Utilidad Pública, Un Mecanismos para el Despojo del Territorio

La Tierra Que Era Nuestra
Por. Victor Garavito

Para nadie es un secreto que un megaproyecto minero energético, siempre viene acompañado de desplazamientos forzados, masacres y las afectaciones ambientales sobre los ecosistemas estratégicos de las comunidades.

Prueba de ello son las insistentes denuncias de esa relación entre megaproyectos y las afectaciones sobre el territorio; a pesar de ello, el Estado parece no darse por enterado y las investigaciones por estos hechos nunca arrojan resultados. De esta forma, bajo la más completa impunidad operan las multinacionales y se construye “el desarrollo del país”, como lo defiende los altos funcionarios del Gobierno Nacional.

Ejemplo de ello son las denuncias por las 50 masacres perpetradas durante el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, sobre el río Cauca; estos mismo hechos se presentaron durante el periodo que se construyó Hidrosogamoso, donde activistas señalan que fueron 21 episodios de exterminio sistemático contra las comunidades que poblaban este sector del departamento de Santander.

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Representante a la Cámara Ángela María Robledo del Partido Verde

¿Utilidad Pública?

Para los funcionarios del Estado, como de las multinacionales, la utilidad pública es simplemente el diseño de un polígono, es decir, trazan una línea, que delimita y engloba un territorio, para imponer su inmediato desalojo.

Se trata, como dice la ley de sanear y garantizar la ejecución por vía administrativa de cualquier proyecto que sea congruente con el modelo económico extractivista de la locomotora minero energética, promovido desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, aprobado por el Congreso de la República, mediante la Ley 1753 del 9 de junio de 2015.

Luego, bajo la sentencia C-394/12 del 30 de mayo del 2012 de la Corte Constitucional, se declararon exequible los artículos 83, 122 y 246 de la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expidió el Plan Desarrollo 2010-2014”, en lo que corresponde al uso del concepto de utilidad pública y de interés social.

Entonces, la única noción de la declaratoria de “utilidad pública” que entiende el Estado, amparada por la normatividad legal vigente, como la Ley 1742 de diciembre 26 de 2014 y la 1682 del 22 de noviembre de 2013, opera como mecanismo de despojo del territorio y la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades del país.

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Representante a la Cámara por Antioquía Víctor Correa

El modelo económico

El antecedentes más cercano del concepto de utilidad pública, lo encontramos en el derecho español, donde opera como un consenso social frente a la importancia de algunas obras que según la comunidad, su ejecución podría contribuir con el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

En cuanto a nuestro continente, durante el Siglo XX los países latinoamericanos enfrentaban diversas perspectivas de desarrollo; sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL logró impulsar la tesis que era necesario acelerar el crecimiento industrial para generar riquezas y de esta forma recortar las distancias entre los países industrializados y el llamado tercer mundo, como lo es el nuestro.

En Colombia, el exponente de este modelo fue el expresidente Carlos Lleras Retrepo, que con sus Leyes, como la 60 de 1967 de diciembre 26 y la Ley 20 de 1969, del 22 de diciembre, le confirieron a la minería un papel preponderante dentro del sector económico.

Conforme con la medidas tomadas por Lleras, el sector minero energético es declarado de utilidad pública, porque sería el encargado de generar los insumos para el desarrollo del país y la industria nacional. La idea de ese momento era crecer hacia dentro, sustituir importaciones y solo exportar excedentes, entre otras decisiones.

Luego, se expide el Decreto 2655 de 1988, que se  configura como el primer Código Minero del país, donde se reitera la utilidad pública que el Estado le asigna a este sector; en esta misma línea el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, traza medidas para fortalecer la industria nacional y promueve la exportación solo de excedentes, porque la idea de crecer consistía en la transformación de los insumos por la industria colombiana para generar empleo y riqueza para el país.

Sin embargo, de eso  no quedó nada y pasamos a un modelo netamente extractivista, que ha desmantelado la industria nacional y exporta todo lo que produce el país; además, un sector minero energético que se encuentra en manos de multinacionales extranjeras, que no le tributan al país, como lo demuestran sus declaración de impuestos. Así se denunció durante la Audiencia Pública del pasado 18 de noviembre.

