[REPORTAJE GRÁFICO] CONTUNDENTE NO MÁS METROAGUA EN MARTA

Por. Víctor Garavito

Ayer Santa Marta le demostró al país que es una ciudad educada, pacifica pero con la certeza de sus convicciones. Así lo dejaron ver sus habitantes, durante la Marcha, realizada ayer, 14 de febrero, que convocó a la ciudadanía samaria cansada de la pésima prestación del servicio de acueducto y saneamiento básico, por parte de la multinacional española Metroagua S.A, filial de Inassa.

Como un día histórico para la ciudad, lo calificó el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, quien a su vez le pidió a los samarios continuar la lucha por la defensa del patrimonio público frente a las dilaciones y las maniobras jurídicas empleadas por Metroaguas, que en los últimos seis (6) años, ha impedido el mejoramiento del servicio público y ha puesto en riesgo la salud de las comunidades de Santa Marta; impidiendo de esta forma el desarrollo y el bienestar social de su gente

Muy a pesar, de la carta abierta presentada por el Gerente General de Metroagua S.A, José Luis Londoño, el pasado martes, con la que intentó entorpecer la marcha, fueron alrededor de 25.000 samarios, quienes que se movilizaron desde el Estadio Eduardo Santos hasta el Parque Bolívar, donde se llevó a cabo una concentración social, para expresar su indignación ante a la clase política, quienes son los responsables de esta crisis, cuando decidieron entregar el servicio de acueducto a la multinacional española.

Por eso, ayer el primer derrotado fue Metroagua, pero también la vieja clase política del Magdalena, que desmanteló el patrimonio de los samarios; además, salió derrotado el silencio y la indiferencia, de una ciudadanía que hoy esta unida entorno a la defensa de lo público, contra la corrupción y dispuesta a dar la pelea por sus convicciones.

Así mismo, Santa Marta le notificó a Metroagua, que esta vez los samarios nos desfallecerán en su empeño por recuperar su patrimonio; además, no permitirán el chantaje ni el cobro desorbitado por la devolución de las redes ni la infraestructura del sistema, a la que se hizo esta entidad, con los recursos públicos del Estado colombiano; por eso, se declararon veedores del procesos, que se iniciará este 17 de abril cuando termine el irregular contrato de arrendamiento firmado y concebido solo para favorecer a la multinacional española.

Cabe señalar, que en un acto de soberanía y en uso de sus atribuciones legales, el Alcalde, Rafael Alejandro Martínez, expidió el pasado 11 de enero, la Resolución No. 009, para modificar la cláusula cuarta (4) del contrato de arrendamiento de Metroagua, que caducará el próximo 17 de abril. Pero esta batalla jurídica fue iniciada en la anterior Administración, cuando el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, dio los primeros pasos de un litigió jurídico que lo llevaron a instaurar una acción popular, respaldada hoy con la firma de 230.308 samarios y en contra la empresa española.

De esta forma, Santa Marta, se declaró en estado de alerta y de lucha, frente a los actos de corrupción de la tradicional clase política que originó la actual crisis del agua que vive la ciudad.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Fotografía: [ar] actualidad regional, Febrero, 2017.

Anuncios

En Santa Marta, No Más Metroagua

Hoy van 103.303 firmas en solo cuatro días que Santa Marta se ha movilizado para recoger 150.000, con el propósito de respaldar la acción popular que su exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar interpuso contra la multinacional Metragua S.A ESP, quien opera el acueducto desde 1989, mediante un irregular contrato de arrendamiento. Esta demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el 2016 y busca impedir que la ciudad pague una desorbitante indemnización a la que aspira la empresa española filial de Inassa, quien solicitó en las últimas horas medidas cautelares, con el fin que se le prohíba a la Alcaldía recuperar las redes que son de todos los samarios.

Por Victor Garavito.

Para muchos samarios la empresa española Metroagua S.A. pretende chantajear a la ciudad, con el polémico contrato de arrendamiento, que por 28 años dejó a Santa Marta sedienta, con unos de los peores servicios de acueductos del país y un agua no apta para el consumo humano.

