[REPORTAJE GRÁFICO] CONTUNDENTE NO MÁS METROAGUA EN MARTA

Por. Víctor Garavito

Ayer Santa Marta le demostró al país que es una ciudad educada, pacifica pero con la certeza de sus convicciones. Así lo dejaron ver sus habitantes, durante la Marcha, realizada ayer, 14 de febrero, que convocó a la ciudadanía samaria cansada de la pésima prestación del servicio de acueducto y saneamiento básico, por parte de la multinacional española Metroagua S.A, filial de Inassa.

Como un día histórico para la ciudad, lo calificó el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, quien a su vez le pidió a los samarios continuar la lucha por la defensa del patrimonio público frente a las dilaciones y las maniobras jurídicas empleadas por Metroaguas, que en los últimos seis (6) años, ha impedido el mejoramiento del servicio público y ha puesto en riesgo la salud de las comunidades de Santa Marta; impidiendo de esta forma el desarrollo y el bienestar social de su gente

Muy a pesar, de la carta abierta presentada por el Gerente General de Metroagua S.A, José Luis Londoño, el pasado martes, con la que intentó entorpecer la marcha, fueron alrededor de 25.000 samarios, quienes que se movilizaron desde el Estadio Eduardo Santos hasta el Parque Bolívar, donde se llevó a cabo una concentración social, para expresar su indignación ante a la clase política, quienes son los responsables de esta crisis, cuando decidieron entregar el servicio de acueducto a la multinacional española.

Por eso, ayer el primer derrotado fue Metroagua, pero también la vieja clase política del Magdalena, que desmanteló el patrimonio de los samarios; además, salió derrotado el silencio y la indiferencia, de una ciudadanía que hoy esta unida entorno a la defensa de lo público, contra la corrupción y dispuesta a dar la pelea por sus convicciones.

Así mismo, Santa Marta le notificó a Metroagua, que esta vez los samarios nos desfallecerán en su empeño por recuperar su patrimonio; además, no permitirán el chantaje ni el cobro desorbitado por la devolución de las redes ni la infraestructura del sistema, a la que se hizo esta entidad, con los recursos públicos del Estado colombiano; por eso, se declararon veedores del procesos, que se iniciará este 17 de abril cuando termine el irregular contrato de arrendamiento firmado y concebido solo para favorecer a la multinacional española.

Cabe señalar, que en un acto de soberanía y en uso de sus atribuciones legales, el Alcalde, Rafael Alejandro Martínez, expidió el pasado 11 de enero, la Resolución No. 009, para modificar la cláusula cuarta (4) del contrato de arrendamiento de Metroagua, que caducará el próximo 17 de abril. Pero esta batalla jurídica fue iniciada en la anterior Administración, cuando el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, dio los primeros pasos de un litigió jurídico que lo llevaron a instaurar una acción popular, respaldada hoy con la firma de 230.308 samarios y en contra la empresa española.

De esta forma, Santa Marta, se declaró en estado de alerta y de lucha, frente a los actos de corrupción de la tradicional clase política que originó la actual crisis del agua que vive la ciudad.

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Fotografía: [ar] actualidad regional, Febrero, 2017.

En Santa Marta, Tercer Festival Internacional de Tambores del Caribe

El tambor es la esencia del alma de los pueblos del Caribe, con el que se expresan sus luchas y sobre el cual gira el ensamble de los distintos ritmos que conforma su riqueza musical.

A otro ritmo
Por. Víctor Garavito

El pasado 5 y 6 de enero del presente año, se llevó a cabo en las Playas del Rodadero de Santa Marta y con la participación de más de 5.000 espectadores, la tercera versión del Festival Internacional de Tambores del Caribe.

De esta forma, la Alcaldía Distrital, a través de su Dirección de Cultura, Recreación y Deportes le apuesta al rescate de la identidad cultural, la investigación etnocultural y la circulación de la producción artística de las diferentes agrupaciones musicales de la capital del Magdalena.

Así mismo, es el reflejo de un proceso de las escuelas artísticas, donde hoy se preparan alrededor de 500 niños en la interpretación del tambor y demás instrumentos de percusión, quienes conforman la Banda Distrital de Tambores de Santa Marta.

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Una historia ancestral

El tambor en Colombia entró por Santa Marta con la llegada de los esclavos africanos de las etnias Biohos, Cabindos, Mandingos, Balantas, Macondos, Kimbundus o Basongos, quienes en la parte baja de la Sierra Nevada crearon el primer palenque de nuestro país, que tenía como nombre “La Enramada”.

Por otra parte, en la región occidental y central de África, los bantú usan la palabra ngoma, que significa tambor. Sin embargo, otros historiadores señalan que ya los pueblos originarios del Caribe lo tenían como instrumento musical, como lo advierte el investigador samario Guillermo Barreto.

Lo cierto es que después de los procesos de mestizaje y de hibridación cultural, el tambor sufrió diferentes cambios y transformaciones hasta que finalmente llegó a ser el continente –contenedor– donde hoy se expresa la historia de todos los pueblos y naciones que pertenecen al Caribe, territorio donde la palabra, la tradición oral y el tambor, son parte fundante de su acervo cultural.

Pero tambores hay muchos, a pesar de ello, los más característicos de la cultura Caribe colombiana son el alegre, el llamador o yamaró y la tambora, con los que se ejecutan los ritmos del bullerengue, el fandango, el porro y la cumbia.

El Festival

En su tercera edición del Festival de Tambores del Caribe, se realizó un conversatorio con las diferentes agrupaciones internacionales que participaron en el evento, con el propósito de explorar el contexto histórico y el desarrollo musical del tambor en San Andrés, Venezuela, Brasil, Cuba y Colombia, quienes se participaron del cierre del evento.

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Grupo Creole de San Andrés

La agrupación “Creole”, fundada en 1986 por el maestro Orston Christopher, para preserva las tradiciones de los territorios insulares de San Andrés y Providencia, a través de su lengua nativa y su diversidad musical, como son los ritmos del Calipso, Mentó, Shottish, Quadrille, Reggae y la Polka.

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Batucada Unido Do Uirapuru de Rio de Janeiro

Por su parte la “Batucada Unidos Do Uirapuru” es un conjunto de músicos dedicados a la interpretación, composición y arreglos de temas del Carnaval de Río de Janeiro y Bahía, que ejecutan los instrumentos de percusión autóctonos de las Escuelas de Samba, acompañado de la cantante brasileña De Soussa y su Show de Garotas.

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Ensamble Colombo-Estadounidense Encuentro Entre Dos Mundo, Estampa

Por otro lado, el Latin Jazz estuvo a cargo del “Ensamble Encuentro de Dos Mundos, Estampa”, conformado por el Productor Musical, Nelson Rodríguez Jr, quién reunió a músicos colombianos junto al virtuoso baterista norteamericano, Henley Varner II, de Atlanta. De esta forma se logró una excelente fusión con ritmos tradicionales del Caribe colombiano.

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Peligro y sus Rumberos de Cuba

La cuota cubana estuvo a cargo de “Peligro y sus rumbeemos”, grupo que se conformó en el año 1959 como cuarteto en La Habana y que hoy está compuesto por 7 integrantes, su director y cantante principal Rolando Verdes López, quienes tienen una reconocida trayectoria internacional en escenarios de África, Asía y Europa, así como en México, Venezuela y Nicaragua.

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Gaita Zuliana Cineca Show de Venezuela 

Igualmente, desde la «Tierra de Gracia», Venezuela, se presentó la tradicional Gaita Zuliana de “Cineca Show”, conjunto que salvaguarda los versos y cadencias rítmicas de los Estados de Zulia y los al rededores del gran Lago de Maracaibo; además, género de música popular, conocido también como Gaita del Furro,  que fuera declarado Bien Patrimonial de Interés Cultural y Artístico del vecino país.

Por su parte, la participación nacional estuvo a cargo de ‘Reina del bullerengue’, la maestra Petrona Martínez, con su fusión musical: Petrónika, una mezcla entre sus ritmos tradicionales y los nuevos sonidos del género electrónico.

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Petrona Martínez

De esta forma se configura Santa Marta como el principal destino turístico de los colombianos y la ciudad del “buen vivir”, donde este año se realizarán siete (7) festivales que convocaran lo mejor de la cultura del Caribe.

Fotografía: ©[ar] actualidad regional, 2017.

