En Santa Marta, No Más Metroagua

Hoy van 103.303 firmas en solo cuatro días que Santa Marta se ha movilizado para recoger 150.000, con el propósito de respaldar la acción popular que su exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar interpuso contra la multinacional Metragua S.A ESP, quien opera el acueducto desde 1989, mediante un irregular contrato de arrendamiento. Esta demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el 2016 y busca impedir que la ciudad pague una desorbitante indemnización a la que aspira la empresa española filial de Inassa, quien solicitó en las últimas horas medidas cautelares, con el fin que se le prohíba a la Alcaldía recuperar las redes que son de todos los samarios.

Por Victor Garavito.

Para muchos samarios la empresa española Metroagua S.A. pretende chantajear a la ciudad, con el polémico contrato de arrendamiento, que por 28 años dejó a Santa Marta sedienta, con unos de los peores servicios de acueductos del país y un agua no apta para el consumo humano.

Frente a esta realidad, antes de terminar su mandato como alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, a finales del 2015, elevó una acción popular para dejar sin efectos jurídicos el contrato de arrendamiento suscrito entre la Alcaldía Distrital de Santa Marta durante el mandato del exalcalde Alfonso Campos Vives y Metroagua S.A, por considerarlos “violatorio de la moralidad administrativa y del patrimonio público”.

Todo empezó mal

Estos hechos iniciaron con la expedición del Decreto 207 del 14 de julio de 1989 (Ver Decreto), por medio del cual se ordenó la constitución de la empresa de economía mixta Metroagua S.A., expedido por el entonces alcalde Alfonso Campos Vives(ver Video).

La entidad nace bajo escritura pública No. 1895, el 14 de noviembre de 1989 (Ver Escritura), suscrita en la Notaria Primera de Santa Marta, por lo que el entonces mandatario Campos Vives firmó este documento, sin contar con las facultades para suscribir el acto jurídico.

Por otro lado, existen varias presuntas irregularidades como lo indican los expertos en contratación administrativa; la primera de ella es que se realizó un contrato de arrendamiento y no se concesionó el servicio mediante licitación pública. Así mismo, se violó el Decreto Ley 222 de 1983, que estipulaba que la duración del arrendamiento de cualquier tipo de bien de las entidades públicas no podían superar los cinco años.

De esta forma, se cumplen 28 años de un arrendamiento que inició viciado por la ilegalidad y fue extendido por las anteriores Administraciones mediante la figura del “otro sí”, firmado en 1996, 1997, 2000 y 2002, que solo buscaban beneficiar a Metroagua S.A. No contentos con esta situación, cada nueva Administración que llegaba a Santa Marta le mejoraba las condiciones a la empresa española, en contra de los intereses colectivos de sus ciudadanos y el patrimonio publico de los samarios.

Fue así como, en 1997, el alcalde encargado Luis Cuello estableció que Metroagua no le debía pagar al Distrito el 33% de los recaudos sino apenas el 2% y prorrogó el contrato hasta abril de 2017.

Por su parte, del exalcalde Jaime Solano, se dice que solo cruzó la calle del Palacio Distrital para sentarse en la gerencia de Metroagua; no sin antes derogar la labores de interventoría a cargo de la Administración Distrital, por lo que esta entidad quedó sin la supervisión de la ciudad. Cabe señalar que Solano fue suspendido tan solo dos (2) días antes de terminar su periodo por el entonces presidente Andrés Pastrana, tras las inocultables irregularidades presentadas durante su gestión, según lo determinó la Procuraduría General de la Nación.

Aunque ahí no pararon los exabrupto jurídicos, porque durante el mandato del exalcalde Hugo Gnecco Arregocés, quien pertenece al clan Gnecco Cerchar y fuera condenado por irregularidades en la contratación pública, se volvió a modificar el contrato con la clara intención de beneficiar nuevamente a Inassa en el 2002 y perjudicar a Santa Marta. En esta ocasión Gnecco Arregocés determinó que las mejoras de Metroagua debían ser reconocidas por el Distrito y suprimió la caducidad del arrendamiento.

