En San Martín, Paro Cívico Por La Defensa de los Recursos Naturales

“No nos puede detener el miedo”
Por. Victor Garavito

Desde este martes, a partir de las 9:00 de la noche, se inicia un paro cívico de 48 horas en San Martín, Cesar, por la defensa de sus recursos naturales y contra la licencia que legaliza la explotación petrolera mediante el sistema de fracturación hidráulica o fracking.

Hoy, a pesar de que el miedo ronda en el Caribe, hay quienes se resisten como lo hacen las comunidades de San Martín y no es para menos, porque se trata de la defensa de nuestros recursos naturales, de la vida.

Sin embargo, la única respuesta del Gobierno Nacional, del Gobernador del Cesar, Francisco Fernando Ovalle Angarita, el Alcalde de este municipio, Saúl Eduardo Celis Carvajal, junto con el Comandante de Policía de este Departamento, Coronel Diego Hernán Rosero Giraldo, fue movilizar 150 unidades del Esmad, el pasado miércoles 18 de octubre, con los que se agredió a quienes protestaban contra la decisión el Estado de permitir la explotación petrolera mediante el fracking, por parte de las multinacionales ConocoPhillips y CNE Oil & Gas.

Fue en medio de estos hechos que el Alcalde del Municipio de San Martín, Saúl Eduardo Celis Carvajal, señaló a las comunidades que realizaban el plantón como “terroristas”, así lo denunciaron varias personas que se encontraron de un momento a otro atrapados por la fuerza pública, quien arremetió contra los participantes de la protesta pacífica, así lo confirmaron sus asistentes.

La movilización ciudadana

dsc_8853-2

La alerta se encendió en la región después que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, expidió la Resolución 0227 del 7 de marzo de 2016(1), autorizando a las multinacionales la explotación de 33.714 hectáreas, de los municipios de San Martín y Aguachica del Cesar y Río Negro, en Santander, del llamado Bloque Valle del Magdalena Medio, VMM-3, con métodos no convencionales, es decir, fracturamiento hidráulico o fracking.

Sin embargo, extrañamente la actual directora de la ANLA, la bióloga Claudia Victoria González Hernández, en una de esas jugadas que realizan los altos funcionarios del Estado para torcerle el cuello a la Ley, se declaró impedida para conocer sobre los procesos que adelanta esta entidad a la Conocophillips, dado que casualmente su esposo, el Ing. Héctor Manuel García Agudelo, elabora el Plan de Manejo Ambiental para el Bloque VMM-3 de esta multinacional, a la que precisamente se le acaba de autorizar la explotación petrolera mediante el fracking.

De esta manera, en la ANLA se configura un conflicto de intereses y se usa la típica puerta giratoria, utilizada por quienes presuntamente se sirven de sus cargos para realizar negocios privados, como lo denunció la comunidades del Municipio de San Martín. Por estarazón, el Ministro del Medio Ambiente, delegó como Director Ah Doc a la Asesora Jurídica Claudia Lorena López Salazar.

Frente a estos hechos, el Comité en Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, CORDATEC, movilizó a los sanmartinense, frente a las políticas de extracción por la vía del fracking, que pondrá en riesgo a las comunidades y terminará por acabar con las fuentes de agua en esta región del sur del Cesar.

Por otro lado, existe un tema no menor y se trata de las condiciones del Contrato que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, con las multinacionales petroleras, donde la participación en la producción del Estado, descontadas las regalías, será de solo el 2%, como lo estipula la cláusula undécima; además, el país recibirá recursos por parte de las empresas extranjeras, una vez la producción supere los 5 millones de barriles y cuando el petróleo alcance los US$81 dólares, así lo determina la cláusula decimotercera.

Por eso, las comunidades del Municipio de San Martín, que cuenta con una extensión de 905.55 Km2, donde viven sus 16.921 habitantes y se encuentra a 342 km de Valledupar, la capital del Cesar, se propone la convocatoria de una consulta popular, para que su gente defina el futuro de su territorio.

Al mismo tiempo que el pasado 18 de octubre era aprobado en quinto debate por la Comisión Primera del Senado, la iniciativa legislativa que eleva el agua a derecho fundamental, en San Martín su gente era reprimida por la Policía Nacional, precisamente por defenderla.

