En Santa Marta, No Más Metroagua

Hoy van 103.303 firmas en solo cuatro días que Santa Marta se ha movilizado para recoger 150.000, con el propósito de respaldar la acción popular que su exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar interpuso contra la multinacional Metragua S.A ESP, quien opera el acueducto desde 1989, mediante un irregular contrato de arrendamiento. Esta demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el 2016 y busca impedir que la ciudad pague una desorbitante indemnización a la que aspira la empresa española filial de Inassa, quien solicitó en las últimas horas medidas cautelares, con el fin que se le prohíba a la Alcaldía recuperar las redes que son de todos los samarios.

Por Victor Garavito.

Para muchos samarios la empresa española Metroagua S.A. pretende chantajear a la ciudad, con el polémico contrato de arrendamiento, que por 28 años dejó a Santa Marta sedienta, con unos de los peores servicios de acueductos del país y un agua no apta para el consumo humano.

Frente a esta realidad, antes de terminar su mandato como alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, a finales del 2015, elevó una acción popular para dejar sin efectos jurídicos el contrato de arrendamiento suscrito entre la Alcaldía Distrital de Santa Marta durante el mandato del exalcalde Alfonso Campos Vives y Metroagua S.A, por considerarlos “violatorio de la moralidad administrativa y del patrimonio público”.

Todo empezó mal

Estos hechos iniciaron con la expedición del Decreto 207 del 14 de julio de 1989 (Ver Decreto), por medio del cual se ordenó la constitución de la empresa de economía mixta Metroagua S.A., expedido por el entonces alcalde Alfonso Campos Vives(ver Video).

La entidad nace bajo escritura pública No. 1895, el 14 de noviembre de 1989 (Ver Escritura), suscrita en la Notaria Primera de Santa Marta, por lo que el entonces mandatario Campos Vives firmó este documento, sin contar con las facultades para suscribir el acto jurídico.

Por otro lado, existen varias presuntas irregularidades como lo indican los expertos en contratación administrativa; la primera de ella es que se realizó un contrato de arrendamiento y no se concesionó el servicio mediante licitación pública. Así mismo, se violó el Decreto Ley 222 de 1983, que estipulaba que la duración del arrendamiento de cualquier tipo de bien de las entidades públicas no podían superar los cinco años.

De esta forma, se cumplen 28 años de un arrendamiento que inició viciado por la ilegalidad y fue extendido por las anteriores Administraciones mediante la figura del “otro sí”, firmado en 1996, 1997, 2000 y 2002, que solo buscaban beneficiar a Metroagua S.A. No contentos con esta situación, cada nueva Administración que llegaba a Santa Marta le mejoraba las condiciones a la empresa española, en contra de los intereses colectivos de sus ciudadanos y el patrimonio publico de los samarios.

Fue así como, en 1997, el alcalde encargado Luis Cuello estableció que Metroagua no le debía pagar al Distrito el 33% de los recaudos sino apenas el 2% y prorrogó el contrato hasta abril de 2017.

Por su parte, del exalcalde Jaime Solano, se dice que solo cruzó la calle del Palacio Distrital para sentarse en la gerencia de Metroagua; no sin antes derogar la labores de interventoría a cargo de la Administración Distrital, por lo que esta entidad quedó sin la supervisión de la ciudad. Cabe señalar que Solano fue suspendido tan solo dos (2) días antes de terminar su periodo por el entonces presidente Andrés Pastrana, tras las inocultables irregularidades presentadas durante su gestión, según lo determinó la Procuraduría General de la Nación.

Aunque ahí no pararon los exabrupto jurídicos, porque durante el mandato del exalcalde Hugo Gnecco Arregocés, quien pertenece al clan Gnecco Cerchar y fuera condenado por irregularidades en la contratación pública, se volvió a modificar el contrato con la clara intención de beneficiar nuevamente a Inassa en el 2002 y perjudicar a Santa Marta. En esta ocasión Gnecco Arregocés determinó que las mejoras de Metroagua debían ser reconocidas por el Distrito y suprimió la caducidad del arrendamiento.

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Exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, con la comunidad samaria abordando la realidad del acueducto de la ciudad

Los recursos del Estado

De otro lado, Metroagua se ha favorecido de los recursos del Estado vía Regalías con 11.445 mil millones de pesos; además, el Plan Departamental de Aguas le giró $14.460 mil millones; otro tanto hizo con el Ministerio de Ambiente con $12.886 mil millones y recibió 15.3 millones de dólares de la Agencia Española de Cooperación, entre otros recursos recibidos por proyectos que financió el Departamento Administrativo Distrital de Medio Ambiente, Dadma y Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag. A pesar de todo esto, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, acaba de confirmar lo que todos saben en Santa Marta, que en el 20 por ciento de la ciuada no existe el acueducto.

Sin embargo, un estudio entregado a la Superintendencia de Servicios Públicos, estima que del 2003 al 2016, Metroagua S.A. cobró alrededor de $221.000 mil millones por concepto del llamado costo medio de inversión, valor que se les trasladó a los samarios en la factura de un servicio que nunca cumplió con los estándares mínimos exigidos por la Ley 142 de 1994, sin que se produjera ningún pronunciamiento de fondo por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Quiénes son los accionista de Metroagua?

En la actualidad, el 35% de Metroagua S.A ESP pertenece a Inassa, filial de la española Canal de Isabel II, quien estuvo envuelta en un escándalo de corrupción denunciado en la Asamblea de Madrid en España en el 2015; por otro parte, el 33% es del Zar de las Basura, el antioqueño William Vélez Sierra, un reconocido uribista, quien fue mencionado por paramilitares en los hallazgos que se le hicieron al computador de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; caso investigado por la Fiscalía General de la Nación en el 2009 y reactivado en el 2012, pero del que nunca se supo nada más y presuntamente quedará en la impunidad; así mismo, el 28% corresponden al Distrito de Santa Marta.

La respuesta de la Alcaldía

Por su parte, el actual alcalde Rafael Martínez, el pasado 11 de enero, mediante la Resolución No. 009, modificó de forma unilateral la cláusula cuarta (4) del contrato de arrendamiento de Metroagua que caducará el próximo 17 de abril; mientras que la empresa espera que la ciudad le entregue 60.000 mil millones de pesos por sus no muy clara inversiones. Mientras tanto la única propuesta del Estado es privatizar, a través de una Alianza Público-Privada, APP, como lo manifestó en su visita a Santa Marta el Director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz, el pasado 20 de enero, donde quedó claro que la ciudad necesita de una inversión de 2.8 billones para mejorar su sistema de acueducto y alcantarillado.

Por todas estas razones, los samarios no cuentan con un servicio de alcantarillado eficiente ni digno que les garantice un agua apta para su consumo, como lo denuncia el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar y como acaba de ratificar el Secretario de Salud (E) Dr. Carlos Payares en una carta enviada al Alcalde Rafael Alejandro Martínez;  para completar muchas localidades carecen del servicio, lo que se constituye en un obstáculo para el desarrollo y el bienestar social de las comunidades, que hoy recogen firmas para liberar por segunda vez a Santa Marta del yugo español de Metroagua y del antioqueño William Vélez Sierra.

Fotografía: [ar] actualidad regional, febrero de 2017.

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La Transformación de Santa Marta y el Aporte de la Cultura al Desarrollo

[Entrevista] Diana Viveros: “Un Proceso en Construcción”
Por. Víctor Garavito

En un país donde la corrupción, es parte fundante de su sociedad, como lo han demostrado en los últimos días el caso de Odebrecht S.A. y Reficar; es más, en un Departamento como el Magdalena, en el que uno de los más altos funcionarios de la Gobernación de Rosa Cotes y exsecretario de educación, Antonio José Matera Ramos, esta prófugo de la justicia debido a irregularidades en contratos por $18.531 millones, hablar de cultura como eje estructurante del desarrollo, suena extraño.

Sin embargo, en Santa Marta, en los últimos 6 años, se inició un proceso de transformación que comenzó desde la Administración, del entonces Alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar.

Este fue el punto de partida de los profundos cambios que ha vivido el Distrito de Santa Marta, con una inversión destinada al desarrollo social, lo que se constituyó en una verdadera cruzada para devolverle a los samarios una ciudad inmersa en los más sofisticados entramados de corrupción, al que la habían llevado su cuestionada clase política.

Por eso hoy, con el actual alcalde Rafael Alejandro Martínez, los samarios se sienten orgullosos de su ciudad y de todo lo que han alcanzado en estos últimos seis (6) años. De esta forma, demostraron que sí era posible el desarrollo y el bienestar social, cuando sus ciudadanos se lo proponen y luchan por los que les pertenece y se lo arrebatan de las manos a quienes nunca hicieron nada por la “Perla del Caribe”, nuestra Santa Marta.

Y en todo este ciclo la cultura ha jugado un papel muy importante en la construcción de ciudadanía, ha tal punto que logró consolidar un sector que se encontraba al margen del desarrollo; además, de promover la identidad cultural de los samarios, la salvaguarda de su patrimonio material e inmaterial; así como el impulso al fomento y la construcción de públicos, la investigación etnocultural, la producción artística y su circulación.

