EN CUATRO MESES COLOMBIA REGISTRA 41 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ASESINADOS, DICE ONU

Por. Víctor Garavito

Con la muerte el pasado jueves 27 de abril del defensor de derechos humanos, Diego Fernando Rodríguez Montenegro, ocurrido entre los límites de los departamentos de Cauca y Nariño, en inmediaciones de la Vereda Gana Plata, perteneciente al Municipio de Mercaderes, son ya 41 los asesinatos de líderes sociales en Colombia en los cuatros primeros meses del 2017.

Rodríguez Montenegro, era líder social y actualmente se desempeñaba como representante legal del Consejo Comunitario Ganaplata y Caney; además, era miembro del Palenque La Torre y la Junta de Acción Comunal en Mercaderes.

Once de estos hechos se produjeron contra los defensores de derechos humanos del Cauca; a pesar de ello, el Estado niega la presencia de grupos paramilitares en el territorio nacional y responde con el silencio impasible del cómplice.

Al mismo tiempo que el escenario cada día se ensombrece, este lunes 1 de mayo el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza, mostró la preocupación del organismo internacional frente a la deteriorada situación por la que traviesan los defensores de los derechos humanos en Colombia.

“Hemos recibido información de al menos 41 casos de defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en apenas cuatro meses de 2017. Esto representa un aumento con respecto al mismo periodo de años anteriores y es muy alarmante”, precisó Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

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Así mismo, Alto Comisionado de la ONU afirmó que los activistas, al igual que los periodistas y otros representantes de la sociedad civil, afrontan grandes peligros en el desempeño de su trabajo.

Sin embargo, es preciso recordar que desde el pasado 7 de diciembre del 2016 durante la Audiencia Crímenes Contra la paz, realizada en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se abordó el asesinato de lideres sociales y defensores de derechos humanos, el Estado a través del Viceministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, se empeñó en negar la sistematicidad de estos hechos durante las intervenciones de los altos funcionarios.

No obstante, este debate citado por los Representantes Ángela María Robledo, Inti Asprilla, Alirio Uribe, Víctor Correa y el Senador Iván Cepeda, le demostró todo lo contrario; a pesar de la negativa del Gobierno Nacional en reconocer la gravedad de la situación, que cinco (5) meses después se ha agravado y ya alertó a Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; mientras la única respuesta de Juan Manuel Santos, parece ser el silencio, al tiempo que el Nobel de Paz del 2016 salió rápidamente apoyar los bombardeos sobre Siria que realizó los Estado Unidos.

Finalmente, Zeid llamó a los gobiernos a combatir la impunidad y a procesar de manera justa los crímenes y abusos contra periodistas y activistas en América Latina para que puedan llevar a cabo su labor en un entorno seguro y libre, en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Fotografía: © (1) [ar] actualidad regional; (2) Zeid Ra´ad AI Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto ONU: Jean-Marc Ferré.

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[REPORTAJE GRÁFICO] CONTUNDENTE NO MÁS METROAGUA EN MARTA

Por. Víctor Garavito

Ayer Santa Marta le demostró al país que es una ciudad educada, pacifica pero con la certeza de sus convicciones. Así lo dejaron ver sus habitantes, durante la Marcha, realizada ayer, 14 de febrero, que convocó a la ciudadanía samaria cansada de la pésima prestación del servicio de acueducto y saneamiento básico, por parte de la multinacional española Metroagua S.A, filial de Inassa.

Como un día histórico para la ciudad, lo calificó el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, quien a su vez le pidió a los samarios continuar la lucha por la defensa del patrimonio público frente a las dilaciones y las maniobras jurídicas empleadas por Metroaguas, que en los últimos seis (6) años, ha impedido el mejoramiento del servicio público y ha puesto en riesgo la salud de las comunidades de Santa Marta; impidiendo de esta forma el desarrollo y el bienestar social de su gente

Muy a pesar, de la carta abierta presentada por el Gerente General de Metroagua S.A, José Luis Londoño, el pasado martes, con la que intentó entorpecer la marcha, fueron alrededor de 25.000 samarios, quienes que se movilizaron desde el Estadio Eduardo Santos hasta el Parque Bolívar, donde se llevó a cabo una concentración social, para expresar su indignación ante a la clase política, quienes son los responsables de esta crisis, cuando decidieron entregar el servicio de acueducto a la multinacional española.

Por eso, ayer el primer derrotado fue Metroagua, pero también la vieja clase política del Magdalena, que desmanteló el patrimonio de los samarios; además, salió derrotado el silencio y la indiferencia, de una ciudadanía que hoy esta unida entorno a la defensa de lo público, contra la corrupción y dispuesta a dar la pelea por sus convicciones.

Así mismo, Santa Marta le notificó a Metroagua, que esta vez los samarios nos desfallecerán en su empeño por recuperar su patrimonio; además, no permitirán el chantaje ni el cobro desorbitado por la devolución de las redes ni la infraestructura del sistema, a la que se hizo esta entidad, con los recursos públicos del Estado colombiano; por eso, se declararon veedores del procesos, que se iniciará este 17 de abril cuando termine el irregular contrato de arrendamiento firmado y concebido solo para favorecer a la multinacional española.

Cabe señalar, que en un acto de soberanía y en uso de sus atribuciones legales, el Alcalde, Rafael Alejandro Martínez, expidió el pasado 11 de enero, la Resolución No. 009, para modificar la cláusula cuarta (4) del contrato de arrendamiento de Metroagua, que caducará el próximo 17 de abril. Pero esta batalla jurídica fue iniciada en la anterior Administración, cuando el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, dio los primeros pasos de un litigió jurídico que lo llevaron a instaurar una acción popular, respaldada hoy con la firma de 230.308 samarios y en contra la empresa española.

De esta forma, Santa Marta, se declaró en estado de alerta y de lucha, frente a los actos de corrupción de la tradicional clase política que originó la actual crisis del agua que vive la ciudad.

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Fotografía: [ar] actualidad regional, Febrero, 2017.

Censura y Persecución a la Prensa Regional en Colombia: Segregación Institucional en la Unidad de Víctimas

Por este artículo, publicado el el 5 de enero del 2016 en el periódico regional HOY DIARIO DEL MAGDALENA: “Dicen Víctimas del Conflicto: “Hemos perdido hasta el presente” (Retirado de la Web de la Empresa Informativa miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP), he recibido una intensa persecución por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dentro la acostumbrada estrategia que usan las entidades públicas de tender cortinas de humo para invizibilizar la realidad y desviar la atención frente a otras miradas. De tal manera, que con ataques de carácter personal y profesional, el Estado colombiano viola el derecho a la libertad de expresión y re-victimiza a las víctimas.

“Hemos perdido hasta el presente”, dicen Víctimas en Colombia
Por. Victor Garavito

“No solo con buenas intenciones construiremos la paz, es imprescindible propiciar hechos reales que transformen nuestra realidad y nos permita volver a creer en la esperanza de un mejor futuro, porque hace falta dignificar las víctimas, las que aún hoy hemos perdido hasta el presente”, con estas palabras resume su situación Rita Eva Ávila Mendoza, quien sigue esperando que la Unidad Nacional de Víctimas cumpla con la Ley 1448 del 10 de junio de 2011.

Rita Avila, fue desplazada, junto con tres familias más, de la Vereda La Paz del Caribe en el 2012, perteneciente al Corregimiento de Guachaca, ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“De un momento a otro y por exigencia de hombres armados, nos sacaron de donde siempre habíamos vivido y no nos quedó más que venirnos para Santa Marta, donde nunca me imagine lo duro que era vivir en la ciudad”, recuerda doña Rita.