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Exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, con la comunidad samaria abordando la realidad del acueducto de la ciudad

Los recursos del Estado

De otro lado, Metroagua se ha favorecido de los recursos del Estado vía Regalías con 11.445 mil millones de pesos; además, el Plan Departamental de Aguas le giró $14.460 mil millones; otro tanto hizo con el Ministerio de Ambiente con $12.886 mil millones y recibió 15.3 millones de dólares de la Agencia Española de Cooperación, entre otros recursos recibidos por proyectos que financió el Departamento Administrativo Distrital de Medio Ambiente, Dadma y Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag. A pesar de todo esto, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, acaba de confirmar lo que todos saben en Santa Marta, que en el 20 por ciento de la ciuada no existe el acueducto.

Sin embargo, un estudio entregado a la Superintendencia de Servicios Públicos, estima que del 2003 al 2016, Metroagua S.A. cobró alrededor de $221.000 mil millones por concepto del llamado costo medio de inversión, valor que se les trasladó a los samarios en la factura de un servicio que nunca cumplió con los estándares mínimos exigidos por la Ley 142 de 1994, sin que se produjera ningún pronunciamiento de fondo por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Quiénes son los accionista de Metroagua?

En la actualidad, el 35% de Metroagua S.A ESP pertenece a Inassa, filial de la española Canal de Isabel II, quien estuvo envuelta en un escándalo de corrupción denunciado en la Asamblea de Madrid en España en el 2015; por otro parte, el 33% es del Zar de las Basura, el antioqueño William Vélez Sierra, un reconocido uribista, quien fue mencionado por paramilitares en los hallazgos que se le hicieron al computador de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; caso investigado por la Fiscalía General de la Nación en el 2009 y reactivado en el 2012, pero del que nunca se supo nada más y presuntamente quedará en la impunidad; así mismo, el 28% corresponden al Distrito de Santa Marta.

La respuesta de la Alcaldía

Por su parte, el actual alcalde Rafael Martínez, el pasado 11 de enero, mediante la Resolución No. 009, modificó de forma unilateral la cláusula cuarta (4) del contrato de arrendamiento de Metroagua que caducará el próximo 17 de abril; mientras que la empresa espera que la ciudad le entregue 60.000 mil millones de pesos por sus no muy clara inversiones. Mientras tanto la única propuesta del Estado es privatizar, a través de una Alianza Público-Privada, APP, como lo manifestó en su visita a Santa Marta el Director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz, el pasado 20 de enero, donde quedó claro que la ciudad necesita de una inversión de 2.8 billones para mejorar su sistema de acueducto y alcantarillado.

Por todas estas razones, los samarios no cuentan con un servicio de alcantarillado eficiente ni digno que les garantice un agua apta para su consumo, como lo denuncia el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar y como acaba de ratificar el Secretario de Salud (E) Dr. Carlos Payares en una carta enviada al Alcalde Rafael Alejandro Martínez;  para completar muchas localidades carecen del servicio, lo que se constituye en un obstáculo para el desarrollo y el bienestar social de las comunidades, que hoy recogen firmas para liberar por segunda vez a Santa Marta del yugo español de Metroagua y del antioqueño William Vélez Sierra.

Fotografía: [ar] actualidad regional, febrero de 2017.

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La Nueva Cara del Relleno Sanitario Regional de Ariguaní

El Verdadero Rostro de la Administración de Castilla Baena
Por. Víctor Garavito

El Relleno Sanitario Regional de Ariguaní, sin lugar a dudas, se convirtió en el rostro que definió los cuatro años de administración del ex alcalde Carlos Eduardo Castilla Baena.

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En la actualidad, muchos ariguanenses están de acuerdo en señalar que la administración de Castilla Baena se caracterizó por el caos, el desgobierno y el detrimento del patrimonio público, así lo calificaron algunos lideres comunitarios; además, de distintos ciudadanos y ciudadanas consultados por [ar] actualidad regional.