No obstante, el proyecto de Ley No. 11 de 2016 se aprobó por 11 votos a favor y 3 en contra; de esta forma, la iniciativa logró la mayoría absoluta, requerida para un Proyecto de Acto Legislativo y muy a pesar de la intensa labor que hiciera el Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, para hundir esta propuesta.

Finalmente, hoy la resistencia contra el fracking, no solo depende de la valentía de la gente del Municipio de San Martín, sino del compromiso de cada colombiano por la defensa de los recursos naturales, ya que a esta hora, es muy probable que las multinacionales como la ConocoPhillips, planeen como seguir destruyendo nuestro país.

Las Voces de la Comunidad

dsc_8857-2
Carlos Andrés Santiago de CORDATEC

Con el fin de conocer los puntos de vista de la comunidad sanmartinense, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carlos Andrés Santiago, miembro del Comité en Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, CORDATEC, en momentos en que este martes 25 de octubre se realizaba un plantón frente a la sede del Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá.

¿Qué es lo que pasa en el Municipio de San Martín, Cesar?

Carlos Andrés Santiago: Sucede que la gente de San Martín esta resistiendo a que el Gobierno Nacional instale definitivamente el modelo del fracking en el país, a pesar que hace unos día el Esmad violentó un plantón pacífico que organizó la comunidad frente a la entrada de la maquinarias de la multinacional ConocoPhillips, con las que se iniciarían las pruebas de la fracturación hidráulica. Así mismo, estamos organizando un debate de control político y diversas acciones para que el país entienda que la exploración del petróleo mediante el fracking trae consigo riesgo y múltiples daños a los ecosistemas estratégico de una región y por la tanto no debe implementarse.

¿Cómo va el proceso de la Consulta Popular en San Martín?

Carlos Andrés Santiago: En estos momentos estamos preparando todos lo elementos jurídico, con los que se convocaría a las comunidades de San Martín a definir y decidir a través de la Consulta Popular, con miras a que en los próximos meses logremos iniciar este proceso. De tal manera, que estamos convencidos que esta medida es la única alternativa jurídica para impedir que en nuestro territorio de lleve a cabo la explotación por fracking; en esta perspectiva, nos estamos organizando, siguiendo el ejemplo de muchos municipio en el país que han acudido a este mecanismo, con el fin de salvaguardar sus territorios, sus ecosistemas y determinar su futuro. Entonces, esperamos que a mediados del otro año, los sanmartinenses estemos votando la consulta.

¿Qué esperan del Gobierno Nacional?

Carlos Andrés Santiago: Pues esperamos que mínimamente escuche las reclamaciones y se siente a concertar con nosotros; porque no puede ser posible que se construya acuerdos con quienes han estado alzados en armas, pero con las comunidades que hemos estado resistiendo de manera pacifica no se nos escucha; al contrario se nos envía la fuerza pública para que reprima nuestra reclamaciones, nos intimide, nos señalen y nos haga seguimientos. Por eso esperamos que escuche las reclamaciones, con el fin de declarar la moratoria del fracking, como el primer paso de la suspensión definitiva en Colombia de esta técnica de explotación petrolera.

¿Hasta dónde resistirán las comunidades de San Martín?

Carlos Andrés Santiago: La resistencia del pueblo de San Martín, hace muchos meses dejó de ser solo nuestra resistencia y se convirtió en la de muchos pueblos, que en Colombia están viendo que lo que estamos haciendo. Por eso, creemos fundamentalmente en la movilización, porque con ella vamos a lograr que el fracking se detenga, debido a que en estos momentos hay varios contratos firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las multinacionales petroleras para ejecutar en siete(7) departamento del país, como en la zona de frontera de Norte de Santander, Cesar y Santander, toda la zona del Magdalena Medio, Antioquia, algunas zona de Cundinamarca y gran parte del Tolima.

De tal manera, que visto desde este punto de vista, podemos decir que el fracking es una realidad, entonces no nos queda más que organizarnos y resistir frente a las pretensiones del Gobierno Nacional y las multinacionales.

Fotografía: [ar] actualidad regional, octubre 2016©.

Notas:

1. Resolución 0227 del 7 de marzo de 2016 de la Licencia Ambiental de la ANLA
2. Perfil de la Directora de la ANLA, Claudia Victoria González Hernández.
3. Contrato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, con las multinacionales petroleras.

