EN CUATRO MESES COLOMBIA REGISTRA 41 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ASESINADOS, DICE ONU

Por. Víctor Garavito

Con la muerte el pasado jueves 27 de abril del defensor de derechos humanos, Diego Fernando Rodríguez Montenegro, ocurrido entre los límites de los departamentos de Cauca y Nariño, en inmediaciones de la Vereda Gana Plata, perteneciente al Municipio de Mercaderes, son ya 41 los asesinatos de líderes sociales en Colombia en los cuatros primeros meses del 2017.

Rodríguez Montenegro, era líder social y actualmente se desempeñaba como representante legal del Consejo Comunitario Ganaplata y Caney; además, era miembro del Palenque La Torre y la Junta de Acción Comunal en Mercaderes.

Once de estos hechos se produjeron contra los defensores de derechos humanos del Cauca; a pesar de ello, el Estado niega la presencia de grupos paramilitares en el territorio nacional y responde con el silencio impasible del cómplice.

Al mismo tiempo que el escenario cada día se ensombrece, este lunes 1 de mayo el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza, mostró la preocupación del organismo internacional frente a la deteriorada situación por la que traviesan los defensores de los derechos humanos en Colombia.

“Hemos recibido información de al menos 41 casos de defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en apenas cuatro meses de 2017. Esto representa un aumento con respecto al mismo periodo de años anteriores y es muy alarmante”, precisó Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

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Así mismo, Alto Comisionado de la ONU afirmó que los activistas, al igual que los periodistas y otros representantes de la sociedad civil, afrontan grandes peligros en el desempeño de su trabajo.

Sin embargo, es preciso recordar que desde el pasado 7 de diciembre del 2016 durante la Audiencia Crímenes Contra la paz, realizada en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se abordó el asesinato de lideres sociales y defensores de derechos humanos, el Estado a través del Viceministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, se empeñó en negar la sistematicidad de estos hechos durante las intervenciones de los altos funcionarios.

No obstante, este debate citado por los Representantes Ángela María Robledo, Inti Asprilla, Alirio Uribe, Víctor Correa y el Senador Iván Cepeda, le demostró todo lo contrario; a pesar de la negativa del Gobierno Nacional en reconocer la gravedad de la situación, que cinco (5) meses después se ha agravado y ya alertó a Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; mientras la única respuesta de Juan Manuel Santos, parece ser el silencio, al tiempo que el Nobel de Paz del 2016 salió rápidamente apoyar los bombardeos sobre Siria que realizó los Estado Unidos.

Finalmente, Zeid llamó a los gobiernos a combatir la impunidad y a procesar de manera justa los crímenes y abusos contra periodistas y activistas en América Latina para que puedan llevar a cabo su labor en un entorno seguro y libre, en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Fotografía: © (1) [ar] actualidad regional; (2) Zeid Ra´ad AI Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto ONU: Jean-Marc Ferré.

Y qué pasó en el Congreso en el 2016

Saldo Negativo en materia social
Por. Víctor Garavito

El balance social que arrojan las decisiones legislativas tomadas por el Congreso de la República en el 2016, es negativo para la amplia mayoría de los colombianos y los sectores populares del país.

En materia legislativa el 2016 el saldo es negativo para las aspiraciones de las clases medias y bajas en Colombia, quienes enfrentarán un incierto 2017 en materia económica, con un salario básico que cada día pierde poder adquisitivo, con un aumento del 7%, $741.717 más auxilio de transporte $83.140 para un total $820.857, fijado por el Gobierno Nacional; al mismo tiempo, aumenta la concentración de la riqueza en el 9% de la población y persiste la entrega del país a los intereses de la multinacionales extranjeras.

Sin embargo, en medio de esta nada halagador panorama, la clase política que ocupa el Congreso de la República, se dedicó en el 2016 a favorecer la plutocracia criolla y las multinacionales minero energéticas, con reformas y leyes que garantizan el despojo de las riquezas de los colombianos y hacen inviable el desarrollo del país.

Por otro lado, si se trata del control político ejercido, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, es absolutamente pobre, dado que no arrojó resultados concretos dentro del ejecutivo ni de las entidades encargadas de realizar las investigaciones frente a las diferentes denuncias por corrupción o el fracaso de este modelo económico que no contribuye al desarrollo ni al bienestar, ni siquiera a punta del asistencialismo de sus políticas sociales sino que perpetua la pobreza; aunque el legislativo sea ha dedicado a promover la destrucción de los ecosistemas estratégicos y las violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios del Estado.

De esta manera, el Congreso de Colombia demostró una vez más, que sigue siendo la trinchera donde la clase política, junto con la plutocracia y las transnacionales deshacen este precario remedo de democracia y negocian el país, que se supone nos pertenece a todos. Mientras el Centro Democrático da un precario espectáculo en su defensa al gobierno del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y los intereses del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, que patrocinaron sus mentiras en la campaña del No al plebiscito por la paz, pero votaron afirmativamente la Reforma Tributaria.