Censura y Persecución a la Prensa Regional en Colombia: Segregación Institucional en la Unidad de Víctimas

Por este artículo, publicado el el 5 de enero del 2016 en el periódico regional HOY DIARIO DEL MAGDALENA: “Dicen Víctimas del Conflicto: “Hemos perdido hasta el presente” (Retirado de la Web de la Empresa Informativa miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP), he recibido una intensa persecución por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dentro la acostumbrada estrategia que usan las entidades públicas de tender cortinas de humo para invizibilizar la realidad y desviar la atención frente a otras miradas. De tal manera, que con ataques de carácter personal y profesional, el Estado colombiano viola el derecho a la libertad de expresión y re-victimiza a las víctimas.

“Hemos perdido hasta el presente”, dicen Víctimas en Colombia
Por. Victor Garavito

“No solo con buenas intenciones construiremos la paz, es imprescindible propiciar hechos reales que transformen nuestra realidad y nos permita volver a creer en la esperanza de un mejor futuro, porque hace falta dignificar las víctimas, las que aún hoy hemos perdido hasta el presente”, con estas palabras resume su situación Rita Eva Ávila Mendoza, quien sigue esperando que la Unidad Nacional de Víctimas cumpla con la Ley 1448 del 10 de junio de 2011.

Rita Avila, fue desplazada, junto con tres familias más, de la Vereda La Paz del Caribe en el 2012, perteneciente al Corregimiento de Guachaca, ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“De un momento a otro y por exigencia de hombres armados, nos sacaron de donde siempre habíamos vivido y no nos quedó más que venirnos para Santa Marta, donde nunca me imagine lo duro que era vivir en la ciudad”, recuerda doña Rita.

En la actualidad, lleva cuatro meses esperando una segunda ayuda humanitaria; sin embargo, aún aguarda una respuesta que le ha sido esquiva. “En la Unidad de Víctimas la atención es muy mala, sólo representamos un número y hacemos parte de las estadísticas necesarias para los informes de gestión; además, los funcionarios se burlan de nosotros y no nos prestan atención; siempre nos dicen que nadie les va a decir nada porque ellos son los que mandan”, precisa Ávila Mendoza.

El pasado 17 de diciembre [2015], después de madrugar a las 5:30 de la mañana para conseguir una ficha con la que pueda ser atendida por los funcionarios de la Unidad de Víctimas, sobre las 3:30 de la tarde de ese jueves volvían a decirle lo mismo que en los últimos 120 días ha escuchado: “Que no había sido activada por Bogotá”.

A pesar que doña Rita Ávila tiene cáncer y su riñón izquierdo fuera extraído en una intervención quirúrgica practicada en Bogotá, porque en Santa Marta no contaba con el servicio de urología; el pasado 17 de diciembre intentó explicarle a un infranqueable celador, convertido hoy en el primer interlocutor de la Unidad de Víctimas y experto en la tramitología que a diario enfrentan los más de 190.000 desplazados que viven en la capital del Magdalena y son atendidos en la sede del barrio María Eugenia.

“En el 2015 me entregaron una ayuda de $600.000 y nunca más he contado con la suerte de recibir otro auxilio, a pesar de mi precaria condición de salud, de ser madre cabeza de hogar a cargo de tres hijas y dos nietos, porque mi hijo vive con mi madre y es que en la Unidad de Víctimas es un problema para todo: hay madrugar por las fichas a las 5:30 de la mañana, las citas, etc. Mientras, que los desplazados solo le pedimos al Gobierno Nacional que nos ayude y no nos abandone; fíjese hasta votamos otra vez por el Presidente y hoy siento que no nos ha cumplido”, señala vehementemente Rita Ávila.

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Sede Administrativa del Magdalena de la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas

Además, agrega: “No más el 17 de diciembre, cuando les conté a una de las funcionarias sobre esta entrevista, en tono de sarcasmo me dijo que denunciara que ni baños había en la sede María Eugenia para los empleados. Por eso, muchos de los desplazados no queremos ir más a esas oficinas”.

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Así se atiende a las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia en Santa Marta. Centro de Atención Barrio María Eugenia, 17 de diciembre de 2015

Por otro lado, frente al tema de salud “estamos mal, cada vez que vamos al IPC del Barrio María Eugenia esta cerrado, nunca hay atención y nos mandan para otro lado y muchas veces ni para el pasaje tenemos”, advierte Rita Ávila.

Finalmente, el caso de doña Rita Eva Ávila Mendoza, representa solo una de las miles de historias que deambulan por la Santa Marta tratando de sobrevivir en medio de la exclusión que se ensaña contra quienes fueron víctimas del conflicto armado; mientras sus días son golpeados insesantemente por la indiferencia institucional, algunos de los desplazados aún sueñan que el 2016 las cosas por fin cambien en medio del proceso de posconflicto que vivirá el país.

Fotografías: © [ar] actualidad regional, diciembre de 2015.

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Artículo Retirado de la Web del HOY DIARIO DEL MAGDALENA

Capturada Exgerente del Hospital de Algarrobo, María del Socorro Andrade Cortés

Lazos entre la Clase Política y los Narcoparamilitares en el Magdalena
Por. Victor Garavito

Mientras en el Municipio de Algarrobo se preparaban para las Fiestas Patronales de San Martín de Loba, que se realizaran en noviembre, la Fiscalía 15 de la Dirección Nacional Especializada contra el Terrorismo de Bogotá, expedía orden de captura contra la exgerente del Hospital María del Socorro Andrade Cortés, por sus presuntos vínculos con grupos narcoparamilitares y el robo continuado a la salud.

Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación en un escueto comunicado de prensa el pasado 3 de noviembre. De tal manera, que investigadores de la Subdirección Seccional CTI Magdalena, en las últimas horas llevaron a cabo la detención de Andrade Cortés, contra quien pesaba una orden judicial vigente para cumplir medida de aseguramiento preventiva en su lugar de residencia.

Igualmente, la misma decisión judicial ordenó medida de casa por cárcel al exgerente del Hospital del Municipio de Concordia, Alonso Felipe Redondo Iglesias.

Por su parte, el ente investigador señaló que tras las indagaciones realizadas, como lo contempla el Código de Procedimiento Penal, Ley 600 del 24 de junio de 2000, a María de Socorro Andrade Cortés, se le imputan hechos entre los años 2003 y 2004, “donde al parecer incurrieron en irregularidades en la celebración de contratos con la Fundación Mujeres de la Provincia”, mientras se desempeñaba como gerente del Hospital de Primer Nivel de Algarrobo.

Los narcoparamilitares y Clase Política del Magdalena

Para nadie es un secreto como en la región del Valle del Rio Ariguaní, los narcoparamilitares decidían quienes iban a ser los Alcaldes de los municipios; así quedó confirmado cuando al país conoció el verdadero entramado entre la clase política del Magdalena y el confeso comandante del Bloque Norte, Rodrigo Escobar Pupo, “Alias Jorge 40”.

Este tejido de corrupción, asesinatos, despojo de tierras de campesinos y robo continuado de los presupuestos municipales, quedó sellado en los Pactos de Chivolo y Pivijay, entre los narcoparamilitares y la clase política del Valle del Rio Ariguaní y del Magdalena.

En el Pacto de Chivolo, firmado el 13 de septiembre de 2000, participaron 13 candidatos a alcaldías y 395 dirigentes políticos y sociales de la subregión del centro del Magdalena; en este macabro acto se acordó apoyar la candidatura de José Domingo Dávila Armenta a la Gobernación, más conocido como “Chelo Dávila”, bajo el movimiento “Provincia Unida”.

Dávila Armenta, del Partido Liberal, asumió como mandatario regional en el periodo 2001 – 2003 y posteriormente fue condenado en sentencia ratificada por la Sala de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia, con el Acta No. O60 del 23 de febrero 2011, a 90 meses de prisión y al pago de una multa de cerca de $3.500 millones de pesos.

Los cargos por los que fue condenado el exgobernador del Magdalena, José Domingo Dávila Armenta, fueron como “coautor responsable del comportamiento punible de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover grupos armados al margen de la ley”, según consta en la determinación ratificada del 25 de agosto de 2009. Es preciso señalar que su hijo y heredero político es José Domingo Dávila Morales, “Chelito Dávila”, quien actualmente se desempeña como diputado en la Asamblea del Magdalena por Cambio Radical, con una votación de 15.158.

Para la época en que fue capturado el exgobernador José Domingo Dávila Armenta, un 30 de noviembre del 2008, la clases política del departamento del Magdalena, atravesaba una de sus peores crisis de la que parece aún no recuperarse; prueba de ello es que en esos días se encontraban en prisión los senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge de Jesús Castro Pacheco y Luis Vives Lacouture; también, los representantes a la cámara Alfonso Campo Escobar, José Gamarra Sierra, Jorge Luis Caballero Caballero, Karely Lara Vence y Alonso Ramírez Torres. Así mismo, ante la gravedad de las evidencias el ex gobernador Trino Luna Correa, no le quedó más que acogerse a sentencia anticipada por cooperación con la justicia con la Fiscalía General de la Nación. Y para acabar de completar el panorama, José Francisco “Chico’ Zúñiga”, exalcalde de Santa Marta y esposo de la actual Gobernadora, Rosa Cotes Vives, también fue condenado por parapolítica.

