevista] Diana Viveros: “Un Proceso en Construcción”
Por. Víctor Garavito

En un país donde la corrupción, es parte fundante de su sociedad, como lo han demostrado en los últimos días el caso de Odebrecht S.A. y Reficar; es más, en un Departamento como el Magdalena, en el que uno de los más altos funcionarios de la Gobernación de Rosa Cotes y exsecretario de educación, Antonio José Matera Ramos, esta prófugo de la justicia debido a irregularidades en contratos por $18.531 millones, hablar de cultura como eje estructurante del desarrollo, suena extraño.

Sin embargo, en Santa Marta, en los últimos 6 años, se inició un proceso de transformación que comenzó desde la Administración, del entonces Alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar.

Este fue el punto de partida de los profundos cambios que ha vivido el Distrito de Santa Marta, con una inversión destinada al desarrollo social, lo que se constituyó en una verdadera cruzada para devolverle a los samarios una ciudad inmersa en los más sofisticados entramados de corrupción, al que la habían llevado su cuestionada clase política.

Por eso hoy, con el actual alcalde Rafael Alejandro Martínez, los samarios se sienten orgullosos de su ciudad y de todo lo que han alcanzado en estos últimos seis (6) años. De esta forma, demostraron que sí era posible el desarrollo y el bienestar social, cuando sus ciudadanos se lo proponen y luchan por los que les pertenece y se lo arrebatan de las manos a quienes nunca hicieron nada por la “Perla del Caribe”, nuestra Santa Marta.

Y en todo este ciclo la cultura ha jugado un papel muy importante en la construcción de ciudadanía, ha tal punto que logró consolidar un sector que se encontraba al margen del desarrollo; además, de promover la identidad cultural de los samarios, la salvaguarda de su patrimonio material e inmaterial; así como el impulso al fomento y la construcción de públicos, la investigación etnocultural, la producción artística y su circulación.

Hoy la Dirección de Cultura Recreación y Deporte del Distrito de Santa Marta, tiene cinco (5) programas estratégicos y unas metas tangible para el 2017. Por eso, dialogamos con su Directora, la Antropóloga Diana Viveros Paz, para conocer sobre las prospectivas del sector.

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[ar] actualidad regional: ¿Qué papel juega la formación artística en el Distrito de Santa Marta?

Diana Viveros P.: Este es uno de los programas estratégicos del Distrito, como lo son las Escuelas de Formación Artística y Cultural, EFAC, con las que aspiramos a formar a 3.200 niños en el 2017, en todas las disciplinas y expresiones culturales.

Además, no proponemos que mediante Acuerdo Distrital se establezca este programa de las Escuelas como una política, es decir, que pasen de ser un proyecto a un programa permanente, donde niños, niñas y jóvenes samarios, puedan desarrollar todo su potencial creativo y su talento. Este es uno de nuestros principales objetivos para este año.

[ar] ¿Cómo Santa Marta se posiciona en el ámbito nacional como una ciudad con oferta cultural permanente?

DVP.: La segunda meta queremos posicionar a Santa Marta como una ciudad de Festivales. En la actualidad hay seis (6) certámenes y queremos que estos se mantengan en este año y que los colombianos, la región y el turismo internacional, estén enterados que en la ciudad hay una oferta cultural en la que puede disfrutar y participar.

Por otro lado, entendemos que con los Festivales dinamizamos la cultura, además, contribuye con la formación, el intercambio de saberes y el emprendimiento local de nuestros creadores.

[ar] ¿Qué mecanismos para el fomento de la actividad creativa y el fortalecimiento del sector tiene previsto la Dirección de Cultura?

DVP.:  Actualmente, contamos con un Fondo de Apoyo y Estimulo a las Artes y la Cultura, que se lanzó en el 2016, ya hizo su primera convocatoria y cuenta con un significativo número de proyectos que radicaron los artistas locales y demás entidades culturales de la ciudad. Este Fondo, estamos gestionando con la empresa privada su fortalecimiento.

Así mismo, buscamos que la ciudadanía se organice y el sector se formalice para acceder a los diferentes recursos del Fondo.

[ar] ¿Con respecto a los procesos de construcción de ciudadanía o cultura ciudadana, qué proyecto tiene el Distrito?

 DVP.:  Otro de nuestros proyectos estratégicos es “Entró Al Juego”, es un proyecto de cultura ciudadana, que desde el lenguaje deportivo pretende llegar a los turistas y samarios con el propósito de ir sensibilizando a la comunidad en temas de convivencia y civismo, donde nuestras relaciones sociales y la cotidianidad, estén mediadas por el respeto, así como, la solidaridad entre quienes habitamos o visiten por Santa Marta.

[ar] ¿Dentro del fomento a la creación artística, que planes ha diseñado la Dirección?

DVP.:  Tenemos la programación permanente de la Agenda Cultural. En importante señalar, que Santa Marta, cuenta por primera vez con su web especializada en temas culturales, como lo es santamartacultural.co, donde se encontrará toda la oferta cultural del Distrito.

Igualmente, ya tenemos listo el Plan Decenal de Cultura del Distrito, que este año estaremos entregando. De igual forma, en el portal cultural tendrá toda la información sobre el patrimonio cultural, las diferentes convocatorias locales y nacionales, como también todo lo referente a la Dirección de Cultura de la ciudad.

Por otra parte, continuamos con la programación de la Manzana Cultural, que va a continuar funcionando en el Centro Histórico, con la puesta en escena de nuestro talento local, en sus diferentes expresiones artísticas. Con este evento itineramos por los diferentes parques y llevamos un merado de emprendimiento cultural, donde nuestros creadores tienen la oportunidad de ofrecer su producción artística, que lo denominamos “Baúl Arte”.

[ar] ¿Es la cultura una estrategia de cohesión social y algo más que simple entretenimiento en Santa Marta?

DVP.:  Sí. Con programas, como los de Manzana Cultural, también propiciamos la resignificación del espacio público y se convierte en una oportunidad para que la comunidad no solo sea espectadora sino que participe y encuentre en el ocio creativo una oportunidad de expresión; en este punto buscamos que nuestras familias y los turistas tengan la posibilidad de encontrar en la oferta cultural otra alternativa distinta de entretenimiento, que sea distinto a solo ir al Centro Comercial.

De otro lado, con el programa de “Cultura Al Aire Libre” que se escenifica en los parques de La Equidad y La Alegría, donde los diferentes procesos de formación de las Escuelas de Formación Artísticas del Distrito, tienen un espacio, así como las comunidad samaria construir identidad y disfrutar de la producción local de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Finalmente, Santa Marta vive su propia transformación como ciudad y sociedad, donde la cultura es parte fundamental de su desarrollo. De esta forma, no solo promueve una alternativa viable, sino que están propiciando la reflexión de cómo es posible generar verdaderos cambios sociales que promuevan la construcción de la paz, sin corrupción, ni las complicidades entre criminalidad y la clase política, que se tomaron hoy nuevamente se tomaron al país.

Fotografía: [ar] actualidad regional, 2017©.

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En Santa Marta, Tercer Festival Internacional de Tambores del Caribe

El tambor es la esencia del alma de los pueblos del Caribe, con el que se expresan sus luchas y sobre el cual gira el ensamble de los distintos ritmos que conforma su riqueza musical.

A otro ritmo
Por. Víctor Garavito

El pasado 5 y 6 de enero del presente año, se llevó a cabo en las Playas del Rodadero de Santa Marta y con la participación de más de 5.000 espectadores, la tercera versión del Festival Internacional de Tambores del Caribe.