Así lo refleja el hundimiento de la Proyecto de Acto Legislativo que intentaba consagrar al agua como un derecho fundamental, que fuera impulsado por las organizaciones ambientales del país y presentado por el Senador Jorge Eliécer Prieto Riveros; pero también, la iniciativa legislativa del Senador Jesús Alberto Castilla que buscaba reconocer al campesinado como sujeto político y promover políticas para proteger la cultura, la economía campesina, así como el reconocimiento al derecho a la tierra individual, colectivamente para las familias y comunidades campesinas, con el fin de acceder a la titulación y el territorio.

En cambio, el 16 de junio fueron aprobados los 244 artículos del Código de Policía que claramente viola los más elementales derechos humanos, criminaliza la protesta social y convierte a todos los ciudadanos en un blanco potencial de una sociedad inmersa en la sospecha, de una fuerza que se niega a mejorar sus relaciones con las comunidades y salirse del esquema de la guerra de baja intensidad, aplicada desde 1970, fecha en que se expidió la anterior norma que duro vigente por los últimos 46 años.

Pero también, esta legislatura consolidó las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, Zidres, con la expedición de la Ley 1776 del 29 de enero del presente año, por las que el lobby de las multinacionales se cortan las venas, dado el jugoso negocio que representa para el capital especulativo financiero y la legalización de la entrega de las mejores tierras del país al capital extranjero. Así se legitimó el despojo de tierras a los campesinos colombianos, en un país que un día era nuestro.

Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la joya de la corona: la Reforma Tributaria, aprobada a pupitrazo limpio y bajo la presión del lobby empresarial colombiano y de las multinacionales extranjeras.

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El regalo de navidad del Congreso de la República castigará a los colombianos por ser pobres con un IVA del 19%, es decir $7.5 billones al que nos condenaron los Senadores y Representantes; al tiempo que los más ricos solo le aportaran al fisco nacional el 0,4% billones en sus impuestos el 2017; mientras esto pasa el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón subasta al país en los mercados internacionales.

Esta Reforma Tributaria espera recaudar $12 billones para tapar el hueco fiscal que nos ha dejado la corrupción del Estado colombiano y los negocios de los altos funcionarios del Gobierno, a su vez premia y promueve la evasión, dado que solo se sancionará a los evasores a partir de $5.000 millones. Sin embargo, el 60% de los productos de la canasta familiar fueron gravados con el IVA del 19%.

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De tal manera, que los que ganaron fueron los Congresistas, quienes están cobrando el 12% a los Alcaldes por los “cupos” de los contratos que les da el Gobierno Nacional por votar sus proyectos, que es como funciona la mermelada que se esparce desde la Presidencia de la República y con la que se van aceitar las campañas políticas que elegirá, como siempre a los mismos el próximo año.

Finalmente, Colombia termina con un saldo negativo en materia social y como el tercer país más desigual en el mundo, en medio de una realidad de una nación carcomida por el hambre, la impunidad, la corrupción y ambiciones de las multinacionales extranjeras que nos saquean y solo dejan destrucción a su paso por el territorio nacional. Por eso, este no será un feliz año para todos.

Reforma Tributaria de Santos Genera Violencia Contra las Mujeres Colombianas

En Colombia, Ser Mujer Sale Caro
Por. Víctor Garavito

El gasto anual por concepto de toallas higiénicas y tampones en el país es de $2,2 billones y con un IVA del 16% representa $343.000 mil millones; con la nueva Reforma Tributaría que en estos momentos se discute en el Congreso de la República, el impuesto aumentaría al 19%, es decir, pasaría a $400.000 mil millones, lo que significa que ser mujer en Colombia sale caro.

Mientras que en el actual proyecto de Reforma Tributaria se contempla bajarle el Impuesto de Renta a las multinacionales extranjeras en un 11%, es decir, pasarán del 43% al 32%, a las empresas nacionales, pequeñas y medianas, solo se les disminuirá sus carga impositiva en un 2%; al tiempo que a la mujeres colombianas se les cobrará una tarifa del IVA plena del 19%.

En la actualidad los artículos tienen un impuesto del valor agregado, IVA, del 5%, 10% o la tarifa máxima del 16%, con los que se gravan los bienes de lujo; es decir, los que no son vitales para la supervivencia ni pertenecen a la canasta básica de los hogares colombianos.

Sin embargo, artículos de primera necesidad para las mujeres, como las toallas higiénicas y los tampones tienen hoy un IVA del 16% como si fueran un artículo de lujo; hecho que desconoce la condición biológica y de paso refleja la esencia de un Estado de concepción esencialmente machista que discrimina por la condición de género; además, desconoce arbitrariamente el principio constitucional a la igualdad de los colombianos.

En cifras

En Colombia una toalla higiénica cuesta alrededor de $500 pesos y las mujeres deben usar, por recomendación médica, una cada 4 horas; entonces, sí la regla dura cinco (5) días, representaría 25 al mes. Ahora bien, en el año son 13 periodos, entonces serían 323 protectores sanitarios anuales y costarían unos $160.000 en promedio.

Según el DANE hay 13 millones 200 mil mujeres en edad reproductiva, en ese orden de ideas, el gasto en el año suma $2,2 billones y si le sacamos el 16% del IVA, sumaría $343.000 mil millones; pero si el impuesto pasa al 19% le pagarían al Estado unos $60.000 millones más, por el solo hecho de ser mujeres; es decir, el Gobierno busca recaudar $30.000 por cada una de los colombianas anualmente.