Así mismo, el Pacto de Pivijay, promovido por alias “Jorge 40” y que se escenificó en ese municipio el 10 de marzo de 2002, garantizó la elección al Congreso de Dieb Nicolás Maloof Cuse y Jorge de Jesús Castro Pacheco, hermano del condenado paramilitar Cesar Augusto “El Tuto” Castro Pacheco, quien actualmente reside en El Difícil, Municipio de Ariguaní; además de la candidatura del exrepresentante de Cambio Radical por el Magdalena José Gamarra Sierra y Gustavo Orozco. Todos ellos condenados dentro de los procesos de parapolítica que juzgó la Corte Suprema de Justicia.

Cabe señalar que la alcaldesa del municipio de Ariguaní, Carmen Cecilia Castro Pacheco, una de las mandatarias firmantes del del Pacto de Pivijay, fue condena por este hecho.

Los narcoparamilitares y la Fundación Mujeres de la Provincia

Pieza clave de la estrategia de saqueo de los recursos públicos por parte de los narcoparamilitares, consentida y patrocinada por la clase política del Valle del Rio Ariguaní, lo constituye la Fundación Mujeres de la Provincia.

Y con la Fundación aparase la supuestamente peligrosa figura de Neyla Alfredina Soto Ruiz, alias “Sonia”, “La Sombrerona” o “La Paraca”, excomandante y jefe de finanzas del Bloque Norte de los narcoparamilitares; además, de ser la nefasta mano derecha, comandante del Bloque Norte, Rodrigo Escobar Pupo, “Alias Jorge 40” y eje central para el desarrollo de los Pactos de Chivolo y Pivijay.

Alias “La Paraca”, ingreso a las la filas de las criminalidad de los narcoparamilitares como trabajadora social a finales de los años 90 en el Municipio de San Ángel, lo revela el portal verdadabierta.com.

La que fuera considerada como muy distinguida señora, era ampliamente conocida en todos los círculos sociales y productivos de la subregión del Valle del Rio Ariguaní, porque representaba a la Fundación Mujeres de la Provincia; entidad que sirvió para firmar y ejecutar todo tipos de contratos fantasmas para saquear los presupuestos de los entes territoriales; hecho que causó el atraso en el desarrollo y el crecimiento acelerado de la pobreza de todos los municipios del centro del Magdalena.

No obstante, Neyla Alfredina Soto Ruiz, a sus 64 años, fue capturada un sábado 15 de noviembre del 2008, en una finca del Municipio de Sabanas de San Ángel, bajo los presuntos cargos de conformación de bandas criminales, desaparición forzada y desplazamiento; así como, concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y hurto calificado.

Además, en el momento de su aprehensión a alias “Sonia” se le acusaba de haber ordenado la muerte el 5 de junio del 2002 del agricultor Manuel Antonio Suárez Ramírez y de su hijo, a quienes al parecer les habría amordazado, asesinado y robado más de 400 cabezas de ganado, así como varias hectáreas de tierra después de haberlos ejecutado. De esta forma, los narcoparamilitares despojaban a campesinos, con la supuesta complicidad con algunos notarios; aunque estos vínculos aún están por investigar y llevar ante la justicia colombiana; a pesar de ello, estos casos se encuentran en el silencio del olvido en la Corte Suprema de Justicia.

Un reflejo de esta situación y como operan los mecanismos de impunidad, se escenificó el pasado 5 de abril, precisamente a Sabanas de San Ángel, donde Neyla Alfredina Soto Ruiz, había supuestamente asesinado y desplazado a campesinos; sin embargo, fue en este municipio, donde el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado y el actual presidente de Fedegan José Félix Lafaurie, iniciaron la cruzada uribista para legalizar el hurto de los llamados “compradores de buena fe”.

De esta misma forma, que el senador Álvaro Uribe, se opuso al Plebiscito Por La Paz, para que hechos como estos quedaran en la impunidad; así lo confirman sus propuesta de  renegociación los del No frente a los Acuerdos de La Habana; al mismo tiempo, el Centro Democrático, acaban de presentar un proyecto de Ley para que legalice y reconozca la tierras a quienes las adquirieron fraudulentamente y fruto del proceso de despojo y a punta de los asesinatos a campesinos cometidos por los narcoparamilitares en el todo el país. Así se pretenden burla la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras.

A pesar que en la región del Valle del Rio Ariguaní, todos conocían muy bien el accionar de Soto Ruiz, alias “Sonia”, en el 2013 quedó en libertad por falta de pruebas; además, la justicia se abstuvo de procesarla por el delito de concierto para delinquir y dentro del proceso por homicidio, desplazamiento, desaparición forzada y extorsión. Esta decisión la profirió la Jueza Encargada Única Penal, Ana Joaquina Cormane Goenaga, del Circuito Especializado de Santa Marta. De esta forma, opera la impunidad en nuestro país y las víctimas del conflicto armado se quedan sin que exista verdad, justicia y reparación.

Soto Ruiz, alias “La Paraca”, murió a los 71 años, sobre las 4 de la tarde, el pasado lunes 8 de febrero del presente año, en la clínica La Asunción de Barranquilla, víctima de una deficiencia respiratoria y una falla sistémica, producto de una anemia severa, generada por un cáncer metastásico avanzado que padecía y comprometió su sistema óseo y otros órganos vitales.

Finalmente, aunque la Neyla Alfredina Soto Ruiz muriera, la memoria sigue viva en las comunidades afectadas por los narcoparamilitares en el Valle Rio Ariguaní, quienes aún viven entre el miedo y la zozobra por la presencia del llamado “Ejercito Antirestitución de Tierras” que se pasea a sus anchas sembrando la muerte en la región, sin que las autoridades se den por enteradas.

Fotografía: Neyla Alfredina Soto Ruiz, alias “Sonia”, “La Paraca” o “La Sombrerona”. Tomada de Google.

Algarrobo de Luto: Un muerto en Palmera de Agroindustrias Juan Manuel Dávila

Tragedia Por Accidente Laboral
Por. Victor Garavito

En circunstancias que son materia de investigación, en el día de hoy, sobre las 10 de la mañana, tras un accidente laboral, mientras realizaban labores de poda, murió José Alberto Puello Cantillo (Primero de Izq. a Der.) de 24 años de edad, en las instalaciones de la Finca El Indio, ubicada en inmediaciones del casco urbano del Municipio de Algarrobo.

Al mismo tiempo, otro trabajador algarrobero quedó gravemente herido en sus manos y pies, tras recibir una fuerte descarga de energía eléctrica. A esta hora, esta siendo atendido en el Hospital de Fundación y se encuentra estable.

La finca palmera El Indio es propiedad de Agroindustrias JMD, cuya sede administrativa se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Marta, y quienes aún no se pronuncia al respecto ni ha expedido un comunicado oficial, sobre este lamentable hecho que enluta a la comunidad algarrobera, que una vez más se pregunta y cuestiona las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores y operarios que trabajan en la industria palmera.

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Web de Agroindustrias JMD Y CIA S.C.A

Cabe recordar que Agroindustrias JMD fue una de las empresas envueltas en los escándalos de corrupción de Agro Ingreso Seguro, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que tiene con sentencia de 17 años de prisión al ex-ministro de agricualtura y excandidato presidencial, Andrés Felipe Arias.

Igualmente, como olvidar el bochornoso incidente, por el que fue procesado Juan Manuel Dávila Fernández De Soto por el delito de violencia contra la mujer; estos hechos ocurrieron en el 2009, cuando el empresario golpeo a su novia, la actriz Valerie Domínguez después de una discusión n la ciudad de Madrid. Luego, Dávila Fernández implicó al ex reina en el caso de Agro Ingreso y por lo que finalmente fue absuelta por el Juez 38 de Conocimiento de Bogotá. Así mismo, del controvertido proyecto de la Marina de Santa Marta, liderado por el Grupo Daabon, que a juicio de los samarios privatizó la bahía y con ello crearon un fuerte impacto ambiental sobre la capital del Magdalena.

Por otro lado, el Personero Municipal de Algarrobo, Dr. Yoel Elguedo Jiménez, señaló que en estos momentos se traslada al lugar de la tragedia para iniciar las indagaciones sobre lo sucedido y expedirá un pronunciamiento oficial, una vez haya concluido su visita a las instalaciones de la Finca El Indio; mientras que la Alcaldía Municipal, que lidera Maribel Andrade Zambrano, sigue sin pronunciarse.

