[REPORTAJE GRÁFICO] CONTUNDENTE NO MÁS METROAGUA EN MARTA

Por. Víctor Garavito

Ayer Santa Marta le demostró al país que es una ciudad educada, pacifica pero con la certeza de sus convicciones. Así lo dejaron ver sus habitantes, durante la Marcha, realizada ayer, 14 de febrero, que convocó a la ciudadanía samaria cansada de la pésima prestación del servicio de acueducto y saneamiento básico, por parte de la multinacional española Metroagua S.A, filial de Inassa.

Como un día histórico para la ciudad, lo calificó el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, quien a su vez le pidió a los samarios continuar la lucha por la defensa del patrimonio público frente a las dilaciones y las maniobras jurídicas empleadas por Metroaguas, que en los últimos seis (6) años, ha impedido el mejoramiento del servicio público y ha puesto en riesgo la salud de las comunidades de Santa Marta; impidiendo de esta forma el desarrollo y el bienestar social de su gente

Muy a pesar, de la carta abierta presentada por el Gerente General de Metroagua S.A, José Luis Londoño, el pasado martes, con la que intentó entorpecer la marcha, fueron alrededor de 25.000 samarios, quienes que se movilizaron desde el Estadio Eduardo Santos hasta el Parque Bolívar, donde se llevó a cabo una concentración social, para expresar su indignación ante a la clase política, quienes son los responsables de esta crisis, cuando decidieron entregar el servicio de acueducto a la multinacional española.

Por eso, ayer el primer derrotado fue Metroagua, pero también la vieja clase política del Magdalena, que desmanteló el patrimonio de los samarios; además, salió derrotado el silencio y la indiferencia, de una ciudadanía que hoy esta unida entorno a la defensa de lo público, contra la corrupción y dispuesta a dar la pelea por sus convicciones.

Así mismo, Santa Marta le notificó a Metroagua, que esta vez los samarios nos desfallecerán en su empeño por recuperar su patrimonio; además, no permitirán el chantaje ni el cobro desorbitado por la devolución de las redes ni la infraestructura del sistema, a la que se hizo esta entidad, con los recursos públicos del Estado colombiano; por eso, se declararon veedores del procesos, que se iniciará este 17 de abril cuando termine el irregular contrato de arrendamiento firmado y concebido solo para favorecer a la multinacional española.

Cabe señalar, que en un acto de soberanía y en uso de sus atribuciones legales, el Alcalde, Rafael Alejandro Martínez, expidió el pasado 11 de enero, la Resolución No. 009, para modificar la cláusula cuarta (4) del contrato de arrendamiento de Metroagua, que caducará el próximo 17 de abril. Pero esta batalla jurídica fue iniciada en la anterior Administración, cuando el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, dio los primeros pasos de un litigió jurídico que lo llevaron a instaurar una acción popular, respaldada hoy con la firma de 230.308 samarios y en contra la empresa española.

De esta forma, Santa Marta, se declaró en estado de alerta y de lucha, frente a los actos de corrupción de la tradicional clase política que originó la actual crisis del agua que vive la ciudad.

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Fotografía: [ar] actualidad regional, Febrero, 2017.

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En Santa Marta, No Más Metroagua

Hoy van 103.303 firmas en solo cuatro días que Santa Marta se ha movilizado para recoger 150.000, con el propósito de respaldar la acción popular que su exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar interpuso contra la multinacional Metragua S.A ESP, quien opera el acueducto desde 1989, mediante un irregular contrato de arrendamiento. Esta demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el 2016 y busca impedir que la ciudad pague una desorbitante indemnización a la que aspira la empresa española filial de Inassa, quien solicitó en las últimas horas medidas cautelares, con el fin que se le prohíba a la Alcaldía recuperar las redes que son de todos los samarios.

Por Victor Garavito.