Pero, esta realidad es apenas la punta del iceberg de una situación económica que golpea fuertemente a la mujeres colombianas, como lo confirman las misma estadísticas del Estado. En este sentido, si observamos la tasa de desempleo en nuestro país, vemos que 13% son mujeres.

Por otro lado, en el campo laboral sin importar que la experiencia o la preparación académica sean similares, las mujeres reciben un 20% menos del salario que un hombre; es decir, por cada $100,oo pesos que obtiene un colombiano, a las colombianas se les cancela solo $80,oo.

Además, el 30% de hogares donde la mujer es cabeza de familia, viven en la pobreza y dentro del sector informal de la economía, las colombianas dedicadas al rebusque alcanzan el 60%.

Este es el panorama real de las mujeres colombianas, según los estudios realizados por el Grupo de Género y Justicia Económica, quien adelanta la Campaña “Menstruación Libre de Impuestos” y que el pasado jueves 15 de diciembre, efectuó un plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Hacienda en Bogotá.

Según Natalia Moreno Salamanca, investigadora del Grupo de Género y Justicia Económica, “cualquier modificación al IVA afecta mucho más a las mujeres porque en el país nuestra situación es peor que la de los hombres y al aumentar un impuesto regresivo que afecta más a los que menos tienen, evidentemente grava mucho más a la mujeres”.

Otro ejemplo, que vale la pena destacar lo constituye la industria cosmética; estos artículos que son de la canasta básica de las mujeres, debido a la presión social y los modelos idealizados que venden los medios privados de información, que como la televisión estratifica y consolida la pirámide cultural y del gusto del público dentro de su estrategia de unificación del imaginario colectivos de las sociedades, como lo señala el Prof. Román Gubern.

Si vemos con detenimiento este hecho a las mujeres se impone “como ser o parecer” y se las explota como segmento consumidor más sistemáticamente a través de una publicidad que en su totalidad esta enfocada en un 80% directamente a su condición de género.

Y dentro de la Reforma Tributaria podemos advertir que los artículos como maquillaje y similares van a tener un alza del 16% al 19%. Igual sucede con el llamado “impuesto rosa”, que es el grupo de bienes que por el hecho de estar dirigidos a las mujeres y ser rosados tienen un sobreprecio entre el 5% y el 20% más, como son las maquinas para depilar, talcos, desodorantes y champús, etc.

Otro aspecto más lesivo aún para las mujeres colombianas es el establecimiento del “monotributo”, que es un impuesto dirigidos a los pequeños negocios de barrio, como las peluquerías, misceláneas, modisterías y tiendas, entre otros. Este nuevo gravamen, además de ser un impuesto antitécnico porque grava las ventas y no las utilidades, afectara más a las colombianas.

En otras palabras, el DANE señala que las mujeres trabajan 13 horas en promedio diario, de las cuales siete(7) son dedicadas a la administración del hogar. Por eso, muchas colombianas no pueden dedicarse a trabajos formales en el ámbito laboral; entonces, una estrategia de supervivencia consiste en montar negocios en sus domicilios.

De tal manera, que el “monotributo”, pone en riesgo la economía familiar y el empleo femenino, lo que puede generar el aumento de mujeres desempleadas en el país, que ya es alto.

En último término, la reforma contempla la eliminación del CREE o impuesto de la equidad, creado para garantizar programas sociales, como el SENA y el ICBF; de suceder esto, sin duda, entra en riesgo la financiación de estas instituciones, que como la del Servicio Nacional de Aprendizaje, es reconocida como la universidad de los pobres; además, se iniciaría el desmonte gradual de la oferta pública dirigida a la protección y cuidado de la infancia colombiana.

De ahí que, seguramente, frente a esta realidad que se avecina, terminaran las mujeres por asumir esta labor, lo que aumentaran las 13 horas laborales diarias, con una salario menor y con la carga de un impuesto más vía “monotributo”.

Y por si fuera poco, todos los colombianos que ganen un salario superior a $2,700.000 mensuales en el 2017 tributaran. De esta forma, el Estado busca afectar cada día más a las clases medias y bajas de los estratos 1, 2, y 3, porque cada dos años el techo de los gravámenes son dirigidos a quienes ganan menos. De seguir esta tendencia en menos de seis (6) años el salario mínimo será afectado por el impuesto a la renta.

El Debate

El Grupo de Género y Justicia Económica, tomó la decisión de hacerle frente al debate legislativo en el Congreso de la República; razón por la cual, han adelantan una intensa labor en estos últimos días para dialogar con los Senadores y Representantes para exponer sus puntos de vistas frente a la perjudicial Reforma Tributaria que promueve el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría.

Con esta finalidad, Natalia Moreno Salamanca preciso que: “redactamos una proposición solicitándole al Gobierno, que dentro de la lista de bienes exentos de IVA incluya artículos como las toalla higiénicas, tampones, entre otros. En el primer debate de la Reforma, que se desarrolló el martes 6 de diciembre, el Senado rechazó nuestra iniciativa, al dejarla como constancia y archivarla, porque el Gobierno la negó.”