Y eso fue lo exactamente lo que encontraron los funcionarios de la Unidad de Servicios Públicos de Ariguaní, USPA, en el Relleno Sanitario Regional, convertido en un botadero a cielo abierto, de la mano de quienes se suponían debían administrarlo.

Hoy, para nadie es un secreto que en el periodo de Castilla Baena, los servicios públicos sufrieron el abandono y un atraso significativo. Hecho, que sumió al municipio en un profundo letargo frente al desarrollo, como lo demuestran claramente los hechos.

El Botadero

El Relleno Sanitario Regional se encontró totalmente abandonado en el 2016 y en condiciones desastrosas, como también ocurrió con gran parte de la infraestructura y el patrimonio municipal. Este significativo hecho, explica exactamente lo que ocurrió en Ariguaní durante la administración de Carlos Eduardo Castilla Baena.

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El “basurero municipal” no contaba con ningún manejo técnico y estaba convertido en un peligroso foco de vectores endémicos, es decir, de enfermedades infectocontagiosas, que atentaba contra la salud pública del municipio, especialmente de los barrios aledaños a su área de influencia, como son 20 de mayo, Simón Bolívar, Emmanuel, Sinaí, San Jorge y La Florida, así como el Hospital Alejandro Maestre. Esta era la realidad del Relleno Sanitario Regional, transformado por la desidia de la Administración Municipal de Castilla Baena, en un botadero a cielo abierto.

Tan grave era la situación, que existe una una denuncia interpuesta ante la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el 16 de octubre del 2015, bajo el radicado No. 7844 y que dio lugar a una intervención inmediata por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpamag. De ahí que, esta entidad realizó una visita técnica el 5 de noviembre del año anterior; además, solicitaron un informe a la Alcaldía de Castilla Baena, sobre el estado de lo que ellos calificaron como un “botadero a cielo abierto”.

Sin embargo, este informe nunca fue elaborado ni remitido a la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpamag, es más ni en la Alcaldía ni la USPA se encontró un documento que diga exactamente cuantas toneladas por mes de residuos sólidos producía la cabecera municipal de Ariguaní, ni respuesta alguna a los requerimientos de la Autoridad Ambiental.

Ante esta situación la Oficina Jurídica de la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpamag, proyectó en los primeros meses del año, el levantamiento de la Licencia Ambiental de funcionamiento del Relleno Sanitario, expedida mediante la Resolución 2737 del 21 de noviembre de 2008. De haberse presentado este hecho Ariguaní habría vivido una emergencia ambiental sin precedentes y de proporciones catastróficas para el bienestar de sus comunidades.

A pesar de todo esto, extrañamente, solo hasta este año la Procuraduría tomó cartas en el asunto. En efecto, mediante comunicación dirigida a la Alcaldía, la Dra. Marlene De Jesús Cortés Díaz, Procuradora Ambiental y Agraria del Magdalena, el pasado 7 de julio, con  Radicado No. 36000-PJIIAAM-459, solicitó un informe del estado actual del Relleno Sanitario Regional, motivada por la denuncia interpuesta ante Corpamag.

Mientras esto sucedía en Ariguaní en el 2015, el desgobierno de Carlos Eduardo Castilla Baena, era total, a tal punto que crecía la delincuencia, el microtráfico, la extorsión y los narcoparamilitares se tomaban los alrededores El Difícil, como lo reconocen algunos líderes sociales, aunque para la la Subteniente Julie Stephany Serrano Murcia, Comandante de la Estación de Policía de Ariguaní, sus estadísticas decían otra cosa.

Para acabar de completar este oscuro panorama, durante el proceso de empalme la Administración Municipal saliente de Castilla Baena, no entregó la información pormenorizada, como lo exigen las Leyes 951 del 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012, ni tampoco cumplió los aspectos generales del empalme entre los mandatarios entrante y saliente.

Además, desconoció en cierta medida, la Circular Conjunta No. 018 de septiembre 15 del 2015, emanada por Contraloría y Procuraduría General de la Nación; así como la Circular Externa No. 005 del 19 de octubre de 2015, de la Contaduría General de la Nación.