Fotografía: Tomada del Facebook del Jose Alberto Puello Cantillo, 2016©

Adenda: Extendemos nuestras condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros de trabajo y amigos de José Alberto Puello Cantillo, Q.D.E.P.

Orden de Captura al Exgerente del Hospital de Algarrobo, Juan Carlos Redondo Andrade

Los Narcoparamilitares y La Clase Política del Magdalena
Por. Victor Garavito

La Fiscalía General de la Nación acaba de expedir orden de captura a 18 altos exfuncionarios públicos del Magdalena, entre los que se encuentran exalcaldes y Gerentes de los Hospitales locales, quienes presuntamente son responsables de diseñar una estrategia para robarse los recursos de la salud, en alianza con los narcoparamilitares.

Entre las ordenes de captura se encuentra la del exgerente del Hospital de Algarrobo, Juan Carlos Redondo Andrade, quien se desempeñó en la Empresa Social del Estado, durante la primera parte de la Administración de Licet Belén Prieto Montejo.

Redondo Andrade, fue nombrado por el exgobernador Luis Miguel Cotes Habeych, mediante Decreto 047 del 26 de enero de 2012, quien para esa fecha, ya había sido en tres ocasiones Gerente del Hospital de Algarrobo; además, ocupó ese mismo cargo en el Municipio de Santa Barbará de Pinto y se desempeñó como médico en Pedraza, Tenerife y Salamina.

Según el periódico El Espectador: “Entre las obligaciones que ponía Jorge 40 para avalar la candidatura de una persona a alguna alcaldía de los municipios de Magdalena que controlaban los paramilitares era que les entregaran los contratos de la salud del departamento. Esas imposiciones quedaron plasmadas en pactos, como el de Chivolo y Pivijay, en los que se estableció que a través de la política el paramilitarismo lograría “La Provincia Unida” y que entre el 10% y el 50% de los recursos públicos debían desviarse a las arcas del bloque Norte”.

Capturados:

1. Edgar Enrique Fuentes Torres, exalcalde de Nueva Granada.
2. Carlos Danilo Barrios Sierra, exdirector Hospital de Chibolo.
3. María Guadalupe Mendoza, exdirectora Hospital 7 de Agosto de Plato.
4. Yusif Antonio Atala Elias, exdirector hospital Fray Luis de León de Plato
5. José Onofre Cortina Cervantes, exdirector del Hospital de Tenerife.
6. José Antonio Martínez, exalcalde de El Retén.
7. Carmen Josefina Castañeda, exalcaldesa de Remolino.
8. Ruby Elena Barreto Olivera, exdirectora hospital de Remolino.
9. Diógenes Romero Rodríguez, exdirector Hospital de Remolino.
10. Indira Sierra Carmona, exdirectora Centro de Salud Paz del Rio de Fundación.
11. Ceferino De La Cruz Gómez, exalcalde de Zapayán.
12. Carlos Mario De la Cruz Pacheco, exdirector del hospital de Zapayán.
13. Margarita Rosa Rodriguez Ojeda, exdirectora del Hospital de Sitio Nuevo.
14. William Enrique Orozco Orozco, exdirector Hospital de Salamina.
15. Lourdes Ospino Ospino, exdirectora Hospital de Pedraza.
16. José Antonio De la Cruz Orozco, exdirector del Hospital de El Piñón.

Faltan por capturar:

1. Alfonso Miguel Moya Barraza, exdirector del Hospital de Concordia.
2. Juan Carlos Redondo Andrade, exdirector del Hospital de Algarrobo.

Fotografía: ©Archivo Gobernación del Magdalena. Enero 2012.

Fuente: “Capturas por la alianza entre paramilitares y la clase política en Magdalena”. El Espectador, 17 de octubre de 2016.

¿CÓMO OLVIDARTE ANDRÉS? HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL VALLE DEL RÍO ARIGUANÍ

Entre la complicad del Estado, el Olvido y La Impunidad
Por. Víctor Garavito

Mientras el país en la primera semana del mes de septiembre de 1999 vivía un tenso escenario en todos los ordenes de la vida nacional, en Ariguaní los narcoparamilitares asesinaban a su exalcalde Andrés Alfonso Palmera Anaya, con la abierta complicidad de la Policía Nacional y la presunta participación intelectual de algunos dirigentes locales, para los que el joven político era incomodo. Sin embargo, de eso hoy esta prohibido hablar.

En efecto, hace 17 años, el país amanecía un 1 de septiembre de 1999 con un Paro Nacional convocado por las Centrales Obreras, hecho al que no fueron indiferentes los trabajadores del Magdalena, como lo registró la prensa regional.

Sin embargo, el único interés de los medios en el Magdalena fue el orden público y no las razones por las que el movimiento sindical salió a protestar, en medio de una sociedad avasallada y al servicio del narcoparamilitarismo. Ese día el titular de primera página del Hoy Diario fue: “Y no pasó nada, sigue el paro”.

Los “Paras” y la región

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Panoramica de El Difícil, Municipio de Ariguaní, Magdalena

El Municipio de Ariguaní, cuyo casco urbano, El Difícil, se encuentra ubicado en la subregión del centro del Departamento del Magdalena, a 216 Kms. de Santa Marta, en 1999, nadie transitaba por sus vías o caminos sin la autorización de los “paras”.

Hoy, las cosas parecen seguir el mismo curso de una historia petrificada y construida con el despojo de tierras a los campesinos de la zona y una extensa lista de asesinatos, que aún no logran visibilizarse como lo reconocen sus pobladores, porque continúan enterrados en diversas fosas comunes, disgregadas en su quebrada geografía.

El Difícil, un poblado de 32.166 habitantes, sigue anclado en la década de los años 90´s del siglo pasado, como lo señalan una parte de sus habitantes; en esos tiempos, su clase política y sus autoridades, decidieron entregarse a los narcoparamilitares.

De tal manera, que colaboraron abiertamente y patrocinaron las acciones del Bloque Norte; así mismo, fruto de esa complicidad, lograron enriquecerse en medio de una cruenta guerra que los “paras” le declararon a los campesinos de la región para despojarlos de sus tierras; a pesar de ello, hoy se excusan detrás del “no podíamos hacer nada” o lo que es más lamentable: “nos obligaron”.

No obstante, con el proceso de la parapolítica no hubo nada nuevo para los dificileros, simplemente emergieron los secretos a voces, que develaron el entramado de complicidades entre la dirigencia y los narcoparamilitares. Fue así como el país conoció los llamados “Pactos de Chivolo y Pivijay”.

Por esta razón, algunos de los líderes políticos de la región hoy disfrutan del beneficio de casa por cárcel; quienes cogobernaban con los narcoparamilitares en los distintos entes territoriales del Valle del Rio Ariguaní, para saquear los recursos del Estado en beneficio propio y de los comandantes del Bloque Norte.

La sentencia de “casa por cárcel” no se cumple en su totalidad, porque algunos de los políticos condenados, así como de los excomandantes que viven aún en El Difícil, se pasean impunemente por estos territorios; mientras los organismos de seguridad parecen no darse cuenta de la situación, como tampoco lo hacen, con la aparición del “Ejército de Antirestitución de Tierras”, el Clan Usuga, la trata de blancas -con el arribo a la región de un grupo numerosos de venezolanas ilegales que ejercen la prostitución-, el aumento del tráfico de estupefacientes ni la criminalidad.

En la actualidad, para nadie es un secreto “quién es quién” en El Difícil y en cada uno de los municipios del Valle del Rio Ariguaní; ni cómo fue el macabro accionar de la ultraderecha colombiana, porque en 1999 los criminales ya habían tocado a las puertas de muchas familias ariguanenses, al tiempo que enterraban sus muertos bajo la estricta vigilancia de una sociedad que rápidamente entró en pánico y terminó al servicio de los narcoparamilitares.

De esta forma, los habitantes del Municipio de Ariguaní, serían señalado y estigmatizados como los “paracos” del país, así lo reconocen hoy algunos de sus habitantes.

¿Quiénes Mataron a Palmera?

El asoleado 7 de septiembre de 1999 no fue un día más en el Valle del Rio Ariguaní; como hacia ya varios años y bajo la mirada impasible del Estado, los paramilitares demostraron quienes eran los amos y señores de estas tierras.

