Con la muerte el pasado jueves 27 de abril del defensor de derechos humanos, Diego Fernando Rodríguez Montenegro, ocurrido entre los límites de los departamentos de Cauca y Nariño, en inmediaciones de la Vereda Gana Plata, perteneciente al Municipio de Mercaderes, son ya 41 los asesinatos de líderes sociales en Colombia en los cuatros primeros meses del 2017.
Rodríguez Montenegro, era líder social y actualmente se desempeñaba como representante legal del Consejo Comunitario Ganaplata y Caney; además, era miembro del Palenque La Torre y la Junta de Acción Comunal en Mercaderes.
Once de estos hechos se produjeron contra los defensores de derechos humanos del Cauca; a pesar de ello, el Estado niega la presencia de grupos paramilitares en el territorio nacional y responde con el silencio impasible del cómplice.
Al mismo tiempo que el escenario cada día se ensombrece, este lunes 1 de mayo el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza, mostró la preocupación del organismo internacional frente a la deteriorada situación por la que traviesan los defensores de los derechos humanos en Colombia.
“Hemos recibido información de al menos 41 casos de defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en apenas cuatro meses de 2017. Esto representa un aumento con respecto al mismo periodo de años anteriores y es muy alarmante”, precisó Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Así mismo, Alto Comisionado de la ONU afirmó que los activistas, al igual que los periodistas y otros representantes de la sociedad civil, afrontan grandes peligros en el desempeño de su trabajo.
Sin embargo, es preciso recordar que desde el pasado 7 de diciembre del 2016 durante la Audiencia Crímenes Contra la paz, realizada en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se abordó el asesinato de lideres sociales y defensores de derechos humanos, el Estado a través del Viceministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, se empeñó en negar la sistematicidad de estos hechos durante las intervenciones de los altos funcionarios.
No obstante, este debate citado por los Representantes Ángela María Robledo, Inti Asprilla, Alirio Uribe, Víctor Correa y el Senador Iván Cepeda, le demostró todo lo contrario; a pesar de la negativa del Gobierno Nacional en reconocer la gravedad de la situación, que cinco (5) meses después se ha agravado y ya alertó a Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; mientras la única respuesta de Juan Manuel Santos, parece ser el silencio, al tiempo que el Nobel de Paz del 2016 salió rápidamente apoyar los bombardeos sobre Siria que realizó los Estado Unidos.
Finalmente, Zeid llamó a los gobiernos a combatir la impunidad y a procesar de manera justa los crímenes y abusos contra periodistas y activistas en América Latina para que puedan llevar a cabo su labor en un entorno seguro y libre, en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Ayer Santa Marta le demostró al país que es una ciudad educada, pacifica pero con la certeza de sus convicciones. Así lo dejaron ver sus habitantes, durante la Marcha, realizada ayer, 14 de febrero, que convocó a la ciudadanía samaria cansada de la pésima prestación del servicio de acueducto y saneamiento básico, por parte de la multinacional española Metroagua S.A, filial de Inassa.
Como un día histórico para la ciudad, lo calificó el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, quien a su vez le pidió a los samarios continuar la lucha por la defensa del patrimonio público frente a las dilaciones y las maniobras jurídicas empleadas por Metroaguas, que en los últimos seis (6) años, ha impedido el mejoramiento del servicio público y ha puesto en riesgo la salud de las comunidades de Santa Marta; impidiendo de esta forma el desarrollo y el bienestar social de su gente
Muy a pesar, de la carta abierta presentada por el Gerente General de Metroagua S.A, José Luis Londoño, el pasado martes, con la que intentó entorpecer la marcha, fueron alrededor de 25.000 samarios, quienes que se movilizaron desde el Estadio Eduardo Santos hasta el Parque Bolívar, donde se llevó a cabo una concentración social, para expresar su indignación ante a la clase política, quienes son los responsables de esta crisis, cuando decidieron entregar el servicio de acueducto a la multinacional española.
Por eso, ayer el primer derrotado fue Metroagua, pero también la vieja clase política del Magdalena, que desmanteló el patrimonio de los samarios; además, salió derrotado el silencio y la indiferencia, de una ciudadanía que hoy esta unida entorno a la defensa de lo público, contra la corrupción y dispuesta a dar la pelea por sus convicciones.
Así mismo, Santa Marta le notificó a Metroagua, que esta vez los samarios nos desfallecerán en su empeño por recuperar su patrimonio; además, no permitirán el chantaje ni el cobro desorbitado por la devolución de las redes ni la infraestructura del sistema, a la que se hizo esta entidad, con los recursos públicos del Estado colombiano; por eso, se declararon veedores del procesos, que se iniciará este 17 de abril cuando termine el irregular contrato de arrendamiento firmado y concebido solo para favorecer a la multinacional española.