Frente a esta realidad, antes de terminar su mandato como alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, a finales del 2015, elevó una acción popular para dejar sin efectos jurídicos el contrato de arrendamiento suscrito entre la Alcaldía Distrital de Santa Marta durante el mandato del exalcalde Alfonso Campos Vives y Metroagua S.A, por considerarlos “violatorio de la moralidad administrativa y del patrimonio público”.

Todo empezó mal

Estos hechos iniciaron con la expedición del Decreto 207 del 14 de julio de 1989 (Ver Decreto), por medio del cual se ordenó la constitución de la empresa de economía mixta Metroagua S.A., expedido por el entonces alcalde Alfonso Campos Vives(ver Video).

La entidad nace bajo escritura pública No. 1895, el 14 de noviembre de 1989 (Ver Escritura), suscrita en la Notaria Primera de Santa Marta, por lo que el entonces mandatario Campos Vives firmó este documento, sin contar con las facultades para suscribir el acto jurídico.

Por otro lado, existen varias presuntas irregularidades como lo indican los expertos en contratación administrativa; la primera de ella es que se realizó un contrato de arrendamiento y no se concesionó el servicio mediante licitación pública. Así mismo, se violó el Decreto Ley 222 de 1983, que estipulaba que la duración del arrendamiento de cualquier tipo de bien de las entidades públicas no podían superar los cinco años.

De esta forma, se cumplen 28 años de un arrendamiento que inició viciado por la ilegalidad y fue extendido por las anteriores Administraciones mediante la figura del “otro sí”, firmado en 1996, 1997, 2000 y 2002, que solo buscaban beneficiar a Metroagua S.A. No contentos con esta situación, cada nueva Administración que llegaba a Santa Marta le mejoraba las condiciones a la empresa española, en contra de los intereses colectivos de sus ciudadanos y el patrimonio publico de los samarios.

Fue así como, en 1997, el alcalde encargado Luis Cuello estableció que Metroagua no le debía pagar al Distrito el 33% de los recaudos sino apenas el 2% y prorrogó el contrato hasta abril de 2017.

Por su parte, del exalcalde Jaime Solano, se dice que solo cruzó la calle del Palacio Distrital para sentarse en la gerencia de Metroagua; no sin antes derogar la labores de interventoría a cargo de la Administración Distrital, por lo que esta entidad quedó sin la supervisión de la ciudad. Cabe señalar que Solano fue suspendido tan solo dos (2) días antes de terminar su periodo por el entonces presidente Andrés Pastrana, tras las inocultables irregularidades presentadas durante su gestión, según lo determinó la Procuraduría General de la Nación.

Aunque ahí no pararon los exabrupto jurídicos, porque durante el mandato del exalcalde Hugo Gnecco Arregocés, quien pertenece al clan Gnecco Cerchar y fuera condenado por irregularidades en la contratación pública, se volvió a modificar el contrato con la clara intención de beneficiar nuevamente a Inassa en el 2002 y perjudicar a Santa Marta. En esta ocasión Gnecco Arregocés determinó que las mejoras de Metroagua debían ser reconocidas por el Distrito y suprimió la caducidad del arrendamiento.

dsc_2023-1-tw
Exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, con la comunidad samaria abordando la realidad del acueducto de la ciudad

Los recursos del Estado

De otro lado, Metroagua se ha favorecido de los recursos del Estado vía Regalías con 11.445 mil millones de pesos; además, el Plan Departamental de Aguas le giró $14.460 mil millones; otro tanto hizo con el Ministerio de Ambiente con $12.886 mil millones y recibió 15.3 millones de dólares de la Agencia Española de Cooperación, entre otros recursos recibidos por proyectos que financió el Departamento Administrativo Distrital de Medio Ambiente, Dadma y Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag. A pesar de todo esto, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, acaba de confirmar lo que todos saben en Santa Marta, que en el 20 por ciento de la ciuada no existe el acueducto.

Sin embargo, un estudio entregado a la Superintendencia de Servicios Públicos, estima que del 2003 al 2016, Metroagua S.A. cobró alrededor de $221.000 mil millones por concepto del llamado costo medio de inversión, valor que se les trasladó a los samarios en la factura de un servicio que nunca cumplió con los estándares mínimos exigidos por la Ley 142 de 1994, sin que se produjera ningún pronunciamiento de fondo por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Quiénes son los accionista de Metroagua?