En la actualidad, lleva cuatro meses esperando una segunda ayuda humanitaria; sin embargo, aún aguarda una respuesta que le ha sido esquiva. “En la Unidad de Víctimas la atención es muy mala, sólo representamos un número y hacemos parte de las estadísticas necesarias para los informes de gestión; además, los funcionarios se burlan de nosotros y no nos prestan atención; siempre nos dicen que nadie les va a decir nada porque ellos son los que mandan”, precisa Ávila Mendoza.

El pasado 17 de diciembre [2015], después de madrugar a las 5:30 de la mañana para conseguir una ficha con la que pueda ser atendida por los funcionarios de la Unidad de Víctimas, sobre las 3:30 de la tarde de ese jueves volvían a decirle lo mismo que en los últimos 120 días ha escuchado: “Que no había sido activada por Bogotá”.

A pesar que doña Rita Ávila tiene cáncer y su riñón izquierdo fuera extraído en una intervención quirúrgica practicada en Bogotá, porque en Santa Marta no contaba con el servicio de urología; el pasado 17 de diciembre intentó explicarle a un infranqueable celador, convertido hoy en el primer interlocutor de la Unidad de Víctimas y experto en la tramitología que a diario enfrentan los más de 190.000 desplazados que viven en la capital del Magdalena y son atendidos en la sede del barrio María Eugenia.

“En el 2015 me entregaron una ayuda de $600.000 y nunca más he contado con la suerte de recibir otro auxilio, a pesar de mi precaria condición de salud, de ser madre cabeza de hogar a cargo de tres hijas y dos nietos, porque mi hijo vive con mi madre y es que en la Unidad de Víctimas es un problema para todo: hay madrugar por las fichas a las 5:30 de la mañana, las citas, etc. Mientras, que los desplazados solo le pedimos al Gobierno Nacional que nos ayude y no nos abandone; fíjese hasta votamos otra vez por el Presidente y hoy siento que no nos ha cumplido”, señala vehementemente Rita Ávila.

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Sede Administrativa del Magdalena de la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas

Además, agrega: “No más el 17 de diciembre, cuando les conté a una de las funcionarias sobre esta entrevista, en tono de sarcasmo me dijo que denunciara que ni baños había en la sede María Eugenia para los empleados. Por eso, muchos de los desplazados no queremos ir más a esas oficinas”.

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Así se atiende a las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia en Santa Marta. Centro de Atención Barrio María Eugenia, 17 de diciembre de 2015

Por otro lado, frente al tema de salud “estamos mal, cada vez que vamos al IPC del Barrio María Eugenia esta cerrado, nunca hay atención y nos mandan para otro lado y muchas veces ni para el pasaje tenemos”, advierte Rita Ávila.

Finalmente, el caso de doña Rita Eva Ávila Mendoza, representa solo una de las miles de historias que deambulan por la Santa Marta tratando de sobrevivir en medio de la exclusión que se ensaña contra quienes fueron víctimas del conflicto armado; mientras sus días son golpeados insesantemente por la indiferencia institucional, algunos de los desplazados aún sueñan que el 2016 las cosas por fin cambien en medio del proceso de posconflicto que vivirá el país.

Fotografías: © [ar] actualidad regional, diciembre de 2015.

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Artículo Retirado de la Web del HOY DIARIO DEL MAGDALENA

Reforma Tributaria de Santos Genera Violencia Contra las Mujeres Colombianas

En Colombia, Ser Mujer Sale Caro
Por. Víctor Garavito

El gasto anual por concepto de toallas higiénicas y tampones en el país es de $2,2 billones y con un IVA del 16% representa $343.000 mil millones; con la nueva Reforma Tributaría que en estos momentos se discute en el Congreso de la República, el impuesto aumentaría al 19%, es decir, pasaría a $400.000 mil millones, lo que significa que ser mujer en Colombia sale caro.

Mientras que en el actual proyecto de Reforma Tributaria se contempla bajarle el Impuesto de Renta a las multinacionales extranjeras en un 11%, es decir, pasarán del 43% al 32%, a las empresas nacionales, pequeñas y medianas, solo se les disminuirá sus carga impositiva en un 2%; al tiempo que a la mujeres colombianas se les cobrará una tarifa del IVA plena del 19%.

En la actualidad los artículos tienen un impuesto del valor agregado, IVA, del 5%, 10% o la tarifa máxima del 16%, con los que se gravan los bienes de lujo; es decir, los que no son vitales para la supervivencia ni pertenecen a la canasta básica de los hogares colombianos.

Sin embargo, artículos de primera necesidad para las mujeres, como las toallas higiénicas y los tampones tienen hoy un IVA del 16% como si fueran un artículo de lujo; hecho que desconoce la condición biológica y de paso refleja la esencia de un Estado de concepción esencialmente machista que discrimina por la condición de género; además, desconoce arbitrariamente el principio constitucional a la igualdad de los colombianos.

En cifras

En Colombia una toalla higiénica cuesta alrededor de $500 pesos y las mujeres deben usar, por recomendación médica, una cada 4 horas; entonces, sí la regla dura cinco (5) días, representaría 25 al mes. Ahora bien, en el año son 13 periodos, entonces serían 323 protectores sanitarios anuales y costarían unos $160.000 en promedio.

Según el DANE hay 13 millones 200 mil mujeres en edad reproductiva, en ese orden de ideas, el gasto en el año suma $2,2 billones y si le sacamos el 16% del IVA, sumaría $343.000 mil millones; pero si el impuesto pasa al 19% le pagarían al Estado unos $60.000 millones más, por el solo hecho de ser mujeres; es decir, el Gobierno busca recaudar $30.000 por cada una de los colombianas anualmente.

Pero, esta realidad es apenas la punta del iceberg de una situación económica que golpea fuertemente a la mujeres colombianas, como lo confirman las misma estadísticas del Estado. En este sentido, si observamos la tasa de desempleo en nuestro país, vemos que 13% son mujeres.

Por otro lado, en el campo laboral sin importar que la experiencia o la preparación académica sean similares, las mujeres reciben un 20% menos del salario que un hombre; es decir, por cada $100,oo pesos que obtiene un colombiano, a las colombianas se les cancela solo $80,oo.

Además, el 30% de hogares donde la mujer es cabeza de familia, viven en la pobreza y dentro del sector informal de la economía, las colombianas dedicadas al rebusque alcanzan el 60%.

Este es el panorama real de las mujeres colombianas, según los estudios realizados por el Grupo de Género y Justicia Económica, quien adelanta la Campaña “Menstruación Libre de Impuestos” y que el pasado jueves 15 de diciembre, efectuó un plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Hacienda en Bogotá.

Según Natalia Moreno Salamanca, investigadora del Grupo de Género y Justicia Económica, “cualquier modificación al IVA afecta mucho más a las mujeres porque en el país nuestra situación es peor que la de los hombres y al aumentar un impuesto regresivo que afecta más a los que menos tienen, evidentemente grava mucho más a la mujeres”.

Otro ejemplo, que vale la pena destacar lo constituye la industria cosmética; estos artículos que son de la canasta básica de las mujeres, debido a la presión social y los modelos idealizados que venden los medios privados de información, que como la televisión estratifica y consolida la pirámide cultural y del gusto del público dentro de su estrategia de unificación del imaginario colectivos de las sociedades, como lo señala el Prof. Román Gubern.

Si vemos con detenimiento este hecho a las mujeres se impone “como ser o parecer” y se las explota como segmento consumidor más sistemáticamente a través de una publicidad que en su totalidad esta enfocada en un 80% directamente a su condición de género.