Sin embargo, Carlos Eduardo Castilla Baena, apeló a la muy clásica leguleyada de oficio y al mejor estilo de las acostumbradas estrategias uribista, dilatar y acomodar, en su intento por desconocer las implicaciones de lo solicitado por los entes de control. Así lo expresó en su carta del el 12 de diciembre del 2015 el ex alcalde: “… la Ley 951 de 2005, desafortunadamente no ha recibido reglamentación por parte del Gobierno Nacional y todas esas formalidades que nos trasmiten tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría General de la Nación en el ámbito de sus competencias a través de la Circular Conjunta No. 018 del 03 de septiembre de 2015, debe entenderse como meras sugerencia… (sic)”.

Por otro lado, según el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 50 de la Ley 1757 de 2015, donde se precisa que el «empalme de Gobierno es un proceso que contribuye a la rendición de cuentas de la rama ejecutiva, la cual es una obligación de todos los servidores de la administración pública»; no obstante, la Administración saliente, del exalcalde Carlos Eduardo Castilla Baena, dejó varios vacíos con respecto a la información sobre su gestión y alcances, frente a los servicios públicos, que presta el ente territorial, a través de la Unidad de Servicios Públicos de Ariguaní, como lo dejan entrever los escasos documentos que dejaron en la sede administrativa de la USPA.

Es decir, la actual administración de la Unidad de Servicios Públicos, USPA, a cargo de Aldo  De León Vergara, se ha dado a la tarea de recoger y reconstruir la información necesaria y pertinente para adelantar su gestión técnica y operativa.

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La Otra Cara

Actualmente, la Unidad de Servicios Públicos de Ariguaní ha emprendido un proceso de adecuación, rehabilitación y manejo técnico del Relleno Sanitario Regional, que minimice y controle de los impactos ambientales.

En la actualidad, ya se adelantó la primera fase, que correspondió al mantenimiento de sus vía de acceso, remoción de masa, limpieza de su cerramiento, control de vectores endémicos y mejoramiento de la celda de disposición final de residuos con chimeneas para el fuga de gases.

De igual manera, se realizan gestiones para la consecución de recursos destinados a la adecuación del área administrativa y finalizar con las obras de infraestructura que optimice el tratamiento de disposición final de los residuos sólidos urbanos.

Además, se tiene proyectado realizar acciones sociales que incorporen la labor de selección, recuperación y comercialización de materiales reciclados por parte de un grupo de recicladores ariguanenses, con el fin de propiciar un proceso de organización de una unidad productiva que dignifique a los recuperadores.

Por otro lado, es importante señalar que en el tema de la cultura ciudadana todavía hay mucho por hacer. En este sentido, es preciso señalar a los dueños de los grandes graneros o distribuidoras de alimentos, no tienen la más mínima conciencia ambiental; así lo demuestran el uso del Relleno Sanitario que hacen estos comerciantes, olvidando que es un bien público.

Es decir, a estos señores adoptaron las costumbre de la administración de Castilla Baena, donde cualquiera por fuera de las normas técnicas y ambientales arrojaba sus residuos y desechos como quería en el Relleno Sanitario. De tal forma, que disponen a su antojo de una infraestructura que es patrimonio de todos los ariguanenses. Igual, sucede hoy con los productores de lácteos.

Finalmente, “a pesar de la situación en la que encontramos al Relleno Sanitario Regional, nos hemos dado a la tarea de rehabilitarlo, dándole el manejo técnico que requiere, en cumplimiento de las labores de disposición final en la prestación del servicios de recolección domiciliaria del aseo urbano en la cabecera municipal y el Corregimiento de Pueblo Nuevo, que es parte del objetivo misional de la Unidad de Servicios Públicos de Ariguaní”, precisó Aldo De León Vergara, Jefe de la USPA.

Fotografías: [ar] actualidad regional, 2016.