Hoy la Dirección de Cultura Recreación y Deporte del Distrito de Santa Marta, tiene cinco (5) programas estratégicos y unas metas tangible para el 2017. Por eso, dialogamos con su Directora, la Antropóloga Diana Viveros Paz, para conocer sobre las prospectivas del sector.

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[ar] actualidad regional: ¿Qué papel juega la formación artística en el Distrito de Santa Marta?

Diana Viveros P.: Este es uno de los programas estratégicos del Distrito, como lo son las Escuelas de Formación Artística y Cultural, EFAC, con las que aspiramos a formar a 3.200 niños en el 2017, en todas las disciplinas y expresiones culturales.

Además, no proponemos que mediante Acuerdo Distrital se establezca este programa de las Escuelas como una política, es decir, que pasen de ser un proyecto a un programa permanente, donde niños, niñas y jóvenes samarios, puedan desarrollar todo su potencial creativo y su talento. Este es uno de nuestros principales objetivos para este año.

[ar] ¿Cómo Santa Marta se posiciona en el ámbito nacional como una ciudad con oferta cultural permanente?

DVP.: La segunda meta queremos posicionar a Santa Marta como una ciudad de Festivales. En la actualidad hay seis (6) certámenes y queremos que estos se mantengan en este año y que los colombianos, la región y el turismo internacional, estén enterados que en la ciudad hay una oferta cultural en la que puede disfrutar y participar.

Por otro lado, entendemos que con los Festivales dinamizamos la cultura, además, contribuye con la formación, el intercambio de saberes y el emprendimiento local de nuestros creadores.

[ar] ¿Qué mecanismos para el fomento de la actividad creativa y el fortalecimiento del sector tiene previsto la Dirección de Cultura?

DVP.:  Actualmente, contamos con un Fondo de Apoyo y Estimulo a las Artes y la Cultura, que se lanzó en el 2016, ya hizo su primera convocatoria y cuenta con un significativo número de proyectos que radicaron los artistas locales y demás entidades culturales de la ciudad. Este Fondo, estamos gestionando con la empresa privada su fortalecimiento.

Así mismo, buscamos que la ciudadanía se organice y el sector se formalice para acceder a los diferentes recursos del Fondo.

[ar] ¿Con respecto a los procesos de construcción de ciudadanía o cultura ciudadana, qué proyecto tiene el Distrito?

 DVP.:  Otro de nuestros proyectos estratégicos es “Entró Al Juego”, es un proyecto de cultura ciudadana, que desde el lenguaje deportivo pretende llegar a los turistas y samarios con el propósito de ir sensibilizando a la comunidad en temas de convivencia y civismo, donde nuestras relaciones sociales y la cotidianidad, estén mediadas por el respeto, así como, la solidaridad entre quienes habitamos o visiten por Santa Marta.

[ar] ¿Dentro del fomento a la creación artística, que planes ha diseñado la Dirección?

DVP.:  Tenemos la programación permanente de la Agenda Cultural. En importante señalar, que Santa Marta, cuenta por primera vez con su web especializada en temas culturales, como lo es santamartacultural.co, donde se encontrará toda la oferta cultural del Distrito.

Igualmente, ya tenemos listo el Plan Decenal de Cultura del Distrito, que este año estaremos entregando. De igual forma, en el portal cultural tendrá toda la información sobre el patrimonio cultural, las diferentes convocatorias locales y nacionales, como también todo lo referente a la Dirección de Cultura de la ciudad.

Por otra parte, continuamos con la programación de la Manzana Cultural, que va a continuar funcionando en el Centro Histórico, con la puesta en escena de nuestro talento local, en sus diferentes expresiones artísticas. Con este evento itineramos por los diferentes parques y llevamos un merado de emprendimiento cultural, donde nuestros creadores tienen la oportunidad de ofrecer su producción artística, que lo denominamos “Baúl Arte”.

[ar] ¿Es la cultura una estrategia de cohesión social y algo más que simple entretenimiento en Santa Marta?

DVP.:  Sí. Con programas, como los de Manzana Cultural, también propiciamos la resignificación del espacio público y se convierte en una oportunidad para que la comunidad no solo sea espectadora sino que participe y encuentre en el ocio creativo una oportunidad de expresión; en este punto buscamos que nuestras familias y los turistas tengan la posibilidad de encontrar en la oferta cultural otra alternativa distinta de entretenimiento, que sea distinto a solo ir al Centro Comercial.

De otro lado, con el programa de “Cultura Al Aire Libre” que se escenifica en los parques de La Equidad y La Alegría, donde los diferentes procesos de formación de las Escuelas de Formación Artísticas del Distrito, tienen un espacio, así como las comunidad samaria construir identidad y disfrutar de la producción local de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Finalmente, Santa Marta vive su propia transformación como ciudad y sociedad, donde la cultura es parte fundamental de su desarrollo. De esta forma, no solo promueve una alternativa viable, sino que están propiciando la reflexión de cómo es posible generar verdaderos cambios sociales que promuevan la construcción de la paz, sin corrupción, ni las complicidades entre criminalidad y la clase política, que se tomaron hoy nuevamente se tomaron al país.

Fotografía: [ar] actualidad regional, 2017©.

Y qué pasó en el Congreso en el 2016

Saldo Negativo en materia social
Por. Víctor Garavito

El balance social que arrojan las decisiones legislativas tomadas por el Congreso de la República en el 2016, es negativo para la amplia mayoría de los colombianos y los sectores populares del país.

En materia legislativa el 2016 el saldo es negativo para las aspiraciones de las clases medias y bajas en Colombia, quienes enfrentarán un incierto 2017 en materia económica, con un salario básico que cada día pierde poder adquisitivo, con un aumento del 7%, $741.717 más auxilio de transporte $83.140 para un total $820.857, fijado por el Gobierno Nacional; al mismo tiempo, aumenta la concentración de la riqueza en el 9% de la población y persiste la entrega del país a los intereses de la multinacionales extranjeras.

Sin embargo, en medio de esta nada halagador panorama, la clase política que ocupa el Congreso de la República, se dedicó en el 2016 a favorecer la plutocracia criolla y las multinacionales minero energéticas, con reformas y leyes que garantizan el despojo de las riquezas de los colombianos y hacen inviable el desarrollo del país.

Por otro lado, si se trata del control político ejercido, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, es absolutamente pobre, dado que no arrojó resultados concretos dentro del ejecutivo ni de las entidades encargadas de realizar las investigaciones frente a las diferentes denuncias por corrupción o el fracaso de este modelo económico que no contribuye al desarrollo ni al bienestar, ni siquiera a punta del asistencialismo de sus políticas sociales sino que perpetua la pobreza; aunque el legislativo sea ha dedicado a promover la destrucción de los ecosistemas estratégicos y las violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios del Estado.

De esta manera, el Congreso de Colombia demostró una vez más, que sigue siendo la trinchera donde la clase política, junto con la plutocracia y las transnacionales deshacen este precario remedo de democracia y negocian el país, que se supone nos pertenece a todos. Mientras el Centro Democrático da un precario espectáculo en su defensa al gobierno del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y los intereses del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, que patrocinaron sus mentiras en la campaña del No al plebiscito por la paz, pero votaron afirmativamente la Reforma Tributaria.

Así lo refleja el hundimiento de la Proyecto de Acto Legislativo que intentaba consagrar al agua como un derecho fundamental, que fuera impulsado por las organizaciones ambientales del país y presentado por el Senador Jorge Eliécer Prieto Riveros; pero también, la iniciativa legislativa del Senador Jesús Alberto Castilla que buscaba reconocer al campesinado como sujeto político y promover políticas para proteger la cultura, la economía campesina, así como el reconocimiento al derecho a la tierra individual, colectivamente para las familias y comunidades campesinas, con el fin de acceder a la titulación y el territorio.

En cambio, el 16 de junio fueron aprobados los 244 artículos del Código de Policía que claramente viola los más elementales derechos humanos, criminaliza la protesta social y convierte a todos los ciudadanos en un blanco potencial de una sociedad inmersa en la sospecha, de una fuerza que se niega a mejorar sus relaciones con las comunidades y salirse del esquema de la guerra de baja intensidad, aplicada desde 1970, fecha en que se expidió la anterior norma que duro vigente por los últimos 46 años.

Pero también, esta legislatura consolidó las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, Zidres, con la expedición de la Ley 1776 del 29 de enero del presente año, por las que el lobby de las multinacionales se cortan las venas, dado el jugoso negocio que representa para el capital especulativo financiero y la legalización de la entrega de las mejores tierras del país al capital extranjero. Así se legitimó el despojo de tierras a los campesinos colombianos, en un país que un día era nuestro.

Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la joya de la corona: la Reforma Tributaria, aprobada a pupitrazo limpio y bajo la presión del lobby empresarial colombiano y de las multinacionales extranjeras.

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El regalo de navidad del Congreso de la República castigará a los colombianos por ser pobres con un IVA del 19%, es decir $7.5 billones al que nos condenaron los Senadores y Representantes; al tiempo que los más ricos solo le aportaran al fisco nacional el 0,4% billones en sus impuestos el 2017; mientras esto pasa el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón subasta al país en los mercados internacionales.