Y dentro de la Reforma Tributaria podemos advertir que los artículos como maquillaje y similares van a tener un alza del 16% al 19%. Igual sucede con el llamado “impuesto rosa”, que es el grupo de bienes que por el hecho de estar dirigidos a las mujeres y ser rosados tienen un sobreprecio entre el 5% y el 20% más, como son las maquinas para depilar, talcos, desodorantes y champús, etc.

Otro aspecto más lesivo aún para las mujeres colombianas es el establecimiento del “monotributo”, que es un impuesto dirigidos a los pequeños negocios de barrio, como las peluquerías, misceláneas, modisterías y tiendas, entre otros. Este nuevo gravamen, además de ser un impuesto antitécnico porque grava las ventas y no las utilidades, afectara más a las colombianas.

En otras palabras, el DANE señala que las mujeres trabajan 13 horas en promedio diario, de las cuales siete(7) son dedicadas a la administración del hogar. Por eso, muchas colombianas no pueden dedicarse a trabajos formales en el ámbito laboral; entonces, una estrategia de supervivencia consiste en montar negocios en sus domicilios.

De tal manera, que el “monotributo”, pone en riesgo la economía familiar y el empleo femenino, lo que puede generar el aumento de mujeres desempleadas en el país, que ya es alto.

En último término, la reforma contempla la eliminación del CREE o impuesto de la equidad, creado para garantizar programas sociales, como el SENA y el ICBF; de suceder esto, sin duda, entra en riesgo la financiación de estas instituciones, que como la del Servicio Nacional de Aprendizaje, es reconocida como la universidad de los pobres; además, se iniciaría el desmonte gradual de la oferta pública dirigida a la protección y cuidado de la infancia colombiana.

De ahí que, seguramente, frente a esta realidad que se avecina, terminaran las mujeres por asumir esta labor, lo que aumentaran las 13 horas laborales diarias, con una salario menor y con la carga de un impuesto más vía “monotributo”.

Y por si fuera poco, todos los colombianos que ganen un salario superior a $2,700.000 mensuales en el 2017 tributaran. De esta forma, el Estado busca afectar cada día más a las clases medias y bajas de los estratos 1, 2, y 3, porque cada dos años el techo de los gravámenes son dirigidos a quienes ganan menos. De seguir esta tendencia en menos de seis (6) años el salario mínimo será afectado por el impuesto a la renta.

El Debate

El Grupo de Género y Justicia Económica, tomó la decisión de hacerle frente al debate legislativo en el Congreso de la República; razón por la cual, han adelantan una intensa labor en estos últimos días para dialogar con los Senadores y Representantes para exponer sus puntos de vistas frente a la perjudicial Reforma Tributaria que promueve el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría.

Con esta finalidad, Natalia Moreno Salamanca preciso que: “redactamos una proposición solicitándole al Gobierno, que dentro de la lista de bienes exentos de IVA incluya artículos como las toalla higiénicas, tampones, entre otros. En el primer debate de la Reforma, que se desarrolló el martes 6 de diciembre, el Senado rechazó nuestra iniciativa, al dejarla como constancia y archivarla, porque el Gobierno la negó.”

A pesar de esta derrota, “hoy más de 50 congresistas de todos los partidos ya nos firmaron la nueva propuesta que presentaremos en el segundo debate y que esta dirigida a eliminar los gravámenes a los bienes de primera necesidad para la mujeres colombianas. En virtud de lo anterior, esperamos que en esta ocasión el Gobierno Nacional no ignore los legisladores que apoyan esta nueva proposición, la acepte y la incluya en el texto de la Reforma definitiva”, precisó Moreno Salamanca.

Finalmente, si este último intento no fructifica el Grupo de Género y Justicia Económica, demandará por inconstitucionalidad la Reforma Tributaria que en los próximos días se aprobará en el congreso, dado que los impuestos están claramente en contra de los principio de equidad y progresividad, porque como van las cosas ser mujer en Colombia resulta demasiado costos.

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Natalia Moreno Salamanca del Grupo de Género y Justicia Económica

Fotografía: ©[ar] actualidad regional, 2016

Utilidad Pública, Un Mecanismos para el Despojo del Territorio

La Tierra Que Era Nuestra
Por. Victor Garavito

Para nadie es un secreto que un megaproyecto minero energético, siempre viene acompañado de desplazamientos forzados, masacres y las afectaciones ambientales sobre los ecosistemas estratégicos de las comunidades.

Prueba de ello son las insistentes denuncias de esa relación entre megaproyectos y las afectaciones sobre el territorio; a pesar de ello, el Estado parece no darse por enterado y las investigaciones por estos hechos nunca arrojan resultados. De esta forma, bajo la más completa impunidad operan las multinacionales y se construye “el desarrollo del país”, como lo defiende los altos funcionarios del Gobierno Nacional.

Ejemplo de ello son las denuncias por las 50 masacres perpetradas durante el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, sobre el río Cauca; estos mismo hechos se presentaron durante el periodo que se construyó Hidrosogamoso, donde activistas señalan que fueron 21 episodios de exterminio sistemático contra las comunidades que poblaban este sector del departamento de Santander.

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Representante a la Cámara Ángela María Robledo del Partido Verde

¿Utilidad Pública?

Para los funcionarios del Estado, como de las multinacionales, la utilidad pública es simplemente el diseño de un polígono, es decir, trazan una línea, que delimita y engloba un territorio, para imponer su inmediato desalojo.

Se trata, como dice la ley de sanear y garantizar la ejecución por vía administrativa de cualquier proyecto que sea congruente con el modelo económico extractivista de la locomotora minero energética, promovido desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, aprobado por el Congreso de la República, mediante la Ley 1753 del 9 de junio de 2015.

Luego, bajo la sentencia C-394/12 del 30 de mayo del 2012 de la Corte Constitucional, se declararon exequible los artículos 83, 122 y 246 de la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expidió el Plan Desarrollo 2010-2014”, en lo que corresponde al uso del concepto de utilidad pública y de interés social.

Entonces, la única noción de la declaratoria de “utilidad pública” que entiende el Estado, amparada por la normatividad legal vigente, como la Ley 1742 de diciembre 26 de 2014 y la 1682 del 22 de noviembre de 2013, opera como mecanismo de despojo del territorio y la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades del país.

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Representante a la Cámara por Antioquía Víctor Correa

El modelo económico

El antecedentes más cercano del concepto de utilidad pública, lo encontramos en el derecho español, donde opera como un consenso social frente a la importancia de algunas obras que según la comunidad, su ejecución podría contribuir con el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

En cuanto a nuestro continente, durante el Siglo XX los países latinoamericanos enfrentaban diversas perspectivas de desarrollo; sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL logró impulsar la tesis que era necesario acelerar el crecimiento industrial para generar riquezas y de esta forma recortar las distancias entre los países industrializados y el llamado tercer mundo, como lo es el nuestro.

En Colombia, el exponente de este modelo fue el expresidente Carlos Lleras Retrepo, que con sus Leyes, como la 60 de 1967 de diciembre 26 y la Ley 20 de 1969, del 22 de diciembre, le confirieron a la minería un papel preponderante dentro del sector económico.

Conforme con la medidas tomadas por Lleras, el sector minero energético es declarado de utilidad pública, porque sería el encargado de generar los insumos para el desarrollo del país y la industria nacional. La idea de ese momento era crecer hacia dentro, sustituir importaciones y solo exportar excedentes, entre otras decisiones.