Fallas técnicas de Electricaribe mantiene suspendido el bombeo del Acueducto de Ariguaní

Por. Víctor Garavito

Debido a una falla en la tensión del servicio de energía eléctrica que presta Electricaribe se interrumpió esta semana el bombeo de la Subestación No. 1, ubicada en el Corregimiento de San José de Ariguaní.

Sin embargo, en el día de ayer miércoles 23, después de las gestiones adelantadas por la Administración de la Unidad de Servicios Públicos de Ariguaní, USPA, Electricaribe realizó una visita técnica a la Subestación en las horas de la tarde, con el propósito de solucionar el inconveniente técnico que mantiene el sistema de bombeo paralizado.

“Esperamos que rápidamente Electricaribe solucione los problemas de la caída en la tensión del servicio de energía para reanudar el bombeo en el sistema de acueducto del Municipio”.

“Le pedimos comprensión a la comunidad ariguanense, dado que la falla técnica no depende directamente de la USPA sino de Electricaribe”, señaló Aldo Raúl De León Vergara, Jefe Operativo de Unidad de Servicios Públicos. Y agregó que: “Seguiremos comprometidos con el mejoramiento continuo del servicio, con el fin de contribuir con el bienestar, el desarrollo y la construcción de un Ariguaní más incluyente para todos”.

Fotografía: ©Actualidad Regional, 2016.

$1.029 millones se invertirán en mejoramiento del servicio de Energía en el Municipio de Ariguaní

Por. Victor Garavito

Tanto Electricaribe como la Administración Municipal de Ariguaní, buscan alternativas frente al inminente corte del servicio de energía en los barrios San Andrés, Solidaridad, 20 de mayo y el Corregimiento de San José de Ariguaní, previsto para mediados del mes de febrero, debido a la deuda acumulada de estos sectores subnormales, que asciende a la suma de $711.399.703 millones.

Por esta razón, en los próximos días se realizará una mesa de trabajo interinstitucional con el propósito de proponer una salida que beneficie a las comunidades ariguanenses, fue la determinación que tomó el Alcalde Rivelino Mendoza Ballesta frente a Electricaribe. Así mismo, se tiene previsto desarrollar reuniones directamente con los barrios afectados; además, se trazará un cronograma para la adecuación y el mejoramiento de las redes eléctricas de los sectores vulnerables del municipio.

Según Electricaribe, en estos momentos sólo se recauda el 23% del total de la facturación que se registra mensualmente en el Municipio de Ariguaní. Este hecho hace imposible que la empresa de energía cuente con un funcionario y una cuadrilla de reparación para las redes en los sectores populares de El Difícil.

Cabe señalar, que la deuda total de los 21 barrios subnormales de la cabecera municipal, los Corregimientos de Vadelco y San José de Ariguaní; además, de los asentamientos de San Jorge, San Tropel y Betel de Pueblo Nuevo, ascienden a la suma de $2.868.511.276 millones.

Por su parte, el Alcalde de Ariguaní, Rivelino Mendoza Ballestas, anunció la inversión de $1.029 millones que gestionó ante el Ministerio de Minas y Energía, para Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas, PRONE.

El Programa PRONE fue creado mediante la Ley 1117 de 2006; la iniciativa busca que el Gobierno Nacional financie estos proyectos en asentamientos subnormales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1123 de 2008, que entre otras cosas contempla el menor costo para los usuarios.

De tal manera, “que los barrios que contaran con nuevas redes eléctricas y la optimización del servicio en este primer semestre del 2016, serán El Congo, El Paraíso, San Andrés y Solidaridad; así mismo, seguiremos insistiendo ante el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de mejorar del sistema de energía eléctrica en todo el municipio. Con inversión social, nos aseguraremos que el desarrollo llegue a las comunidades más olvidadas de Ariguaní; de esta forma, construiremos calidad de vida, por el bien de todos”, señaló el Alcalde Rivelino Mendoza Ballestas.

Fotografía: © 2016 [ar] actualidad regional. Panorámica del Barrio El Congo, de El Difícil, Municipio de Ariguaní.