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Líderes Sociales de la Comunidades Afectadas por la Implementación de la Utilidad Pública

Para rematar, la Ley 685 de agosto 15 de 2001, por la cual se expidió el Código de Minas, legaliza la entrega el país al capital extranjero. Esta medida ratifica, como lo señala la Constitución de 1991, que el Estado es el propietario de los recursos naturales de los colombianos y este es derecho es inalienable e imprescriptible.

Si bien la Ley 685, en su artículo 13, nuevamente declara de utilidad pública el sector minero energético, el art. 15 precisa que nuestras riquezas pueden ser exploradas y explotadas por terceros a cambio de unas regalías que le dejan cuantiosas ganancias a las multinacionales y probadas perdidas al país, como lo demuestra el contrato realizado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la ConocoPhillips, en el caso de San Martín, Cesar. Y, por otro lado, están los irreversible daños ambientales.

Además, en el art. 60 del Código Minero, establece la autonomía empresarial; en términos reales significa que el concesionario (Léase multinacional) que extrae el recursos es su propietario y puede hacer lo que quiera con ellos. Esto conlleva a que el 92% del carbón que se produce en el Cerrejón se exporte; es decir, a las cinco(5) multinacionales que manejan este mineral no les importa lo que suceda con la demanda del mercado interno.

Así mismo, los cambios que ha presentado la política minero energética en el país son evidente. En primer lugar, el Estado consideró su desarrollo y sí se justificada que este sector fuera de utilidad pública e interés social; sin embargo, hoy esta figura sirve para que el Gobierno Nacional entregue nuestros recursos, que son de todos los colombianos, a un particular, preferiblemente extranjero y con ello viene la expropiación de los territorios a la comunidades.

Frente a estas realidades es urgente reformular el Código Minero, teniendo en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional, como la C123/14 y la C035/16; además, de la inexequibilidad del art. 37 de la Ley 685, bajo la C273/16, que prohibía a las entidades territoriales locales y regionales, tomar decisiones sobre su territorios con respecto a las actividades mineras.

¿Qué dijo el Viceministro del Interior?

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Viceministro del Interior, Dr. Guillermo Rivera Flórez

Durante la Audiencia Pública citada por la Cámara de Representantes, por iniciativa de los parlamentarios Víctor Correa, Ángela María Robledo y los senadores Alberto Castilla e Iván Cepeda, realizada el pasado 18 de noviembre del presente año, el Viceministro del Interior, Dr. Guillermo Rivera Flórez, develó que la posición del Gobierno Nacional es  deslegitimar la oposición bajo el argumento de la “polarización”.

Para el Estado colombiano, las otras opiniones y visiones, como la de los afectados por la implementación del concepto de utilidad pública, polariza, es decir, atrasa y esta contra el desarrollo del país y se opone a la paz. En este orden de ideas, es poco lo que queda para el diálogo, si el Gobierno Nacional mantiene su actual postura, entonces: ¿Cuál es la estrategia del diálogo del Estado? Consiste en trazar la llamadas “líneas rojas”, como lo ha llamado el Presidente Juan Manuel Santos Calderón.

Rivera en su breve intervención precisó que: “Sobre el concepto de utilidad quisiera hacer alguna precisiones en materia minero energética y de explotación de recursos naturales: a mi me parece que lo que nos podría hacer mucho daño como nación, es no encontrar fórmulas de entendimiento que nos permita superar esta polarización y estas divisiones extremas, en el sentido de que toda la política minero energética es dañina para el medio ambiente, o contrario a eso, que toda la política minero energética hay que desarrollarla a cualquier costo a cualquier costo, dado ya que es una política estratégica, que genera ingresos fiscales muy importantes, que genera empleo y, quizás, los temas medio ambientales pasarían a un segundo plano”.