Luego, se expide el Decreto 2655 de 1988, que se  configura como el primer Código Minero del país, donde se reitera la utilidad pública que el Estado le asigna a este sector; en esta misma línea el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, traza medidas para fortalecer la industria nacional y promueve la exportación solo de excedentes, porque la idea de crecer consistía en la transformación de los insumos por la industria colombiana para generar empleo y riqueza para el país.

Sin embargo, de eso  no quedó nada y pasamos a un modelo netamente extractivista, que ha desmantelado la industria nacional y exporta todo lo que produce el país; además, un sector minero energético que se encuentra en manos de multinacionales extranjeras, que no le tributan al país, como lo demuestran sus declaración de impuestos. Así se denunció durante la Audiencia Pública del pasado 18 de noviembre.

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Líderes Sociales de la Comunidades Afectadas por la Implementación de la Utilidad Pública

Para rematar, la Ley 685 de agosto 15 de 2001, por la cual se expidió el Código de Minas, legaliza la entrega el país al capital extranjero. Esta medida ratifica, como lo señala la Constitución de 1991, que el Estado es el propietario de los recursos naturales de los colombianos y este es derecho es inalienable e imprescriptible.

Si bien la Ley 685, en su artículo 13, nuevamente declara de utilidad pública el sector minero energético, el art. 15 precisa que nuestras riquezas pueden ser exploradas y explotadas por terceros a cambio de unas regalías que le dejan cuantiosas ganancias a las multinacionales y probadas perdidas al país, como lo demuestra el contrato realizado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la ConocoPhillips, en el caso de San Martín, Cesar. Y, por otro lado, están los irreversible daños ambientales.

Además, en el art. 60 del Código Minero, establece la autonomía empresarial; en términos reales significa que el concesionario (Léase multinacional) que extrae el recursos es su propietario y puede hacer lo que quiera con ellos. Esto conlleva a que el 92% del carbón que se produce en el Cerrejón se exporte; es decir, a las cinco(5) multinacionales que manejan este mineral no les importa lo que suceda con la demanda del mercado interno.

Así mismo, los cambios que ha presentado la política minero energética en el país son evidente. En primer lugar, el Estado consideró su desarrollo y sí se justificada que este sector fuera de utilidad pública e interés social; sin embargo, hoy esta figura sirve para que el Gobierno Nacional entregue nuestros recursos, que son de todos los colombianos, a un particular, preferiblemente extranjero y con ello viene la expropiación de los territorios a la comunidades.

Frente a estas realidades es urgente reformular el Código Minero, teniendo en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional, como la C123/14 y la C035/16; además, de la inexequibilidad del art. 37 de la Ley 685, bajo la C273/16, que prohibía a las entidades territoriales locales y regionales, tomar decisiones sobre su territorios con respecto a las actividades mineras.

¿Qué dijo el Viceministro del Interior?

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Viceministro del Interior, Dr. Guillermo Rivera Flórez

Durante la Audiencia Pública citada por la Cámara de Representantes, por iniciativa de los parlamentarios Víctor Correa, Ángela María Robledo y los senadores Alberto Castilla e Iván Cepeda, realizada el pasado 18 de noviembre del presente año, el Viceministro del Interior, Dr. Guillermo Rivera Flórez, develó que la posición del Gobierno Nacional es  deslegitimar la oposición bajo el argumento de la “polarización”.

Para el Estado colombiano, las otras opiniones y visiones, como la de los afectados por la implementación del concepto de utilidad pública, polariza, es decir, atrasa y esta contra el desarrollo del país y se opone a la paz. En este orden de ideas, es poco lo que queda para el diálogo, si el Gobierno Nacional mantiene su actual postura, entonces: ¿Cuál es la estrategia del diálogo del Estado? Consiste en trazar la llamadas “líneas rojas”, como lo ha llamado el Presidente Juan Manuel Santos Calderón.

Rivera en su breve intervención precisó que: “Sobre el concepto de utilidad quisiera hacer alguna precisiones en materia minero energética y de explotación de recursos naturales: a mi me parece que lo que nos podría hacer mucho daño como nación, es no encontrar fórmulas de entendimiento que nos permita superar esta polarización y estas divisiones extremas, en el sentido de que toda la política minero energética es dañina para el medio ambiente, o contrario a eso, que toda la política minero energética hay que desarrollarla a cualquier costo a cualquier costo, dado ya que es una política estratégica, que genera ingresos fiscales muy importantes, que genera empleo y, quizás, los temas medio ambientales pasarían a un segundo plano”.

Y en lo que respecta al diálogo el Viceministro enfatizó que: “Debo decir que mi actitud frente al diálogo social es la misma que mantenía en el Congreso, como la tengo ahora en el Gobierno; este es un Gobierno que tiene en su ADN el diálogo social. No hay un solo conflicto ni tensión social a la que no hayamos acudido en el término de la distancia, al diálogo; los problemas se enfrentan por la vía del diálogo en el Meta, en el César, en el Cauca, en todas partes, de eso puedo dar fe, que cuando se han agotado las vías del diálogo ha existido la intervención de la fuerza pública…” [sic]

Inmediatamente, después de la intervención del Dr. Guillermo Rivera, las comunidades presentes en la Audiencia Pública manifestaron que el diálogo con el Gobierno Nacional, normalmente terminaba con seguimientos a los líderes sociales y ambientalistas, por parte de los organismos de seguridad y de acciones del ESMAD contra las comunidades.

Nuevos Anuncios

El pasado 6 de diciembre, en medio de la Mesa de Concertación Indígena, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, sorprendió a las diferentes sectores sociales del país al plantear que el Gobierno Nacional buscará regular la Consulta Previa.

De esta forma, el Estado deja claro nuevamente lo que significa la paz real y el aviso del Dr. Cristo, da un campanazo de alerta ante las verdaderas intenciones del Gobierno Nacional; es decir, cuando el ministro le notifica al país esta decisión es porque comienza el desmonte gradual del único mecanismo que hoy tienen las comunidades para defender sus territorios.

Finalmente, lo que se avecina es una pertinaz lucha de las comunidades colombianas, ante la pretensión del Estado y el viejo anhelo de las multinacionales en acabar o deslegitimar la consulta previa, porque se ha convertido en un verdadero escollo frente al desarrollo de los megaproyectos y la explotación minero energética, como es el caso de San Martín, Cesar, en la que sus habitantes libran una feroz batalla, que todos deberíamos acompañar, contra la implementación del Fracking por parte de la multinacional ConocoPhillips.

Entrevistas

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Isabel Cristina Zuleta, Directora del Movimiento Ríos Vivos (Tercera de Izq a Der.)

[ar] actualidad regional: ¿Cuál es el balance que les deja a las comunidades la Audiencia sobre Utilidad Pública en la Cámara de Representantes?

Isabel Cristina Zuleta, Directora del Movimiento Ríos Vivos: Es un primer evento sobre un debate muy profundo para el país, que va al nudo de los problemas socioambientales y sus conflictos, pero también al nudo de los intereses de grandes poderes económicos y políticos. Sabíamos que iba hacer muy difícil y no esperábamos una postura favorable del Gobierno, como la que obtuvimos hoy; postura que desconoce la oposición a la política minero energética y abre pocos canales para discutirla; a pesar de ello, encontramos la decidida y firme resistencia de muchas comunidades del país.

De ahí que en el debate intervinieran todo tipo de comunidades afectadas por el mal uso de la figura de utilidad pública y esa resistencia es la posibilidad para que se habrá el debate, se amplié y llegue a las instancia del Gobierno, con el propósito de producir su reflexión sobre lo que le están haciendo con las comunidades rurales y como se esta dando este despojó con el uso de la figura de utilidad pública.