A pesar de esta derrota, “hoy más de 50 congresistas de todos los partidos ya nos firmaron la nueva propuesta que presentaremos en el segundo debate y que esta dirigida a eliminar los gravámenes a los bienes de primera necesidad para la mujeres colombianas. En virtud de lo anterior, esperamos que en esta ocasión el Gobierno Nacional no ignore los legisladores que apoyan esta nueva proposición, la acepte y la incluya en el texto de la Reforma definitiva”, precisó Moreno Salamanca.

Finalmente, si este último intento no fructifica el Grupo de Género y Justicia Económica, demandará por inconstitucionalidad la Reforma Tributaria que en los próximos días se aprobará en el congreso, dado que los impuestos están claramente en contra de los principio de equidad y progresividad, porque como van las cosas ser mujer en Colombia resulta demasiado costos.

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Natalia Moreno Salamanca del Grupo de Género y Justicia Económica

Fotografía: ©[ar] actualidad regional, 2016

Utilidad Pública, Un Mecanismos para el Despojo del Territorio

La Tierra Que Era Nuestra
Por. Victor Garavito

Para nadie es un secreto que un megaproyecto minero energético, siempre viene acompañado de desplazamientos forzados, masacres y las afectaciones ambientales sobre los ecosistemas estratégicos de las comunidades.

Prueba de ello son las insistentes denuncias de esa relación entre megaproyectos y las afectaciones sobre el territorio; a pesar de ello, el Estado parece no darse por enterado y las investigaciones por estos hechos nunca arrojan resultados. De esta forma, bajo la más completa impunidad operan las multinacionales y se construye “el desarrollo del país”, como lo defiende los altos funcionarios del Gobierno Nacional.

Ejemplo de ello son las denuncias por las 50 masacres perpetradas durante el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, sobre el río Cauca; estos mismo hechos se presentaron durante el periodo que se construyó Hidrosogamoso, donde activistas señalan que fueron 21 episodios de exterminio sistemático contra las comunidades que poblaban este sector del departamento de Santander.

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Representante a la Cámara Ángela María Robledo del Partido Verde

¿Utilidad Pública?

Para los funcionarios del Estado, como de las multinacionales, la utilidad pública es simplemente el diseño de un polígono, es decir, trazan una línea, que delimita y engloba un territorio, para imponer su inmediato desalojo.

Se trata, como dice la ley de sanear y garantizar la ejecución por vía administrativa de cualquier proyecto que sea congruente con el modelo económico extractivista de la locomotora minero energética, promovido desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, aprobado por el Congreso de la República, mediante la Ley 1753 del 9 de junio de 2015.

Luego, bajo la sentencia C-394/12 del 30 de mayo del 2012 de la Corte Constitucional, se declararon exequible los artículos 83, 122 y 246 de la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expidió el Plan Desarrollo 2010-2014”, en lo que corresponde al uso del concepto de utilidad pública y de interés social.

Entonces, la única noción de la declaratoria de “utilidad pública” que entiende el Estado, amparada por la normatividad legal vigente, como la Ley 1742 de diciembre 26 de 2014 y la 1682 del 22 de noviembre de 2013, opera como mecanismo de despojo del territorio y la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades del país.

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Representante a la Cámara por Antioquía Víctor Correa

El modelo económico

El antecedentes más cercano del concepto de utilidad pública, lo encontramos en el derecho español, donde opera como un consenso social frente a la importancia de algunas obras que según la comunidad, su ejecución podría contribuir con el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

En cuanto a nuestro continente, durante el Siglo XX los países latinoamericanos enfrentaban diversas perspectivas de desarrollo; sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL logró impulsar la tesis que era necesario acelerar el crecimiento industrial para generar riquezas y de esta forma recortar las distancias entre los países industrializados y el llamado tercer mundo, como lo es el nuestro.

En Colombia, el exponente de este modelo fue el expresidente Carlos Lleras Retrepo, que con sus Leyes, como la 60 de 1967 de diciembre 26 y la Ley 20 de 1969, del 22 de diciembre, le confirieron a la minería un papel preponderante dentro del sector económico.

Conforme con la medidas tomadas por Lleras, el sector minero energético es declarado de utilidad pública, porque sería el encargado de generar los insumos para el desarrollo del país y la industria nacional. La idea de ese momento era crecer hacia dentro, sustituir importaciones y solo exportar excedentes, entre otras decisiones.

Luego, se expide el Decreto 2655 de 1988, que se  configura como el primer Código Minero del país, donde se reitera la utilidad pública que el Estado le asigna a este sector; en esta misma línea el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, traza medidas para fortalecer la industria nacional y promueve la exportación solo de excedentes, porque la idea de crecer consistía en la transformación de los insumos por la industria colombiana para generar empleo y riqueza para el país.

Sin embargo, de eso  no quedó nada y pasamos a un modelo netamente extractivista, que ha desmantelado la industria nacional y exporta todo lo que produce el país; además, un sector minero energético que se encuentra en manos de multinacionales extranjeras, que no le tributan al país, como lo demuestran sus declaración de impuestos. Así se denunció durante la Audiencia Pública del pasado 18 de noviembre.

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Líderes Sociales de la Comunidades Afectadas por la Implementación de la Utilidad Pública

Para rematar, la Ley 685 de agosto 15 de 2001, por la cual se expidió el Código de Minas, legaliza la entrega el país al capital extranjero. Esta medida ratifica, como lo señala la Constitución de 1991, que el Estado es el propietario de los recursos naturales de los colombianos y este es derecho es inalienable e imprescriptible.