En la actualidad, el 35% de Metroagua S.A ESP pertenece a Inassa, filial de la española Canal de Isabel II, quien estuvo envuelta en un escándalo de corrupción denunciado en la Asamblea de Madrid en España en el 2015; por otro parte, el 33% es del Zar de las Basura, el antioqueño William Vélez Sierra, un reconocido uribista, quien fue mencionado por paramilitares en los hallazgos que se le hicieron al computador de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; caso investigado por la Fiscalía General de la Nación en el 2009 y reactivado en el 2012, pero del que nunca se supo nada más y presuntamente quedará en la impunidad; así mismo, el 28% corresponden al Distrito de Santa Marta.

La respuesta de la Alcaldía

Por su parte, el actual alcalde Rafael Martínez, el pasado 11 de enero, mediante la Resolución No. 009, modificó de forma unilateral la cláusula cuarta (4) del contrato de arrendamiento de Metroagua que caducará el próximo 17 de abril; mientras que la empresa espera que la ciudad le entregue 60.000 mil millones de pesos por sus no muy clara inversiones. Mientras tanto la única propuesta del Estado es privatizar, a través de una Alianza Público-Privada, APP, como lo manifestó en su visita a Santa Marta el Director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz, el pasado 20 de enero, donde quedó claro que la ciudad necesita de una inversión de 2.8 billones para mejorar su sistema de acueducto y alcantarillado.

Por todas estas razones, los samarios no cuentan con un servicio de alcantarillado eficiente ni digno que les garantice un agua apta para su consumo, como lo denuncia el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar y como acaba de ratificar el Secretario de Salud (E) Dr. Carlos Payares en una carta enviada al Alcalde Rafael Alejandro Martínez;  para completar muchas localidades carecen del servicio, lo que se constituye en un obstáculo para el desarrollo y el bienestar social de las comunidades, que hoy recogen firmas para liberar por segunda vez a Santa Marta del yugo español de Metroagua y del antioqueño William Vélez Sierra.

Fotografía: [ar] actualidad regional, febrero de 2017.

Capturada Exgerente del Hospital de Algarrobo, María del Socorro Andrade Cortés

Lazos entre la Clase Política y los Narcoparamilitares en el Magdalena
Por. Victor Garavito

Mientras en el Municipio de Algarrobo se preparaban para las Fiestas Patronales de San Martín de Loba, que se realizaran en noviembre, la Fiscalía 15 de la Dirección Nacional Especializada contra el Terrorismo de Bogotá, expedía orden de captura contra la exgerente del Hospital María del Socorro Andrade Cortés, por sus presuntos vínculos con grupos narcoparamilitares y el robo continuado a la salud.

Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación en un escueto comunicado de prensa el pasado 3 de noviembre. De tal manera, que investigadores de la Subdirección Seccional CTI Magdalena, en las últimas horas llevaron a cabo la detención de Andrade Cortés, contra quien pesaba una orden judicial vigente para cumplir medida de aseguramiento preventiva en su lugar de residencia.

Igualmente, la misma decisión judicial ordenó medida de casa por cárcel al exgerente del Hospital del Municipio de Concordia, Alonso Felipe Redondo Iglesias.

Por su parte, el ente investigador señaló que tras las indagaciones realizadas, como lo contempla el Código de Procedimiento Penal, Ley 600 del 24 de junio de 2000, a María de Socorro Andrade Cortés, se le imputan hechos entre los años 2003 y 2004, “donde al parecer incurrieron en irregularidades en la celebración de contratos con la Fundación Mujeres de la Provincia”, mientras se desempeñaba como gerente del Hospital de Primer Nivel de Algarrobo.

Los narcoparamilitares y Clase Política del Magdalena

Para nadie es un secreto como en la región del Valle del Rio Ariguaní, los narcoparamilitares decidían quienes iban a ser los Alcaldes de los municipios; así quedó confirmado cuando al país conoció el verdadero entramado entre la clase política del Magdalena y el confeso comandante del Bloque Norte, Rodrigo Escobar Pupo, “Alias Jorge 40”.