Ese día, mientras el exalcalde de Ariguaní, Andrés Alfonso Palmera Anaya, retornaba a la ciudad de Barranquilla, donde se había establecido con su esposa Yurbey Núñez y sus tres hijas, un kilómetro adelante del Corregimiento de Pueblo Nuevo, en la Troncal de Los Contenedores, sobre la vía que conduce de Difícil a Bosconia, fue abordado por un comando de hombres fuertemente armados de narcoparamilitares, pertenecientes al Bloque Norte, que comandaba Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

En ese momento bajaron a Andrés del vehículo donde se desplazaba, luego de pasar el fin de semana en El Difícil; con la mesura que lo caracterizaba se dejó conducir para no poner en riesgo la vida de sus acompañantes, esos serían los últimos minutos que lo verían con vida. De ahí en adelante, todo fue confusión y angustia.

La noticia del secuestro de Palmera Anaya corrió rápidamente por el Valle del Ariguaní; así se iniciaron las 72 horas zozobra más largas que recuerde la gente de El Difícil, sus simpatizantes y familiares. Sin embargo, los únicos que no se enteraron de lo sucedido fueron los agentes del Puesto de Policía del Corregimiento de Pueblo Nuevo ni de la Estación de El Difícil, quienes solo guardaron silencio y mantuvieron su complicidad frente al asesinato de Andrés Palmera.

El 8 de septiembre, la prensa regional mencionaba el hecho y advertía que: “El plagio se le atribuye a la guerrilla”, así lo señaló, incluso en su titular de primera página el periódico Hoy Diario del Magdalena. Por su parte, la Administración Municipal a cargo del exalcalde, Guillermo Sánchez Quintero, convocó a un Consejo de Seguridad, para tratar de minimizar los hechos y mientras los autores intelectuales mantenían la conspiración en las calles de El Difícil.

De igual manera, al ser consultado por la prensa regional, el entonces Comandante de la Policía del Magdalena, Coronel Hernán de Jesús Bonilla Álvarez, precisó que aunque esa institución adelantaba las investigaciones, aún no tenía conocimiento de sus autores. Lo cierto es que fueron los últimos en movilizarse tras el secuestro del exalcalde Palmera Anaya.

Finalmente, el 9 de septiembre, fue hallado en las inmediaciones de la vía que conduce de Fundación al Corregimiento Santa Rosa de Lima, el cuerpo de Andrés Alfonso Palmera Anaya, con varios disparos y evidentes signos de tortura.

Muchas años más tarde, en unas declaraciones del reconocido comandante narcoparamilitar, oriundo del El Difícil, Óscar Ospino Pacheco, alias Tolemaida, dentro de una audiencia pública de Justicia y Paz, manifestó que el asesinato de Palmera Anaya, fue ejecutado por la orden de Rodrigo Tovar Pupo, alías Jorge 40, como respuesta a lo que él llamó “desacuerdos políticos”, es decir, reconoció, que el exalcalde de Ariguaní se negó a confabularse con los “paras”, así como lo habían hechos los  demás políticos de la región.

Sin embargo, lo que no dijo en esa ocasión Ospino Pacheco es quienes fueron los autores intelectuales del homicidio. Aunque, existen diversas versiones que recorren el Valle del Rio Ariguaní sobre los responsable de este infame hecho, pero quienes las conocen lo hacen a sottovoce, porque es peligroso sostenerlas, dado que no se cuentan con la evidencia fáctica necesaria para concluir sobre este execrable crimen; además, ninguno de los organismos encargados de adelantar las indagaciones, tampoco quieren hacerlo.

Otros opinan que llegar al fondo del asesinato del exalcalde Palmera Anaya, destaparía nuevamente ese entramado de vínculos entre la dirigencia regional y la clase política con los “paras”; por eso, los implicados prefieren hacer “grandes esfuerzos económicos” para que las investigaciones duerman en el sueño de los olvidados o como dice la clase política: “darle manejo”, es decir, pagar por el silencio.

Así concluyen quienes apelan a los tradicionales refranes y de manera puntual manifiestan que: “Cuando el rio suena, es porque piedras llevan”, señala los ariguanenses cuando se refieren a la muerte de Palmera Anaya; a pesar de ello, existen los que se atreven ha señalar los nombres de los presuntamente instigadores o autores intelectuales del crimen. Por todas estas razones, los trágicos sucesos del 7 de septiembre seguirán impunes, porque aún no se ha dicho toda la verdad ni los sectores que aún conservan el poder están dispuesto a revelarla.

Por otro lado, es preciso mencionar la indolencia y el tratamiento de tercera que le dieron al magnicidio, la prensa regional como la  dirigencia del Magdalena. Primero, los medios  trataron el hecho como una noticia judicial sin ir más allá de las circunstancias políticas y le restaron la importancia que requería el momento y guardaron silencio; además, no hubo ningún tipo de investigación ni se llevó la noticia al ámbito nacional. Así mismo, se observó la pasmosa indiferencia de la Administración Departamental y los diversos sectores sociales del departamento.

Septiembre de 1999 en el país

Los acontecimientos de la primera semana de septiembre dan cuenta de un país que se debatía, entre los mismos males, que hoy nos aquejan, en medio del entretenido encantamiento de sus telenovelas y esa fétida noción de actualidad de los medios privados de información.

Y para no ir más allá de la realidad, el país comenzó 1999 en medio de una profunda recesión económica que venía del 98; por esos días en Colombia se registró un crecimiento negativo del -4,5 % en el Producto Interno Bruto, PIB; entre otras, por el déficit fiscal, generado por el excesivo endeudamiento del Estado bajo el Gobierno de Andrés Pastrana y del sector privado.

Todo ello dejaron a los colombianos sin capacidad de compra, lo que aceleró la pobreza, la caída de la producción nacional y el aumento del desempleo alcanzó un record histórico que sobrepaso el 20%.

Al tiempo que las tasas de interés fueron del 50 al 60 por ciento. Así, en medio del descontento social, la corrupción y las ayudas destinadas solo a los grandes empresarios, se hundía la economía sin que nada la pudiera detener.

Mientras que dentro de las creativas fórmulas planteada por el Gobierno de Pastrana, cuyo Director Nacional de Planeación era el hoy Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, fue sacar a la venta la empresa de Interconexión Eléctrica, Isa, y la generadora Isagen; decisión, que fue mal recibida por la Comisión Quinta del Senado.

En este momento, muchos trabajadores perdieron sus casas por cuenta del Sistema de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC; la trampa que montaron los bancos, junto con el Gobierno de Misael Pastrana, para enriquecer al sector financiero a punta del sueño de muchas familias: adquirir casa propia.

En septiembre de 1999, y debido a la gran cantidad de demandas que se interpusieron frente a la voracidad de los bancos y contra el refinado mecanismo del UPAC, con el que se estafaban a quienes se arriesgaron a endeudarse para tener casa, la Corte Constitucional resolvió acabar con el Upac, con la sentencia C-700 del 16 de septiembre; así 25 años después, que Pastrana engendrará este monstruo para esquilmar a los colombianos, se inició su desmonte.

Sin embargo, el país no salía de la profunda tristeza y el dolor, que significó para los colombianos, el asesinato del Periodista y Humorista Jaime Garzón, el 13 de agosto en Bogotá, a manos de los narcoparamilitares y en medio de un operativo montado y patrocinado por el Estado colombiano, hechos que aún están por esclarecerse totalmente.

¿Qué cambió?

Nada. Los protagonistas políticos de 1999 son los mismo de hoy y sus postura ideológicas solo se han acomodando a los tiempos del poder.

Ellos caracterizan perfectamente un Estado donde subsiste una especie de híbrido: una  democracia cuestionada y su selecta clase política marcada por la sagrada tradición de lo heredado, a punta del linaje de los apellidos y otras pócimas.

En cierta medida, esta realidad refleja como la hegemonía Liberal-Conservadora ha buscado resolver las grandes disyuntivas nacionales; como lo hizo con el Frente Nacional y su reparto equitativo de las riquezas país, que solo benefició a la clase política y la plutocracia colombiana.

Dese este punto de vista, ¿Quién dijo que en Colombia no hay equidad? Acaso aún no tenemos el mismo Estado equitativo del Frente Nacional, donde siempre se reparten las riquezas que producimos todos, los corruptos de siempre?

En esos días, mientras el Ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, el hoy Fiscal General de la Nación, se trenzaba en una discusión con las Centrales Obreras, lideradas por el representante de la CUT, Luis Eduardo Garzón, quien fuera Alcalde de Bogotá; en el Congreso, dos magdelenenses, el Parlamentario Jesús Armando Pomarico Ramos de Plato y el samario Miguel Pinedo Vidal en el Senado, eran sus respectivos Presidentes.

Luego, a los ilustres hijos del Departamento del Magdalena, les tocaría enfrentar los muy sonados escándalos de corrupción y alianzas con los paramilitares, de los que no salieron bien librados. El primero fue Pomarico Ramos, condenado por la Corte suprema de Justicia a 12 años de prisión, debido a que durante su presidencia en la Cámara de Representantes se esfumaron la no despreciable suma de $5.300 millones de pesos.