De esta forma, la Alcaldía Distrital, a través de su Dirección de Cultura, Recreación y Deportes le apuesta al rescate de la identidad cultural, la investigación etnocultural y la circulación de la producción artística de las diferentes agrupaciones musicales de la capital del Magdalena.

Así mismo, es el reflejo de un proceso de las escuelas artísticas, donde hoy se preparan alrededor de 500 niños en la interpretación del tambor y demás instrumentos de percusión, quienes conforman la Banda Distrital de Tambores de Santa Marta.

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Una historia ancestral

El tambor en Colombia entró por Santa Marta con la llegada de los esclavos africanos de las etnias Biohos, Cabindos, Mandingos, Balantas, Macondos, Kimbundus o Basongos, quienes en la parte baja de la Sierra Nevada crearon el primer palenque de nuestro país, que tenía como nombre “La Enramada”.

Por otra parte, en la región occidental y central de África, los bantú usan la palabra ngoma, que significa tambor. Sin embargo, otros historiadores señalan que ya los pueblos originarios del Caribe lo tenían como instrumento musical, como lo advierte el investigador samario Guillermo Barreto.

Lo cierto es que después de los procesos de mestizaje y de hibridación cultural, el tambor sufrió diferentes cambios y transformaciones hasta que finalmente llegó a ser el continente –contenedor– donde hoy se expresa la historia de todos los pueblos y naciones que pertenecen al Caribe, territorio donde la palabra, la tradición oral y el tambor, son parte fundante de su acervo cultural.

Pero tambores hay muchos, a pesar de ello, los más característicos de la cultura Caribe colombiana son el alegre, el llamador o yamaró y la tambora, con los que se ejecutan los ritmos del bullerengue, el fandango, el porro y la cumbia.

El Festival

En su tercera edición del Festival de Tambores del Caribe, se realizó un conversatorio con las diferentes agrupaciones internacionales que participaron en el evento, con el propósito de explorar el contexto histórico y el desarrollo musical del tambor en San Andrés, Venezuela, Brasil, Cuba y Colombia, quienes se participaron del cierre del evento.

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Grupo Creole de San Andrés

La agrupación “Creole”, fundada en 1986 por el maestro Orston Christopher, para preserva las tradiciones de los territorios insulares de San Andrés y Providencia, a través de su lengua nativa y su diversidad musical, como son los ritmos del Calipso, Mentó, Shottish, Quadrille, Reggae y la Polka.

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Batucada Unido Do Uirapuru de Rio de Janeiro

Por su parte la “Batucada Unidos Do Uirapuru” es un conjunto de músicos dedicados a la interpretación, composición y arreglos de temas del Carnaval de Río de Janeiro y Bahía, que ejecutan los instrumentos de percusión autóctonos de las Escuelas de Samba, acompañado de la cantante brasileña De Soussa y su Show de Garotas.

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Ensamble Colombo-Estadounidense Encuentro Entre Dos Mundo, Estampa

Por otro lado, el Latin Jazz estuvo a cargo del “Ensamble Encuentro de Dos Mundos, Estampa”, conformado por el Productor Musical, Nelson Rodríguez Jr, quién reunió a músicos colombianos junto al virtuoso baterista norteamericano, Henley Varner II, de Atlanta. De esta forma se logró una excelente fusión con ritmos tradicionales del Caribe colombiano.

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Peligro y sus Rumberos de Cuba

La cuota cubana estuvo a cargo de “Peligro y sus rumbeemos”, grupo que se conformó en el año 1959 como cuarteto en La Habana y que hoy está compuesto por 7 integrantes, su director y cantante principal Rolando Verdes López, quienes tienen una reconocida trayectoria internacional en escenarios de África, Asía y Europa, así como en México, Venezuela y Nicaragua.

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Gaita Zuliana Cineca Show de Venezuela 

Igualmente, desde la «Tierra de Gracia», Venezuela, se presentó la tradicional Gaita Zuliana de “Cineca Show”, conjunto que salvaguarda los versos y cadencias rítmicas de los Estados de Zulia y los al rededores del gran Lago de Maracaibo; además, género de música popular, conocido también como Gaita del Furro,  que fuera declarado Bien Patrimonial de Interés Cultural y Artístico del vecino país.

Por su parte, la participación nacional estuvo a cargo de ‘Reina del bullerengue’, la maestra Petrona Martínez, con su fusión musical: Petrónika, una mezcla entre sus ritmos tradicionales y los nuevos sonidos del género electrónico.

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Petrona Martínez

De esta forma se configura Santa Marta como el principal destino turístico de los colombianos y la ciudad del “buen vivir”, donde este año se realizarán siete (7) festivales que convocaran lo mejor de la cultura del Caribe.

Fotografía: ©[ar] actualidad regional, 2017.

Censura y Persecución a la Prensa Regional en Colombia: Segregación Institucional en la Unidad de Víctimas

Por este artículo, publicado el el 5 de enero del 2016 en el periódico regional HOY DIARIO DEL MAGDALENA: “Dicen Víctimas del Conflicto: “Hemos perdido hasta el presente” (Retirado de la Web de la Empresa Informativa miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP), he recibido una intensa persecución por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dentro la acostumbrada estrategia que usan las entidades públicas de tender cortinas de humo para invizibilizar la realidad y desviar la atención frente a otras miradas. De tal manera, que con ataques de carácter personal y profesional, el Estado colombiano viola el derecho a la libertad de expresión y re-victimiza a las víctimas.

“Hemos perdido hasta el presente”, dicen Víctimas en Colombia
Por. Victor Garavito

“No solo con buenas intenciones construiremos la paz, es imprescindible propiciar hechos reales que transformen nuestra realidad y nos permita volver a creer en la esperanza de un mejor futuro, porque hace falta dignificar las víctimas, las que aún hoy hemos perdido hasta el presente”, con estas palabras resume su situación Rita Eva Ávila Mendoza, quien sigue esperando que la Unidad Nacional de Víctimas cumpla con la Ley 1448 del 10 de junio de 2011.

Rita Avila, fue desplazada, junto con tres familias más, de la Vereda La Paz del Caribe en el 2012, perteneciente al Corregimiento de Guachaca, ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“De un momento a otro y por exigencia de hombres armados, nos sacaron de donde siempre habíamos vivido y no nos quedó más que venirnos para Santa Marta, donde nunca me imagine lo duro que era vivir en la ciudad”, recuerda doña Rita.

En la actualidad, lleva cuatro meses esperando una segunda ayuda humanitaria; sin embargo, aún aguarda una respuesta que le ha sido esquiva. “En la Unidad de Víctimas la atención es muy mala, sólo representamos un número y hacemos parte de las estadísticas necesarias para los informes de gestión; además, los funcionarios se burlan de nosotros y no nos prestan atención; siempre nos dicen que nadie les va a decir nada porque ellos son los que mandan”, precisa Ávila Mendoza.

El pasado 17 de diciembre [2015], después de madrugar a las 5:30 de la mañana para conseguir una ficha con la que pueda ser atendida por los funcionarios de la Unidad de Víctimas, sobre las 3:30 de la tarde de ese jueves volvían a decirle lo mismo que en los últimos 120 días ha escuchado: “Que no había sido activada por Bogotá”.