Esta Reforma Tributaria espera recaudar $12 billones para tapar el hueco fiscal que nos ha dejado la corrupción del Estado colombiano y los negocios de los altos funcionarios del Gobierno, a su vez premia y promueve la evasión, dado que solo se sancionará a los evasores a partir de $5.000 millones. Sin embargo, el 60% de los productos de la canasta familiar fueron gravados con el IVA del 19%.

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De tal manera, que los que ganaron fueron los Congresistas, quienes están cobrando el 12% a los Alcaldes por los “cupos” de los contratos que les da el Gobierno Nacional por votar sus proyectos, que es como funciona la mermelada que se esparce desde la Presidencia de la República y con la que se van aceitar las campañas políticas que elegirá, como siempre a los mismos el próximo año.

Finalmente, Colombia termina con un saldo negativo en materia social y como el tercer país más desigual en el mundo, en medio de una realidad de una nación carcomida por el hambre, la impunidad, la corrupción y ambiciones de las multinacionales extranjeras que nos saquean y solo dejan destrucción a su paso por el territorio nacional. Por eso, este no será un feliz año para todos.

Utilidad Pública, Un Mecanismos para el Despojo del Territorio

La Tierra Que Era Nuestra
Por. Victor Garavito

Para nadie es un secreto que un megaproyecto minero energético, siempre viene acompañado de desplazamientos forzados, masacres y las afectaciones ambientales sobre los ecosistemas estratégicos de las comunidades.

Prueba de ello son las insistentes denuncias de esa relación entre megaproyectos y las afectaciones sobre el territorio; a pesar de ello, el Estado parece no darse por enterado y las investigaciones por estos hechos nunca arrojan resultados. De esta forma, bajo la más completa impunidad operan las multinacionales y se construye “el desarrollo del país”, como lo defiende los altos funcionarios del Gobierno Nacional.

Ejemplo de ello son las denuncias por las 50 masacres perpetradas durante el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, sobre el río Cauca; estos mismo hechos se presentaron durante el periodo que se construyó Hidrosogamoso, donde activistas señalan que fueron 21 episodios de exterminio sistemático contra las comunidades que poblaban este sector del departamento de Santander.

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Representante a la Cámara Ángela María Robledo del Partido Verde

¿Utilidad Pública?

Para los funcionarios del Estado, como de las multinacionales, la utilidad pública es simplemente el diseño de un polígono, es decir, trazan una línea, que delimita y engloba un territorio, para imponer su inmediato desalojo.

Se trata, como dice la ley de sanear y garantizar la ejecución por vía administrativa de cualquier proyecto que sea congruente con el modelo económico extractivista de la locomotora minero energética, promovido desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, aprobado por el Congreso de la República, mediante la Ley 1753 del 9 de junio de 2015.

Luego, bajo la sentencia C-394/12 del 30 de mayo del 2012 de la Corte Constitucional, se declararon exequible los artículos 83, 122 y 246 de la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expidió el Plan Desarrollo 2010-2014”, en lo que corresponde al uso del concepto de utilidad pública y de interés social.

Entonces, la única noción de la declaratoria de “utilidad pública” que entiende el Estado, amparada por la normatividad legal vigente, como la Ley 1742 de diciembre 26 de 2014 y la 1682 del 22 de noviembre de 2013, opera como mecanismo de despojo del territorio y la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades del país.

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Representante a la Cámara por Antioquía Víctor Correa

El modelo económico

El antecedentes más cercano del concepto de utilidad pública, lo encontramos en el derecho español, donde opera como un consenso social frente a la importancia de algunas obras que según la comunidad, su ejecución podría contribuir con el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

En cuanto a nuestro continente, durante el Siglo XX los países latinoamericanos enfrentaban diversas perspectivas de desarrollo; sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL logró impulsar la tesis que era necesario acelerar el crecimiento industrial para generar riquezas y de esta forma recortar las distancias entre los países industrializados y el llamado tercer mundo, como lo es el nuestro.

En Colombia, el exponente de este modelo fue el expresidente Carlos Lleras Retrepo, que con sus Leyes, como la 60 de 1967 de diciembre 26 y la Ley 20 de 1969, del 22 de diciembre, le confirieron a la minería un papel preponderante dentro del sector económico.

Conforme con la medidas tomadas por Lleras, el sector minero energético es declarado de utilidad pública, porque sería el encargado de generar los insumos para el desarrollo del país y la industria nacional. La idea de ese momento era crecer hacia dentro, sustituir importaciones y solo exportar excedentes, entre otras decisiones.

Luego, se expide el Decreto 2655 de 1988, que se  configura como el primer Código Minero del país, donde se reitera la utilidad pública que el Estado le asigna a este sector; en esta misma línea el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, traza medidas para fortalecer la industria nacional y promueve la exportación solo de excedentes, porque la idea de crecer consistía en la transformación de los insumos por la industria colombiana para generar empleo y riqueza para el país.

Sin embargo, de eso  no quedó nada y pasamos a un modelo netamente extractivista, que ha desmantelado la industria nacional y exporta todo lo que produce el país; además, un sector minero energético que se encuentra en manos de multinacionales extranjeras, que no le tributan al país, como lo demuestran sus declaración de impuestos. Así se denunció durante la Audiencia Pública del pasado 18 de noviembre.

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Líderes Sociales de la Comunidades Afectadas por la Implementación de la Utilidad Pública

Para rematar, la Ley 685 de agosto 15 de 2001, por la cual se expidió el Código de Minas, legaliza la entrega el país al capital extranjero. Esta medida ratifica, como lo señala la Constitución de 1991, que el Estado es el propietario de los recursos naturales de los colombianos y este es derecho es inalienable e imprescriptible.

Si bien la Ley 685, en su artículo 13, nuevamente declara de utilidad pública el sector minero energético, el art. 15 precisa que nuestras riquezas pueden ser exploradas y explotadas por terceros a cambio de unas regalías que le dejan cuantiosas ganancias a las multinacionales y probadas perdidas al país, como lo demuestra el contrato realizado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la ConocoPhillips, en el caso de San Martín, Cesar. Y, por otro lado, están los irreversible daños ambientales.

Además, en el art. 60 del Código Minero, establece la autonomía empresarial; en términos reales significa que el concesionario (Léase multinacional) que extrae el recursos es su propietario y puede hacer lo que quiera con ellos. Esto conlleva a que el 92% del carbón que se produce en el Cerrejón se exporte; es decir, a las cinco(5) multinacionales que manejan este mineral no les importa lo que suceda con la demanda del mercado interno.

Así mismo, los cambios que ha presentado la política minero energética en el país son evidente. En primer lugar, el Estado consideró su desarrollo y sí se justificada que este sector fuera de utilidad pública e interés social; sin embargo, hoy esta figura sirve para que el Gobierno Nacional entregue nuestros recursos, que son de todos los colombianos, a un particular, preferiblemente extranjero y con ello viene la expropiación de los territorios a la comunidades.

Frente a estas realidades es urgente reformular el Código Minero, teniendo en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional, como la C123/14 y la C035/16; además, de la inexequibilidad del art. 37 de la Ley 685, bajo la C273/16, que prohibía a las entidades territoriales locales y regionales, tomar decisiones sobre su territorios con respecto a las actividades mineras.

¿Qué dijo el Viceministro del Interior?

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Viceministro del Interior, Dr. Guillermo Rivera Flórez

Durante la Audiencia Pública citada por la Cámara de Representantes, por iniciativa de los parlamentarios Víctor Correa, Ángela María Robledo y los senadores Alberto Castilla e Iván Cepeda, realizada el pasado 18 de noviembre del presente año, el Viceministro del Interior, Dr. Guillermo Rivera Flórez, develó que la posición del Gobierno Nacional es  deslegitimar la oposición bajo el argumento de la “polarización”.

Para el Estado colombiano, las otras opiniones y visiones, como la de los afectados por la implementación del concepto de utilidad pública, polariza, es decir, atrasa y esta contra el desarrollo del país y se opone a la paz. En este orden de ideas, es poco lo que queda para el diálogo, si el Gobierno Nacional mantiene su actual postura, entonces: ¿Cuál es la estrategia del diálogo del Estado? Consiste en trazar la llamadas “líneas rojas”, como lo ha llamado el Presidente Juan Manuel Santos Calderón.

Rivera en su breve intervención precisó que: “Sobre el concepto de utilidad quisiera hacer alguna precisiones en materia minero energética y de explotación de recursos naturales: a mi me parece que lo que nos podría hacer mucho daño como nación, es no encontrar fórmulas de entendimiento que nos permita superar esta polarización y estas divisiones extremas, en el sentido de que toda la política minero energética es dañina para el medio ambiente, o contrario a eso, que toda la política minero energética hay que desarrollarla a cualquier costo a cualquier costo, dado ya que es una política estratégica, que genera ingresos fiscales muy importantes, que genera empleo y, quizás, los temas medio ambientales pasarían a un segundo plano”.