Y en lo que respecta al diálogo el Viceministro enfatizó que: “Debo decir que mi actitud frente al diálogo social es la misma que mantenía en el Congreso, como la tengo ahora en el Gobierno; este es un Gobierno que tiene en su ADN el diálogo social. No hay un solo conflicto ni tensión social a la que no hayamos acudido en el término de la distancia, al diálogo; los problemas se enfrentan por la vía del diálogo en el Meta, en el César, en el Cauca, en todas partes, de eso puedo dar fe, que cuando se han agotado las vías del diálogo ha existido la intervención de la fuerza pública…” [sic]

Inmediatamente, después de la intervención del Dr. Guillermo Rivera, las comunidades presentes en la Audiencia Pública manifestaron que el diálogo con el Gobierno Nacional, normalmente terminaba con seguimientos a los líderes sociales y ambientalistas, por parte de los organismos de seguridad y de acciones del ESMAD contra las comunidades.

Nuevos Anuncios

El pasado 6 de diciembre, en medio de la Mesa de Concertación Indígena, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, sorprendió a las diferentes sectores sociales del país al plantear que el Gobierno Nacional buscará regular la Consulta Previa.

De esta forma, el Estado deja claro nuevamente lo que significa la paz real y el aviso del Dr. Cristo, da un campanazo de alerta ante las verdaderas intenciones del Gobierno Nacional; es decir, cuando el ministro le notifica al país esta decisión es porque comienza el desmonte gradual del único mecanismo que hoy tienen las comunidades para defender sus territorios.

Finalmente, lo que se avecina es una pertinaz lucha de las comunidades colombianas, ante la pretensión del Estado y el viejo anhelo de las multinacionales en acabar o deslegitimar la consulta previa, porque se ha convertido en un verdadero escollo frente al desarrollo de los megaproyectos y la explotación minero energética, como es el caso de San Martín, Cesar, en la que sus habitantes libran una feroz batalla, que todos deberíamos acompañar, contra la implementación del Fracking por parte de la multinacional ConocoPhillips.

Entrevistas

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Isabel Cristina Zuleta, Directora del Movimiento Ríos Vivos (Tercera de Izq a Der.)

[ar] actualidad regional: ¿Cuál es el balance que les deja a las comunidades la Audiencia sobre Utilidad Pública en la Cámara de Representantes?

Isabel Cristina Zuleta, Directora del Movimiento Ríos Vivos: Es un primer evento sobre un debate muy profundo para el país, que va al nudo de los problemas socioambientales y sus conflictos, pero también al nudo de los intereses de grandes poderes económicos y políticos. Sabíamos que iba hacer muy difícil y no esperábamos una postura favorable del Gobierno, como la que obtuvimos hoy; postura que desconoce la oposición a la política minero energética y abre pocos canales para discutirla; a pesar de ello, encontramos la decidida y firme resistencia de muchas comunidades del país.

De ahí que en el debate intervinieran todo tipo de comunidades afectadas por el mal uso de la figura de utilidad pública y esa resistencia es la posibilidad para que se habrá el debate, se amplié y llegue a las instancia del Gobierno, con el propósito de producir su reflexión sobre lo que le están haciendo con las comunidades rurales y como se esta dando este despojó con el uso de la figura de utilidad pública.

[ar]: ¿Cómo explicarle a las comunidades que significa la utilidad pública, cómo enfrentarla y qué derechos tiene frente a su implementación?

Isabel Cristina Zuleta: En términos sencillos le permite a los megaproyectos mineros, grandes represas, de transmisión de energía, las Zidres, que son grandes monocultivos con la intencionalidad de quitarle la tierra a las comunidades, esto le posibilita al Gobierno expropiar, porque argumenta que hay otros intereses mayores sobre el territorio.

En este aspecto, casi se podría decir, como se expresa en uno de los proyecto es que hay que retirar todos los estorbos de la vía para la ejecución de esos megaproyectos; entonces la gente es entendida como un estorbo, Entonces, aplican los decretos que permiten el desalojo forzoso de la gente; es decir, no solo le quitan la tierra a las comunidades sino que si estaban en esos territorios pescando, porque los pescadores no tienen tierra, llega el ESMAD y dan la orden mediante un amparo policivo y despojan a la gente, con el fin de darle paso a los megaproyectos.