Este tejido de corrupción, asesinatos, despojo de tierras de campesinos y robo continuado de los presupuestos municipales, quedó sellado en los Pactos de Chivolo y Pivijay, entre los narcoparamilitares y la clase política del Valle del Rio Ariguaní y del Magdalena.

En el Pacto de Chivolo, firmado el 13 de septiembre de 2000, participaron 13 candidatos a alcaldías y 395 dirigentes políticos y sociales de la subregión del centro del Magdalena; en este macabro acto se acordó apoyar la candidatura de José Domingo Dávila Armenta a la Gobernación, más conocido como “Chelo Dávila”, bajo el movimiento “Provincia Unida”.

Dávila Armenta, del Partido Liberal, asumió como mandatario regional en el periodo 2001 – 2003 y posteriormente fue condenado en sentencia ratificada por la Sala de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia, con el Acta No. O60 del 23 de febrero 2011, a 90 meses de prisión y al pago de una multa de cerca de $3.500 millones de pesos.

Los cargos por los que fue condenado el exgobernador del Magdalena, José Domingo Dávila Armenta, fueron como “coautor responsable del comportamiento punible de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover grupos armados al margen de la ley”, según consta en la determinación ratificada del 25 de agosto de 2009. Es preciso señalar que su hijo y heredero político es José Domingo Dávila Morales, “Chelito Dávila”, quien actualmente se desempeña como diputado en la Asamblea del Magdalena por Cambio Radical, con una votación de 15.158.

Para la época en que fue capturado el exgobernador José Domingo Dávila Armenta, un 30 de noviembre del 2008, la clases política del departamento del Magdalena, atravesaba una de sus peores crisis de la que parece aún no recuperarse; prueba de ello es que en esos días se encontraban en prisión los senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge de Jesús Castro Pacheco y Luis Vives Lacouture; también, los representantes a la cámara Alfonso Campo Escobar, José Gamarra Sierra, Jorge Luis Caballero Caballero, Karely Lara Vence y Alonso Ramírez Torres. Así mismo, ante la gravedad de las evidencias el ex gobernador Trino Luna Correa, no le quedó más que acogerse a sentencia anticipada por cooperación con la justicia con la Fiscalía General de la Nación. Y para acabar de completar el panorama, José Francisco “Chico’ Zúñiga”, exalcalde de Santa Marta y esposo de la actual Gobernadora, Rosa Cotes Vives, también fue condenado por parapolítica.

Así mismo, el Pacto de Pivijay, promovido por alias “Jorge 40” y que se escenificó en ese municipio el 10 de marzo de 2002, garantizó la elección al Congreso de Dieb Nicolás Maloof Cuse y Jorge de Jesús Castro Pacheco, hermano del condenado paramilitar Cesar Augusto “El Tuto” Castro Pacheco, quien actualmente reside en El Difícil, Municipio de Ariguaní; además de la candidatura del exrepresentante de Cambio Radical por el Magdalena José Gamarra Sierra y Gustavo Orozco. Todos ellos condenados dentro de los procesos de parapolítica que juzgó la Corte Suprema de Justicia.

Cabe señalar que la alcaldesa del municipio de Ariguaní, Carmen Cecilia Castro Pacheco, una de las mandatarias firmantes del del Pacto de Pivijay, fue condena por este hecho.

Los narcoparamilitares y la Fundación Mujeres de la Provincia

Pieza clave de la estrategia de saqueo de los recursos públicos por parte de los narcoparamilitares, consentida y patrocinada por la clase política del Valle del Rio Ariguaní, lo constituye la Fundación Mujeres de la Provincia.

Y con la Fundación aparase la supuestamente peligrosa figura de Neyla Alfredina Soto Ruiz, alias “Sonia”, “La Sombrerona” o “La Paraca”, excomandante y jefe de finanzas del Bloque Norte de los narcoparamilitares; además, de ser la nefasta mano derecha, comandante del Bloque Norte, Rodrigo Escobar Pupo, “Alias Jorge 40” y eje central para el desarrollo de los Pactos de Chivolo y Pivijay.