Y en lo que respecta al diálogo el Viceministro enfatizó que: “Debo decir que mi actitud frente al diálogo social es la misma que mantenía en el Congreso, como la tengo ahora en el Gobierno; este es un Gobierno que tiene en su ADN el diálogo social. No hay un solo conflicto ni tensión social a la que no hayamos acudido en el término de la distancia, al diálogo; los problemas se enfrentan por la vía del diálogo en el Meta, en el César, en el Cauca, en todas partes, de eso puedo dar fe, que cuando se han agotado las vías del diálogo ha existido la intervención de la fuerza pública…” [sic]

Inmediatamente, después de la intervención del Dr. Guillermo Rivera, las comunidades presentes en la Audiencia Pública manifestaron que el diálogo con el Gobierno Nacional, normalmente terminaba con seguimientos a los líderes sociales y ambientalistas, por parte de los organismos de seguridad y de acciones del ESMAD contra las comunidades.

Nuevos Anuncios

El pasado 6 de diciembre, en medio de la Mesa de Concertación Indígena, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, sorprendió a las diferentes sectores sociales del país al plantear que el Gobierno Nacional buscará regular la Consulta Previa.

De esta forma, el Estado deja claro nuevamente lo que significa la paz real y el aviso del Dr. Cristo, da un campanazo de alerta ante las verdaderas intenciones del Gobierno Nacional; es decir, cuando el ministro le notifica al país esta decisión es porque comienza el desmonte gradual del único mecanismo que hoy tienen las comunidades para defender sus territorios.

Finalmente, lo que se avecina es una pertinaz lucha de las comunidades colombianas, ante la pretensión del Estado y el viejo anhelo de las multinacionales en acabar o deslegitimar la consulta previa, porque se ha convertido en un verdadero escollo frente al desarrollo de los megaproyectos y la explotación minero energética, como es el caso de San Martín, Cesar, en la que sus habitantes libran una feroz batalla, que todos deberíamos acompañar, contra la implementación del Fracking por parte de la multinacional ConocoPhillips.

Entrevistas

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Isabel Cristina Zuleta, Directora del Movimiento Ríos Vivos (Tercera de Izq a Der.)

[ar] actualidad regional: ¿Cuál es el balance que les deja a las comunidades la Audiencia sobre Utilidad Pública en la Cámara de Representantes?

Isabel Cristina Zuleta, Directora del Movimiento Ríos Vivos: Es un primer evento sobre un debate muy profundo para el país, que va al nudo de los problemas socioambientales y sus conflictos, pero también al nudo de los intereses de grandes poderes económicos y políticos. Sabíamos que iba hacer muy difícil y no esperábamos una postura favorable del Gobierno, como la que obtuvimos hoy; postura que desconoce la oposición a la política minero energética y abre pocos canales para discutirla; a pesar de ello, encontramos la decidida y firme resistencia de muchas comunidades del país.

De ahí que en el debate intervinieran todo tipo de comunidades afectadas por el mal uso de la figura de utilidad pública y esa resistencia es la posibilidad para que se habrá el debate, se amplié y llegue a las instancia del Gobierno, con el propósito de producir su reflexión sobre lo que le están haciendo con las comunidades rurales y como se esta dando este despojó con el uso de la figura de utilidad pública.

[ar]: ¿Cómo explicarle a las comunidades que significa la utilidad pública, cómo enfrentarla y qué derechos tiene frente a su implementación?

Isabel Cristina Zuleta: En términos sencillos le permite a los megaproyectos mineros, grandes represas, de transmisión de energía, las Zidres, que son grandes monocultivos con la intencionalidad de quitarle la tierra a las comunidades, esto le posibilita al Gobierno expropiar, porque argumenta que hay otros intereses mayores sobre el territorio.

En este aspecto, casi se podría decir, como se expresa en uno de los proyecto es que hay que retirar todos los estorbos de la vía para la ejecución de esos megaproyectos; entonces la gente es entendida como un estorbo, Entonces, aplican los decretos que permiten el desalojo forzoso de la gente; es decir, no solo le quitan la tierra a las comunidades sino que si estaban en esos territorios pescando, porque los pescadores no tienen tierra, llega el ESMAD y dan la orden mediante un amparo policivo y despojan a la gente, con el fin de darle paso a los megaproyectos.

Por eso, la importancia que las comunidades nos organicemos y luchemos contra esta figura, porque si se utiliza, también entiendan que la pesca, la tierra, las semillas, la cultura, los saberes ancestrales, como el barequeo, también son de utilidad pública; dado que hoy se esta tergiversando esa figura y se usa para otros intereses.

[ar]: ¿Cuáles son las comunidades que en estos momentos están siendo más afectadas por la figura de utilidad pública?

Isabel Cristina Zuleta: Lo que pudimos comprobar hoy en la Audiencia, es que las comunidades más afectadas son las todas aquellas donde hacen presencia los proyectos energéticos; es decir, está figura esta siendo más utilizada para el desarrollo de la producción de la energéticos.

Si bien se ha implementado en las comunidades que se encuentran en territorios mineros, actualmente se ve un interés más exacerbado de su aplicación frente a los proyectos hidroenergéticos, el fracking, el carbón y la construcción de gasoductos. De tal manera, que se puede advertir la implementación de la declaratoria de utilidad pública en territorios atravesados por proyectos energéticos. Por eso, el movimiento Ríos Vivos, llama la atención a las comunidades para que fortalezcamos la organización y nos articulemos, con el propósito de exigirle al Gobierno Nacional que que responda estas simples preguntas. Energía para qué, para quién y a qué costo?

[ar]: ¿Qué sé ha ganado hasta el momento?

Isabel Cristina Zuleta: Hemos ganado esperanza en que es posible debatir, así sea con represión. Hemos ganado esperanza en que nos podemos juntar, en que somos un pueblo digno que a pesar de la violencia, nos podemos levantar y exigir nuestros derechos.

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Senador Alberto Castilla del Polo Democrático

Senador Alberto Castilla

[ar]: ¿Después de la Audiencia qué queda claro de la implementación del concepto de utilidad pública?

Alberto Castilla: Para mi la utilidad pública es un mecanismo para resolver problemas y hoy es mal utilizado. Y cuando me refiero a mal utilizado, es porque frente al modelo de desarrollo económico del país, este concepto se ha convertido en la estrategia para la ejecución de megaproyectos. En este sentido, resulta que al declarar territorios de utilidad pública nunca se tienen en cuenta a quienes habitan esas territorialidades; de esta forma, se presenta un choque entre los planes de desarrollo y los planes de vida de las muchas comunidades en el país.

Mientras las comunidades se relacionan de una forma distinta y armónica con sus ecosistemas estratégicos, los actuales modelos de desarrollo minero energéticos se lo plantean solo para la explotación del recurso. Esto significa que se presenta una ruptura entre la forma como las comunidades abordan el territorio y la que el Estado lo entiende, que es la del simple aprovechamiento económico.

Por estas razones, es fundamental abordar el tema con rigurosidad y contemplando todas las variables, con el propósito que la implementación de la utilidad pública no siga lesionando a las comunidades. En ese orden de ideas y frente a las diferentes denuncias y testimonios presentados por los diversos sectores que intervinieron en la Audiencia, es fundamental que el Congreso entre su implementación.

[ar]: ¿Y después de la Audiencia qué sigue?

Alberto Castilla: El debate que den la comunidades, los escenarios como de la Audiencia Pública en el Congreso, en un momento tan importante del país, como es el de construcción de paz, debe llevar al Gobierno Nacional a escuchar estas voces y debería estar dispuesto a revisar esta norma. En esa vía, hoy lo que hemos evidenciado es que se requiere establecer los lineamientos y los procedimientos precisos qué deben tenerse en cuenta para la declaratoria de utilidad pública, porque esta no puede quedar con criterios amplios sino establecido por el legislativo por qué se debe realizar los procesos de declaratoria de utilidad pública.

Por otro lado, frente a los hechos denunciados por las comunidades durante la Audiencia, nosotros seguiremos insistiendo en la Consulta Previa, como un mecanismos a través del cual se escuche la voz desde los territorios. No puede seguir pasando que se hagan declaratorias sin escuchar a la poblaciones colombianas. Por eso, estamos impulsando una reforma constitucional al artículo 64, que contempla los derechos de los campesinos y como uno de sus derechos políticos quede consignado el de la consulta previa, unidos a otros derechos que hoy no tienes las comunidades agrarias del país.

De tal manera, que es oportuno abrir la discusión porque Colombia no puede quedarse entendiendo la oportunidad de construir paz y escuchar la voz de quienes están en los territorios. Este es un verdadero desafió para el Estado, se trata de invertir como se toman las decisiones, para que únicamente no privilegie a los empresarios sino que también debe garantizar las condiciones de vida de los indígenas, afros, campesinos, sectores populares, esto es lo que verdaderamente nos pone a soñar en un país con una construcción de paz estable y duradera, que se vincule a las comunidades y se invierta esa pirámide de la toma decisiones.

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Fotografías: [ar] actualidad regional, 2016©

La Mirada Desde El Poder

El Censor, La Democracia No Tiene Remedio
Por. Víctor Garavito

Dice el refrán popular: “Los ojos son los espejos del alma”, porque a través de la mirada somos capaces de inspirar confianza, generar rechazo, censurar, perseguir y hasta decretar la muerte del otro.