El segundo, Miguel Pinedo Vidal, de Cambio Radical, y Presidente del Senado, fue señalado en los hechos de la parapolítica y salió condenado a 108 meses, es decir 9 años, por la Sala Penal de la Corte Suprema. Esto mismo, sucedió con buena parte de los dirigentes políticos del Magdalena, quienes estuvieron estrechamente ligados al narcoparamilitarismo.

Por este tiempo, se destapó otro gran escándalo en el país por cuenta de un mico jurídico en el Congreso; muy hábilmente y sin ningún tipo de vergüenza los honorables padres de la patria, intentaron aprobar mediante un acto legislativo, el sistema de prevención y seguridad social exclusivo para los congresistas y elevarlo a rango constitucional.

De tal manera, que ante un agonizante el Seguro Social y el colapso de la salud en el país, los congresistas, tiraron el anzuelo tratando de pescar en rio revuelto. Los autores del adefesio jurídico fue el representante el boyacense Zamir Silva y Joaquín Vives, excandidato a la Gobernación del Magdalena y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral; ambos del Partido Liberal.

Pero, el Cesar, también caía en desagracia de la mano de su farandulero Gobernador Mauricio Pimiento, quien también estuvo preso por parapolítica; esta vez, la Contraloría General de la Nación, le contó al país como de los $3.000 millones que el Gobierno Nacional le entregará a Pimiento, destinado a atender a los damnificados del invierno en este departamento, se habían desaparecido $2.627 millones. Lo que puso al descubierto como algunos los mandatarios regionales y locales, manejaban estos recursos.

Por el otro lado, el alcalde de Bogotá para la época, Enrique Peñaloza, salía airoso de una revocatoria de su mandato, impulsada por la Red de Veedurías Ciudadanas, frente a lo que algunos calificaron como una desastrosa gestión; lo interesante del hecho es que los ciudadanos colombianos se dieron cuenta del espinoso camino del quien se proponga adelantar un proceso revocatorio contra cualquier mandatario del país.

Pero también se abría el debate, que sonrojo a muchos, levantó ampollas en otros e inició toda una cadena de exorcismos, rosario y oraciones contra el mal de los tiempo, el reconocimiento que el país le debía a la diversidad sexual y abrió el paso para un cambio de mentalidad, con respecto a otras opciones de vida distintas al de las parejas heterosexuales.

Así entraba Colombia a modernizar su legislación y de paso se inició un proceso de discusión abierta, donde aún subsisten diversos tabúes y mentiras como las que esgrime la senadora liberal y pastora Viviane Morales, los conservadores y los del Centro Democrático.

Este espinoso tema de la diversidad sexual, para unos, solo se comenzó a tratar con la aparición del VIH; luego que muchos artistas y personalidades del arte y la cultura, decidieran “salir del closet” y hablar sin tapujos sobre lo que representado como el “diablo” para las iglesias cristianas, “en los tiempos del fin del mundo”.

No todo eran malas noticias, por lo menos el país asistía al ascenso de la cantante barranquillera Shakira en la escena internacional, así lo reconocía el 10 de septiembre el periódico El Tiempo al titular así una nota sobre la artistas caribeña: “Shakira con síntomas de estrella mundial”.

Al mismo tiempo, Juan Pablo Montoya hacia sentir orgullosos a los colombianos al ganar su séptima victoria en la Indy Car de los Estados Unidos, ese 5 de septiembre y el país se subía al monoplaza de la Montoyomanía.

Entre tanto, otros connacionales se volvieron famosos en las calles de New York y La Florida, no precisamente por sus hazañas deportivas o artísticas. En un abrir y cerrar de ojos siete hombre y una mujer adquirieron una notoriedad que hoy envidiaría cualquier político; por ellos, ofrecían US$51.000 dólares, dado que esta banda de colombianos asesinó, durante un asalto que protagonizaron el 27 de agosto, a Donald Pagani, un exoficial de la Policía norteamericana.

Orden Público

En materia de orden público la semana con la que abría septiembre de 1999, daba cuenta de un incremento de la actividad de los narcoparamilitares, quienes aventajaban ostensiblemente a la insurgencia, FARC y ELN, así no anunciaba el Ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, quien precisó que en el último año, según lo que el llamaba “las autodefensas” su accionar había crecido en 23%.

De tal manera, que los narcoparamilitares, también elegantemente señaladas por los medios privados de información como “autodefensas”, habían cometido 8 masacres, 5 secuestros y 87 homicidios, según las estadísticas reportadas a las autoridades.

El 2 de septiembre, luego que narcoparamilitares asesinara a 15 personas en Yolombo, Antioquía; en una operación militar contra guerrilleros de las FARC, que habían atacado la noche del 31 de agosto, a la población de Hato Corozal, Casanare, concluyó con un saldo 50 insurgentes muertos.

Así lo publicó en la primera página El Tiempo, quien a su vez señaló que esta era la “cuarta derrota” que en 1999 le propinaba las Fuerzas Armadas al grupo subversivo, mientras mantenía desde 1998 un proceso de diálogo con el gobierno de Pastrana en el Cagúan.

Los avatares del Magdalena

Por aquella época de 1999 otro de la línea de sucesión dinástica de los Vives, como lo es Juan Carlos Vives Menotti, era el Gobernador del Departamento, el mismo que cuando se desempeñaba como Director de Estupefacientes, el gobierno panameño lo investigó debido a fuertes sospechas que lo relacionaban con el presunto delito de lavado de dinero, que estuvo relacionado con el caso de su medio hermano Patricio Vives, condenado en EEUU. por tráfico de drogas.

En 1999, los nombres como el de Pepe Vives, Edgardo Vives, Nacho Vives, Juan Carlos Vives, Luis Eduardo Vives y Joaquín José Vives, seguían presentes en la escena regional; mientras la clase política del Magdalena sufría un devastador procesos de descompsoción de la que jamás se ha logrado recuperar, hasta el punto que el departamento llegó a tener tan solo un parlamentario, dado que sus más destacados dirigentes fueron condenados por parapolítica, como le sucedió a Fuad Emilio Rapag Matar, quien fue la fórmula que acompañaba, al hoy Representante Eduardo Agatón Diazgranados Abadía, en las elecciones del 2010.

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Fuad Rapad en marcha de apoyo a su candidatura al Senado con su fórmula a la Cámara de Eduardo Diazgranados (27 de Feb. de 2009)

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Eduardo Díazgranados, Representante a la Cámara por el Magdalena, en su primera campaña en la plaza pública de Ariguaní (27 de Feb. de 2009) 

Rapar y Diazgranados, fueron acompañados por la mayoría de los Concejales de Ariguaní, en un gran evento proselitista organizado en El Difícil por el grupo político del actual Alcalde, Rivelino de Jesús Mendoza Ballestas, a mediados de octubre del 2010. Los dos candidatos lograron obtener una cuantiosa votación de parte de los ariguanenses, lo que fortaleció la primera Administración Municipal de Mendoza Ballestas.

En otros hechos, en septiembre de 1999, se reportaba que una buseta de servicio intermunicipal, adscrita a la Empresa Brasilia, era incinerada por un “reducto guerrillero” que sobre las 4:30 de la madrugada, en el puente sobre el rio Ariguaní en inmediaciones del Corregimiento de la Loma del Bálsamo del Municipio de Algarrobo.

Sin embargo, la nota de prensa no precisa a que agrupación pertenecía ese “reducto”, como lo describe el periódico El Informador; lo que da cuenta del pésimo ejercicio periodístico que se hacia en la región, limitado exclusivamente a transcribir los comunicados de prensa de la Policía o el Ejército, sin indagar, confirmar o ampliar las noticias, ni mucho menos a contextualizar las múltiples realidades por la que a travesaba el departamento. Era una prensa que no hacia reportería y se limitaba a cubrir  los hechos desde las sala de redacción de los periódicos.

Así mismo, los municipios de Zona Bananera, Aracata, Fundación y Ciénaga, así como el Distrito de Santa Marta, sufrieron las consecuencias de un atentado contra dos torres de energía eléctrica de Traselca. De este hecho, la prensa tampoco precisó los detalles ni señaló a los responsables.

Por su parte, la clase política del Departamento se preparaba para el evento del año. El homenaje que le brindarían el 24 de septiembre a los más destacado dirigentes regionales del momento, Jesús Armando Pomarico Ramos y Miguel Pinedo Vidal.