Para muchos samarios la empresa española Metroagua S.A. pretende chantajear a la ciudad, con el polémico contrato de arrendamiento, que por 28 años dejó a Santa Marta sedienta, con unos de los peores servicios de acueductos del país y un agua no apta para el consumo humano.

Frente a esta realidad, antes de terminar su mandato como alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, a finales del 2015, elevó una acción popular para dejar sin efectos jurídicos el contrato de arrendamiento suscrito entre la Alcaldía Distrital de Santa Marta durante el mandato del exalcalde Alfonso Campos Vives y Metroagua S.A, por considerarlos “violatorio de la moralidad administrativa y del patrimonio público”.

Todo empezó mal

Estos hechos iniciaron con la expedición del Decreto 207 del 14 de julio de 1989 (Ver Decreto), por medio del cual se ordenó la constitución de la empresa de economía mixta Metroagua S.A., expedido por el entonces alcalde Alfonso Campos Vives(ver Video).

La entidad nace bajo escritura pública No. 1895, el 14 de noviembre de 1989 (Ver Escritura), suscrita en la Notaria Primera de Santa Marta, por lo que el entonces mandatario Campos Vives firmó este documento, sin contar con las facultades para suscribir el acto jurídico.

Por otro lado, existen varias presuntas irregularidades como lo indican los expertos en contratación administrativa; la primera de ella es que se realizó un contrato de arrendamiento y no se concesionó el servicio mediante licitación pública. Así mismo, se violó el Decreto Ley 222 de 1983, que estipulaba que la duración del arrendamiento de cualquier tipo de bien de las entidades públicas no podían superar los cinco años.

De esta forma, se cumplen 28 años de un arrendamiento que inició viciado por la ilegalidad y fue extendido por las anteriores Administraciones mediante la figura del “otro sí”, firmado en 1996, 1997, 2000 y 2002, que solo buscaban beneficiar a Metroagua S.A. No contentos con esta situación, cada nueva Administración que llegaba a Santa Marta le mejoraba las condiciones a la empresa española, en contra de los intereses colectivos de sus ciudadanos y el patrimonio publico de los samarios.

Fue así como, en 1997, el alcalde encargado Luis Cuello estableció que Metroagua no le debía pagar al Distrito el 33% de los recaudos sino apenas el 2% y prorrogó el contrato hasta abril de 2017.

Por su parte, del exalcalde Jaime Solano, se dice que solo cruzó la calle del Palacio Distrital para sentarse en la gerencia de Metroagua; no sin antes derogar la labores de interventoría a cargo de la Administración Distrital, por lo que esta entidad quedó sin la supervisión de la ciudad. Cabe señalar que Solano fue suspendido tan solo dos (2) días antes de terminar su periodo por el entonces presidente Andrés Pastrana, tras las inocultables irregularidades presentadas durante su gestión, según lo determinó la Procuraduría General de la Nación.

Aunque ahí no pararon los exabrupto jurídicos, porque durante el mandato del exalcalde Hugo Gnecco Arregocés, quien pertenece al clan Gnecco Cerchar y fuera condenado por irregularidades en la contratación pública, se volvió a modificar el contrato con la clara intención de beneficiar nuevamente a Inassa en el 2002 y perjudicar a Santa Marta. En esta ocasión Gnecco Arregocés determinó que las mejoras de Metroagua debían ser reconocidas por el Distrito y suprimió la caducidad del arrendamiento.

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Exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, con la comunidad samaria abordando la realidad del acueducto de la ciudad

Los recursos del Estado

De otro lado, Metroagua se ha favorecido de los recursos del Estado vía Regalías con 11.445 mil millones de pesos; además, el Plan Departamental de Aguas le giró $14.460 mil millones; otro tanto hizo con el Ministerio de Ambiente con $12.886 mil millones y recibió 15.3 millones de dólares de la Agencia Española de Cooperación, entre otros recursos recibidos por proyectos que financió el Departamento Administrativo Distrital de Medio Ambiente, Dadma y Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag. A pesar de todo esto, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, acaba de confirmar lo que todos saben en Santa Marta, que en el 20 por ciento de la ciuada no existe el acueducto.