Si bien la Ley 685, en su artículo 13, nuevamente declara de utilidad pública el sector minero energético, el art. 15 precisa que nuestras riquezas pueden ser exploradas y explotadas por terceros a cambio de unas regalías que le dejan cuantiosas ganancias a las multinacionales y probadas perdidas al país, como lo demuestra el contrato realizado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la ConocoPhillips, en el caso de San Martín, Cesar. Y, por otro lado, están los irreversible daños ambientales.

Además, en el art. 60 del Código Minero, establece la autonomía empresarial; en términos reales significa que el concesionario (Léase multinacional) que extrae el recursos es su propietario y puede hacer lo que quiera con ellos. Esto conlleva a que el 92% del carbón que se produce en el Cerrejón se exporte; es decir, a las cinco(5) multinacionales que manejan este mineral no les importa lo que suceda con la demanda del mercado interno.

Así mismo, los cambios que ha presentado la política minero energética en el país son evidente. En primer lugar, el Estado consideró su desarrollo y sí se justificada que este sector fuera de utilidad pública e interés social; sin embargo, hoy esta figura sirve para que el Gobierno Nacional entregue nuestros recursos, que son de todos los colombianos, a un particular, preferiblemente extranjero y con ello viene la expropiación de los territorios a la comunidades.

Frente a estas realidades es urgente reformular el Código Minero, teniendo en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional, como la C123/14 y la C035/16; además, de la inexequibilidad del art. 37 de la Ley 685, bajo la C273/16, que prohibía a las entidades territoriales locales y regionales, tomar decisiones sobre su territorios con respecto a las actividades mineras.

¿Qué dijo el Viceministro del Interior?

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Viceministro del Interior, Dr. Guillermo Rivera Flórez

Durante la Audiencia Pública citada por la Cámara de Representantes, por iniciativa de los parlamentarios Víctor Correa, Ángela María Robledo y los senadores Alberto Castilla e Iván Cepeda, realizada el pasado 18 de noviembre del presente año, el Viceministro del Interior, Dr. Guillermo Rivera Flórez, develó que la posición del Gobierno Nacional es  deslegitimar la oposición bajo el argumento de la “polarización”.

Para el Estado colombiano, las otras opiniones y visiones, como la de los afectados por la implementación del concepto de utilidad pública, polariza, es decir, atrasa y esta contra el desarrollo del país y se opone a la paz. En este orden de ideas, es poco lo que queda para el diálogo, si el Gobierno Nacional mantiene su actual postura, entonces: ¿Cuál es la estrategia del diálogo del Estado? Consiste en trazar la llamadas “líneas rojas”, como lo ha llamado el Presidente Juan Manuel Santos Calderón.

Rivera en su breve intervención precisó que: “Sobre el concepto de utilidad quisiera hacer alguna precisiones en materia minero energética y de explotación de recursos naturales: a mi me parece que lo que nos podría hacer mucho daño como nación, es no encontrar fórmulas de entendimiento que nos permita superar esta polarización y estas divisiones extremas, en el sentido de que toda la política minero energética es dañina para el medio ambiente, o contrario a eso, que toda la política minero energética hay que desarrollarla a cualquier costo a cualquier costo, dado ya que es una política estratégica, que genera ingresos fiscales muy importantes, que genera empleo y, quizás, los temas medio ambientales pasarían a un segundo plano”.

Y en lo que respecta al diálogo el Viceministro enfatizó que: “Debo decir que mi actitud frente al diálogo social es la misma que mantenía en el Congreso, como la tengo ahora en el Gobierno; este es un Gobierno que tiene en su ADN el diálogo social. No hay un solo conflicto ni tensión social a la que no hayamos acudido en el término de la distancia, al diálogo; los problemas se enfrentan por la vía del diálogo en el Meta, en el César, en el Cauca, en todas partes, de eso puedo dar fe, que cuando se han agotado las vías del diálogo ha existido la intervención de la fuerza pública…” [sic]

Inmediatamente, después de la intervención del Dr. Guillermo Rivera, las comunidades presentes en la Audiencia Pública manifestaron que el diálogo con el Gobierno Nacional, normalmente terminaba con seguimientos a los líderes sociales y ambientalistas, por parte de los organismos de seguridad y de acciones del ESMAD contra las comunidades.

Nuevos Anuncios

El pasado 6 de diciembre, en medio de la Mesa de Concertación Indígena, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, sorprendió a las diferentes sectores sociales del país al plantear que el Gobierno Nacional buscará regular la Consulta Previa.

De esta forma, el Estado deja claro nuevamente lo que significa la paz real y el aviso del Dr. Cristo, da un campanazo de alerta ante las verdaderas intenciones del Gobierno Nacional; es decir, cuando el ministro le notifica al país esta decisión es porque comienza el desmonte gradual del único mecanismo que hoy tienen las comunidades para defender sus territorios.