Anuncios

Lo que no nos dicen de la Reforma Tributaria

Impuestos para acabar con los pobres
Por. Victor Garavito

En la actualidad, los diferentes sectores sociales del país cada día buscan intervenir y participar en las decisiones sobre los grandes temas que afectan la vida nacional. Así quedó demostrado durante el Foro sobre la “Reforma Tributaria: Propuestas de la sociedad civil”, que se realizó este lunes en el Hotel Tequendama de Bogotá.

Al evento se dieron cita organizaciones sociales, académicos e investigadores y algunos Congresistas, quienes abordaron desde diferentes perspectivas el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria 2016 (1) y se presentaron algunas las propuestas de la sociedad civil, frente a la iniciativa radicada por el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría en el Congreso, el pasado 19 de octubre.

El Foro fue convocado por Justicia Tributaria, Oxfam Colombia, Dejusticia, CTC, CUT, CGT, Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, CIASE y Central de Integración y Capacitación Cooperativa Cincop, con el apoyo de Christian Aid y Friedrich Ebert Stiftung, FESCOL.

dsc_8813-1

No hace menos de cinco años, los colombianos, cuando se anunciaba una nueva reforma a la estructura tributaria, arrugábamos la cara y estoicamente apretábamos nuestro bolsillo, porque sabíamos que iba afectar a las clases bajas y medias del país. En efecto, la estrategia del Estado se repite una y otra vez; a pesar de ello, en esta oportunidad, ya no son solo los expertos los únicos que tienen la palabra.

Hoy, los ciudadanos desconfían de los llamados “expertos”, tanto del Gobierno Nacional como de los entes territoriales, y de los tecnócratas que siempre le señalan a las comunidades que existen temas muy “complejos” y por eso las decisiones técnicas solo deben tomarlas los que saben. Esta estrategia del establishment –Estado–, subestima e insulta la capacidad de abstracción y la inteligencia del pueblo colombiano; por eso, los diversos sectores sociales propician espacios no solo de discusión sino propositivos, como ocurrió en el Foro sobre la “Reforma Tributaria: Propuestas de la sociedad civil”.

dsc_8795-1

La Reforma

El controvertido proyecto trae grandes cambios que afectarán la economía de muchas familias pobres del país, lo que incrementará el hambre y la exclusión de las grandes capas populares y de paso se atentará contra los derechos humanos; así mismo, desestimulará el consumo, el empleo y con ello la inversión, pero estimulará el dinero plástico para fortalecer el sector bancario, que se enriquecerá, con el aumento del manejo de las tarjetas y por el cobro de estos servicios.

Mientras que por el otro lado, la Reforma Tributaria (2) no es estructural, porque no se toca de fondo los temas que tienen que ver con la progresividad y la equidad, que son los principios básicos de cualquier política tributaria sería. En esta ocasión, como en las anteriores, el Estado sale en busca de recursos para tapar el déficit fiscal, que desde el 2002 empeoró, porque los sucesivos gobiernos gastaron más de lo que ingreso; de esta forma,  volvieron insostenible las finanzas del Estado, comprometieron la economía del país y, de paso, el bienestar de los colombianos.

De tal manera, que la estrategia presentada por el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, es gravar a las clases pobres y medias, sin tocar ni intervenir a las grandes empresas ni multinacionales, que evaden los impuestos y saquean los recursos naturales.

Por eso, el IVA pasará del 16% al 19% y todos las colombianos cuyos ingresos mensuales sean de $2.700.000 tendrán que declarar renta, es decir, golpea directamente a las finanzas de la clase trabajadora y media.

dsc_8806-1

Así mismo, la Reforma contempla un monotributo, para pequeños negocios, como los propietarios de peluquerías, tiendas de barrio y pequeños mercados, tendrán la oportunidad de escoger en pagar el impuesto de renta (3% de sus ingresos) o aceptar el monotributo (el 1% de sus ingresos totales).

De otra parte, la iniciativa legislativa propone que las entidades sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y los fondos de pensiones, no pagaran renta, siempre y cuando le demuestren a la DIAN que sus fines son eminentemente sociales.

dsc_8802-1

Mecanismos de Evasión y los Recursos Naturales

“El primer gran golpe el fisco nacional lo dan las compañías que exportan, las multinacionales y nacionales, cuando manipulan los precios de transferencia; este es uno solo de los casos como se evaden impuestos en Colombia que no aborda la Reforma Tributaria”, señala el investigador Álvaro Pardo.