Mientras hay miradas que enamoran, promueven la confianza y el respeto por la otredad, algunas son capaces de matar y de provocar un hondo desasosiego, como las que encontramos en esos ojos sanguinolentos y violentos, henchidos del más profundo odio.

Y son precisamente esas miradas las que asustan, porque no auguran esperanza ni promesa sino desvelo e intranquilidad frente al despiadado e implacable acecho de la muerte, como efectivamente reflejan esos ojos depredadores del censor que se alimentan de los otros, para calmar sus ansiedades, insuflar los destierros y procrear ausencias.

Lenguaje y Realidad

Hoy, los asesores de imagen de la clase política, plutócratas y tecnócratas que se encuentran en el poder, se esfuerzan en diseñar las miradas y sus sonrisas, para decorar el lenguaje aséptico, presumiblemente mesurado con el que se abordan los temas más álgidos del país; ejemplo de ello fue la Audiencia Crímenes Contra la paz, realizada el pasado miércoles 7 de diciembre, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se abordó el asesinato sistemático de lideres sociales y defensores de derechos humanos de los últimos meses.

Durante, este evento, uno de sus protagonista fue el lenguaje y su ritmo: palabras lentas, aparentemente inteligentes, esterilizadas y neutras, esta es la tendencia de los discursos del poder; la estrategia de las intervenciones de los altos funcionarios del Estado apuntan a despolitizar y desideologizar nuestra realidad, en tiempos de paz y del posconflicto, con el propósito de negarla y descontexturalizarla para imponer el silencio nacional frente a los graves hechos que vivimos de asesinatos sistemáticos de líderes sociales (Informe del Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo) y el accionar narcoparamilitar.

Este mismo lenguaje aséptico, es el que procura mantener las “líneas rojas” del status quo del establishment, de la que siempre habló el Presidente Juan Manuel Santos Calderón; quizás por eso le dieron el desprestigiado Nobel de Paz, como premio a la consigna que mantienen los neoliberales: el modelo económico no se toca [extractivismo], de la que salió triunfadora la plutocracia colombiana y las multinacionales extrajeras, a las que el Gobierno Nacional les entrega el país.

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CODA: La misma estrategia se impone en el arte colombiano que promueve la institucionalidad y el Ministerio de Cultura, donde los artistas solo son los saltimbanquis del poder y los terapeutas de quienes siempre hemos estado desahuciados o muertos.

Fotografía: La Mirada desde El Poder: El Censor, Guillermo Rivera Flórez, Viceministro del Interior. Audiencia Crímenes Contra la paz. Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, miércoles 7 de diciembre. ©[ar] actualidad regional, 2016.

Publicada en: Artistas Zona Oriente

Fashion Day of Peace

Los gestos y la moda hacen tendencia dentro de la clase política colombiana y los altos funcionarios del Estado; mientras algunos no desaprovecharon el momento para disfrutar del encanto de la popularidad como los hacen las fulgurantes estrellas de la farándula criolla, otros decidieron tomar distancia y pasaron raudos frente a la multitud que se agolpó para pedirles un autógrafo o simplemente observarlos, cual si se tratara de la realeza o la rareza, dado que en las regiones tampoco pueden hacerlo y son inaccesible, como lo hacen los tecnócratas del poder.

Deluxe Men and Women in the Political Colombia (El Toque Chic)
Por. Víctor Garavito

Al mejor estilo de las pasarelas de Londres, Paris o New York, el pasado jueves 24 los colombianos presenciamos uno de los días más variopintos de la moda y los modos que hacen tendencia en la clase política colombiana y los altos funcionarios del Estado.

Dentro del “Fashion Day of Peace”, cabe remarcar su absoluta conexión con la temporalidad colombiana; sin embargo, este pre-fall anuncia lo que nos depara el futuro próximo, es decir, más de lo mismo.

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Sí, el mismo del que somos testigos en estos días, ante la mirada impasible del Estado frente a los 126 muertos, las múltiples amenazas y los atentados contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Así arrancan los procesos de paz que se desarrollan en el país.

A pesar de ello, continua el paso firme de las instituciones, para salvaguarda la democracia colombiana, la que ocupa el tercer puesto dentro del Índice Global de Impunidad 2015, con un 75,6 y por debajo de México, uno de los países más corruptos según la investigación de la Universidad de la Américas de Puebla.

Al tiempo que en los rostros de los generales, se percibe esa mirada de pocos amigos, ante la coyuntura del país, sino juzguen ustedes, como en el “Fashion Day of Peace” sólo se vieron los adustos semblantes que hacían juego con el mate de los uniformes, que en cierta medida reflejan la moda republicana, que configura el eclecticismo minimalista de la neoinstitucionalidad y sus modos de acercarse a la realidad.

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Es estos días Bogotá esta teñida por un pertinaz invierno, como ocurre en el resto del país, aunque no tan intenso como en el Choco y otras regiones marginales de la que es mejor no acordarse; este significativo hecho del ciclo atmosférico, le dio un tinte cromático y emocional a una calle pasmosamente gris como el aspecto que se dibujaba en algunos de los semblantes de los más connotados de sus protagonistas, que resulta ser una muestra representativa del país. No obstante, en medio de tanta personalidad llegó el Niño Dios a la capital de Colombia, con su acostumbrado paseo navideño. Eso sí, custodiado por las fuerzas del orden, por si acaso.

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Uno de los primeros al que nos referiremos, por la distancia a la que se sitúa de la realidad, es al Ministro estrella, que de soslayo parece alcanzar a observar solo los negocios que fabrican las EPS con el dolor de los colombianos. Hablamos del Dr. Alejandro Gaviria Uribe, un economista conservador y como lo señala su reconocida humildad, nadie como él para entender los problema sociales del país; por eso mantiene su postura: alejado lo que más se pueda de la vox populi, a pesar de ello logramos captar su look al estilo James Bond.

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Pero, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe no fue el único. La misma glamurosa actitud la asumieron Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior y el Senador y Presidente de Cambio Radical, Rodrigo Lara.

El primero saludo a la multitud para dejar constancia de paso fugaz y quizás porque aún el Gobierno Nacional no responde por los últimos asesinatos de los miembros de la Marcha Patriótica. Adiós Ministro.

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El segundo, Rodrigo Lara, se nota en su encantadora y displicente mirada, su discrepancia con la muchedumbre y era mejor resguardarse ante alguna pregunta incomoda sobre la reciente condena al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar y las amistades peligrosas que mantiene su partido, Cambio Radical, con algunas cuestionadas familias y políticos del Caribe colombiano.

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El más sorprendido en la pasarela del “Fashion Day of Peace”, fue el político Liberal santandereano, Horacio Serpa Uribe, cuando alguien le reclamó, porque según el coterráneo del senador, su paso por la Gobernación de Santander no fue “ni chicha ni limoná”. De tal manera, que para salir del momento perturbador, intentó sus acostumbrados pases hilarantes; aunque no salió bien librado porque nadie entendió si se estaba burlando de la bandera blanca de la paz o de él mismo.

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A Clara Rojas, le fue muy bien. La senadora, con sus acostumbrados sastres, su tímida sonrisa y su inalterable compostura, fue recibida por su fanaticada, pero eso no fue suficiente para acercarse a los de las barras.

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Al mismo tiempo, el senador Antonio Navarro Wolf, hacia sus propios esfuerzos por la paz. Igualmente, hay que anotar, como lo dice el escritor colombiano Rafael Pombo en su Renacuajo Paseador, que toda la clase política estaba muy tiesa y muy maja.

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Por otro lado, pasaron quienes le ponen su toque de originalidad a los eventos, apesar que algunos opinen que están en el lugar equivocado. De todas maneras hay que tener una férrea personalidad para usar atuendos un tanto llamativos como las medias negras de la señora, eclipsadas por el tradicional vestido caucano y la pinta étnica, donde se destaca la infaltable mochila aruhaca.

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Claro que no faltaron los afrocolombianos con su impecable blanco, que imponía el épico momento.

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Por otro lado, estuvieron los que se saludaron al vulgo, para solazarse y disfrutar del cautivador toque de popularidad, atendiendo el clamor ciudadano. Por ejemplo, como el senador de Cambio Radical, Juan Fernando Galán o el infaltable Roy Barrera, que no se pierde ni la corrida de un catre, pero que brilla con luz de la Unidad Nacional.

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Y como siempre, fueron apareciendo uno a uno los senadores y representante de la izquierda colombiana, quienes tampoco perdieron el tiempo ni se hicieron rogar de ese puñado de colombianos que querían tocarlos a ver si eran de carne y hueso.

El simbólico senador Iván Cepeda y para que no quedará la menor duda, en un acto fortuito o del más fino ilusionismo hizo aparecer una paloma frente a los ojos de un público que necesitaba entretención. Ojala nos enseñará el truco.

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Y los demás con su sello particular animaron la espera como el Representante Inti Asprilla, Aida Abella que arribó con su consignas y el pedagógico Representante Víctor Correa, quien se dedicó a explicarle a la gente como iba ser el tramite vía fast track del Acuerdo de Paz, que se acaba de firmar.