Alias “La Paraca”, ingreso a las la filas de las criminalidad de los narcoparamilitares como trabajadora social a finales de los años 90 en el Municipio de San Ángel, lo revela el portal verdadabierta.com.

La que fuera considerada como muy distinguida señora, era ampliamente conocida en todos los círculos sociales y productivos de la subregión del Valle del Rio Ariguaní, porque representaba a la Fundación Mujeres de la Provincia; entidad que sirvió para firmar y ejecutar todo tipos de contratos fantasmas para saquear los presupuestos de los entes territoriales; hecho que causó el atraso en el desarrollo y el crecimiento acelerado de la pobreza de todos los municipios del centro del Magdalena.

No obstante, Neyla Alfredina Soto Ruiz, a sus 64 años, fue capturada un sábado 15 de noviembre del 2008, en una finca del Municipio de Sabanas de San Ángel, bajo los presuntos cargos de conformación de bandas criminales, desaparición forzada y desplazamiento; así como, concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y hurto calificado.

Además, en el momento de su aprehensión a alias “Sonia” se le acusaba de haber ordenado la muerte el 5 de junio del 2002 del agricultor Manuel Antonio Suárez Ramírez y de su hijo, a quienes al parecer les habría amordazado, asesinado y robado más de 400 cabezas de ganado, así como varias hectáreas de tierra después de haberlos ejecutado. De esta forma, los narcoparamilitares despojaban a campesinos, con la supuesta complicidad con algunos notarios; aunque estos vínculos aún están por investigar y llevar ante la justicia colombiana; a pesar de ello, estos casos se encuentran en el silencio del olvido en la Corte Suprema de Justicia.

Un reflejo de esta situación y como operan los mecanismos de impunidad, se escenificó el pasado 5 de abril, precisamente a Sabanas de San Ángel, donde Neyla Alfredina Soto Ruiz, había supuestamente asesinado y desplazado a campesinos; sin embargo, fue en este municipio, donde el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado y el actual presidente de Fedegan José Félix Lafaurie, iniciaron la cruzada uribista para legalizar el hurto de los llamados “compradores de buena fe”.

De esta misma forma, que el senador Álvaro Uribe, se opuso al Plebiscito Por La Paz, para que hechos como estos quedaran en la impunidad; así lo confirman sus propuesta de  renegociación los del No frente a los Acuerdos de La Habana; al mismo tiempo, el Centro Democrático, acaban de presentar un proyecto de Ley para que legalice y reconozca la tierras a quienes las adquirieron fraudulentamente y fruto del proceso de despojo y a punta de los asesinatos a campesinos cometidos por los narcoparamilitares en el todo el país. Así se pretenden burla la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras.

A pesar que en la región del Valle del Rio Ariguaní, todos conocían muy bien el accionar de Soto Ruiz, alias “Sonia”, en el 2013 quedó en libertad por falta de pruebas; además, la justicia se abstuvo de procesarla por el delito de concierto para delinquir y dentro del proceso por homicidio, desplazamiento, desaparición forzada y extorsión. Esta decisión la profirió la Jueza Encargada Única Penal, Ana Joaquina Cormane Goenaga, del Circuito Especializado de Santa Marta. De esta forma, opera la impunidad en nuestro país y las víctimas del conflicto armado se quedan sin que exista verdad, justicia y reparación.

Soto Ruiz, alias “La Paraca”, murió a los 71 años, sobre las 4 de la tarde, el pasado lunes 8 de febrero del presente año, en la clínica La Asunción de Barranquilla, víctima de una deficiencia respiratoria y una falla sistémica, producto de una anemia severa, generada por un cáncer metastásico avanzado que padecía y comprometió su sistema óseo y otros órganos vitales.

Finalmente, aunque la Neyla Alfredina Soto Ruiz muriera, la memoria sigue viva en las comunidades afectadas por los narcoparamilitares en el Valle Rio Ariguaní, quienes aún viven entre el miedo y la zozobra por la presencia del llamado “Ejercito Antirestitución de Tierras” que se pasea a sus anchas sembrando la muerte en la región, sin que las autoridades se den por enteradas.

Fotografía: Neyla Alfredina Soto Ruiz, alias “Sonia”, “La Paraca” o “La Sombrerona”. Tomada de Google.