Este mecanismo de evasión se presenta a mayor escala en las empresas mineras, por ejemplo: una compañía que produce carbón en el Cesar, lo transporta al puerto de Ciénaga, en el Magdalena, y ahí se lo vende a un supuesto comercializador y ese intermediario, resulta que es una compañía del mismo grupo económico de la empresa minera y esta se lo vende a precios excesivamente bajos; si hablamos del carbón su precio oscila entre US$10 y US$15 dólares; a su vez el comercializador vende el mineral a US$60 dólares en el mercado internacional.

¿Entonces, dónde quedaron las utilidades de la extracción de nuestros recursos? En manos de un comercializador internacional, es decir, en la misma empresa minera que creó un intermediario para evadir los impuestos y, lo más grave aún, es que ese intermediario fue creado en un paraíso fiscal, donde no es posible acceder a ningún tipo de información sobre esa empresa.

Sin embargo, la compañía minera en Colombia liquida y paga sus impuestos sobre la base de los US$10, precio al que vendió al comercializador internacional. Así es como funciona el carrusel que saquea los recursos naturales del país a través de la manipulación de los precios de transferencia y sobre esto no dice nada la Reforma Tributaria, aunque el Gobierno Nacional sabe exactamente como funciona este tipo de evasión, simplemente no interviene.

Sus opositores

dsc_8823-1
Representante a la Cámara Víctor Javier Correa Vélez

Hoy son muy pocos los Congresistas que han manifestado su abierta oposición a la Reforma Tributaria. Uno de ellos es el joven Parlamentario antioqueño Víctor Javier Correa Vélez del Polo Democrático, quien se encontraba en el Foro. Esto nos respondió sobre sus conclusiones del evento.

¿Cuál es su posición frente a la Reforma Tributaria?

Víctor Correa: Hoy queda claro que la actitud que vamos asumir es de oposición a la Reforma Tributaria, porque su contenido es regresivo, es decir, la iniciativa no esta hecha para que el que tienen más tribute, sino que esta diseñada para que quienes menos tienen tribute más. Por eso, queda claro que tenemos que hacerle oposición, pero debemos poner sobre la mesa cuál debería ser la estructura tributaria que Colombia requiere, porque es evidente que en un Estado social de derecho, en una democracia, los tributos se convierten en un elemento fundamental de la redistribución de la riqueza y eso no pasa en nuestro país; la realidad es solo una: los ricos casi no pagan impuestos, mientras que los pobres y la clase media sí.

En este orden de ideas, vamos hacerle oposición a la Reforma, pero a ir planteando en el camino cuál es la propuesta más favorable para el país, frente a la actual panorama fiscal. Y eso lo haremos en contacto con la gente y todos los sectores sociales; sin embargo, debemos tener en cuenta que la correlación de fuerzas en le Congreso no es la más propicia para quienes nos oponemos a la Ley. En este sentido, sabemos que el Congreso es un espacio que funciona por mayorías y esta las tienen quienes están impulsando la Reforma Tributaria; aunque, creemos que lo movilización social tendrá que jugar un papel muy importante, con el propósito de inclinar la balanza.

¿Frente a los argumentos del Ministro de Hacienda cuáles son los principales punto a debatir y discutir con el Gobierno Nacional?

Víctor Correa: Son varios. En primer lugar, los impuestos indirectos como el aumento del IVA; así mismo, los que afectan a las clases populares y medias; igualmente, acabar con algunas exenciones tributarias que actualmente tienen las grandes empresas y el factor deferencial sobre el impuesto de renta, incluso existen actualmente inequidades entre las pequeñas, mediadas, las grandes y las multinacionales; también, hay que trabajar en aspectos relacionados con la equidad de género dentro de las dinámicas económicas, entendiendo por ejemplo, que las mujeres tienen más riesgo de quedarse sin empleo y tienen menos ingresos salariales; todas estas variables deben ser consideradas al momento de introducir cambios y obligaciones tributarias. Quedan muchos otros elementos, como el monotributo para las tiendas, peluquerías y pequeños negocios, esto es algo en lo que hay que intervenir, porque como esta resulta lesivo para gran parte de los colombianos.