Finalmente, lo que se avecina es una pertinaz lucha de las comunidades colombianas, ante la pretensión del Estado y el viejo anhelo de las multinacionales en acabar o deslegitimar la consulta previa, porque se ha convertido en un verdadero escollo frente al desarrollo de los megaproyectos y la explotación minero energética, como es el caso de San Martín, Cesar, en la que sus habitantes libran una feroz batalla, que todos deberíamos acompañar, contra la implementación del Fracking por parte de la multinacional ConocoPhillips.

Entrevistas

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Isabel Cristina Zuleta, Directora del Movimiento Ríos Vivos (Tercera de Izq a Der.)

[ar] actualidad regional: ¿Cuál es el balance que les deja a las comunidades la Audiencia sobre Utilidad Pública en la Cámara de Representantes?

Isabel Cristina Zuleta, Directora del Movimiento Ríos Vivos: Es un primer evento sobre un debate muy profundo para el país, que va al nudo de los problemas socioambientales y sus conflictos, pero también al nudo de los intereses de grandes poderes económicos y políticos. Sabíamos que iba hacer muy difícil y no esperábamos una postura favorable del Gobierno, como la que obtuvimos hoy; postura que desconoce la oposición a la política minero energética y abre pocos canales para discutirla; a pesar de ello, encontramos la decidida y firme resistencia de muchas comunidades del país.

De ahí que en el debate intervinieran todo tipo de comunidades afectadas por el mal uso de la figura de utilidad pública y esa resistencia es la posibilidad para que se habrá el debate, se amplié y llegue a las instancia del Gobierno, con el propósito de producir su reflexión sobre lo que le están haciendo con las comunidades rurales y como se esta dando este despojó con el uso de la figura de utilidad pública.

[ar]: ¿Cómo explicarle a las comunidades que significa la utilidad pública, cómo enfrentarla y qué derechos tiene frente a su implementación?

Isabel Cristina Zuleta: En términos sencillos le permite a los megaproyectos mineros, grandes represas, de transmisión de energía, las Zidres, que son grandes monocultivos con la intencionalidad de quitarle la tierra a las comunidades, esto le posibilita al Gobierno expropiar, porque argumenta que hay otros intereses mayores sobre el territorio.

En este aspecto, casi se podría decir, como se expresa en uno de los proyecto es que hay que retirar todos los estorbos de la vía para la ejecución de esos megaproyectos; entonces la gente es entendida como un estorbo, Entonces, aplican los decretos que permiten el desalojo forzoso de la gente; es decir, no solo le quitan la tierra a las comunidades sino que si estaban en esos territorios pescando, porque los pescadores no tienen tierra, llega el ESMAD y dan la orden mediante un amparo policivo y despojan a la gente, con el fin de darle paso a los megaproyectos.

Por eso, la importancia que las comunidades nos organicemos y luchemos contra esta figura, porque si se utiliza, también entiendan que la pesca, la tierra, las semillas, la cultura, los saberes ancestrales, como el barequeo, también son de utilidad pública; dado que hoy se esta tergiversando esa figura y se usa para otros intereses.

[ar]: ¿Cuáles son las comunidades que en estos momentos están siendo más afectadas por la figura de utilidad pública?

Isabel Cristina Zuleta: Lo que pudimos comprobar hoy en la Audiencia, es que las comunidades más afectadas son las todas aquellas donde hacen presencia los proyectos energéticos; es decir, está figura esta siendo más utilizada para el desarrollo de la producción de la energéticos.

Si bien se ha implementado en las comunidades que se encuentran en territorios mineros, actualmente se ve un interés más exacerbado de su aplicación frente a los proyectos hidroenergéticos, el fracking, el carbón y la construcción de gasoductos. De tal manera, que se puede advertir la implementación de la declaratoria de utilidad pública en territorios atravesados por proyectos energéticos. Por eso, el movimiento Ríos Vivos, llama la atención a las comunidades para que fortalezcamos la organización y nos articulemos, con el propósito de exigirle al Gobierno Nacional que que responda estas simples preguntas. Energía para qué, para quién y a qué costo?

[ar]: ¿Qué sé ha ganado hasta el momento?

Isabel Cristina Zuleta: Hemos ganado esperanza en que es posible debatir, así sea con represión. Hemos ganado esperanza en que nos podemos juntar, en que somos un pueblo digno que a pesar de la violencia, nos podemos levantar y exigir nuestros derechos.

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Senador Alberto Castilla del Polo Democrático

Senador Alberto Castilla

[ar]: ¿Después de la Audiencia qué queda claro de la implementación del concepto de utilidad pública?

Alberto Castilla: Para mi la utilidad pública es un mecanismo para resolver problemas y hoy es mal utilizado. Y cuando me refiero a mal utilizado, es porque frente al modelo de desarrollo económico del país, este concepto se ha convertido en la estrategia para la ejecución de megaproyectos. En este sentido, resulta que al declarar territorios de utilidad pública nunca se tienen en cuenta a quienes habitan esas territorialidades; de esta forma, se presenta un choque entre los planes de desarrollo y los planes de vida de las muchas comunidades en el país.

Mientras las comunidades se relacionan de una forma distinta y armónica con sus ecosistemas estratégicos, los actuales modelos de desarrollo minero energéticos se lo plantean solo para la explotación del recurso. Esto significa que se presenta una ruptura entre la forma como las comunidades abordan el territorio y la que el Estado lo entiende, que es la del simple aprovechamiento económico.