Sin embargo, un estudio entregado a la Superintendencia de Servicios Públicos, estima que del 2003 al 2016, Metroagua S.A. cobró alrededor de $221.000 mil millones por concepto del llamado costo medio de inversión, valor que se les trasladó a los samarios en la factura de un servicio que nunca cumplió con los estándares mínimos exigidos por la Ley 142 de 1994, sin que se produjera ningún pronunciamiento de fondo por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Quiénes son los accionista de Metroagua?

En la actualidad, el 35% de Metroagua S.A ESP pertenece a Inassa, filial de la española Canal de Isabel II, quien estuvo envuelta en un escándalo de corrupción denunciado en la Asamblea de Madrid en España en el 2015; por otro parte, el 33% es del Zar de las Basura, el antioqueño William Vélez Sierra, un reconocido uribista, quien fue mencionado por paramilitares en los hallazgos que se le hicieron al computador de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; caso investigado por la Fiscalía General de la Nación en el 2009 y reactivado en el 2012, pero del que nunca se supo nada más y presuntamente quedará en la impunidad; así mismo, el 28% corresponden al Distrito de Santa Marta.

La respuesta de la Alcaldía

Por su parte, el actual alcalde Rafael Martínez, el pasado 11 de enero, mediante la Resolución No. 009, modificó de forma unilateral la cláusula cuarta (4) del contrato de arrendamiento de Metroagua que caducará el próximo 17 de abril; mientras que la empresa espera que la ciudad le entregue 60.000 mil millones de pesos por sus no muy clara inversiones. Mientras tanto la única propuesta del Estado es privatizar, a través de una Alianza Público-Privada, APP, como lo manifestó en su visita a Santa Marta el Director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz, el pasado 20 de enero, donde quedó claro que la ciudad necesita de una inversión de 2.8 billones para mejorar su sistema de acueducto y alcantarillado.

Por todas estas razones, los samarios no cuentan con un servicio de alcantarillado eficiente ni digno que les garantice un agua apta para su consumo, como lo denuncia el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar y como acaba de ratificar el Secretario de Salud (E) Dr. Carlos Payares en una carta enviada al Alcalde Rafael Alejandro Martínez;  para completar muchas localidades carecen del servicio, lo que se constituye en un obstáculo para el desarrollo y el bienestar social de las comunidades, que hoy recogen firmas para liberar por segunda vez a Santa Marta del yugo español de Metroagua y del antioqueño William Vélez Sierra.

Fotografía: [ar] actualidad regional, febrero de 2017.

Y qué pasó en el Congreso en el 2016

Saldo Negativo en materia social
Por. Víctor Garavito

El balance social que arrojan las decisiones legislativas tomadas por el Congreso de la República en el 2016, es negativo para la amplia mayoría de los colombianos y los sectores populares del país.

En materia legislativa el 2016 el saldo es negativo para las aspiraciones de las clases medias y bajas en Colombia, quienes enfrentarán un incierto 2017 en materia económica, con un salario básico que cada día pierde poder adquisitivo, con un aumento del 7%, $741.717 más auxilio de transporte $83.140 para un total $820.857, fijado por el Gobierno Nacional; al mismo tiempo, aumenta la concentración de la riqueza en el 9% de la población y persiste la entrega del país a los intereses de la multinacionales extranjeras.

Sin embargo, en medio de esta nada halagador panorama, la clase política que ocupa el Congreso de la República, se dedicó en el 2016 a favorecer la plutocracia criolla y las multinacionales minero energéticas, con reformas y leyes que garantizan el despojo de las riquezas de los colombianos y hacen inviable el desarrollo del país.