¿Qué pueden esperar los colombianos del resultado de la discusión de la Reforma Tributaria, teniendo el cuenta la composición del actual Congreso, según su análisis legislativo?

Víctor Correa: Bueno, esta no es una Reforma Tributaria realmente estructural, es más para resolver unas necesidades apremiantes de caja del Estado; verdaderamente, de lo que se trata es de recaudar rápidamente recursos ante el déficit fiscal. Siendo así, evidentemente, este gobierno no quiere que se toque los grandes capitales y esto es lo que se tendría que hacer con una verdadera reforma estructural; sin embargo, existen algunos elementos rescatables, como el impuesto a los dividendos, que se abordan de forma tímida y no en la magnitud que requiere el país.

Personalmente, no creo que durante el debate se puedan lograr grandes cambios, dada la imposición que existe sobre estos temas y las mayoría con las que cuenta el Gobierno Nacional a la hora de votar. No obstante, eso también depende de la movilización social de los distintos sectores sociales del país, es decir, si existe una gran respuesta social frente a la actual Reforma, se podrán hacer cambios importantes al proyecto.

¿Cárcel para los evasores?

Víctor Correa: Esa es unas de las propuestas que están sonando; en este sentido, creo que la evasión hay que perseguirla y la cárcel es una alternativa para buscar desincentivar la evasión. Frente a este tema, particularmente, tengo algunas consideraciones de principios con lo que significa la cárcel y en términos generales no creo que esta sea la respuesta que realmente solucione las cosas. En Colombia tenemos las cárceles llenas y sin embargo seguimos teniendo las mismas problemáticas como sociedad. Por eso, creo que la intervención debe darse en otros niveles; sin duda hay que perseguir y castigar los evasores, pero deben existir más sanciones administrativas que penales, es decir, a quien evada se le podría expropiar o imponer multas significativas de índole económico que comprometa su patrimonio. Esta medida si podría constituirse en un desestimulo.

Notas:

(1) Texto del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria 2016.
(2) Exposición de Motivos de Reforma Tributaria.

Fotografía: [ar] actualidad regional, octubre 2016©

La Nueva Cara del Relleno Sanitario Regional de Ariguaní

El Verdadero Rostro de la Administración de Castilla Baena
Por. Víctor Garavito

El Relleno Sanitario Regional de Ariguaní, sin lugar a dudas, se convirtió en el rostro que definió los cuatro años de administración del ex alcalde Carlos Eduardo Castilla Baena.

dsc_6432_656-1-info

dsc_6406_630-1-info

En la actualidad, muchos ariguanenses están de acuerdo en señalar que la administración de Castilla Baena se caracterizó por el caos, el desgobierno y el detrimento del patrimonio público, así lo calificaron algunos lideres comunitarios; además, de distintos ciudadanos y ciudadanas consultados por [ar] actualidad regional.

Y eso fue lo exactamente lo que encontraron los funcionarios de la Unidad de Servicios Públicos de Ariguaní, USPA, en el Relleno Sanitario Regional, convertido en un botadero a cielo abierto, de la mano de quienes se suponían debían administrarlo.

Hoy, para nadie es un secreto que en el periodo de Castilla Baena, los servicios públicos sufrieron el abandono y un atraso significativo. Hecho, que sumió al municipio en un profundo letargo frente al desarrollo, como lo demuestran claramente los hechos.

El Botadero

El Relleno Sanitario Regional se encontró totalmente abandonado en el 2016 y en condiciones desastrosas, como también ocurrió con gran parte de la infraestructura y el patrimonio municipal. Este significativo hecho, explica exactamente lo que ocurrió en Ariguaní durante la administración de Carlos Eduardo Castilla Baena.

dsc_6435_659-1-info

dsc_6481-2

dsc_6440_664-1-info

El “basurero municipal” no contaba con ningún manejo técnico y estaba convertido en un peligroso foco de vectores endémicos, es decir, de enfermedades infectocontagiosas, que atentaba contra la salud pública del municipio, especialmente de los barrios aledaños a su área de influencia, como son 20 de mayo, Simón Bolívar, Emmanuel, Sinaí, San Jorge y La Florida, así como el Hospital Alejandro Maestre. Esta era la realidad del Relleno Sanitario Regional, transformado por la desidia de la Administración Municipal de Castilla Baena, en un botadero a cielo abierto.