[ar]: ¿Cómo explicarle a las comunidades que significa la utilidad pública, cómo enfrentarla y qué derechos tiene frente a su implementación?

Isabel Cristina Zuleta: En términos sencillos le permite a los megaproyectos mineros, grandes represas, de transmisión de energía, las Zidres, que son grandes monocultivos con la intencionalidad de quitarle la tierra a las comunidades, esto le posibilita al Gobierno expropiar, porque argumenta que hay otros intereses mayores sobre el territorio.

En este aspecto, casi se podría decir, como se expresa en uno de los proyecto es que hay que retirar todos los estorbos de la vía para la ejecución de esos megaproyectos; entonces la gente es entendida como un estorbo, Entonces, aplican los decretos que permiten el desalojo forzoso de la gente; es decir, no solo le quitan la tierra a las comunidades sino que si estaban en esos territorios pescando, porque los pescadores no tienen tierra, llega el ESMAD y dan la orden mediante un amparo policivo y despojan a la gente, con el fin de darle paso a los megaproyectos.

Por eso, la importancia que las comunidades nos organicemos y luchemos contra esta figura, porque si se utiliza, también entiendan que la pesca, la tierra, las semillas, la cultura, los saberes ancestrales, como el barequeo, también son de utilidad pública; dado que hoy se esta tergiversando esa figura y se usa para otros intereses.

[ar]: ¿Cuáles son las comunidades que en estos momentos están siendo más afectadas por la figura de utilidad pública?

Isabel Cristina Zuleta: Lo que pudimos comprobar hoy en la Audiencia, es que las comunidades más afectadas son las todas aquellas donde hacen presencia los proyectos energéticos; es decir, está figura esta siendo más utilizada para el desarrollo de la producción de la energéticos.

Si bien se ha implementado en las comunidades que se encuentran en territorios mineros, actualmente se ve un interés más exacerbado de su aplicación frente a los proyectos hidroenergéticos, el fracking, el carbón y la construcción de gasoductos. De tal manera, que se puede advertir la implementación de la declaratoria de utilidad pública en territorios atravesados por proyectos energéticos. Por eso, el movimiento Ríos Vivos, llama la atención a las comunidades para que fortalezcamos la organización y nos articulemos, con el propósito de exigirle al Gobierno Nacional que que responda estas simples preguntas. Energía para qué, para quién y a qué costo?

[ar]: ¿Qué sé ha ganado hasta el momento?

Isabel Cristina Zuleta: Hemos ganado esperanza en que es posible debatir, así sea con represión. Hemos ganado esperanza en que nos podemos juntar, en que somos un pueblo digno que a pesar de la violencia, nos podemos levantar y exigir nuestros derechos.

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Senador Alberto Castilla del Polo Democrático

Senador Alberto Castilla

[ar]: ¿Después de la Audiencia qué queda claro de la implementación del concepto de utilidad pública?

Alberto Castilla: Para mi la utilidad pública es un mecanismo para resolver problemas y hoy es mal utilizado. Y cuando me refiero a mal utilizado, es porque frente al modelo de desarrollo económico del país, este concepto se ha convertido en la estrategia para la ejecución de megaproyectos. En este sentido, resulta que al declarar territorios de utilidad pública nunca se tienen en cuenta a quienes habitan esas territorialidades; de esta forma, se presenta un choque entre los planes de desarrollo y los planes de vida de las muchas comunidades en el país.

Mientras las comunidades se relacionan de una forma distinta y armónica con sus ecosistemas estratégicos, los actuales modelos de desarrollo minero energéticos se lo plantean solo para la explotación del recurso. Esto significa que se presenta una ruptura entre la forma como las comunidades abordan el territorio y la que el Estado lo entiende, que es la del simple aprovechamiento económico.

Por estas razones, es fundamental abordar el tema con rigurosidad y contemplando todas las variables, con el propósito que la implementación de la utilidad pública no siga lesionando a las comunidades. En ese orden de ideas y frente a las diferentes denuncias y testimonios presentados por los diversos sectores que intervinieron en la Audiencia, es fundamental que el Congreso entre su implementación.

[ar]: ¿Y después de la Audiencia qué sigue?

Alberto Castilla: El debate que den la comunidades, los escenarios como de la Audiencia Pública en el Congreso, en un momento tan importante del país, como es el de construcción de paz, debe llevar al Gobierno Nacional a escuchar estas voces y debería estar dispuesto a revisar esta norma. En esa vía, hoy lo que hemos evidenciado es que se requiere establecer los lineamientos y los procedimientos precisos qué deben tenerse en cuenta para la declaratoria de utilidad pública, porque esta no puede quedar con criterios amplios sino establecido por el legislativo por qué se debe realizar los procesos de declaratoria de utilidad pública.

Por otro lado, frente a los hechos denunciados por las comunidades durante la Audiencia, nosotros seguiremos insistiendo en la Consulta Previa, como un mecanismos a través del cual se escuche la voz desde los territorios. No puede seguir pasando que se hagan declaratorias sin escuchar a la poblaciones colombianas. Por eso, estamos impulsando una reforma constitucional al artículo 64, que contempla los derechos de los campesinos y como uno de sus derechos políticos quede consignado el de la consulta previa, unidos a otros derechos que hoy no tienes las comunidades agrarias del país.

De tal manera, que es oportuno abrir la discusión porque Colombia no puede quedarse entendiendo la oportunidad de construir paz y escuchar la voz de quienes están en los territorios. Este es un verdadero desafió para el Estado, se trata de invertir como se toman las decisiones, para que únicamente no privilegie a los empresarios sino que también debe garantizar las condiciones de vida de los indígenas, afros, campesinos, sectores populares, esto es lo que verdaderamente nos pone a soñar en un país con una construcción de paz estable y duradera, que se vincule a las comunidades y se invierta esa pirámide de la toma decisiones.

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Fotografías: [ar] actualidad regional, 2016©

La Mirada Desde El Poder

El Censor, La Democracia No Tiene Remedio
Por. Víctor Garavito

Dice el refrán popular: “Los ojos son los espejos del alma”, porque a través de la mirada somos capaces de inspirar confianza, generar rechazo, censurar, perseguir y hasta decretar la muerte del otro.

Mientras hay miradas que enamoran, promueven la confianza y el respeto por la otredad, algunas son capaces de matar y de provocar un hondo desasosiego, como las que encontramos en esos ojos sanguinolentos y violentos, henchidos del más profundo odio.

Y son precisamente esas miradas las que asustan, porque no auguran esperanza ni promesa sino desvelo e intranquilidad frente al despiadado e implacable acecho de la muerte, como efectivamente reflejan esos ojos depredadores del censor que se alimentan de los otros, para calmar sus ansiedades, insuflar los destierros y procrear ausencias.

Lenguaje y Realidad

Hoy, los asesores de imagen de la clase política, plutócratas y tecnócratas que se encuentran en el poder, se esfuerzan en diseñar las miradas y sus sonrisas, para decorar el lenguaje aséptico, presumiblemente mesurado con el que se abordan los temas más álgidos del país; ejemplo de ello fue la Audiencia Crímenes Contra la paz, realizada el pasado miércoles 7 de diciembre, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se abordó el asesinato sistemático de lideres sociales y defensores de derechos humanos de los últimos meses.