A pesar que doña Rita Ávila tiene cáncer y su riñón izquierdo fuera extraído en una intervención quirúrgica practicada en Bogotá, porque en Santa Marta no contaba con el servicio de urología; el pasado 17 de diciembre intentó explicarle a un infranqueable celador, convertido hoy en el primer interlocutor de la Unidad de Víctimas y experto en la tramitología que a diario enfrentan los más de 190.000 desplazados que viven en la capital del Magdalena y son atendidos en la sede del barrio María Eugenia.

“En el 2015 me entregaron una ayuda de $600.000 y nunca más he contado con la suerte de recibir otro auxilio, a pesar de mi precaria condición de salud, de ser madre cabeza de hogar a cargo de tres hijas y dos nietos, porque mi hijo vive con mi madre y es que en la Unidad de Víctimas es un problema para todo: hay madrugar por las fichas a las 5:30 de la mañana, las citas, etc. Mientras, que los desplazados solo le pedimos al Gobierno Nacional que nos ayude y no nos abandone; fíjese hasta votamos otra vez por el Presidente y hoy siento que no nos ha cumplido”, señala vehementemente Rita Ávila.

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Sede Administrativa del Magdalena de la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas

Además, agrega: “No más el 17 de diciembre, cuando les conté a una de las funcionarias sobre esta entrevista, en tono de sarcasmo me dijo que denunciara que ni baños había en la sede María Eugenia para los empleados. Por eso, muchos de los desplazados no queremos ir más a esas oficinas”.

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Así se atiende a las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia en Santa Marta. Centro de Atención Barrio María Eugenia, 17 de diciembre de 2015

Por otro lado, frente al tema de salud “estamos mal, cada vez que vamos al IPC del Barrio María Eugenia esta cerrado, nunca hay atención y nos mandan para otro lado y muchas veces ni para el pasaje tenemos”, advierte Rita Ávila.

Finalmente, el caso de doña Rita Eva Ávila Mendoza, representa solo una de las miles de historias que deambulan por la Santa Marta tratando de sobrevivir en medio de la exclusión que se ensaña contra quienes fueron víctimas del conflicto armado; mientras sus días son golpeados insesantemente por la indiferencia institucional, algunos de los desplazados aún sueñan que el 2016 las cosas por fin cambien en medio del proceso de posconflicto que vivirá el país.

Fotografías: © [ar] actualidad regional, diciembre de 2015.

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Artículo Retirado de la Web del HOY DIARIO DEL MAGDALENA

Y qué pasó en el Congreso en el 2016

Saldo Negativo en materia social
Por. Víctor Garavito

El balance social que arrojan las decisiones legislativas tomadas por el Congreso de la República en el 2016, es negativo para la amplia mayoría de los colombianos y los sectores populares del país.

En materia legislativa el 2016 el saldo es negativo para las aspiraciones de las clases medias y bajas en Colombia, quienes enfrentarán un incierto 2017 en materia económica, con un salario básico que cada día pierde poder adquisitivo, con un aumento del 7%, $741.717 más auxilio de transporte $83.140 para un total $820.857, fijado por el Gobierno Nacional; al mismo tiempo, aumenta la concentración de la riqueza en el 9% de la población y persiste la entrega del país a los intereses de la multinacionales extranjeras.

Sin embargo, en medio de esta nada halagador panorama, la clase política que ocupa el Congreso de la República, se dedicó en el 2016 a favorecer la plutocracia criolla y las multinacionales minero energéticas, con reformas y leyes que garantizan el despojo de las riquezas de los colombianos y hacen inviable el desarrollo del país.

Por otro lado, si se trata del control político ejercido, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, es absolutamente pobre, dado que no arrojó resultados concretos dentro del ejecutivo ni de las entidades encargadas de realizar las investigaciones frente a las diferentes denuncias por corrupción o el fracaso de este modelo económico que no contribuye al desarrollo ni al bienestar, ni siquiera a punta del asistencialismo de sus políticas sociales sino que perpetua la pobreza; aunque el legislativo sea ha dedicado a promover la destrucción de los ecosistemas estratégicos y las violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios del Estado.

De esta manera, el Congreso de Colombia demostró una vez más, que sigue siendo la trinchera donde la clase política, junto con la plutocracia y las transnacionales deshacen este precario remedo de democracia y negocian el país, que se supone nos pertenece a todos. Mientras el Centro Democrático da un precario espectáculo en su defensa al gobierno del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y los intereses del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, que patrocinaron sus mentiras en la campaña del No al plebiscito por la paz, pero votaron afirmativamente la Reforma Tributaria.

Así lo refleja el hundimiento de la Proyecto de Acto Legislativo que intentaba consagrar al agua como un derecho fundamental, que fuera impulsado por las organizaciones ambientales del país y presentado por el Senador Jorge Eliécer Prieto Riveros; pero también, la iniciativa legislativa del Senador Jesús Alberto Castilla que buscaba reconocer al campesinado como sujeto político y promover políticas para proteger la cultura, la economía campesina, así como el reconocimiento al derecho a la tierra individual, colectivamente para las familias y comunidades campesinas, con el fin de acceder a la titulación y el territorio.

En cambio, el 16 de junio fueron aprobados los 244 artículos del Código de Policía que claramente viola los más elementales derechos humanos, criminaliza la protesta social y convierte a todos los ciudadanos en un blanco potencial de una sociedad inmersa en la sospecha, de una fuerza que se niega a mejorar sus relaciones con las comunidades y salirse del esquema de la guerra de baja intensidad, aplicada desde 1970, fecha en que se expidió la anterior norma que duro vigente por los últimos 46 años.

Pero también, esta legislatura consolidó las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, Zidres, con la expedición de la Ley 1776 del 29 de enero del presente año, por las que el lobby de las multinacionales se cortan las venas, dado el jugoso negocio que representa para el capital especulativo financiero y la legalización de la entrega de las mejores tierras del país al capital extranjero. Así se legitimó el despojo de tierras a los campesinos colombianos, en un país que un día era nuestro.

Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la joya de la corona: la Reforma Tributaria, aprobada a pupitrazo limpio y bajo la presión del lobby empresarial colombiano y de las multinacionales extranjeras.

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El regalo de navidad del Congreso de la República castigará a los colombianos por ser pobres con un IVA del 19%, es decir $7.5 billones al que nos condenaron los Senadores y Representantes; al tiempo que los más ricos solo le aportaran al fisco nacional el 0,4% billones en sus impuestos el 2017; mientras esto pasa el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón subasta al país en los mercados internacionales.

Esta Reforma Tributaria espera recaudar $12 billones para tapar el hueco fiscal que nos ha dejado la corrupción del Estado colombiano y los negocios de los altos funcionarios del Gobierno, a su vez premia y promueve la evasión, dado que solo se sancionará a los evasores a partir de $5.000 millones. Sin embargo, el 60% de los productos de la canasta familiar fueron gravados con el IVA del 19%.

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De tal manera, que los que ganaron fueron los Congresistas, quienes están cobrando el 12% a los Alcaldes por los “cupos” de los contratos que les da el Gobierno Nacional por votar sus proyectos, que es como funciona la mermelada que se esparce desde la Presidencia de la República y con la que se van aceitar las campañas políticas que elegirá, como siempre a los mismos el próximo año.

Finalmente, Colombia termina con un saldo negativo en materia social y como el tercer país más desigual en el mundo, en medio de una realidad de una nación carcomida por el hambre, la impunidad, la corrupción y ambiciones de las multinacionales extranjeras que nos saquean y solo dejan destrucción a su paso por el territorio nacional. Por eso, este no será un feliz año para todos.