Por estas razones, es fundamental abordar el tema con rigurosidad y contemplando todas las variables, con el propósito que la implementación de la utilidad pública no siga lesionando a las comunidades. En ese orden de ideas y frente a las diferentes denuncias y testimonios presentados por los diversos sectores que intervinieron en la Audiencia, es fundamental que el Congreso entre su implementación.

[ar]: ¿Y después de la Audiencia qué sigue?

Alberto Castilla: El debate que den la comunidades, los escenarios como de la Audiencia Pública en el Congreso, en un momento tan importante del país, como es el de construcción de paz, debe llevar al Gobierno Nacional a escuchar estas voces y debería estar dispuesto a revisar esta norma. En esa vía, hoy lo que hemos evidenciado es que se requiere establecer los lineamientos y los procedimientos precisos qué deben tenerse en cuenta para la declaratoria de utilidad pública, porque esta no puede quedar con criterios amplios sino establecido por el legislativo por qué se debe realizar los procesos de declaratoria de utilidad pública.

Por otro lado, frente a los hechos denunciados por las comunidades durante la Audiencia, nosotros seguiremos insistiendo en la Consulta Previa, como un mecanismos a través del cual se escuche la voz desde los territorios. No puede seguir pasando que se hagan declaratorias sin escuchar a la poblaciones colombianas. Por eso, estamos impulsando una reforma constitucional al artículo 64, que contempla los derechos de los campesinos y como uno de sus derechos políticos quede consignado el de la consulta previa, unidos a otros derechos que hoy no tienes las comunidades agrarias del país.

De tal manera, que es oportuno abrir la discusión porque Colombia no puede quedarse entendiendo la oportunidad de construir paz y escuchar la voz de quienes están en los territorios. Este es un verdadero desafió para el Estado, se trata de invertir como se toman las decisiones, para que únicamente no privilegie a los empresarios sino que también debe garantizar las condiciones de vida de los indígenas, afros, campesinos, sectores populares, esto es lo que verdaderamente nos pone a soñar en un país con una construcción de paz estable y duradera, que se vincule a las comunidades y se invierta esa pirámide de la toma decisiones.

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Fotografías: [ar] actualidad regional, 2016©

La Mirada Desde El Poder

El Censor, La Democracia No Tiene Remedio
Por. Víctor Garavito

Dice el refrán popular: “Los ojos son los espejos del alma”, porque a través de la mirada somos capaces de inspirar confianza, generar rechazo, censurar, perseguir y hasta decretar la muerte del otro.

Mientras hay miradas que enamoran, promueven la confianza y el respeto por la otredad, algunas son capaces de matar y de provocar un hondo desasosiego, como las que encontramos en esos ojos sanguinolentos y violentos, henchidos del más profundo odio.

Y son precisamente esas miradas las que asustan, porque no auguran esperanza ni promesa sino desvelo e intranquilidad frente al despiadado e implacable acecho de la muerte, como efectivamente reflejan esos ojos depredadores del censor que se alimentan de los otros, para calmar sus ansiedades, insuflar los destierros y procrear ausencias.

Lenguaje y Realidad

Hoy, los asesores de imagen de la clase política, plutócratas y tecnócratas que se encuentran en el poder, se esfuerzan en diseñar las miradas y sus sonrisas, para decorar el lenguaje aséptico, presumiblemente mesurado con el que se abordan los temas más álgidos del país; ejemplo de ello fue la Audiencia Crímenes Contra la paz, realizada el pasado miércoles 7 de diciembre, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se abordó el asesinato sistemático de lideres sociales y defensores de derechos humanos de los últimos meses.

Durante, este evento, uno de sus protagonista fue el lenguaje y su ritmo: palabras lentas, aparentemente inteligentes, esterilizadas y neutras, esta es la tendencia de los discursos del poder; la estrategia de las intervenciones de los altos funcionarios del Estado apuntan a despolitizar y desideologizar nuestra realidad, en tiempos de paz y del posconflicto, con el propósito de negarla y descontexturalizarla para imponer el silencio nacional frente a los graves hechos que vivimos de asesinatos sistemáticos de líderes sociales (Informe del Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo) y el accionar narcoparamilitar.

Este mismo lenguaje aséptico, es el que procura mantener las “líneas rojas” del status quo del establishment, de la que siempre habló el Presidente Juan Manuel Santos Calderón; quizás por eso le dieron el desprestigiado Nobel de Paz, como premio a la consigna que mantienen los neoliberales: el modelo económico no se toca [extractivismo], de la que salió triunfadora la plutocracia colombiana y las multinacionales extrajeras, a las que el Gobierno Nacional les entrega el país.

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CODA: La misma estrategia se impone en el arte colombiano que promueve la institucionalidad y el Ministerio de Cultura, donde los artistas solo son los saltimbanquis del poder y los terapeutas de quienes siempre hemos estado desahuciados o muertos.

Fotografía: La Mirada desde El Poder: El Censor, Guillermo Rivera Flórez, Viceministro del Interior. Audiencia Crímenes Contra la paz. Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, miércoles 7 de diciembre. ©[ar] actualidad regional, 2016.