En los pasillos de la Gobernación, la Alcaldía, el Concejo o la Asamblea no se hablaba de otra cosa. Al evento asistió lo mas granado y excelso del Magdalena; este acto que se realizó en la Quinta de San Pedro Alejandrino, contaba con organizadores, que después serían noticia nacional, como el exdirector del DAS, Jorge Noguera, el “bueno muchacho” como lo llamó Álvaro Uribe Vélez, quien le hacia el trabajo sucio a la Presidencia de la República y fuera condenado en octubre del presente año por la Corte Suprema de Justicia; otras de las más entusiastas organizadoras fuera la Concejala Uldis Pérez Maestre.

Hoy la Gobernación del Magdalena fue heredada y sigue la línea de sucesión que le impone la Familia Cotes. El primero fue el anterior mandatario departamental Luis Miguel Cotes habeych; ahora su tía, Rosa Cotes de Zuñiga, esposa del exalcalde de Santa Marta, Francisco ‘Chico’ Zúñiga Riasco, condenado por parapolítica, es la actual mandataria regional.

Los que olvidaron a Palmera

En toda la historia política de Ariguaní, nadie ha logrado superar el carisma y la proyección nacional que tenía Andrés Alfonso Palmera Anaya, aún hoy los sectores populares lo recuerdan, al tiempo que su ideario esta anidado en el corazón de muchos ariguanenses, pero la actual dirigencia prefiere dejarlo en el olvido.

Quizás, por que su ejemplo siga siendo peligroso para la clase política de la región, frente a las intestinas disputas políticas que se mantienen por el poder y manejo de los presupuestos municipales, de cara a las próximas elecciones.

A pesar de ello, el ejemplo Andrés Alfonso Palmera Anaya cobra hoy más vigencia que nunca, porque él jamás claudicó ante los narcoparamilitares, como si lo hizo la mayor parte de la clase política magdalenense, que vive una paulatina degradación de la controversia política e impide la construcción de verdaderos espacios de participación y fortalecimiento de la democracia local todos los municipios del departamento.

Así mismo, ante la crisis ética y moral que se vive, derivaba del hecho de tener tanto dirigente condenado por la parapolítica, dejó al descubierto la incapacidad de sus líderes y la aparición de nuevos nombre que surgen en la escena regional; además, de esas familias que aún insisten en perpetuarse en el poder y que siguen enredadas y emparentadas con los paras, el despojo de tierras y la corrupción, quienes seguramente lanzaran a sus hijos o familiares en los próximas comicios electorales.

Es más, para Palmera Anaya, sería impresentable que algunos de sus familiares, discípulos o quienes intenten servirse de su legado, hoy estuvieran militando o haciendo parte de grupos políticos cuestionados y donde sus máximas figuras fueran condenados por la parapolítica, como es el caso del exsenador Luis Albero Gil Castilla y el exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo; a pesar de ello, su hermano Aníbal Palmera hace parte de Opción Ciudadana; aunque, toda argumentación y enmendadura es posible, porque los profesionales de oficio político, siempre manifiestan que: “La política es dinámica”, con el fin de acomodarse con el mejor postor.

Por eso ante la nueva arremetida del narcoparmilitarismo, llámese Usuga o Ejército Antirestitución de Tierras, en el Valle del Río Ariguaní, todos quieren olvidar y reacomodarse nuevamente ante las realidades de una nueva guerra que parece esta a punto de estallar otra vez bajo la mirada cómplice del Estado.

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Actual Alcalde de Ariguaní, Rivelino Mendoza Ballestas, 2016-20199 (1 de enero de 2016)

Pero lo más grave aún, se acaba de presentar, cuando el pasado 9 de septiembre conmemoramos los 17 años del vil asesinato de Andrés Alfonso Palmera Anaya, y la Administración Municipal, que se encuentra en manos de quien fuera su exjefe de Planeación, el hoy Alcalde Rivelino Mendoza Ballestas, ni siquiera de acordó de esta fecha que reivindica la memoria y a las víctimas del conflicto armado del Valle del Rio Ariguaní.

Estas realidades y hechos, demuestran que una figura como la del exalcalde Andrés Palmera, sigue siendo peligrosa para muchos y seguramente hoy haría una férrea campaña contra quienes claudicaron frente a los narcoparamilitares; por eso, sigue siendo peligros hablar de él en Ariguaní.

Fotografía: Primera Fotografía Pág 8 de la Sección de Judiciales del Periódico Hoy Diario del Magdalena. 9 de septiembre de 1999. Archivo [ar] actualidad regional.

“Y… No Supimos ¿Por Qué? La Masacre de Playón de Orozco”

Lo que no nos cuentan por aquí
Por. Victor Garavito

“Hubo unas elecciones que hasta los muertos votaron. Llevaban y cogían las personas y las echaban por delante a ir a votar. Hasta ellos mismos -los paramilitares- subrayaban el tarjetón, en las elecciones de Álvaro Uribe”, recuerda uno de los sobreviviente del Playón de Orozco, Corregimiento perteneciente al Municipio del Piñón, Magdalena.

La masacre, en la que fueron asesinadas y descuartizadas 27 personas, entre ellas a la promotora de salud Carmen Rudas, madre de cuatro niños y quien se encontraba embarazada.

Todos ellos fueron ejecutados por los narcoparamilitares del Bloque Norte, el sábado 9 de enero de 1.999, cuando llegaron alrededor de 100 “paracos” en tres vehículos, quienes irrumpieron en el Corregimiento a plena luz del día, mientras la comunidad celebraba un bautizo colectivo en la iglesia católica.

Ese mismo día, quemaron 22 viviendas y se llevaron todos los objetos de valor que encontraban en cada una de las viviendas del Playón de Orozco. El hecho fue perpetrado por narcoparamilitares comandados por Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias Esteban; aunque, también participó Edelmira Esther Pérez Méndez, alias La Mona, así mismo, la unidad móvil al mando de John Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre y la escuadra de Francisco Gaviria, alias Mario, del Frente de Pivijay del Bloque Norte.

Como consecuencia de la masacre, 130 familias se desplazaron forzosamente del Playón de Orozco y el Corregimiento quedó completamente desolado, hasta convertirse en un pueblo fantasma, al que hoy 17 años después, luego del retorno a su población a su terruño, la comunidad intenta rehacer sus vidas, en medio de la esperanza y el dolor, pero nunca del olvido.

Vídeo: “… NO SUPÍMOS ¿POR QUE? Playón de Orozco: Memorias de una masacre”, Oraloteca.

Consulte: “El Playón de Orozco: 16 años resistiendo al olvido. Centro de Memoria Histórica”. Centro de Memoria Histórica.

La Nueva Cara del Relleno Sanitario Regional de Ariguaní

El Verdadero Rostro de la Administración de Castilla Baena
Por. Víctor Garavito

El Relleno Sanitario Regional de Ariguaní, sin lugar a dudas, se convirtió en el rostro que definió los cuatro años de administración del ex alcalde Carlos Eduardo Castilla Baena.

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En la actualidad, muchos ariguanenses están de acuerdo en señalar que la administración de Castilla Baena se caracterizó por el caos, el desgobierno y el detrimento del patrimonio público, así lo calificaron algunos lideres comunitarios; además, de distintos ciudadanos y ciudadanas consultados por [ar] actualidad regional.

Y eso fue lo exactamente lo que encontraron los funcionarios de la Unidad de Servicios Públicos de Ariguaní, USPA, en el Relleno Sanitario Regional, convertido en un botadero a cielo abierto, de la mano de quienes se suponían debían administrarlo.

Hoy, para nadie es un secreto que en el periodo de Castilla Baena, los servicios públicos sufrieron el abandono y un atraso significativo. Hecho, que sumió al municipio en un profundo letargo frente al desarrollo, como lo demuestran claramente los hechos.

El Botadero

El Relleno Sanitario Regional se encontró totalmente abandonado en el 2016 y en condiciones desastrosas, como también ocurrió con gran parte de la infraestructura y el patrimonio municipal. Este significativo hecho, explica exactamente lo que ocurrió en Ariguaní durante la administración de Carlos Eduardo Castilla Baena.

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El “basurero municipal” no contaba con ningún manejo técnico y estaba convertido en un peligroso foco de vectores endémicos, es decir, de enfermedades infectocontagiosas, que atentaba contra la salud pública del municipio, especialmente de los barrios aledaños a su área de influencia, como son 20 de mayo, Simón Bolívar, Emmanuel, Sinaí, San Jorge y La Florida, así como el Hospital Alejandro Maestre. Esta era la realidad del Relleno Sanitario Regional, transformado por la desidia de la Administración Municipal de Castilla Baena, en un botadero a cielo abierto.