La Mirada Desde El Poder

El Censor, La Democracia No Tiene Remedio
Por. Víctor Garavito

Dice el refrán popular: “Los ojos son los espejos del alma”, porque a través de la mirada somos capaces de inspirar confianza, generar rechazo, censurar, perseguir y hasta decretar la muerte del otro.

Mientras hay miradas que enamoran, promueven la confianza y el respeto por la otredad, algunas son capaces de matar y de provocar un hondo desasosiego, como las que encontramos en esos ojos sanguinolentos y violentos, henchidos del más profundo odio.

Y son precisamente esas miradas las que asustan, porque no auguran esperanza ni promesa sino desvelo e intranquilidad frente al despiadado e implacable acecho de la muerte, como efectivamente reflejan esos ojos depredadores del censor que se alimentan de los otros, para calmar sus ansiedades, insuflar los destierros y procrear ausencias.

Lenguaje y Realidad

Hoy, los asesores de imagen de la clase política, plutócratas y tecnócratas que se encuentran en el poder, se esfuerzan en diseñar las miradas y sus sonrisas, para decorar el lenguaje aséptico, presumiblemente mesurado con el que se abordan los temas más álgidos del país; ejemplo de ello fue la Audiencia Crímenes Contra la paz, realizada el pasado miércoles 7 de diciembre, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se abordó el asesinato sistemático de lideres sociales y defensores de derechos humanos de los últimos meses.

Durante, este evento, uno de sus protagonista fue el lenguaje y su ritmo: palabras lentas, aparentemente inteligentes, esterilizadas y neutras, esta es la tendencia de los discursos del poder; la estrategia de las intervenciones de los altos funcionarios del Estado apuntan a despolitizar y desideologizar nuestra realidad, en tiempos de paz y del posconflicto, con el propósito de negarla y descontexturalizarla para imponer el silencio nacional frente a los graves hechos que vivimos de asesinatos sistemáticos de líderes sociales (Informe del Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo) y el accionar narcoparamilitar.

Este mismo lenguaje aséptico, es el que procura mantener las “líneas rojas” del status quo del establishment, de la que siempre habló el Presidente Juan Manuel Santos Calderón; quizás por eso le dieron el desprestigiado Nobel de Paz, como premio a la consigna que mantienen los neoliberales: el modelo económico no se toca [extractivismo], de la que salió triunfadora la plutocracia colombiana y las multinacionales extrajeras, a las que el Gobierno Nacional les entrega el país.

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CODA: La misma estrategia se impone en el arte colombiano que promueve la institucionalidad y el Ministerio de Cultura, donde los artistas solo son los saltimbanquis del poder y los terapeutas de quienes siempre hemos estado desahuciados o muertos.

Fotografía: La Mirada desde El Poder: El Censor, Guillermo Rivera Flórez, Viceministro del Interior. Audiencia Crímenes Contra la paz. Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, miércoles 7 de diciembre. ©[ar] actualidad regional, 2016.

Publicada en: Artistas Zona Oriente

Marcha Patriótica: “Ni Una Vida Más”

“Exigimos Garantías”
Por. Víctor Garavito

“Sino cesa el exterminio ciudadano” podría haber un llamado al Paro Cívico Nacional, esta fue la respuesta de los diversos sectores políticos que integran la Marcha Patriótica, frente a los últimos cinco asesinatos y dos atentados que sufrieron sus miembros durante el pasado fin de semana.

Y no es para menos, en lo que va corrido del 2016, a la Marcha Patriótica le han asesinado 70 líderes; además, se perpetraron contra sus militantes 341 agresiones individuales, 279 amenazas y 28 atentados contra varios de sus dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra, “quienes tenían en común haber trabajado en la construcción y la defensa del actual proceso de paz”, así lo precisó la Dirección Nacional del movimiento político, en un pronunciamiento ante los medios informativos nacionales e internacionales, este martes 23 de noviembre.

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“En los últimos cuatro días el país a presenciado el homicidio selectivo de cinco líderes Erley Monroy, Didier Losada Barreto, José Antonio Velazco, Rodrigo Cabrera, John Rodríguez, quienes eran destacados dirigentes campesinos, comunitarios, defensores de derechos humanos y, por supuesto, defensores del actual proceso de paz; de igual manera, se han realizado por parte de los actuales enemigos del proceso de paz, atentados contra la vida y la integridad física, de los también líderes campesinos, Danilo Bolaños Díaz y Argemiro Lara, quien también se ha destacado por su valiosa labor de defensa de los derechos humanos y líder reclamante de tierras. Es de anotar, que actualmente, el estudiante Hanier Hurtado, de Cali, se encuentra desaparecido”, precisó el comunicado leído por la excongresita Piedad Córdoba Ruíz.

Y agregó que: “No ayuda en absoluto que el Estado colombiano continúe negando o minimizando la existencia de grupos paramilitares en el territorio nacional. El Estado y el alto gobierno poseen instrumentos Constitucionales para enfrentar amenazas extraordinarias incompatibles con el logro de la paz y la convivencia”.

Igualmente señaló que: “El Consejo Gremial, la iglesia católica, las organizaciones cristianas, la universidades, los partidos políticos que brillan por su ausencia deben repudiar enfáticamente estos crímenes que afectan a las personas más indefensas y así evitar que estos lamentables hechos se conviertan en el inicio de una tragedia nacional”.

“Por las anteriores razones, exigimos parar los crímenes de defensores y defensoras de la paz, que cese la impunidad del sicariato, para ello se hace necesario que la Fiscalía General de la Nación y que las autoridades competentes cumpla con su deber constitucional sin más dilaciones. Que todos las fuerzas políticas sin excepción, incluida el Centro Democrático, condenen estos crímenes”.

Entre el Paramilitarismo y los señalamientos del Estado

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Dra. Liceth Montero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica 

Ante el sistemática persecución y asesinato de los miembros de la Marcha Patriótica, se realizarán una serie de movilizaciones, que buscan defender la vida y exigirle al Gobierno Nacional, las garantías necesarias para el desarrollo de su actividad política.

¿Pero cuál es la situación real que enfrenta la Marcha Patriótica? Para conocer la coyuntura por la que atraviesa el movimiento político, dialogamos con la abogada Liceth Montero, quien pertenece la Comisión Nacional de Derechos Humanos de esta agrupación.

[ar]: ¿Qué lectura hace la Marcha Patriótica de los hechos que durante los últimos meses ha vivido?

Liceth Montero: Hoy es necesario que las autoridades cumplan con su deber constitucional y legal de investigar, esclarecer y sancionar a los responsables de estos hechos. Pero, nos preocupa y nos llama poderosamente la atención, la actitud institucional que se han asumido, en relación señalar que existen móviles diversos para la comisión de los homicidios, especialmente, afirmando que nuestros dirigentes están en asuntos relativos al narcotráfico o que estos casos pueden ser producto de ajustes de cuentas; incluso, las autoridades, tienen han dicho que algunos tenían antecedentes por algunos de delitos.

Bajo estos señalamientos, es claro que estas afirmaciones son irresponsables y no corresponden a una labor investigativa y nos permite afirmar estas versiones tienen una intencionalidad política, como es la de decirle a la Marcha que sus muertos tienen una vinculación con su pertenencia a nuestra organización, sino que existen móviles diversos en cada uno de los casos, lo que es contrario a la realidad.