Por otro lado, si se trata del control político ejercido, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, es absolutamente pobre, dado que no arrojó resultados concretos dentro del ejecutivo ni de las entidades encargadas de realizar las investigaciones frente a las diferentes denuncias por corrupción o el fracaso de este modelo económico que no contribuye al desarrollo ni al bienestar, ni siquiera a punta del asistencialismo de sus políticas sociales sino que perpetua la pobreza; aunque el legislativo sea ha dedicado a promover la destrucción de los ecosistemas estratégicos y las violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios del Estado.

De esta manera, el Congreso de Colombia demostró una vez más, que sigue siendo la trinchera donde la clase política, junto con la plutocracia y las transnacionales deshacen este precario remedo de democracia y negocian el país, que se supone nos pertenece a todos. Mientras el Centro Democrático da un precario espectáculo en su defensa al gobierno del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y los intereses del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, que patrocinaron sus mentiras en la campaña del No al plebiscito por la paz, pero votaron afirmativamente la Reforma Tributaria.

Así lo refleja el hundimiento de la Proyecto de Acto Legislativo que intentaba consagrar al agua como un derecho fundamental, que fuera impulsado por las organizaciones ambientales del país y presentado por el Senador Jorge Eliécer Prieto Riveros; pero también, la iniciativa legislativa del Senador Jesús Alberto Castilla que buscaba reconocer al campesinado como sujeto político y promover políticas para proteger la cultura, la economía campesina, así como el reconocimiento al derecho a la tierra individual, colectivamente para las familias y comunidades campesinas, con el fin de acceder a la titulación y el territorio.

En cambio, el 16 de junio fueron aprobados los 244 artículos del Código de Policía que claramente viola los más elementales derechos humanos, criminaliza la protesta social y convierte a todos los ciudadanos en un blanco potencial de una sociedad inmersa en la sospecha, de una fuerza que se niega a mejorar sus relaciones con las comunidades y salirse del esquema de la guerra de baja intensidad, aplicada desde 1970, fecha en que se expidió la anterior norma que duro vigente por los últimos 46 años.

Pero también, esta legislatura consolidó las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, Zidres, con la expedición de la Ley 1776 del 29 de enero del presente año, por las que el lobby de las multinacionales se cortan las venas, dado el jugoso negocio que representa para el capital especulativo financiero y la legalización de la entrega de las mejores tierras del país al capital extranjero. Así se legitimó el despojo de tierras a los campesinos colombianos, en un país que un día era nuestro.

Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la joya de la corona: la Reforma Tributaria, aprobada a pupitrazo limpio y bajo la presión del lobby empresarial colombiano y de las multinacionales extranjeras.

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El regalo de navidad del Congreso de la República castigará a los colombianos por ser pobres con un IVA del 19%, es decir $7.5 billones al que nos condenaron los Senadores y Representantes; al tiempo que los más ricos solo le aportaran al fisco nacional el 0,4% billones en sus impuestos el 2017; mientras esto pasa el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón subasta al país en los mercados internacionales.

Esta Reforma Tributaria espera recaudar $12 billones para tapar el hueco fiscal que nos ha dejado la corrupción del Estado colombiano y los negocios de los altos funcionarios del Gobierno, a su vez premia y promueve la evasión, dado que solo se sancionará a los evasores a partir de $5.000 millones. Sin embargo, el 60% de los productos de la canasta familiar fueron gravados con el IVA del 19%.

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De tal manera, que los que ganaron fueron los Congresistas, quienes están cobrando el 12% a los Alcaldes por los “cupos” de los contratos que les da el Gobierno Nacional por votar sus proyectos, que es como funciona la mermelada que se esparce desde la Presidencia de la República y con la que se van aceitar las campañas políticas que elegirá, como siempre a los mismos el próximo año.

Finalmente, Colombia termina con un saldo negativo en materia social y como el tercer país más desigual en el mundo, en medio de una realidad de una nación carcomida por el hambre, la impunidad, la corrupción y ambiciones de las multinacionales extranjeras que nos saquean y solo dejan destrucción a su paso por el territorio nacional. Por eso, este no será un feliz año para todos.