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Cabe resaltar las insospechadas combinaciones del Representante Germán Navas Talero, quien esta vez sorprendió no exactamente por su sagacidad jurídica, sino por la combinación de ocres y azules de su atlética figura, que hacían juego con las iluminaciones de su exclusivo peinado.

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Cerrando la pasarela del “Fashion Day of Peace” paso sigilosamente, como si quisiera pasar inadvertido y muy entretenido con su celular, el Director de la Unidad de Víctimas, Alan Edmundo Jara Urzola. Así evitó que le preguntáramos porque la Dirección Territorial del Magdalena persigue a los periodistas que dicen la verdad sobre su entidad.

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Pero, el Ministro del Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, observaba con mucho detenimiento la posibilidad de implementar el Fracking en el centro de Bogotá, como lo pretende hacer en San Martín, a través de las licencias ambientales que sin ningún tipo de miramiento expide a diestra y siniestra para la multinacionales petroleras, sin importar que lesione los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de las comunidades colombianas. Business is business, no ministro…!

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Definitivamente, el que atrajo las miradas desesperadas y contradictorias algunas, fue el exalcalde de Cúcuta y senador del Partido de la Unidad Nacional, Manuel Guillermo Mora Jaramillo, con su moda retro vintage; al mejor estilo de las terlenkas de los 70´s, creó la ruptura y expresó una comprensión de la moda colombiana que se niega a morir en los baúles de los abuelos. La saco del estadio Dr. Mora; nótese como hechizó y provocó la hipnosis colectiva. Afortunadamente, logre capturar el emblemático momento del Pret-à-Porter criollo.

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Para finalizar, es muy significativo que en dentro de la cultura líquida contemporánea, el filosofo francés Gilles Lipovetsky se haya detenido en la moda, porque como dicen los entendidos del tema es una declaración que expresa al que la usa o simula sus propias debilidades en medio de un sociedad de la mirada opulenta. Esperemos que en el próximo evento tengamos mucho más señalar de las tendencias de la moda, los modos y el particular lenguaje de la clase política colombiana.

Fotografía: Artistas Zona, 2016©

Publicado en: Fashion Day of Peace: imágenes de la firma del Acuerdo Final. Agencia de Prensa Colombia Informa, noviembre de 2016.

Marcha Patriótica: “Ni Una Vida Más”

“Exigimos Garantías”
Por. Víctor Garavito

“Sino cesa el exterminio ciudadano” podría haber un llamado al Paro Cívico Nacional, esta fue la respuesta de los diversos sectores políticos que integran la Marcha Patriótica, frente a los últimos cinco asesinatos y dos atentados que sufrieron sus miembros durante el pasado fin de semana.

Y no es para menos, en lo que va corrido del 2016, a la Marcha Patriótica le han asesinado 70 líderes; además, se perpetraron contra sus militantes 341 agresiones individuales, 279 amenazas y 28 atentados contra varios de sus dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra, “quienes tenían en común haber trabajado en la construcción y la defensa del actual proceso de paz”, así lo precisó la Dirección Nacional del movimiento político, en un pronunciamiento ante los medios informativos nacionales e internacionales, este martes 23 de noviembre.

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“En los últimos cuatro días el país a presenciado el homicidio selectivo de cinco líderes Erley Monroy, Didier Losada Barreto, José Antonio Velazco, Rodrigo Cabrera, John Rodríguez, quienes eran destacados dirigentes campesinos, comunitarios, defensores de derechos humanos y, por supuesto, defensores del actual proceso de paz; de igual manera, se han realizado por parte de los actuales enemigos del proceso de paz, atentados contra la vida y la integridad física, de los también líderes campesinos, Danilo Bolaños Díaz y Argemiro Lara, quien también se ha destacado por su valiosa labor de defensa de los derechos humanos y líder reclamante de tierras. Es de anotar, que actualmente, el estudiante Hanier Hurtado, de Cali, se encuentra desaparecido”, precisó el comunicado leído por la excongresita Piedad Córdoba Ruíz.

Y agregó que: “No ayuda en absoluto que el Estado colombiano continúe negando o minimizando la existencia de grupos paramilitares en el territorio nacional. El Estado y el alto gobierno poseen instrumentos Constitucionales para enfrentar amenazas extraordinarias incompatibles con el logro de la paz y la convivencia”.

Igualmente señaló que: “El Consejo Gremial, la iglesia católica, las organizaciones cristianas, la universidades, los partidos políticos que brillan por su ausencia deben repudiar enfáticamente estos crímenes que afectan a las personas más indefensas y así evitar que estos lamentables hechos se conviertan en el inicio de una tragedia nacional”.

“Por las anteriores razones, exigimos parar los crímenes de defensores y defensoras de la paz, que cese la impunidad del sicariato, para ello se hace necesario que la Fiscalía General de la Nación y que las autoridades competentes cumpla con su deber constitucional sin más dilaciones. Que todos las fuerzas políticas sin excepción, incluida el Centro Democrático, condenen estos crímenes”.

Entre el Paramilitarismo y los señalamientos del Estado

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Dra. Liceth Montero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica 

Ante el sistemática persecución y asesinato de los miembros de la Marcha Patriótica, se realizarán una serie de movilizaciones, que buscan defender la vida y exigirle al Gobierno Nacional, las garantías necesarias para el desarrollo de su actividad política.

¿Pero cuál es la situación real que enfrenta la Marcha Patriótica? Para conocer la coyuntura por la que atraviesa el movimiento político, dialogamos con la abogada Liceth Montero, quien pertenece la Comisión Nacional de Derechos Humanos de esta agrupación.

[ar]: ¿Qué lectura hace la Marcha Patriótica de los hechos que durante los últimos meses ha vivido?

Liceth Montero: Hoy es necesario que las autoridades cumplan con su deber constitucional y legal de investigar, esclarecer y sancionar a los responsables de estos hechos. Pero, nos preocupa y nos llama poderosamente la atención, la actitud institucional que se han asumido, en relación señalar que existen móviles diversos para la comisión de los homicidios, especialmente, afirmando que nuestros dirigentes están en asuntos relativos al narcotráfico o que estos casos pueden ser producto de ajustes de cuentas; incluso, las autoridades, tienen han dicho que algunos tenían antecedentes por algunos de delitos.

Bajo estos señalamientos, es claro que estas afirmaciones son irresponsables y no corresponden a una labor investigativa y nos permite afirmar estas versiones tienen una intencionalidad política, como es la de decirle a la Marcha que sus muertos tienen una vinculación con su pertenencia a nuestra organización, sino que existen móviles diversos en cada uno de los casos, lo que es contrario a la realidad.

Por eso, el llamado que nosotros hacemos es precisamente que se cumpla con las obligaciones constitucionales y se pueda esclarecer las circunstancias en las que se producen los hechos que afectan a integrantes activos de nuestra organización política y que han tenido un papel fundamentalmente de liderazgo dentro de sus comunidades.

Y, ese liderazgo al que nosotros hacemos referencia, no es el liderazgo de los partidos políticos tradicionales; dado que estos hombre y mujeres, son importantes para sus comunidades, porque habían contribuido ha construir el tejido social, porque son defensores de derechos humanos, del campesinado y, en ese sentido.

De igual forma, independientemente que se produzca cualquier homicidio en el país, la obligación de las autoridades debe ser la de promover el respeto por los derechos humanos y evitar que estos casos se sigan produciendo; más aún, cuando son militantes de una organización política como la Marcha, porque nosotros hemos venido denunciando situaciones de señalamiento, de persecución, de montajes judiciales, sobre los cuales las autoridades nunca han ofrecido una respuesta que permita para con este tipo de de agresiones.

[ar]: ¿Actualmente se imponen mecanismos de impunidad frente a los diferentes casos que han vivido los dirigentes y líderes sociales en las diferentes regiones del país?

Liceth Montero: Sí, claro que sí. La incapacidad en términos de esclarecimiento de los hechos esta probada; son 124 casos de los cuales, la institucionalidad nunca ha podido ofrecer una respuesta certera, en relación a cuantos de ellos tienen avances en materia investigativa; por esta razón, podemos hablar y afirmar que existe impunidad en un 100% en el esclarecimiento frente a estos casos.

Igualmente, dentro de esos 124 homicidios vinculan claramente a miembros de la fuerza pública, como son los homicidios de campesinos en el sur del departamento del Cauca, como Faiber Antonio Erazo Cuéllar en enero del 2015 y el asesinato de Miller Bermeo en noviembre del año pasado, donde claramente estamos frente a ejecuciones extrajudiciales que no han sido esclarecidas y existe incluso colisiones de competencias, porque la Jurisdicción Penal Militar pretende acoger estos delitos como actos en el marco del servicio, cuando lo que son y constituyen son graves violaciones a los derechos humanos.

[ar]: ¿Ante la impunidad y este plan sistemático de exterminio contra los miembros de la Marcha Patriótica, cuáles son las acciones que emprenden desde el escenario jurídico?

Liceth Montero: Nosotros hemos venido realizando todas las acciones pertinentes; en este sentido, los homicidios están denunciados ante la jurisdicción ordinaria. Así mismo, hemos solicitado el paso de los expedientes de estas investigaciones a Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos.