Por eso, el llamado que nosotros hacemos es precisamente que se cumpla con las obligaciones constitucionales y se pueda esclarecer las circunstancias en las que se producen los hechos que afectan a integrantes activos de nuestra organización política y que han tenido un papel fundamentalmente de liderazgo dentro de sus comunidades.

Y, ese liderazgo al que nosotros hacemos referencia, no es el liderazgo de los partidos políticos tradicionales; dado que estos hombre y mujeres, son importantes para sus comunidades, porque habían contribuido ha construir el tejido social, porque son defensores de derechos humanos, del campesinado y, en ese sentido.

De igual forma, independientemente que se produzca cualquier homicidio en el país, la obligación de las autoridades debe ser la de promover el respeto por los derechos humanos y evitar que estos casos se sigan produciendo; más aún, cuando son militantes de una organización política como la Marcha, porque nosotros hemos venido denunciando situaciones de señalamiento, de persecución, de montajes judiciales, sobre los cuales las autoridades nunca han ofrecido una respuesta que permita para con este tipo de de agresiones.

[ar]: ¿Actualmente se imponen mecanismos de impunidad frente a los diferentes casos que han vivido los dirigentes y líderes sociales en las diferentes regiones del país?

Liceth Montero: Sí, claro que sí. La incapacidad en términos de esclarecimiento de los hechos esta probada; son 124 casos de los cuales, la institucionalidad nunca ha podido ofrecer una respuesta certera, en relación a cuantos de ellos tienen avances en materia investigativa; por esta razón, podemos hablar y afirmar que existe impunidad en un 100% en el esclarecimiento frente a estos casos.

Igualmente, dentro de esos 124 homicidios vinculan claramente a miembros de la fuerza pública, como son los homicidios de campesinos en el sur del departamento del Cauca, como Faiber Antonio Erazo Cuéllar en enero del 2015 y el asesinato de Miller Bermeo en noviembre del año pasado, donde claramente estamos frente a ejecuciones extrajudiciales que no han sido esclarecidas y existe incluso colisiones de competencias, porque la Jurisdicción Penal Militar pretende acoger estos delitos como actos en el marco del servicio, cuando lo que son y constituyen son graves violaciones a los derechos humanos.

[ar]: ¿Ante la impunidad y este plan sistemático de exterminio contra los miembros de la Marcha Patriótica, cuáles son las acciones que emprenden desde el escenario jurídico?

Liceth Montero: Nosotros hemos venido realizando todas las acciones pertinentes; en este sentido, los homicidios están denunciados ante la jurisdicción ordinaria. Así mismo, hemos solicitado el paso de los expedientes de estas investigaciones a Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos.

También hemos y estamos emprendiendo acciones jurídicas por apología al genocidio e instigación al delito, contra quienes están saludando la muerte de los integrantes de la Marcha Patriótica y están celebrando que en este país haya personas que asuman las armas para terminar con la vida de dirigentes comunales, campesinos y defensores de derechos humanos.

[ar]: ¿En el plano de la organización social la Marcha Patriótica prevé algunas acciones?

Liceth Montero: Por supuesto, nosotros hemos hecho un llamado muy importante al país para fortalecer la movilización y la organización, como mecanismo de defensa de la vida y el territorio.

De tal manera, que la gente ha asumido actividades como las de las Guardias Campesinas para la protección del territorio y la conformación de Comités de Derechos Humanos y creemos que ahí esta la esencia de una labor de blindaje de las comunidades ante estos hechos.

Pero nada de esto funciona sino existe la voluntad política del Estado en materializar las garantías y brindar los elementos que permitan que las comunidades puedan vivir en paz en sus territorios y no corra riesgos por el hecho de manifestar su pertenencia a una organización como la Marcha.

El llamado al Estado colombiano es a que asuma su labor constitucional y legal de sus instituciones, como es garantizar los derechos humanos y la permanencia de las comunidades en sus territorios; así como, los derechos a la participación política y organización de las comunidades. Igualmente, hacemos un llamado urgente a investigar y esclarecer estos hechos y poder brindar respuestas que permitan evidenciar que tenemos las garantías suficientes para el ejercicio de la política.

[ar]: ¿Existen evidencia claras de la aparición nuevamente de paramilitares en amplias zonas del país. Cuál es la percepción que tiene la Marcha Patriótica ante estas realidades que intentan imponer nuevamente el miedo y sembrar la muerte?

Liceth Montero:  Nosotros lo que hemos podido evidenciar es que hay presencia de todos estos grupos en el suroccidente colombiano, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en Cesar, Magdalena, Norte de Santander, en zonas como en El Zulia; pero, también en el Choco, Meta, Guaviare, Antioquia, Tolima, Putumayo y Bolívar. Estos estos territorios, claramente existe un proceso de reestructuración de estos grupos que amenazan la integridad de las organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y de los luchadores por la paz.

Nuestra postura es clara y es que se deben implementar inmediatamente las garantías planteadas en el punto tres (3) del Acuerdo de Paz, relativos a todos los desarrollos institucionales tendientes al desmonte del paramilitarismo; que deben pasar, no solamente por acciones judiciales sino de política criminal, en relación a establecer una pedagogía que le permita al país erradicar esta cultura del paramilitarismo, aunque es preciso señalar que hoy tiene unos matices distintos; actualmente, no estamos frente al paramilitarismo de antaño, pero evidentemente son estructuras que se plantean desde lo paraestatal ó parainstitucional y son una autentica amenaza para los derecho de la vida y de la organización de las comunidades en los territorios.

Fotografía: [ar] actualidad regional, 2016.

Marcha Contra la Reforma Tributaria

Mi bolsillo o las mentiras de telenovela
Por. Victor Garavito

Si en una cosa están de acuerdo los colombianos, es que la Reforma Tributaria, propuesta por el Ministro de Haciendo Mauricio Cárdenas Santamaría, lesiona a las clases medias y bajas del país; igualmente, a los trabajadores y profesionales independientes, porque reducirá el salario real para arreglar los desajustes de las cuentas del Estado y su elevado déficit fiscal.

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Por eso, diferentes sectores sociales y centrales obreras convocaron, el pasado jueves 27 de octubre, una marcha contra la controvertida reforma, que ha causado fuertes discusiones entre diferentes sectores políticos, quienes anuncian y se muestran renuentes a votarle afirmativamente esta iniciativa del Gobierno Nacional. Aunque, todos sabemos que al final se doblegaran ante los encantos y ofrecimientos del poder.

Es más, por cuenta del precandidato a la presidencia y máxima figura de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, la semana pasada se armó una gresca entre varios altos funcionarios del Gobierno Nacional, que incluyó un fuerte llamado de atención del Presidente Juan Manuel Santos Calderón a su Vicepresidente.

Y como era de esperarse, este estelar momento fue aprovechado por los distintos medios privados de información, para atizar los discursos y ventilar los desacuerdos de los diferentes dirigentes de los partidos políticos, sin entrar a profundizar en las razones de fondo, de una Reforma Tributaria que solo busca cuidarle y dejarle intactos los bolsillos a las multinacionales, las grandes empresas y la plutocracia colombiana, mientras ataca a los que menos tienen.