Por eso, la importancia que las comunidades nos organicemos y luchemos contra esta figura, porque si se utiliza, también entiendan que la pesca, la tierra, las semillas, la cultura, los saberes ancestrales, como el barequeo, también son de utilidad pública; dado que hoy se esta tergiversando esa figura y se usa para otros intereses.

[ar]: ¿Cuáles son las comunidades que en estos momentos están siendo más afectadas por la figura de utilidad pública?

Isabel Cristina Zuleta: Lo que pudimos comprobar hoy en la Audiencia, es que las comunidades más afectadas son las todas aquellas donde hacen presencia los proyectos energéticos; es decir, está figura esta siendo más utilizada para el desarrollo de la producción de la energéticos.

Si bien se ha implementado en las comunidades que se encuentran en territorios mineros, actualmente se ve un interés más exacerbado de su aplicación frente a los proyectos hidroenergéticos, el fracking, el carbón y la construcción de gasoductos. De tal manera, que se puede advertir la implementación de la declaratoria de utilidad pública en territorios atravesados por proyectos energéticos. Por eso, el movimiento Ríos Vivos, llama la atención a las comunidades para que fortalezcamos la organización y nos articulemos, con el propósito de exigirle al Gobierno Nacional que que responda estas simples preguntas. Energía para qué, para quién y a qué costo?

[ar]: ¿Qué sé ha ganado hasta el momento?

Isabel Cristina Zuleta: Hemos ganado esperanza en que es posible debatir, así sea con represión. Hemos ganado esperanza en que nos podemos juntar, en que somos un pueblo digno que a pesar de la violencia, nos podemos levantar y exigir nuestros derechos.

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Senador Alberto Castilla del Polo Democrático

Senador Alberto Castilla

[ar]: ¿Después de la Audiencia qué queda claro de la implementación del concepto de utilidad pública?

Alberto Castilla: Para mi la utilidad pública es un mecanismo para resolver problemas y hoy es mal utilizado. Y cuando me refiero a mal utilizado, es porque frente al modelo de desarrollo económico del país, este concepto se ha convertido en la estrategia para la ejecución de megaproyectos. En este sentido, resulta que al declarar territorios de utilidad pública nunca se tienen en cuenta a quienes habitan esas territorialidades; de esta forma, se presenta un choque entre los planes de desarrollo y los planes de vida de las muchas comunidades en el país.

Mientras las comunidades se relacionan de una forma distinta y armónica con sus ecosistemas estratégicos, los actuales modelos de desarrollo minero energéticos se lo plantean solo para la explotación del recurso. Esto significa que se presenta una ruptura entre la forma como las comunidades abordan el territorio y la que el Estado lo entiende, que es la del simple aprovechamiento económico.

Por estas razones, es fundamental abordar el tema con rigurosidad y contemplando todas las variables, con el propósito que la implementación de la utilidad pública no siga lesionando a las comunidades. En ese orden de ideas y frente a las diferentes denuncias y testimonios presentados por los diversos sectores que intervinieron en la Audiencia, es fundamental que el Congreso entre su implementación.

[ar]: ¿Y después de la Audiencia qué sigue?

Alberto Castilla: El debate que den la comunidades, los escenarios como de la Audiencia Pública en el Congreso, en un momento tan importante del país, como es el de construcción de paz, debe llevar al Gobierno Nacional a escuchar estas voces y debería estar dispuesto a revisar esta norma. En esa vía, hoy lo que hemos evidenciado es que se requiere establecer los lineamientos y los procedimientos precisos qué deben tenerse en cuenta para la declaratoria de utilidad pública, porque esta no puede quedar con criterios amplios sino establecido por el legislativo por qué se debe realizar los procesos de declaratoria de utilidad pública.