Tan grave era la situación, que existe una una denuncia interpuesta ante la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el 16 de octubre del 2015, bajo el radicado No. 7844 y que dio lugar a una intervención inmediata por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpamag. De ahí que, esta entidad realizó una visita técnica el 5 de noviembre del año anterior; además, solicitaron un informe a la Alcaldía de Castilla Baena, sobre el estado de lo que ellos calificaron como un “botadero a cielo abierto”.

Sin embargo, este informe nunca fue elaborado ni remitido a la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpamag, es más ni en la Alcaldía ni la USPA se encontró un documento que diga exactamente cuantas toneladas por mes de residuos sólidos producía la cabecera municipal de Ariguaní, ni respuesta alguna a los requerimientos de la Autoridad Ambiental.

Ante esta situación la Oficina Jurídica de la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpamag, proyectó en los primeros meses del año, el levantamiento de la Licencia Ambiental de funcionamiento del Relleno Sanitario, expedida mediante la Resolución 2737 del 21 de noviembre de 2008. De haberse presentado este hecho Ariguaní habría vivido una emergencia ambiental sin precedentes y de proporciones catastróficas para el bienestar de sus comunidades.

A pesar de todo esto, extrañamente, solo hasta este año la Procuraduría tomó cartas en el asunto. En efecto, mediante comunicación dirigida a la Alcaldía, la Dra. Marlene De Jesús Cortés Díaz, Procuradora Ambiental y Agraria del Magdalena, el pasado 7 de julio, con  Radicado No. 36000-PJIIAAM-459, solicitó un informe del estado actual del Relleno Sanitario Regional, motivada por la denuncia interpuesta ante Corpamag.

Mientras esto sucedía en Ariguaní en el 2015, el desgobierno de Carlos Eduardo Castilla Baena, era total, a tal punto que crecía la delincuencia, el microtráfico, la extorsión y los narcoparamilitares se tomaban los alrededores El Difícil, como lo reconocen algunos líderes sociales, aunque para la la Subteniente Julie Stephany Serrano Murcia, Comandante de la Estación de Policía de Ariguaní, sus estadísticas decían otra cosa.

Para acabar de completar este oscuro panorama, durante el proceso de empalme la Administración Municipal saliente de Castilla Baena, no entregó la información pormenorizada, como lo exigen las Leyes 951 del 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012, ni tampoco cumplió los aspectos generales del empalme entre los mandatarios entrante y saliente.

Además, desconoció en cierta medida, la Circular Conjunta No. 018 de septiembre 15 del 2015, emanada por Contraloría y Procuraduría General de la Nación; así como la Circular Externa No. 005 del 19 de octubre de 2015, de la Contaduría General de la Nación.

Sin embargo, Carlos Eduardo Castilla Baena, apeló a la muy clásica leguleyada de oficio y al mejor estilo de las acostumbradas estrategias uribista, dilatar y acomodar, en su intento por desconocer las implicaciones de lo solicitado por los entes de control. Así lo expresó en su carta del el 12 de diciembre del 2015 el ex alcalde: “… la Ley 951 de 2005, desafortunadamente no ha recibido reglamentación por parte del Gobierno Nacional y todas esas formalidades que nos trasmiten tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría General de la Nación en el ámbito de sus competencias a través de la Circular Conjunta No. 018 del 03 de septiembre de 2015, debe entenderse como meras sugerencia… (sic)”.

Por otro lado, según el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 50 de la Ley 1757 de 2015, donde se precisa que el «empalme de Gobierno es un proceso que contribuye a la rendición de cuentas de la rama ejecutiva, la cual es una obligación de todos los servidores de la administración pública»; no obstante, la Administración saliente, del exalcalde Carlos Eduardo Castilla Baena, dejó varios vacíos con respecto a la información sobre su gestión y alcances, frente a los servicios públicos, que presta el ente territorial, a través de la Unidad de Servicios Públicos de Ariguaní, como lo dejan entrever los escasos documentos que dejaron en la sede administrativa de la USPA.