Es más, a raíz del altercado, la Revista Semana, salió hacer control de daños, como se dice en términos de relaciones públicas, con el fin de bajarle la intensidad a los hechos y volver las cosa a la normalidad frente a la opinión. Por eso, publicó un peculiar publireportaje en el que da explicaciones y trata de detallar los hechos para aclarar las aguas turbias creadas por Germán Vargas Lleras y Cambio Radical; además, la nota periodística crea la sensación que fue un simple malentendido y deja nuevamente entre los colombianos la impresión de la unanimidad monolítica del Estado y nos muestra así las bondades de la Reforma.

Finalmente, mientras usted se sienta todas las noches frente a su televisor ha “entretenerse” con los melodramas de las estrellas criollas del espectáculo o de las historias distorsionadas de narcotraficantes y prostitutas, a ver las interminables odiseas de los refritos de los realities de siempre o tal vez a escuchar las mentiras de los noticieros y dejarse antojar por la publicidad, tenga presente que los canales privados de información siempre han defendido los privilegios de sus dueños y sus grandes empresas, quienes son los únicos beneficiados con la Reforma Tributaria.

Galería Fotográfica de la Marcha

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Fotografía: [ar] actualidad regional, octubre, 2016©

Atentado a la Libertad de Expresión del Partido Conservador en Montería

Concejal Alexander Madrid Botero Secuestra Equipos de Periodistas
Por. Victor Garavito

Ahora la clase política colombiana ha creado un nuevo mecanismo para violar la libertad de expresión y el ejercicio profesional de los periodista en nuestro país.

Así quedó demostrado luego que el Concejal de Montería y Presidente de la Comisión de Presupuesto, Alexander Madrid Botero, quien fue electo por el Partido Conservador Colombiano, le arrebatará la cámara a Marco Antonio Soto Galeano, quien se desempeña como camarógrafo del Canal Nortevisión y el Noticiero CM&; el episodio se presentó mientras cubría actividades del Concejo Municipal de la capital del departamento de Córdoba, junto con la periodista Luz Marina Rodríguez.

Así lo denunció ante la Fiscalía el camarógrafo Soto Galeano, quien además, señaló que el Concejal conservador Alexander Madrid Botero, borró el material grabado y le ordenó al vigilante que sacará a los comunicadores de las instalaciones del Concejo Municipal de Montería. De tal forma, que frente a este incidente, el edil fue demandado por hurto calificado en el ente de investigaciones.

Este hecho fue denunciado y condenado, hace 24 horas, por el Circulo de Periodistas y Comunicadores de Córdoba, mediante un comunicado de prensa que fue ampliamente difundido por los medios regionales y locales; así como por la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper.

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De esta forma, la clase política colombiana ya no se conforma con las presiones que recibimos a diario los comunicadores, ni cuando impiden el acceso a la información, la censura de algunos medios privados nacionales y regionales, el no pago por los servicios o congelamiento de las cuentas en las entidades públicas, ni el soborno a cambio del silencio; además de las amenazas ó persecución de algunas entidades gubernamentales y entes territoriales, sino que ahora, secuestra y rapta nuestros equipos, con el fin de evitar el libre ejercicio profesional, los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, de todo ciudadano, como lo establece la carta magna de 1991 y los diferentes convenios internacionales suscritos por Estado colombiano.

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Concejal de Montería Alexander Madrid Botero del Partido Conservador

Fotografía: (De Izq. A Der.) David Barguil Assis, Presidente del Partido Conservador Colombiano, Concejal Alexander Madrid Botero y Alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García. ©Tomada de Google. Foto 2: Tomada del Diario La Piragua

En San Martín, Paro Cívico Por La Defensa de los Recursos Naturales

“No nos puede detener el miedo”
Por. Victor Garavito

Desde este martes, a partir de las 9:00 de la noche, se inicia un paro cívico de 48 horas en San Martín, Cesar, por la defensa de sus recursos naturales y contra la licencia que legaliza la explotación petrolera mediante el sistema de fracturación hidráulica o fracking.

Hoy, a pesar de que el miedo ronda en el Caribe, hay quienes se resisten como lo hacen las comunidades de San Martín y no es para menos, porque se trata de la defensa de nuestros recursos naturales, de la vida.

Sin embargo, la única respuesta del Gobierno Nacional, del Gobernador del Cesar, Francisco Fernando Ovalle Angarita, el Alcalde de este municipio, Saúl Eduardo Celis Carvajal, junto con el Comandante de Policía de este Departamento, Coronel Diego Hernán Rosero Giraldo, fue movilizar 150 unidades del Esmad, el pasado miércoles 18 de octubre, con los que se agredió a quienes protestaban contra la decisión el Estado de permitir la explotación petrolera mediante el fracking, por parte de las multinacionales ConocoPhillips y CNE Oil & Gas.

Fue en medio de estos hechos que el Alcalde del Municipio de San Martín, Saúl Eduardo Celis Carvajal, señaló a las comunidades que realizaban el plantón como “terroristas”, así lo denunciaron varias personas que se encontraron de un momento a otro atrapados por la fuerza pública, quien arremetió contra los participantes de la protesta pacífica, así lo confirmaron sus asistentes.

La movilización ciudadana

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La alerta se encendió en la región después que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, expidió la Resolución 0227 del 7 de marzo de 2016(1), autorizando a las multinacionales la explotación de 33.714 hectáreas, de los municipios de San Martín y Aguachica del Cesar y Río Negro, en Santander, del llamado Bloque Valle del Magdalena Medio, VMM-3, con métodos no convencionales, es decir, fracturamiento hidráulico o fracking.

Sin embargo, extrañamente la actual directora de la ANLA, la bióloga Claudia Victoria González Hernández, en una de esas jugadas que realizan los altos funcionarios del Estado para torcerle el cuello a la Ley, se declaró impedida para conocer sobre los procesos que adelanta esta entidad a la Conocophillips, dado que casualmente su esposo, el Ing. Héctor Manuel García Agudelo, elabora el Plan de Manejo Ambiental para el Bloque VMM-3 de esta multinacional, a la que precisamente se le acaba de autorizar la explotación petrolera mediante el fracking.

De esta manera, en la ANLA se configura un conflicto de intereses y se usa la típica puerta giratoria, utilizada por quienes presuntamente se sirven de sus cargos para realizar negocios privados, como lo denunció la comunidades del Municipio de San Martín. Por estarazón, el Ministro del Medio Ambiente, delegó como Director Ah Doc a la Asesora Jurídica Claudia Lorena López Salazar.

Frente a estos hechos, el Comité en Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, CORDATEC, movilizó a los sanmartinense, frente a las políticas de extracción por la vía del fracking, que pondrá en riesgo a las comunidades y terminará por acabar con las fuentes de agua en esta región del sur del Cesar.

Por otro lado, existe un tema no menor y se trata de las condiciones del Contrato que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, con las multinacionales petroleras, donde la participación en la producción del Estado, descontadas las regalías, será de solo el 2%, como lo estipula la cláusula undécima; además, el país recibirá recursos por parte de las empresas extranjeras, una vez la producción supere los 5 millones de barriles y cuando el petróleo alcance los US$81 dólares, así lo determina la cláusula decimotercera.

Por eso, las comunidades del Municipio de San Martín, que cuenta con una extensión de 905.55 Km2, donde viven sus 16.921 habitantes y se encuentra a 342 km de Valledupar, la capital del Cesar, se propone la convocatoria de una consulta popular, para que su gente defina el futuro de su territorio.

Al mismo tiempo que el pasado 18 de octubre era aprobado en quinto debate por la Comisión Primera del Senado, la iniciativa legislativa que eleva el agua a derecho fundamental, en San Martín su gente era reprimida por la Policía Nacional, precisamente por defenderla.