También hemos y estamos emprendiendo acciones jurídicas por apología al genocidio e instigación al delito, contra quienes están saludando la muerte de los integrantes de la Marcha Patriótica y están celebrando que en este país haya personas que asuman las armas para terminar con la vida de dirigentes comunales, campesinos y defensores de derechos humanos.

[ar]: ¿En el plano de la organización social la Marcha Patriótica prevé algunas acciones?

Liceth Montero: Por supuesto, nosotros hemos hecho un llamado muy importante al país para fortalecer la movilización y la organización, como mecanismo de defensa de la vida y el territorio.

De tal manera, que la gente ha asumido actividades como las de las Guardias Campesinas para la protección del territorio y la conformación de Comités de Derechos Humanos y creemos que ahí esta la esencia de una labor de blindaje de las comunidades ante estos hechos.

Pero nada de esto funciona sino existe la voluntad política del Estado en materializar las garantías y brindar los elementos que permitan que las comunidades puedan vivir en paz en sus territorios y no corra riesgos por el hecho de manifestar su pertenencia a una organización como la Marcha.

El llamado al Estado colombiano es a que asuma su labor constitucional y legal de sus instituciones, como es garantizar los derechos humanos y la permanencia de las comunidades en sus territorios; así como, los derechos a la participación política y organización de las comunidades. Igualmente, hacemos un llamado urgente a investigar y esclarecer estos hechos y poder brindar respuestas que permitan evidenciar que tenemos las garantías suficientes para el ejercicio de la política.

[ar]: ¿Existen evidencia claras de la aparición nuevamente de paramilitares en amplias zonas del país. Cuál es la percepción que tiene la Marcha Patriótica ante estas realidades que intentan imponer nuevamente el miedo y sembrar la muerte?

Liceth Montero:  Nosotros lo que hemos podido evidenciar es que hay presencia de todos estos grupos en el suroccidente colombiano, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en Cesar, Magdalena, Norte de Santander, en zonas como en El Zulia; pero, también en el Choco, Meta, Guaviare, Antioquia, Tolima, Putumayo y Bolívar. Estos estos territorios, claramente existe un proceso de reestructuración de estos grupos que amenazan la integridad de las organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y de los luchadores por la paz.

Nuestra postura es clara y es que se deben implementar inmediatamente las garantías planteadas en el punto tres (3) del Acuerdo de Paz, relativos a todos los desarrollos institucionales tendientes al desmonte del paramilitarismo; que deben pasar, no solamente por acciones judiciales sino de política criminal, en relación a establecer una pedagogía que le permita al país erradicar esta cultura del paramilitarismo, aunque es preciso señalar que hoy tiene unos matices distintos; actualmente, no estamos frente al paramilitarismo de antaño, pero evidentemente son estructuras que se plantean desde lo paraestatal ó parainstitucional y son una autentica amenaza para los derecho de la vida y de la organización de las comunidades en los territorios.

Fotografía: [ar] actualidad regional, 2016.

No KKK, No Fascist USA, No Trump!

Por. Víctor Garavito

Una contundente declaración realizó Grenn Day durante la ceremonia de los American Music Awards 2016, que se que se llevó a cabo el pasado 20 de noviembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

Mientras, uno de los iconos y referentes del punk rock contemporáneo, interpretaba su canción “Bang Bang”, de su último álbum, Revolution Radio, el vocalista del trio, Billie Joe Armstrong, inició una consigna que despertó furor entre sus fanáticos, pero a su vez dejó claro su postura frente a la actual coyuntura política por la que atraviesa los Estados Unidos.

Hoy, aunque la gran prensa del espectáculo intenta pasar por desapercibido el hecho, sin embargo, las redes sociales exploraron durante la presentación de Green Day al tiempo que cantaban “No Trump! No KKK! No fascist USA!” [No a Trump. No al Ku Klux Klan. No a los fascistas en Estados Unidos].

“La actuación fue un soplo de aire fresco en una muestra de premios muy mórbidos sobre el estado actual caos del país. Afortunadamente, Green Day apareció listo para hacer su trabajo, y lo hizo bien”, apuntaba la periodista del espectáculo Tricia Gilbride del portal mashable.com.

Por su parte, Joe Lynch escribía para la Billboard: “Billie Joe Armstrong cantó repetidamente durante “Bang Bang”, y ratificando con un afirmativo gesto de su cabeza para respaldar su No Trump y su No KKK frente al aumento de los ataques racistas y graffiti en este mismo sentido desde la victoria del republicano (sin mencionar el nombramiento de Steve Bannon, un hombre con una historia de pandering –proxenetismos- y que hará parte de los suprematistas blancos, dentro de  nuevo  gabinete de la Casa Blanca)”.

Green Day es un trio estadounidense de pop punk y punk rock integrado por Billie Joe Armstrong (guitarra y voz), Mike Dirnt (bajo y coros) y Tré Cool (batería y coro),que inició su carrera musical en la ciudad de Berkeley, California, desde 1986, con el nombre de Sweet Children, en ese momento su baterista era John Kiffmeyer (conocido como Al Sobrante).

Finalmente, fue a partir de 1989, que irrumpieron como Green Day en la escena musical internacional, después del lanzamiento de su primer trabajo 39/Smooth; posteriormente, Tré Cool reemplazó a Al Sobrante.

Capturada Exgerente del Hospital de Algarrobo, María del Socorro Andrade Cortés

Lazos entre la Clase Política y los Narcoparamilitares en el Magdalena
Por. Victor Garavito

Mientras en el Municipio de Algarrobo se preparaban para las Fiestas Patronales de San Martín de Loba, que se realizaran en noviembre, la Fiscalía 15 de la Dirección Nacional Especializada contra el Terrorismo de Bogotá, expedía orden de captura contra la exgerente del Hospital María del Socorro Andrade Cortés, por sus presuntos vínculos con grupos narcoparamilitares y el robo continuado a la salud.

Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación en un escueto comunicado de prensa el pasado 3 de noviembre. De tal manera, que investigadores de la Subdirección Seccional CTI Magdalena, en las últimas horas llevaron a cabo la detención de Andrade Cortés, contra quien pesaba una orden judicial vigente para cumplir medida de aseguramiento preventiva en su lugar de residencia.

Igualmente, la misma decisión judicial ordenó medida de casa por cárcel al exgerente del Hospital del Municipio de Concordia, Alonso Felipe Redondo Iglesias.

Por su parte, el ente investigador señaló que tras las indagaciones realizadas, como lo contempla el Código de Procedimiento Penal, Ley 600 del 24 de junio de 2000, a María de Socorro Andrade Cortés, se le imputan hechos entre los años 2003 y 2004, “donde al parecer incurrieron en irregularidades en la celebración de contratos con la Fundación Mujeres de la Provincia”, mientras se desempeñaba como gerente del Hospital de Primer Nivel de Algarrobo.

Los narcoparamilitares y Clase Política del Magdalena

Para nadie es un secreto como en la región del Valle del Rio Ariguaní, los narcoparamilitares decidían quienes iban a ser los Alcaldes de los municipios; así quedó confirmado cuando al país conoció el verdadero entramado entre la clase política del Magdalena y el confeso comandante del Bloque Norte, Rodrigo Escobar Pupo, “Alias Jorge 40”.

Este tejido de corrupción, asesinatos, despojo de tierras de campesinos y robo continuado de los presupuestos municipales, quedó sellado en los Pactos de Chivolo y Pivijay, entre los narcoparamilitares y la clase política del Valle del Rio Ariguaní y del Magdalena.

En el Pacto de Chivolo, firmado el 13 de septiembre de 2000, participaron 13 candidatos a alcaldías y 395 dirigentes políticos y sociales de la subregión del centro del Magdalena; en este macabro acto se acordó apoyar la candidatura de José Domingo Dávila Armenta a la Gobernación, más conocido como “Chelo Dávila”, bajo el movimiento “Provincia Unida”.

Dávila Armenta, del Partido Liberal, asumió como mandatario regional en el periodo 2001 – 2003 y posteriormente fue condenado en sentencia ratificada por la Sala de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia, con el Acta No. O60 del 23 de febrero 2011, a 90 meses de prisión y al pago de una multa de cerca de $3.500 millones de pesos.

Los cargos por los que fue condenado el exgobernador del Magdalena, José Domingo Dávila Armenta, fueron como “coautor responsable del comportamiento punible de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover grupos armados al margen de la ley”, según consta en la determinación ratificada del 25 de agosto de 2009. Es preciso señalar que su hijo y heredero político es José Domingo Dávila Morales, “Chelito Dávila”, quien actualmente se desempeña como diputado en la Asamblea del Magdalena por Cambio Radical, con una votación de 15.158.