Durante, este evento, uno de sus protagonista fue el lenguaje y su ritmo: palabras lentas, aparentemente inteligentes, esterilizadas y neutras, esta es la tendencia de los discursos del poder; la estrategia de las intervenciones de los altos funcionarios del Estado apuntan a despolitizar y desideologizar nuestra realidad, en tiempos de paz y del posconflicto, con el propósito de negarla y descontexturalizarla para imponer el silencio nacional frente a los graves hechos que vivimos de asesinatos sistemáticos de líderes sociales (Informe del Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo) y el accionar narcoparamilitar.

Este mismo lenguaje aséptico, es el que procura mantener las “líneas rojas” del status quo del establishment, de la que siempre habló el Presidente Juan Manuel Santos Calderón; quizás por eso le dieron el desprestigiado Nobel de Paz, como premio a la consigna que mantienen los neoliberales: el modelo económico no se toca [extractivismo], de la que salió triunfadora la plutocracia colombiana y las multinacionales extrajeras, a las que el Gobierno Nacional les entrega el país.

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CODA: La misma estrategia se impone en el arte colombiano que promueve la institucionalidad y el Ministerio de Cultura, donde los artistas solo son los saltimbanquis del poder y los terapeutas de quienes siempre hemos estado desahuciados o muertos.

Fotografía: La Mirada desde El Poder: El Censor, Guillermo Rivera Flórez, Viceministro del Interior. Audiencia Crímenes Contra la paz. Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, miércoles 7 de diciembre. ©[ar] actualidad regional, 2016.

Publicada en: Artistas Zona Oriente

Marcha Patriótica: “Ni Una Vida Más”

“Exigimos Garantías”
Por. Víctor Garavito

“Sino cesa el exterminio ciudadano” podría haber un llamado al Paro Cívico Nacional, esta fue la respuesta de los diversos sectores políticos que integran la Marcha Patriótica, frente a los últimos cinco asesinatos y dos atentados que sufrieron sus miembros durante el pasado fin de semana.

Y no es para menos, en lo que va corrido del 2016, a la Marcha Patriótica le han asesinado 70 líderes; además, se perpetraron contra sus militantes 341 agresiones individuales, 279 amenazas y 28 atentados contra varios de sus dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra, “quienes tenían en común haber trabajado en la construcción y la defensa del actual proceso de paz”, así lo precisó la Dirección Nacional del movimiento político, en un pronunciamiento ante los medios informativos nacionales e internacionales, este martes 23 de noviembre.

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“En los últimos cuatro días el país a presenciado el homicidio selectivo de cinco líderes Erley Monroy, Didier Losada Barreto, José Antonio Velazco, Rodrigo Cabrera, John Rodríguez, quienes eran destacados dirigentes campesinos, comunitarios, defensores de derechos humanos y, por supuesto, defensores del actual proceso de paz; de igual manera, se han realizado por parte de los actuales enemigos del proceso de paz, atentados contra la vida y la integridad física, de los también líderes campesinos, Danilo Bolaños Díaz y Argemiro Lara, quien también se ha destacado por su valiosa labor de defensa de los derechos humanos y líder reclamante de tierras. Es de anotar, que actualmente, el estudiante Hanier Hurtado, de Cali, se encuentra desaparecido”, precisó el comunicado leído por la excongresita Piedad Córdoba Ruíz.

Y agregó que: “No ayuda en absoluto que el Estado colombiano continúe negando o minimizando la existencia de grupos paramilitares en el territorio nacional. El Estado y el alto gobierno poseen instrumentos Constitucionales para enfrentar amenazas extraordinarias incompatibles con el logro de la paz y la convivencia”.

Igualmente señaló que: “El Consejo Gremial, la iglesia católica, las organizaciones cristianas, la universidades, los partidos políticos que brillan por su ausencia deben repudiar enfáticamente estos crímenes que afectan a las personas más indefensas y así evitar que estos lamentables hechos se conviertan en el inicio de una tragedia nacional”.

“Por las anteriores razones, exigimos parar los crímenes de defensores y defensoras de la paz, que cese la impunidad del sicariato, para ello se hace necesario que la Fiscalía General de la Nación y que las autoridades competentes cumpla con su deber constitucional sin más dilaciones. Que todos las fuerzas políticas sin excepción, incluida el Centro Democrático, condenen estos crímenes”.

Entre el Paramilitarismo y los señalamientos del Estado

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Dra. Liceth Montero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica 

Ante el sistemática persecución y asesinato de los miembros de la Marcha Patriótica, se realizarán una serie de movilizaciones, que buscan defender la vida y exigirle al Gobierno Nacional, las garantías necesarias para el desarrollo de su actividad política.

¿Pero cuál es la situación real que enfrenta la Marcha Patriótica? Para conocer la coyuntura por la que atraviesa el movimiento político, dialogamos con la abogada Liceth Montero, quien pertenece la Comisión Nacional de Derechos Humanos de esta agrupación.

[ar]: ¿Qué lectura hace la Marcha Patriótica de los hechos que durante los últimos meses ha vivido?

Liceth Montero: Hoy es necesario que las autoridades cumplan con su deber constitucional y legal de investigar, esclarecer y sancionar a los responsables de estos hechos. Pero, nos preocupa y nos llama poderosamente la atención, la actitud institucional que se han asumido, en relación señalar que existen móviles diversos para la comisión de los homicidios, especialmente, afirmando que nuestros dirigentes están en asuntos relativos al narcotráfico o que estos casos pueden ser producto de ajustes de cuentas; incluso, las autoridades, tienen han dicho que algunos tenían antecedentes por algunos de delitos.

Bajo estos señalamientos, es claro que estas afirmaciones son irresponsables y no corresponden a una labor investigativa y nos permite afirmar estas versiones tienen una intencionalidad política, como es la de decirle a la Marcha que sus muertos tienen una vinculación con su pertenencia a nuestra organización, sino que existen móviles diversos en cada uno de los casos, lo que es contrario a la realidad.

Por eso, el llamado que nosotros hacemos es precisamente que se cumpla con las obligaciones constitucionales y se pueda esclarecer las circunstancias en las que se producen los hechos que afectan a integrantes activos de nuestra organización política y que han tenido un papel fundamentalmente de liderazgo dentro de sus comunidades.

Y, ese liderazgo al que nosotros hacemos referencia, no es el liderazgo de los partidos políticos tradicionales; dado que estos hombre y mujeres, son importantes para sus comunidades, porque habían contribuido ha construir el tejido social, porque son defensores de derechos humanos, del campesinado y, en ese sentido.

De igual forma, independientemente que se produzca cualquier homicidio en el país, la obligación de las autoridades debe ser la de promover el respeto por los derechos humanos y evitar que estos casos se sigan produciendo; más aún, cuando son militantes de una organización política como la Marcha, porque nosotros hemos venido denunciando situaciones de señalamiento, de persecución, de montajes judiciales, sobre los cuales las autoridades nunca han ofrecido una respuesta que permita para con este tipo de de agresiones.

[ar]: ¿Actualmente se imponen mecanismos de impunidad frente a los diferentes casos que han vivido los dirigentes y líderes sociales en las diferentes regiones del país?

Liceth Montero: Sí, claro que sí. La incapacidad en términos de esclarecimiento de los hechos esta probada; son 124 casos de los cuales, la institucionalidad nunca ha podido ofrecer una respuesta certera, en relación a cuantos de ellos tienen avances en materia investigativa; por esta razón, podemos hablar y afirmar que existe impunidad en un 100% en el esclarecimiento frente a estos casos.

Igualmente, dentro de esos 124 homicidios vinculan claramente a miembros de la fuerza pública, como son los homicidios de campesinos en el sur del departamento del Cauca, como Faiber Antonio Erazo Cuéllar en enero del 2015 y el asesinato de Miller Bermeo en noviembre del año pasado, donde claramente estamos frente a ejecuciones extrajudiciales que no han sido esclarecidas y existe incluso colisiones de competencias, porque la Jurisdicción Penal Militar pretende acoger estos delitos como actos en el marco del servicio, cuando lo que son y constituyen son graves violaciones a los derechos humanos.