No obstante, el proyecto de Ley No. 11 de 2016 se aprobó por 11 votos a favor y 3 en contra; de esta forma, la iniciativa logró la mayoría absoluta, requerida para un Proyecto de Acto Legislativo y muy a pesar de la intensa labor que hiciera el Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, para hundir esta propuesta.

Finalmente, hoy la resistencia contra el fracking, no solo depende de la valentía de la gente del Municipio de San Martín, sino del compromiso de cada colombiano por la defensa de los recursos naturales, ya que a esta hora, es muy probable que las multinacionales como la ConocoPhillips, planeen como seguir destruyendo nuestro país.

Las Voces de la Comunidad

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Carlos Andrés Santiago de CORDATEC

Con el fin de conocer los puntos de vista de la comunidad sanmartinense, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carlos Andrés Santiago, miembro del Comité en Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, CORDATEC, en momentos en que este martes 25 de octubre se realizaba un plantón frente a la sede del Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá.

¿Qué es lo que pasa en el Municipio de San Martín, Cesar?

Carlos Andrés Santiago: Sucede que la gente de San Martín esta resistiendo a que el Gobierno Nacional instale definitivamente el modelo del fracking en el país, a pesar que hace unos día el Esmad violentó un plantón pacífico que organizó la comunidad frente a la entrada de la maquinarias de la multinacional ConocoPhillips, con las que se iniciarían las pruebas de la fracturación hidráulica. Así mismo, estamos organizando un debate de control político y diversas acciones para que el país entienda que la exploración del petróleo mediante el fracking trae consigo riesgo y múltiples daños a los ecosistemas estratégico de una región y por la tanto no debe implementarse.

¿Cómo va el proceso de la Consulta Popular en San Martín?

Carlos Andrés Santiago: En estos momentos estamos preparando todos lo elementos jurídico, con los que se convocaría a las comunidades de San Martín a definir y decidir a través de la Consulta Popular, con miras a que en los próximos meses logremos iniciar este proceso. De tal manera, que estamos convencidos que esta medida es la única alternativa jurídica para impedir que en nuestro territorio de lleve a cabo la explotación por fracking; en esta perspectiva, nos estamos organizando, siguiendo el ejemplo de muchos municipio en el país que han acudido a este mecanismo, con el fin de salvaguardar sus territorios, sus ecosistemas y determinar su futuro. Entonces, esperamos que a mediados del otro año, los sanmartinenses estemos votando la consulta.

¿Qué esperan del Gobierno Nacional?

Carlos Andrés Santiago: Pues esperamos que mínimamente escuche las reclamaciones y se siente a concertar con nosotros; porque no puede ser posible que se construya acuerdos con quienes han estado alzados en armas, pero con las comunidades que hemos estado resistiendo de manera pacifica no se nos escucha; al contrario se nos envía la fuerza pública para que reprima nuestra reclamaciones, nos intimide, nos señalen y nos haga seguimientos. Por eso esperamos que escuche las reclamaciones, con el fin de declarar la moratoria del fracking, como el primer paso de la suspensión definitiva en Colombia de esta técnica de explotación petrolera.

¿Hasta dónde resistirán las comunidades de San Martín?

Carlos Andrés Santiago: La resistencia del pueblo de San Martín, hace muchos meses dejó de ser solo nuestra resistencia y se convirtió en la de muchos pueblos, que en Colombia están viendo que lo que estamos haciendo. Por eso, creemos fundamentalmente en la movilización, porque con ella vamos a lograr que el fracking se detenga, debido a que en estos momentos hay varios contratos firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las multinacionales petroleras para ejecutar en siete(7) departamento del país, como en la zona de frontera de Norte de Santander, Cesar y Santander, toda la zona del Magdalena Medio, Antioquia, algunas zona de Cundinamarca y gran parte del Tolima.

De tal manera, que visto desde este punto de vista, podemos decir que el fracking es una realidad, entonces no nos queda más que organizarnos y resistir frente a las pretensiones del Gobierno Nacional y las multinacionales.

Fotografía: [ar] actualidad regional, octubre 2016©.

Notas:

1. Resolución 0227 del 7 de marzo de 2016 de la Licencia Ambiental de la ANLA
2. Perfil de la Directora de la ANLA, Claudia Victoria González Hernández.
3. Contrato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, con las multinacionales petroleras.

Lo que no nos dicen de la Reforma Tributaria

Impuestos para acabar con los pobres
Por. Victor Garavito

En la actualidad, los diferentes sectores sociales del país cada día buscan intervenir y participar en las decisiones sobre los grandes temas que afectan la vida nacional. Así quedó demostrado durante el Foro sobre la “Reforma Tributaria: Propuestas de la sociedad civil”, que se realizó este lunes en el Hotel Tequendama de Bogotá.

Al evento se dieron cita organizaciones sociales, académicos e investigadores y algunos Congresistas, quienes abordaron desde diferentes perspectivas el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria 2016 (1) y se presentaron algunas las propuestas de la sociedad civil, frente a la iniciativa radicada por el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría en el Congreso, el pasado 19 de octubre.

El Foro fue convocado por Justicia Tributaria, Oxfam Colombia, Dejusticia, CTC, CUT, CGT, Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, CIASE y Central de Integración y Capacitación Cooperativa Cincop, con el apoyo de Christian Aid y Friedrich Ebert Stiftung, FESCOL.

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No hace menos de cinco años, los colombianos, cuando se anunciaba una nueva reforma a la estructura tributaria, arrugábamos la cara y estoicamente apretábamos nuestro bolsillo, porque sabíamos que iba afectar a las clases bajas y medias del país. En efecto, la estrategia del Estado se repite una y otra vez; a pesar de ello, en esta oportunidad, ya no son solo los expertos los únicos que tienen la palabra.

Hoy, los ciudadanos desconfían de los llamados “expertos”, tanto del Gobierno Nacional como de los entes territoriales, y de los tecnócratas que siempre le señalan a las comunidades que existen temas muy “complejos” y por eso las decisiones técnicas solo deben tomarlas los que saben. Esta estrategia del establishment –Estado–, subestima e insulta la capacidad de abstracción y la inteligencia del pueblo colombiano; por eso, los diversos sectores sociales propician espacios no solo de discusión sino propositivos, como ocurrió en el Foro sobre la “Reforma Tributaria: Propuestas de la sociedad civil”.

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La Reforma

El controvertido proyecto trae grandes cambios que afectarán la economía de muchas familias pobres del país, lo que incrementará el hambre y la exclusión de las grandes capas populares y de paso se atentará contra los derechos humanos; así mismo, desestimulará el consumo, el empleo y con ello la inversión, pero estimulará el dinero plástico para fortalecer el sector bancario, que se enriquecerá, con el aumento del manejo de las tarjetas y por el cobro de estos servicios.

Mientras que por el otro lado, la Reforma Tributaria (2) no es estructural, porque no se toca de fondo los temas que tienen que ver con la progresividad y la equidad, que son los principios básicos de cualquier política tributaria sería. En esta ocasión, como en las anteriores, el Estado sale en busca de recursos para tapar el déficit fiscal, que desde el 2002 empeoró, porque los sucesivos gobiernos gastaron más de lo que ingreso; de esta forma,  volvieron insostenible las finanzas del Estado, comprometieron la economía del país y, de paso, el bienestar de los colombianos.