Para la época en que fue capturado el exgobernador José Domingo Dávila Armenta, un 30 de noviembre del 2008, la clases política del departamento del Magdalena, atravesaba una de sus peores crisis de la que parece aún no recuperarse; prueba de ello es que en esos días se encontraban en prisión los senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge de Jesús Castro Pacheco y Luis Vives Lacouture; también, los representantes a la cámara Alfonso Campo Escobar, José Gamarra Sierra, Jorge Luis Caballero Caballero, Karely Lara Vence y Alonso Ramírez Torres. Así mismo, ante la gravedad de las evidencias el ex gobernador Trino Luna Correa, no le quedó más que acogerse a sentencia anticipada por cooperación con la justicia con la Fiscalía General de la Nación. Y para acabar de completar el panorama, José Francisco “Chico’ Zúñiga”, exalcalde de Santa Marta y esposo de la actual Gobernadora, Rosa Cotes Vives, también fue condenado por parapolítica.

Así mismo, el Pacto de Pivijay, promovido por alias “Jorge 40” y que se escenificó en ese municipio el 10 de marzo de 2002, garantizó la elección al Congreso de Dieb Nicolás Maloof Cuse y Jorge de Jesús Castro Pacheco, hermano del condenado paramilitar Cesar Augusto “El Tuto” Castro Pacheco, quien actualmente reside en El Difícil, Municipio de Ariguaní; además de la candidatura del exrepresentante de Cambio Radical por el Magdalena José Gamarra Sierra y Gustavo Orozco. Todos ellos condenados dentro de los procesos de parapolítica que juzgó la Corte Suprema de Justicia.

Cabe señalar que la alcaldesa del municipio de Ariguaní, Carmen Cecilia Castro Pacheco, una de las mandatarias firmantes del del Pacto de Pivijay, fue condena por este hecho.

Los narcoparamilitares y la Fundación Mujeres de la Provincia

Pieza clave de la estrategia de saqueo de los recursos públicos por parte de los narcoparamilitares, consentida y patrocinada por la clase política del Valle del Rio Ariguaní, lo constituye la Fundación Mujeres de la Provincia.

Y con la Fundación aparase la supuestamente peligrosa figura de Neyla Alfredina Soto Ruiz, alias “Sonia”, “La Sombrerona” o “La Paraca”, excomandante y jefe de finanzas del Bloque Norte de los narcoparamilitares; además, de ser la nefasta mano derecha, comandante del Bloque Norte, Rodrigo Escobar Pupo, “Alias Jorge 40” y eje central para el desarrollo de los Pactos de Chivolo y Pivijay.

Alias “La Paraca”, ingreso a las la filas de las criminalidad de los narcoparamilitares como trabajadora social a finales de los años 90 en el Municipio de San Ángel, lo revela el portal verdadabierta.com.

La que fuera considerada como muy distinguida señora, era ampliamente conocida en todos los círculos sociales y productivos de la subregión del Valle del Rio Ariguaní, porque representaba a la Fundación Mujeres de la Provincia; entidad que sirvió para firmar y ejecutar todo tipos de contratos fantasmas para saquear los presupuestos de los entes territoriales; hecho que causó el atraso en el desarrollo y el crecimiento acelerado de la pobreza de todos los municipios del centro del Magdalena.

No obstante, Neyla Alfredina Soto Ruiz, a sus 64 años, fue capturada un sábado 15 de noviembre del 2008, en una finca del Municipio de Sabanas de San Ángel, bajo los presuntos cargos de conformación de bandas criminales, desaparición forzada y desplazamiento; así como, concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y hurto calificado.

Además, en el momento de su aprehensión a alias “Sonia” se le acusaba de haber ordenado la muerte el 5 de junio del 2002 del agricultor Manuel Antonio Suárez Ramírez y de su hijo, a quienes al parecer les habría amordazado, asesinado y robado más de 400 cabezas de ganado, así como varias hectáreas de tierra después de haberlos ejecutado. De esta forma, los narcoparamilitares despojaban a campesinos, con la supuesta complicidad con algunos notarios; aunque estos vínculos aún están por investigar y llevar ante la justicia colombiana; a pesar de ello, estos casos se encuentran en el silencio del olvido en la Corte Suprema de Justicia.

Un reflejo de esta situación y como operan los mecanismos de impunidad, se escenificó el pasado 5 de abril, precisamente a Sabanas de San Ángel, donde Neyla Alfredina Soto Ruiz, había supuestamente asesinado y desplazado a campesinos; sin embargo, fue en este municipio, donde el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado y el actual presidente de Fedegan José Félix Lafaurie, iniciaron la cruzada uribista para legalizar el hurto de los llamados “compradores de buena fe”.

De esta misma forma, que el senador Álvaro Uribe, se opuso al Plebiscito Por La Paz, para que hechos como estos quedaran en la impunidad; así lo confirman sus propuesta de  renegociación los del No frente a los Acuerdos de La Habana; al mismo tiempo, el Centro Democrático, acaban de presentar un proyecto de Ley para que legalice y reconozca la tierras a quienes las adquirieron fraudulentamente y fruto del proceso de despojo y a punta de los asesinatos a campesinos cometidos por los narcoparamilitares en el todo el país. Así se pretenden burla la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras.

A pesar que en la región del Valle del Rio Ariguaní, todos conocían muy bien el accionar de Soto Ruiz, alias “Sonia”, en el 2013 quedó en libertad por falta de pruebas; además, la justicia se abstuvo de procesarla por el delito de concierto para delinquir y dentro del proceso por homicidio, desplazamiento, desaparición forzada y extorsión. Esta decisión la profirió la Jueza Encargada Única Penal, Ana Joaquina Cormane Goenaga, del Circuito Especializado de Santa Marta. De esta forma, opera la impunidad en nuestro país y las víctimas del conflicto armado se quedan sin que exista verdad, justicia y reparación.

Soto Ruiz, alias “La Paraca”, murió a los 71 años, sobre las 4 de la tarde, el pasado lunes 8 de febrero del presente año, en la clínica La Asunción de Barranquilla, víctima de una deficiencia respiratoria y una falla sistémica, producto de una anemia severa, generada por un cáncer metastásico avanzado que padecía y comprometió su sistema óseo y otros órganos vitales.

Finalmente, aunque la Neyla Alfredina Soto Ruiz muriera, la memoria sigue viva en las comunidades afectadas por los narcoparamilitares en el Valle Rio Ariguaní, quienes aún viven entre el miedo y la zozobra por la presencia del llamado “Ejercito Antirestitución de Tierras” que se pasea a sus anchas sembrando la muerte en la región, sin que las autoridades se den por enteradas.

Fotografía: Neyla Alfredina Soto Ruiz, alias “Sonia”, “La Paraca” o “La Sombrerona”. Tomada de Google.

Marcha Contra la Reforma Tributaria

Mi bolsillo o las mentiras de telenovela
Por. Victor Garavito

Si en una cosa están de acuerdo los colombianos, es que la Reforma Tributaria, propuesta por el Ministro de Haciendo Mauricio Cárdenas Santamaría, lesiona a las clases medias y bajas del país; igualmente, a los trabajadores y profesionales independientes, porque reducirá el salario real para arreglar los desajustes de las cuentas del Estado y su elevado déficit fiscal.

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Por eso, diferentes sectores sociales y centrales obreras convocaron, el pasado jueves 27 de octubre, una marcha contra la controvertida reforma, que ha causado fuertes discusiones entre diferentes sectores políticos, quienes anuncian y se muestran renuentes a votarle afirmativamente esta iniciativa del Gobierno Nacional. Aunque, todos sabemos que al final se doblegaran ante los encantos y ofrecimientos del poder.

Es más, por cuenta del precandidato a la presidencia y máxima figura de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, la semana pasada se armó una gresca entre varios altos funcionarios del Gobierno Nacional, que incluyó un fuerte llamado de atención del Presidente Juan Manuel Santos Calderón a su Vicepresidente.

Y como era de esperarse, este estelar momento fue aprovechado por los distintos medios privados de información, para atizar los discursos y ventilar los desacuerdos de los diferentes dirigentes de los partidos políticos, sin entrar a profundizar en las razones de fondo, de una Reforma Tributaria que solo busca cuidarle y dejarle intactos los bolsillos a las multinacionales, las grandes empresas y la plutocracia colombiana, mientras ataca a los que menos tienen.

Es más, a raíz del altercado, la Revista Semana, salió hacer control de daños, como se dice en términos de relaciones públicas, con el fin de bajarle la intensidad a los hechos y volver las cosa a la normalidad frente a la opinión. Por eso, publicó un peculiar publireportaje en el que da explicaciones y trata de detallar los hechos para aclarar las aguas turbias creadas por Germán Vargas Lleras y Cambio Radical; además, la nota periodística crea la sensación que fue un simple malentendido y deja nuevamente entre los colombianos la impresión de la unanimidad monolítica del Estado y nos muestra así las bondades de la Reforma.

Finalmente, mientras usted se sienta todas las noches frente a su televisor ha “entretenerse” con los melodramas de las estrellas criollas del espectáculo o de las historias distorsionadas de narcotraficantes y prostitutas, a ver las interminables odiseas de los refritos de los realities de siempre o tal vez a escuchar las mentiras de los noticieros y dejarse antojar por la publicidad, tenga presente que los canales privados de información siempre han defendido los privilegios de sus dueños y sus grandes empresas, quienes son los únicos beneficiados con la Reforma Tributaria.

Galería Fotográfica de la Marcha

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Fotografía: [ar] actualidad regional, octubre, 2016©