Por otro lado, frente a los hechos denunciados por las comunidades durante la Audiencia, nosotros seguiremos insistiendo en la Consulta Previa, como un mecanismos a través del cual se escuche la voz desde los territorios. No puede seguir pasando que se hagan declaratorias sin escuchar a la poblaciones colombianas. Por eso, estamos impulsando una reforma constitucional al artículo 64, que contempla los derechos de los campesinos y como uno de sus derechos políticos quede consignado el de la consulta previa, unidos a otros derechos que hoy no tienes las comunidades agrarias del país.

De tal manera, que es oportuno abrir la discusión porque Colombia no puede quedarse entendiendo la oportunidad de construir paz y escuchar la voz de quienes están en los territorios. Este es un verdadero desafió para el Estado, se trata de invertir como se toman las decisiones, para que únicamente no privilegie a los empresarios sino que también debe garantizar las condiciones de vida de los indígenas, afros, campesinos, sectores populares, esto es lo que verdaderamente nos pone a soñar en un país con una construcción de paz estable y duradera, que se vincule a las comunidades y se invierta esa pirámide de la toma decisiones.

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Fotografías: [ar] actualidad regional, 2016©

La Mirada Desde El Poder

El Censor, La Democracia No Tiene Remedio
Por. Víctor Garavito

Dice el refrán popular: “Los ojos son los espejos del alma”, porque a través de la mirada somos capaces de inspirar confianza, generar rechazo, censurar, perseguir y hasta decretar la muerte del otro.

Mientras hay miradas que enamoran, promueven la confianza y el respeto por la otredad, algunas son capaces de matar y de provocar un hondo desasosiego, como las que encontramos en esos ojos sanguinolentos y violentos, henchidos del más profundo odio.

Y son precisamente esas miradas las que asustan, porque no auguran esperanza ni promesa sino desvelo e intranquilidad frente al despiadado e implacable acecho de la muerte, como efectivamente reflejan esos ojos depredadores del censor que se alimentan de los otros, para calmar sus ansiedades, insuflar los destierros y procrear ausencias.

Lenguaje y Realidad

Hoy, los asesores de imagen de la clase política, plutócratas y tecnócratas que se encuentran en el poder, se esfuerzan en diseñar las miradas y sus sonrisas, para decorar el lenguaje aséptico, presumiblemente mesurado con el que se abordan los temas más álgidos del país; ejemplo de ello fue la Audiencia Crímenes Contra la paz, realizada el pasado miércoles 7 de diciembre, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se abordó el asesinato sistemático de lideres sociales y defensores de derechos humanos de los últimos meses.

Durante, este evento, uno de sus protagonista fue el lenguaje y su ritmo: palabras lentas, aparentemente inteligentes, esterilizadas y neutras, esta es la tendencia de los discursos del poder; la estrategia de las intervenciones de los altos funcionarios del Estado apuntan a despolitizar y desideologizar nuestra realidad, en tiempos de paz y del posconflicto, con el propósito de negarla y descontexturalizarla para imponer el silencio nacional frente a los graves hechos que vivimos de asesinatos sistemáticos de líderes sociales (Informe del Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo) y el accionar narcoparamilitar.

Este mismo lenguaje aséptico, es el que procura mantener las “líneas rojas” del status quo del establishment, de la que siempre habló el Presidente Juan Manuel Santos Calderón; quizás por eso le dieron el desprestigiado Nobel de Paz, como premio a la consigna que mantienen los neoliberales: el modelo económico no se toca [extractivismo], de la que salió triunfadora la plutocracia colombiana y las multinacionales extrajeras, a las que el Gobierno Nacional les entrega el país.

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CODA: La misma estrategia se impone en el arte colombiano que promueve la institucionalidad y el Ministerio de Cultura, donde los artistas solo son los saltimbanquis del poder y los terapeutas de quienes siempre hemos estado desahuciados o muertos.

Fotografía: La Mirada desde El Poder: El Censor, Guillermo Rivera Flórez, Viceministro del Interior. Audiencia Crímenes Contra la paz. Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, miércoles 7 de diciembre. ©[ar] actualidad regional, 2016.

Publicada en: Artistas Zona Oriente