Tan grave era la situación, que existe una una denuncia interpuesta ante la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el 16 de octubre del 2015, bajo el radicado No. 7844 y que dio lugar a una intervención inmediata por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpamag. De ahí que, esta entidad realizó una visita técnica el 5 de noviembre del año anterior; además, solicitaron un informe a la Alcaldía de Castilla Baena, sobre el estado de lo que ellos calificaron como un “botadero a cielo abierto”.

Sin embargo, este informe nunca fue elaborado ni remitido a la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpamag, es más ni en la Alcaldía ni la USPA se encontró un documento que diga exactamente cuantas toneladas por mes de residuos sólidos producía la cabecera municipal de Ariguaní, ni respuesta alguna a los requerimientos de la Autoridad Ambiental.

Ante esta situación la Oficina Jurídica de la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpamag, proyectó en los primeros meses del año, el levantamiento de la Licencia Ambiental de funcionamiento del Relleno Sanitario, expedida mediante la Resolución 2737 del 21 de noviembre de 2008. De haberse presentado este hecho Ariguaní habría vivido una emergencia ambiental sin precedentes y de proporciones catastróficas para el bienestar de sus comunidades.

A pesar de todo esto, extrañamente, solo hasta este año la Procuraduría tomó cartas en el asunto. En efecto, mediante comunicación dirigida a la Alcaldía, la Dra. Marlene De Jesús Cortés Díaz, Procuradora Ambiental y Agraria del Magdalena, el pasado 7 de julio, con  Radicado No. 36000-PJIIAAM-459, solicitó un informe del estado actual del Relleno Sanitario Regional, motivada por la denuncia interpuesta ante Corpamag.

Mientras esto sucedía en Ariguaní en el 2015, el desgobierno de Carlos Eduardo Castilla Baena, era total, a tal punto que crecía la delincuencia, el microtráfico, la extorsión y los narcoparamilitares se tomaban los alrededores El Difícil, como lo reconocen algunos líderes sociales, aunque para la la Subteniente Julie Stephany Serrano Murcia, Comandante de la Estación de Policía de Ariguaní, sus estadísticas decían otra cosa.

Para acabar de completar este oscuro panorama, durante el proceso de empalme la Administración Municipal saliente de Castilla Baena, no entregó la información pormenorizada, como lo exigen las Leyes 951 del 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012, ni tampoco cumplió los aspectos generales del empalme entre los mandatarios entrante y saliente.

Además, desconoció en cierta medida, la Circular Conjunta No. 018 de septiembre 15 del 2015, emanada por Contraloría y Procuraduría General de la Nación; así como la Circular Externa No. 005 del 19 de octubre de 2015, de la Contaduría General de la Nación.

Sin embargo, Carlos Eduardo Castilla Baena, apeló a la muy clásica leguleyada de oficio y al mejor estilo de las acostumbradas estrategias uribista, dilatar y acomodar, en su intento por desconocer las implicaciones de lo solicitado por los entes de control. Así lo expresó en su carta del el 12 de diciembre del 2015 el ex alcalde: “… la Ley 951 de 2005, desafortunadamente no ha recibido reglamentación por parte del Gobierno Nacional y todas esas formalidades que nos trasmiten tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría General de la Nación en el ámbito de sus competencias a través de la Circular Conjunta No. 018 del 03 de septiembre de 2015, debe entenderse como meras sugerencia… (sic)”.

Por otro lado, según el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 50 de la Ley 1757 de 2015, donde se precisa que el «empalme de Gobierno es un proceso que contribuye a la rendición de cuentas de la rama ejecutiva, la cual es una obligación de todos los servidores de la administración pública»; no obstante, la Administración saliente, del exalcalde Carlos Eduardo Castilla Baena, dejó varios vacíos con respecto a la información sobre su gestión y alcances, frente a los servicios públicos, que presta el ente territorial, a través de la Unidad de Servicios Públicos de Ariguaní, como lo dejan entrever los escasos documentos que dejaron en la sede administrativa de la USPA.

Es decir, la actual administración de la Unidad de Servicios Públicos, USPA, a cargo de Aldo  De León Vergara, se ha dado a la tarea de recoger y reconstruir la información necesaria y pertinente para adelantar su gestión técnica y operativa.

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La Otra Cara

Actualmente, la Unidad de Servicios Públicos de Ariguaní ha emprendido un proceso de adecuación, rehabilitación y manejo técnico del Relleno Sanitario Regional, que minimice y controle de los impactos ambientales.

En la actualidad, ya se adelantó la primera fase, que correspondió al mantenimiento de sus vía de acceso, remoción de masa, limpieza de su cerramiento, control de vectores endémicos y mejoramiento de la celda de disposición final de residuos con chimeneas para el fuga de gases.

De igual manera, se realizan gestiones para la consecución de recursos destinados a la adecuación del área administrativa y finalizar con las obras de infraestructura que optimice el tratamiento de disposición final de los residuos sólidos urbanos.

Además, se tiene proyectado realizar acciones sociales que incorporen la labor de selección, recuperación y comercialización de materiales reciclados por parte de un grupo de recicladores ariguanenses, con el fin de propiciar un proceso de organización de una unidad productiva que dignifique a los recuperadores.

Por otro lado, es importante señalar que en el tema de la cultura ciudadana todavía hay mucho por hacer. En este sentido, es preciso señalar a los dueños de los grandes graneros o distribuidoras de alimentos, no tienen la más mínima conciencia ambiental; así lo demuestran el uso del Relleno Sanitario que hacen estos comerciantes, olvidando que es un bien público.

Es decir, a estos señores adoptaron las costumbre de la administración de Castilla Baena, donde cualquiera por fuera de las normas técnicas y ambientales arrojaba sus residuos y desechos como quería en el Relleno Sanitario. De tal forma, que disponen a su antojo de una infraestructura que es patrimonio de todos los ariguanenses. Igual, sucede hoy con los productores de lácteos.

Finalmente, “a pesar de la situación en la que encontramos al Relleno Sanitario Regional, nos hemos dado a la tarea de rehabilitarlo, dándole el manejo técnico que requiere, en cumplimiento de las labores de disposición final en la prestación del servicios de recolección domiciliaria del aseo urbano en la cabecera municipal y el Corregimiento de Pueblo Nuevo, que es parte del objetivo misional de la Unidad de Servicios Públicos de Ariguaní”, precisó Aldo De León Vergara, Jefe de la USPA.

Fotografías: [ar] actualidad regional, 2016.

Así le responde la Juventud Colombiana a Álvaro Uribe Vélez

Quién Dijo Miedo
Por. Victor Garavito

Este cuatro (4) de septiembre en un evento donde el senador por el Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez realizaba su Campaña del No al “Plebiscito Por La Paz”, Leonardo Rentería, un joven de Buenaventura, le respondió valiente y claramente frente a quien lo único que ofrece es la sin salida de la guerra.

Esta es otra mirada sobre la realidad de nuestro país, que contrasta y confronta el discurso pseudo religioso y pendenciero de la ultraderecha colombiana en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático, el sector de los Conservadores que lídera la excandidata Marta Lucia Ramírez, el Procurador Alejandro Ordoñez Maldonado, el Vicepresidente Germán Vargas Lleras y gremios como Fedegan, presidido por José Félix Lafaurie Rivera; además, de los paramilitares y su autodenominado Ejército Antirestitución de Tierras, quienes recorren como amos y señores el Valle del Río Ariguaní y presuntamente tienen como uno de su centros de operaciones a El Difícil.

Todos ellos intentan generar miedo y caos frente a la posibilidad real de la paz, con el propósito de no desmantelar las redes de narcotráfico, la extorsión y el contrabando que llevan a cabo los paramilitares o mal llamadas bacrim; pero también están quienes intentan no someterse a la justicia ni decirle la verdad a los colombianos de su participación en la guerra que durante los últimos 52 años desangró el territorio nacional.

Una vez más la juventud colombiana demuestra su carácter, valentía y sensatez. Hoy podemos decir, que con jóvenes como estos Colombia Sí tiene futuro y tendremos un rotundo #SíALaPaz el próximo 2 de octubre, porque #LaPazSiEsContigo.

Colofón:

Hoy el reconocido analista e investigador León Valencia publicó un interesante artículo en la Revista Semana, titulado: “El enorme estatus de la oposición de derecha”. Luego de haberlo leído escribí en mí twitter: “Por qué Colombia le teme a Álvaro Uribe su pseudo discurso religioso y su lógica pendenciera? Producto de los medios”. Uribe Vélez es sólo un producto de los medios privados de información de origen paisa (Antioqueño), que como RCN, NTN24, La FM, Hassan Nassar y Claudia Gurisatti, funcionan como la Ofician de Prensa del Centro Democrático y están empeñados en su campaña por el no, con mentiras y atropellos.