[ar]: ¿Ante la impunidad y este plan sistemático de exterminio contra los miembros de la Marcha Patriótica, cuáles son las acciones que emprenden desde el escenario jurídico?

Liceth Montero: Nosotros hemos venido realizando todas las acciones pertinentes; en este sentido, los homicidios están denunciados ante la jurisdicción ordinaria. Así mismo, hemos solicitado el paso de los expedientes de estas investigaciones a Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos.

También hemos y estamos emprendiendo acciones jurídicas por apología al genocidio e instigación al delito, contra quienes están saludando la muerte de los integrantes de la Marcha Patriótica y están celebrando que en este país haya personas que asuman las armas para terminar con la vida de dirigentes comunales, campesinos y defensores de derechos humanos.

[ar]: ¿En el plano de la organización social la Marcha Patriótica prevé algunas acciones?

Liceth Montero: Por supuesto, nosotros hemos hecho un llamado muy importante al país para fortalecer la movilización y la organización, como mecanismo de defensa de la vida y el territorio.

De tal manera, que la gente ha asumido actividades como las de las Guardias Campesinas para la protección del territorio y la conformación de Comités de Derechos Humanos y creemos que ahí esta la esencia de una labor de blindaje de las comunidades ante estos hechos.

Pero nada de esto funciona sino existe la voluntad política del Estado en materializar las garantías y brindar los elementos que permitan que las comunidades puedan vivir en paz en sus territorios y no corra riesgos por el hecho de manifestar su pertenencia a una organización como la Marcha.

El llamado al Estado colombiano es a que asuma su labor constitucional y legal de sus instituciones, como es garantizar los derechos humanos y la permanencia de las comunidades en sus territorios; así como, los derechos a la participación política y organización de las comunidades. Igualmente, hacemos un llamado urgente a investigar y esclarecer estos hechos y poder brindar respuestas que permitan evidenciar que tenemos las garantías suficientes para el ejercicio de la política.

[ar]: ¿Existen evidencia claras de la aparición nuevamente de paramilitares en amplias zonas del país. Cuál es la percepción que tiene la Marcha Patriótica ante estas realidades que intentan imponer nuevamente el miedo y sembrar la muerte?

Liceth Montero:  Nosotros lo que hemos podido evidenciar es que hay presencia de todos estos grupos en el suroccidente colombiano, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en Cesar, Magdalena, Norte de Santander, en zonas como en El Zulia; pero, también en el Choco, Meta, Guaviare, Antioquia, Tolima, Putumayo y Bolívar. Estos estos territorios, claramente existe un proceso de reestructuración de estos grupos que amenazan la integridad de las organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y de los luchadores por la paz.

Nuestra postura es clara y es que se deben implementar inmediatamente las garantías planteadas en el punto tres (3) del Acuerdo de Paz, relativos a todos los desarrollos institucionales tendientes al desmonte del paramilitarismo; que deben pasar, no solamente por acciones judiciales sino de política criminal, en relación a establecer una pedagogía que le permita al país erradicar esta cultura del paramilitarismo, aunque es preciso señalar que hoy tiene unos matices distintos; actualmente, no estamos frente al paramilitarismo de antaño, pero evidentemente son estructuras que se plantean desde lo paraestatal ó parainstitucional y son una autentica amenaza para los derecho de la vida y de la organización de las comunidades en los territorios.

Fotografía: [ar] actualidad regional, 2016.

2 de Noviembre Día Internacional Contra la Impunidad de los Crímenes a Periodistas

Por. Edison Lanza, Relator Especial Para la Libertad de Expresión
Comité Interamericano de Derechos Humanos, CIDH

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Algarrobo de Luto: Un muerto en Palmera de Agroindustrias Juan Manuel Dávila

Tragedia Por Accidente Laboral
Por. Victor Garavito

En circunstancias que son materia de investigación, en el día de hoy, sobre las 10 de la mañana, tras un accidente laboral, mientras realizaban labores de poda, murió José Alberto Puello Cantillo (Primero de Izq. a Der.) de 24 años de edad, en las instalaciones de la Finca El Indio, ubicada en inmediaciones del casco urbano del Municipio de Algarrobo.

Al mismo tiempo, otro trabajador algarrobero quedó gravemente herido en sus manos y pies, tras recibir una fuerte descarga de energía eléctrica. A esta hora, esta siendo atendido en el Hospital de Fundación y se encuentra estable.

La finca palmera El Indio es propiedad de Agroindustrias JMD, cuya sede administrativa se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Marta, y quienes aún no se pronuncia al respecto ni ha expedido un comunicado oficial, sobre este lamentable hecho que enluta a la comunidad algarrobera, que una vez más se pregunta y cuestiona las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores y operarios que trabajan en la industria palmera.

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Web de Agroindustrias JMD Y CIA S.C.A

Cabe recordar que Agroindustrias JMD fue una de las empresas envueltas en los escándalos de corrupción de Agro Ingreso Seguro, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que tiene con sentencia de 17 años de prisión al ex-ministro de agricualtura y excandidato presidencial, Andrés Felipe Arias.

Igualmente, como olvidar el bochornoso incidente, por el que fue procesado Juan Manuel Dávila Fernández De Soto por el delito de violencia contra la mujer; estos hechos ocurrieron en el 2009, cuando el empresario golpeo a su novia, la actriz Valerie Domínguez después de una discusión n la ciudad de Madrid. Luego, Dávila Fernández implicó al ex reina en el caso de Agro Ingreso y por lo que finalmente fue absuelta por el Juez 38 de Conocimiento de Bogotá. Así mismo, del controvertido proyecto de la Marina de Santa Marta, liderado por el Grupo Daabon, que a juicio de los samarios privatizó la bahía y con ello crearon un fuerte impacto ambiental sobre la capital del Magdalena.

Por otro lado, el Personero Municipal de Algarrobo, Dr. Yoel Elguedo Jiménez, señaló que en estos momentos se traslada al lugar de la tragedia para iniciar las indagaciones sobre lo sucedido y expedirá un pronunciamiento oficial, una vez haya concluido su visita a las instalaciones de la Finca El Indio; mientras que la Alcaldía Municipal, que lidera Maribel Andrade Zambrano, sigue sin pronunciarse.

Fotografía: Tomada del Facebook del Jose Alberto Puello Cantillo, 2016©

Adenda: Extendemos nuestras condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros de trabajo y amigos de José Alberto Puello Cantillo, Q.D.E.P.

En San Martín, Paro Cívico Por La Defensa de los Recursos Naturales

“No nos puede detener el miedo”
Por. Victor Garavito

Desde este martes, a partir de las 9:00 de la noche, se inicia un paro cívico de 48 horas en San Martín, Cesar, por la defensa de sus recursos naturales y contra la licencia que legaliza la explotación petrolera mediante el sistema de fracturación hidráulica o fracking.

Hoy, a pesar de que el miedo ronda en el Caribe, hay quienes se resisten como lo hacen las comunidades de San Martín y no es para menos, porque se trata de la defensa de nuestros recursos naturales, de la vida.