Publicada en: Artistas Zona Oriente

Día nacional por la dignidad de las víctimas del genocidio de la UP

“No Están Solos… No Están Solos…”
Por. Victor Garavito

Nada se compara en Colombia como la dignidad y la lucha que mantienen los sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica, en medio de un país vergonzante e impasible, inmerso en el sopor de lo efímero y el olvido.

Todos lo vinos, mientras ellos nunca se cansaron de denunciar, ya sea desde el Senado o en la Calle, como los estaban asesinando, eran exterminados por miles frente a la mirada de una sociedad que jamás fue capaz de conmoverse ni reaccionar; se imponía así nuevamente el leseferismo moral de los colombianos y el silencio cómplice de los medios privados de información.

Como no recordar el atentado contra la Aida Avella Esquivel, el 7 de mayo de 1996, cuando era presidenta de la UP y Concejala de Bogotá. Ese día, sobre las 7:50 de la mañana en medio de un trancón en el Autopista Norte con Calle 141, un grupo de narcoparamilitares lanzó un rocket al vehículo en el que se movilizaba. Este hecho, que fue transmitido casi en directo, en medio del morbo de los periodistas por la muerte y “la chiva”, logró visibilizar y mostrarle al país lo que significaba el genocidio.

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Aida Avella Esquivel, Dirigente de la Unión Patriótica 

¿Pero cuando perdimos la humanidad que teníamos como sociedad y cómo fue que dejamos que esto pasará? Acaso, la clase política colombiana, no señala aún, que la nuestra es una de las democracia más antigua y sólida del continente.

Claro, en nuestro país siempre se ha perseguido al que piensa distinto y se ha asesinado cualquier expresión de inconformidad y oposición, con el propósito de instaurar el miedo como un dispositivo de control social. Así como no vamos hacer una democracia ejemplarmente excluyente. Por supuesto, que ellos, los plutócratas tienen la razón.

Y eso fue exactamente, lo que ocurrió con la Unión Patriótica, que nació como fruto de los Acuerdos de La Uribe, entre el gobierno del no gratamente recordado presidente antioqueño y conservador, Belisario Betancur Cuartas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 1985.

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Desde sus inicios, la Unión Patriótica, se caracterizó por ser una convergencia de distintas expresiones ideológicas y una fórmula, que le permitiría a la insurgencia su transito a la legalidad y el ejercicio de la política; por su parte, el Estado se comprometió a garantizar plenamente las reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles.

Sin embargo, ninguno de los compromisos asumidos por el Gobierno de Betancur Cuartas se cumplieron. En cambio, lo que se desató fue una campaña sistemática de asesinatos, en los que estuvieron involucrados las Fuerzas Armadas, en complicidad con los narcoparamilitares, entre 1985 y el 2005.

De tal manera, que en esa “guerra de baja intensidad” bajo la doctrina del “enemigo interno” que las Fuerzas Armadas colombianas aprendieran en la Escuela de las Américas, de la mano de instructores norteamericanos; además, de la implementación de estrategias como las del Estatuto de Seguridad, la Guerra Contrainsurgente y el Plan Golpe de Gracia, diseñado por el Ejercito colombiano, terminaron por masacrar a dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, ocho (8) congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica.

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Actualmente, la gran mayoría de los crímenes se encuentran impunes, aunque en materia jurídica se han realizado significativos avances, como la inclusión en el Código Penal Colombiano la tipificación de genocidio por móviles políticos. De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitió el Caso Colectivo No. 11.227, presentado por UP, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas.

Por otro lado, la Sección Quinta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia del 4 de julio de 2013, decretó la nulidad parcial de la Resolución 5659 de 2002 del Consejo Nacional Electoral, que determinó la perdida de la Personería jurídica de la UP, así́ como dejó sin piso jurídico la Resolución 7477 de 2002, por lo que la Unión Patriótica volvió nuevamente a la arena política nacional al recobrar su reconocimiento como partido político.

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Sin embargo, sólo hasta este año el Estado colombiano, pidió perdón por el genocidio de la UP, así lo reconoció el Presidente, el pasado 15 e septiembre, al calificar estos hechos como una “tragedia” en la que “el Estado no tomó medidas suficientes para prevenir los asesinatos, atentados y las demás violaciones, a pesar de las evidencias de que esa persecución estaba en marcha”, así lo señaló Juan Manuel Santos Calderón.

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Hoy, luego de conmemorar durante 11 años ininterrumpidamente el Día Nacional por la dignidad de las Víctimas del Genocidio de la UP, el pasado jueves la Unión Patriótica realizó una marcha en Bogotá, porque lo único que no nunca perderán sus militantes es su dignidad; al mismo tiempo, le reclamaron al Gobierno Nacional la implementación definitiva de los Acuerdo de Paz.

Finalmente, a su arribo a la Plaza de Bolívar, los sobrevivientes y militantes de la Unión Patriótica, fueron recibidos por el grito de “No Están Solos… No Están Solos…”, de una parte de la sociedad colombiana, que aún se resiste a la guerra y se la juega por la paz.

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In Memoria de mi amigo Ismael Jaimes Córtes.
Director del Periódico La Opinión del Magdalena Medio.
Asesinado el 6 de mayo de 1992 en Barrancabermeja.

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Fotografías: [ar] actualidad regional, octubre, 2016©.