De tal manera, que la estrategia presentada por el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, es gravar a las clases pobres y medias, sin tocar ni intervenir a las grandes empresas ni multinacionales, que evaden los impuestos y saquean los recursos naturales.

Por eso, el IVA pasará del 16% al 19% y todos las colombianos cuyos ingresos mensuales sean de $2.700.000 tendrán que declarar renta, es decir, golpea directamente a las finanzas de la clase trabajadora y media.

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Así mismo, la Reforma contempla un monotributo, para pequeños negocios, como los propietarios de peluquerías, tiendas de barrio y pequeños mercados, tendrán la oportunidad de escoger en pagar el impuesto de renta (3% de sus ingresos) o aceptar el monotributo (el 1% de sus ingresos totales).

De otra parte, la iniciativa legislativa propone que las entidades sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y los fondos de pensiones, no pagaran renta, siempre y cuando le demuestren a la DIAN que sus fines son eminentemente sociales.

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Mecanismos de Evasión y los Recursos Naturales

“El primer gran golpe el fisco nacional lo dan las compañías que exportan, las multinacionales y nacionales, cuando manipulan los precios de transferencia; este es uno solo de los casos como se evaden impuestos en Colombia que no aborda la Reforma Tributaria”, señala el investigador Álvaro Pardo.

Este mecanismo de evasión se presenta a mayor escala en las empresas mineras, por ejemplo: una compañía que produce carbón en el Cesar, lo transporta al puerto de Ciénaga, en el Magdalena, y ahí se lo vende a un supuesto comercializador y ese intermediario, resulta que es una compañía del mismo grupo económico de la empresa minera y esta se lo vende a precios excesivamente bajos; si hablamos del carbón su precio oscila entre US$10 y US$15 dólares; a su vez el comercializador vende el mineral a US$60 dólares en el mercado internacional.

¿Entonces, dónde quedaron las utilidades de la extracción de nuestros recursos? En manos de un comercializador internacional, es decir, en la misma empresa minera que creó un intermediario para evadir los impuestos y, lo más grave aún, es que ese intermediario fue creado en un paraíso fiscal, donde no es posible acceder a ningún tipo de información sobre esa empresa.

Sin embargo, la compañía minera en Colombia liquida y paga sus impuestos sobre la base de los US$10, precio al que vendió al comercializador internacional. Así es como funciona el carrusel que saquea los recursos naturales del país a través de la manipulación de los precios de transferencia y sobre esto no dice nada la Reforma Tributaria, aunque el Gobierno Nacional sabe exactamente como funciona este tipo de evasión, simplemente no interviene.

Sus opositores

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Representante a la Cámara Víctor Javier Correa Vélez

Hoy son muy pocos los Congresistas que han manifestado su abierta oposición a la Reforma Tributaria. Uno de ellos es el joven Parlamentario antioqueño Víctor Javier Correa Vélez del Polo Democrático, quien se encontraba en el Foro. Esto nos respondió sobre sus conclusiones del evento.

¿Cuál es su posición frente a la Reforma Tributaria?

Víctor Correa: Hoy queda claro que la actitud que vamos asumir es de oposición a la Reforma Tributaria, porque su contenido es regresivo, es decir, la iniciativa no esta hecha para que el que tienen más tribute, sino que esta diseñada para que quienes menos tienen tribute más. Por eso, queda claro que tenemos que hacerle oposición, pero debemos poner sobre la mesa cuál debería ser la estructura tributaria que Colombia requiere, porque es evidente que en un Estado social de derecho, en una democracia, los tributos se convierten en un elemento fundamental de la redistribución de la riqueza y eso no pasa en nuestro país; la realidad es solo una: los ricos casi no pagan impuestos, mientras que los pobres y la clase media sí.

En este orden de ideas, vamos hacerle oposición a la Reforma, pero a ir planteando en el camino cuál es la propuesta más favorable para el país, frente a la actual panorama fiscal. Y eso lo haremos en contacto con la gente y todos los sectores sociales; sin embargo, debemos tener en cuenta que la correlación de fuerzas en le Congreso no es la más propicia para quienes nos oponemos a la Ley. En este sentido, sabemos que el Congreso es un espacio que funciona por mayorías y esta las tienen quienes están impulsando la Reforma Tributaria; aunque, creemos que lo movilización social tendrá que jugar un papel muy importante, con el propósito de inclinar la balanza.

¿Frente a los argumentos del Ministro de Hacienda cuáles son los principales punto a debatir y discutir con el Gobierno Nacional?

Víctor Correa: Son varios. En primer lugar, los impuestos indirectos como el aumento del IVA; así mismo, los que afectan a las clases populares y medias; igualmente, acabar con algunas exenciones tributarias que actualmente tienen las grandes empresas y el factor deferencial sobre el impuesto de renta, incluso existen actualmente inequidades entre las pequeñas, mediadas, las grandes y las multinacionales; también, hay que trabajar en aspectos relacionados con la equidad de género dentro de las dinámicas económicas, entendiendo por ejemplo, que las mujeres tienen más riesgo de quedarse sin empleo y tienen menos ingresos salariales; todas estas variables deben ser consideradas al momento de introducir cambios y obligaciones tributarias. Quedan muchos otros elementos, como el monotributo para las tiendas, peluquerías y pequeños negocios, esto es algo en lo que hay que intervenir, porque como esta resulta lesivo para gran parte de los colombianos.

¿Qué pueden esperar los colombianos del resultado de la discusión de la Reforma Tributaria, teniendo el cuenta la composición del actual Congreso, según su análisis legislativo?

Víctor Correa: Bueno, esta no es una Reforma Tributaria realmente estructural, es más para resolver unas necesidades apremiantes de caja del Estado; verdaderamente, de lo que se trata es de recaudar rápidamente recursos ante el déficit fiscal. Siendo así, evidentemente, este gobierno no quiere que se toque los grandes capitales y esto es lo que se tendría que hacer con una verdadera reforma estructural; sin embargo, existen algunos elementos rescatables, como el impuesto a los dividendos, que se abordan de forma tímida y no en la magnitud que requiere el país.

Personalmente, no creo que durante el debate se puedan lograr grandes cambios, dada la imposición que existe sobre estos temas y las mayoría con las que cuenta el Gobierno Nacional a la hora de votar. No obstante, eso también depende de la movilización social de los distintos sectores sociales del país, es decir, si existe una gran respuesta social frente a la actual Reforma, se podrán hacer cambios importantes al proyecto.

¿Cárcel para los evasores?

Víctor Correa: Esa es unas de las propuestas que están sonando; en este sentido, creo que la evasión hay que perseguirla y la cárcel es una alternativa para buscar desincentivar la evasión. Frente a este tema, particularmente, tengo algunas consideraciones de principios con lo que significa la cárcel y en términos generales no creo que esta sea la respuesta que realmente solucione las cosas. En Colombia tenemos las cárceles llenas y sin embargo seguimos teniendo las mismas problemáticas como sociedad. Por eso, creo que la intervención debe darse en otros niveles; sin duda hay que perseguir y castigar los evasores, pero deben existir más sanciones administrativas que penales, es decir, a quien evada se le podría expropiar o imponer multas significativas de índole económico que comprometa su patrimonio. Esta medida si podría constituirse en un desestimulo.

Notas:

(1) Texto del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria 2016.
(2) Exposición de Motivos de Reforma Tributaria.

Fotografía: [ar] actualidad regional, octubre 2016©