Sin embargo, la única respuesta del Gobierno Nacional, del Gobernador del Cesar, Francisco Fernando Ovalle Angarita, el Alcalde de este municipio, Saúl Eduardo Celis Carvajal, junto con el Comandante de Policía de este Departamento, Coronel Diego Hernán Rosero Giraldo, fue movilizar 150 unidades del Esmad, el pasado miércoles 18 de octubre, con los que se agredió a quienes protestaban contra la decisión el Estado de permitir la explotación petrolera mediante el fracking, por parte de las multinacionales ConocoPhillips y CNE Oil & Gas.

Fue en medio de estos hechos que el Alcalde del Municipio de San Martín, Saúl Eduardo Celis Carvajal, señaló a las comunidades que realizaban el plantón como “terroristas”, así lo denunciaron varias personas que se encontraron de un momento a otro atrapados por la fuerza pública, quien arremetió contra los participantes de la protesta pacífica, así lo confirmaron sus asistentes.

La movilización ciudadana

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La alerta se encendió en la región después que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, expidió la Resolución 0227 del 7 de marzo de 2016(1), autorizando a las multinacionales la explotación de 33.714 hectáreas, de los municipios de San Martín y Aguachica del Cesar y Río Negro, en Santander, del llamado Bloque Valle del Magdalena Medio, VMM-3, con métodos no convencionales, es decir, fracturamiento hidráulico o fracking.

Sin embargo, extrañamente la actual directora de la ANLA, la bióloga Claudia Victoria González Hernández, en una de esas jugadas que realizan los altos funcionarios del Estado para torcerle el cuello a la Ley, se declaró impedida para conocer sobre los procesos que adelanta esta entidad a la Conocophillips, dado que casualmente su esposo, el Ing. Héctor Manuel García Agudelo, elabora el Plan de Manejo Ambiental para el Bloque VMM-3 de esta multinacional, a la que precisamente se le acaba de autorizar la explotación petrolera mediante el fracking.

De esta manera, en la ANLA se configura un conflicto de intereses y se usa la típica puerta giratoria, utilizada por quienes presuntamente se sirven de sus cargos para realizar negocios privados, como lo denunció la comunidades del Municipio de San Martín. Por estarazón, el Ministro del Medio Ambiente, delegó como Director Ah Doc a la Asesora Jurídica Claudia Lorena López Salazar.

Frente a estos hechos, el Comité en Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, CORDATEC, movilizó a los sanmartinense, frente a las políticas de extracción por la vía del fracking, que pondrá en riesgo a las comunidades y terminará por acabar con las fuentes de agua en esta región del sur del Cesar.

Por otro lado, existe un tema no menor y se trata de las condiciones del Contrato que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, con las multinacionales petroleras, donde la participación en la producción del Estado, descontadas las regalías, será de solo el 2%, como lo estipula la cláusula undécima; además, el país recibirá recursos por parte de las empresas extranjeras, una vez la producción supere los 5 millones de barriles y cuando el petróleo alcance los US$81 dólares, así lo determina la cláusula decimotercera.

Por eso, las comunidades del Municipio de San Martín, que cuenta con una extensión de 905.55 Km2, donde viven sus 16.921 habitantes y se encuentra a 342 km de Valledupar, la capital del Cesar, se propone la convocatoria de una consulta popular, para que su gente defina el futuro de su territorio.

Al mismo tiempo que el pasado 18 de octubre era aprobado en quinto debate por la Comisión Primera del Senado, la iniciativa legislativa que eleva el agua a derecho fundamental, en San Martín su gente era reprimida por la Policía Nacional, precisamente por defenderla.

No obstante, el proyecto de Ley No. 11 de 2016 se aprobó por 11 votos a favor y 3 en contra; de esta forma, la iniciativa logró la mayoría absoluta, requerida para un Proyecto de Acto Legislativo y muy a pesar de la intensa labor que hiciera el Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, para hundir esta propuesta.

Finalmente, hoy la resistencia contra el fracking, no solo depende de la valentía de la gente del Municipio de San Martín, sino del compromiso de cada colombiano por la defensa de los recursos naturales, ya que a esta hora, es muy probable que las multinacionales como la ConocoPhillips, planeen como seguir destruyendo nuestro país.

Las Voces de la Comunidad

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Carlos Andrés Santiago de CORDATEC

Con el fin de conocer los puntos de vista de la comunidad sanmartinense, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carlos Andrés Santiago, miembro del Comité en Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, CORDATEC, en momentos en que este martes 25 de octubre se realizaba un plantón frente a la sede del Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá.

¿Qué es lo que pasa en el Municipio de San Martín, Cesar?

Carlos Andrés Santiago: Sucede que la gente de San Martín esta resistiendo a que el Gobierno Nacional instale definitivamente el modelo del fracking en el país, a pesar que hace unos día el Esmad violentó un plantón pacífico que organizó la comunidad frente a la entrada de la maquinarias de la multinacional ConocoPhillips, con las que se iniciarían las pruebas de la fracturación hidráulica. Así mismo, estamos organizando un debate de control político y diversas acciones para que el país entienda que la exploración del petróleo mediante el fracking trae consigo riesgo y múltiples daños a los ecosistemas estratégico de una región y por la tanto no debe implementarse.

¿Cómo va el proceso de la Consulta Popular en San Martín?

Carlos Andrés Santiago: En estos momentos estamos preparando todos lo elementos jurídico, con los que se convocaría a las comunidades de San Martín a definir y decidir a través de la Consulta Popular, con miras a que en los próximos meses logremos iniciar este proceso. De tal manera, que estamos convencidos que esta medida es la única alternativa jurídica para impedir que en nuestro territorio de lleve a cabo la explotación por fracking; en esta perspectiva, nos estamos organizando, siguiendo el ejemplo de muchos municipio en el país que han acudido a este mecanismo, con el fin de salvaguardar sus territorios, sus ecosistemas y determinar su futuro. Entonces, esperamos que a mediados del otro año, los sanmartinenses estemos votando la consulta.

¿Qué esperan del Gobierno Nacional?

Carlos Andrés Santiago: Pues esperamos que mínimamente escuche las reclamaciones y se siente a concertar con nosotros; porque no puede ser posible que se construya acuerdos con quienes han estado alzados en armas, pero con las comunidades que hemos estado resistiendo de manera pacifica no se nos escucha; al contrario se nos envía la fuerza pública para que reprima nuestra reclamaciones, nos intimide, nos señalen y nos haga seguimientos. Por eso esperamos que escuche las reclamaciones, con el fin de declarar la moratoria del fracking, como el primer paso de la suspensión definitiva en Colombia de esta técnica de explotación petrolera.

¿Hasta dónde resistirán las comunidades de San Martín?

Carlos Andrés Santiago: La resistencia del pueblo de San Martín, hace muchos meses dejó de ser solo nuestra resistencia y se convirtió en la de muchos pueblos, que en Colombia están viendo que lo que estamos haciendo. Por eso, creemos fundamentalmente en la movilización, porque con ella vamos a lograr que el fracking se detenga, debido a que en estos momentos hay varios contratos firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las multinacionales petroleras para ejecutar en siete(7) departamento del país, como en la zona de frontera de Norte de Santander, Cesar y Santander, toda la zona del Magdalena Medio, Antioquia, algunas zona de Cundinamarca y gran parte del Tolima.

De tal manera, que visto desde este punto de vista, podemos decir que el fracking es una realidad, entonces no nos queda más que organizarnos y resistir frente a las pretensiones del Gobierno Nacional y las multinacionales.

Fotografía: [ar] actualidad regional, octubre 2016©.

Notas:

1. Resolución 0227 del 7 de marzo de 2016 de la Licencia Ambiental de la ANLA
2. Perfil de la Directora de la ANLA, Claudia Victoria González Hernández.
3. Contrato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, con las multinacionales petroleras.