Es decir, la actual administración de la Unidad de Servicios Públicos, USPA, a cargo de Aldo  De León Vergara, se ha dado a la tarea de recoger y reconstruir la información necesaria y pertinente para adelantar su gestión técnica y operativa.

dsc_6964-info

La Otra Cara

Actualmente, la Unidad de Servicios Públicos de Ariguaní ha emprendido un proceso de adecuación, rehabilitación y manejo técnico del Relleno Sanitario Regional, que minimice y controle de los impactos ambientales.

En la actualidad, ya se adelantó la primera fase, que correspondió al mantenimiento de sus vía de acceso, remoción de masa, limpieza de su cerramiento, control de vectores endémicos y mejoramiento de la celda de disposición final de residuos con chimeneas para el fuga de gases.

De igual manera, se realizan gestiones para la consecución de recursos destinados a la adecuación del área administrativa y finalizar con las obras de infraestructura que optimice el tratamiento de disposición final de los residuos sólidos urbanos.

Además, se tiene proyectado realizar acciones sociales que incorporen la labor de selección, recuperación y comercialización de materiales reciclados por parte de un grupo de recicladores ariguanenses, con el fin de propiciar un proceso de organización de una unidad productiva que dignifique a los recuperadores.

Por otro lado, es importante señalar que en el tema de la cultura ciudadana todavía hay mucho por hacer. En este sentido, es preciso señalar a los dueños de los grandes graneros o distribuidoras de alimentos, no tienen la más mínima conciencia ambiental; así lo demuestran el uso del Relleno Sanitario que hacen estos comerciantes, olvidando que es un bien público.

Es decir, a estos señores adoptaron las costumbre de la administración de Castilla Baena, donde cualquiera por fuera de las normas técnicas y ambientales arrojaba sus residuos y desechos como quería en el Relleno Sanitario. De tal forma, que disponen a su antojo de una infraestructura que es patrimonio de todos los ariguanenses. Igual, sucede hoy con los productores de lácteos.

Finalmente, “a pesar de la situación en la que encontramos al Relleno Sanitario Regional, nos hemos dado a la tarea de rehabilitarlo, dándole el manejo técnico que requiere, en cumplimiento de las labores de disposición final en la prestación del servicios de recolección domiciliaria del aseo urbano en la cabecera municipal y el Corregimiento de Pueblo Nuevo, que es parte del objetivo misional de la Unidad de Servicios Públicos de Ariguaní”, precisó Aldo De León Vergara, Jefe de la USPA.

Fotografías: [ar] actualidad regional, 2016.

Administración Municipal de San Ángel Declarará Urgencia Manifiesta Por Sequía

Por. Victor Garavito

En las próximas horas se declarará la Urgencia Manifiesta en Sabanas de San Ángel, con el propósito de atender a sus comunidades rurales que se encuentran en riesgo, a raíz de la intensa sequía producida por el fenómeno del niño, así lo dio a conocer la Administración Municipal, que lidera la Alcaldesa Shirley Patricia Pimienta Jiménez.

Así mismo, sus autoridades han señalado que los incendios que se presentaron en el día de ayer y hoy, son provocados por las manos inescrupulosas de algunos cazadores que le prenden fuego a las zona donde se presume pueden encontrar algunas especies silvestres como morrocoyes y ñeques.

Por su parte, la Secretaria General y de Gobierno, Karen Fernanda Riveros Viloria, anunció que se declarará la urgencia manifiesta debido a la fuerte sequía por la que atraviesa el Municipio. Con esta medida, se pretende llevar ayuda humanitaria a las comunidades de los ocho (8) Corregimiento y las 52 Veredas del ente territorial. Además, “se aplicarán todas las acciones policivas contra quienes provoquen los incendios en el municipio”, confirmó la funcionaria.

“El decreto de urgencia manifiesta busca dotar de agua, a través de unos carrotanques a los asentamientos más distantes de la cabecera municipal y atender rápidamente los temas de seguridad alimentaria, dado que en estos momentos cientos de familias del sector rural se encuentran padeciendo física hambre, debido a los estragos que ha causado el fenómeno del niño a los cultivos de pan coger. Igualmente, construir pozos profundos y jagüeyes en el sector rural, con estas acciones se pretende mitigar la escases producida por el intenso verano”, así lo puntualizó la Secretaria de Planeación y Obras públicas, Marta Elena Meza Orozco.