Cabe señalar, que en un acto de soberanía y en uso de sus atribuciones legales, el Alcalde, Rafael Alejandro Martínez, expidió el pasado 11 de enero, la Resolución No. 009, para modificar la cláusula cuarta (4) del contrato de arrendamiento de Metroagua, que caducará el próximo 17 de abril. Pero esta batalla jurídica fue iniciada en la anterior Administración, cuando el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, dio los primeros pasos de un litigió jurídico que lo llevaron a instaurar una acción popular, respaldada hoy con la firma de 230.308 samarios y en contra la empresa española.
De esta forma, Santa Marta, se declaró en estado de alerta y de lucha, frente a los actos de corrupción de la tradicional clase política que originó la actual crisis del agua que vive la ciudad.
Hoy van 103.303 firmas en solo cuatro días que Santa Marta se ha movilizado para recoger 150.000, con el propósito de respaldar la acción popular que su exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar interpuso contra la multinacional Metragua S.A ESP, quien opera el acueducto desde 1989, mediante un irregular contrato de arrendamiento. Esta demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el 2016 y busca impedir que la ciudad pague una desorbitante indemnización a la que aspira la empresa española filial de Inassa, quien solicitó en las últimas horas medidas cautelares, con el fin que se le prohíba a la Alcaldía recuperar las redes que son de todos los samarios.
Por Victor Garavito.
Para muchos samarios la empresa española Metroagua S.A. pretende chantajear a la ciudad, con el polémico contrato de arrendamiento, que por 28 años dejó a Santa Marta sedienta, con unos de los peores servicios de acueductos del país y un agua no apta para el consumo humano.
Frente a esta realidad, antes de terminar su mandato como alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, a finales del 2015, elevó una acción popular para dejar sin efectos jurídicos el contrato de arrendamiento suscrito entre la Alcaldía Distrital de Santa Marta durante el mandato del exalcalde Alfonso Campos Vives y Metroagua S.A, por considerarlos “violatorio de la moralidad administrativa y del patrimonio público”.
Todo empezó mal
Estos hechos iniciaron con la expedición del Decreto 207 del 14 de julio de 1989 (Ver Decreto), por medio del cual se ordenó la constitución de la empresa de economía mixta Metroagua S.A., expedido por el entonces alcalde Alfonso Campos Vives(ver Video).
La entidad nace bajo escritura pública No. 1895, el 14 de noviembre de 1989 (Ver Escritura), suscrita en la Notaria Primera de Santa Marta, por lo que el entonces mandatario Campos Vives firmó este documento, sin contar con las facultades para suscribir el acto jurídico.
Por otro lado, existen varias presuntas irregularidades como lo indican los expertos en contratación administrativa; la primera de ella es que se realizó un contrato de arrendamiento y no se concesionó el servicio mediante licitación pública. Así mismo, se violó el Decreto Ley 222 de 1983, que estipulaba que la duración del arrendamiento de cualquier tipo de bien de las entidades públicas no podían superar los cinco años.
De esta forma, se cumplen 28 años de un arrendamiento que inició viciado por la ilegalidad y fue extendido por las anteriores Administraciones mediante la figura del “otro sí”, firmado en 1996, 1997, 2000 y 2002, que solo buscaban beneficiar a Metroagua S.A. No contentos con esta situación, cada nueva Administración que llegaba a Santa Marta le mejoraba las condiciones a la empresa española, en contra de los intereses colectivos de sus ciudadanos y el patrimonio publico de los samarios.
Fue así como, en 1997, el alcalde encargado Luis Cuello estableció que Metroagua no le debía pagar al Distrito el 33% de los recaudos sino apenas el 2% y prorrogó el contrato hasta abril de 2017.
Por su parte, del exalcalde Jaime Solano, se dice que solo cruzó la calle del Palacio Distrital para sentarse en la gerencia de Metroagua; no sin antes derogar la labores de interventoría a cargo de la Administración Distrital, por lo que esta entidad quedó sin la supervisión de la ciudad. Cabe señalar que Solano fue suspendido tan solo dos (2) días antes de terminar su periodo por el entonces presidente Andrés Pastrana, tras las inocultables irregularidades presentadas durante su gestión, según lo determinó la Procuraduría General de la Nación.
Aunque ahí no pararon los exabrupto jurídicos, porque durante el mandato del exalcalde Hugo Gnecco Arregocés, quien pertenece al clan Gnecco Cerchar y fuera condenado por irregularidades en la contratación pública, se volvió a modificar el contrato con la clara intención de beneficiar nuevamente a Inassa en el 2002 y perjudicar a Santa Marta. En esta ocasión Gnecco Arregocés determinó que las mejoras de Metroagua debían ser reconocidas por el Distrito y suprimió la caducidad del arrendamiento.
Exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, con la comunidad samaria abordando la realidad del acueducto de la ciudad
Los recursos del Estado
De otro lado, Metroagua se ha favorecido de los recursos del Estado vía Regalías con 11.445 mil millones de pesos; además, el Plan Departamental de Aguas le giró $14.460 mil millones; otro tanto hizo con el Ministerio de Ambiente con $12.886 mil millones y recibió 15.3 millones de dólares de la Agencia Española de Cooperación, entre otros recursos recibidos por proyectos que financió el Departamento Administrativo Distrital de Medio Ambiente, Dadma y Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag. A pesar de todo esto, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, acaba de confirmar lo que todos saben en Santa Marta, que en el 20 por ciento de la ciuada no existe el acueducto.
Sin embargo, un estudio entregado a la Superintendencia de Servicios Públicos, estima que del 2003 al 2016, Metroagua S.A. cobró alrededor de $221.000 mil millones por concepto del llamado costo medio de inversión, valor que se les trasladó a los samarios en la factura de un servicio que nunca cumplió con los estándares mínimos exigidos por la Ley 142 de 1994, sin que se produjera ningún pronunciamiento de fondo por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Quiénes son los accionista de Metroagua?
En la actualidad, el 35% de Metroagua S.A ESP pertenece a Inassa, filial de la española Canal de Isabel II, quien estuvo envuelta en un escándalo de corrupción denunciado en la Asamblea de Madrid en España en el 2015; por otro parte, el 33% es del Zar de las Basura, el antioqueño William Vélez Sierra, un reconocido uribista, quien fue mencionado por paramilitares en los hallazgos que se le hicieron al computador de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; caso investigado por la Fiscalía General de la Nación en el 2009 y reactivado en el 2012, pero del que nunca se supo nada más y presuntamente quedará en la impunidad; así mismo, el 28% corresponden al Distrito de Santa Marta.
La respuesta de la Alcaldía
Por su parte, el actual alcalde Rafael Martínez, el pasado 11 de enero, mediante la Resolución No. 009, modificó de forma unilateral la cláusula cuarta (4) del contrato de arrendamiento de Metroagua que caducará el próximo 17 de abril; mientras que la empresa espera que la ciudad le entregue 60.000 mil millones de pesos por sus no muy clara inversiones. Mientras tanto la única propuesta del Estado es privatizar, a través de una Alianza Público-Privada, APP, como lo manifestó en su visita a Santa Marta el Director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz, el pasado 20 de enero, donde quedó claro que la ciudad necesita de una inversión de 2.8 billones para mejorar su sistema de acueducto y alcantarillado.
Por todas estas razones, los samarios no cuentan con un servicio de alcantarillado eficiente ni digno que les garantice un agua apta para su consumo, como lo denuncia el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar y como acaba de ratificar el Secretario de Salud (E) Dr. Carlos Payares en una carta enviada al Alcalde Rafael Alejandro Martínez; para completar muchas localidades carecen del servicio, lo que se constituye en un obstáculo para el desarrollo y el bienestar social de las comunidades, que hoy recogen firmas para liberar por segunda vez a Santa Marta del yugo español de Metroagua y del antioqueño William Vélez Sierra.
Fotografía:[ar] actualidad regional, febrero de 2017.
[Entrevista] Diana Viveros: “Un Proceso en Construcción” Por. Víctor Garavito
En un país donde la corrupción, es parte fundante de su sociedad, como lo han demostrado en los últimos días el caso de Odebrecht S.A. y Reficar; es más, en un Departamento como el Magdalena, en el que uno de los más altos funcionarios de la Gobernación de Rosa Cotes y exsecretario de educación, Antonio José Matera Ramos, esta prófugo de la justicia debido a irregularidades en contratos por $18.531 millones, hablar de cultura como eje estructurante del desarrollo, suena extraño.
Sin embargo, en Santa Marta, en los últimos 6 años, se inició un proceso de transformación que comenzó desde la Administración, del entonces Alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar.
Este fue el punto de partida de los profundos cambios que ha vivido el Distrito de Santa Marta, con una inversión destinada al desarrollo social, lo que se constituyó en una verdadera cruzada para devolverle a los samarios una ciudad inmersa en los más sofisticados entramados de corrupción, al que la habían llevado su cuestionada clase política.
Por eso hoy, con el actual alcalde Rafael Alejandro Martínez, los samarios se sienten orgullosos de su ciudad y de todo lo que han alcanzado en estos últimos seis (6) años. De esta forma, demostraron que sí era posible el desarrollo y el bienestar social, cuando sus ciudadanos se lo proponen y luchan por los que les pertenece y se lo arrebatan de las manos a quienes nunca hicieron nada por la “Perla del Caribe”, nuestra Santa Marta.
Y en todo este ciclo la cultura ha jugado un papel muy importante en la construcción de ciudadanía, ha tal punto que logró consolidar un sector que se encontraba al margen del desarrollo; además, de promover la identidad cultural de los samarios, la salvaguarda de su patrimonio material e inmaterial; así como el impulso al fomento y la construcción de públicos, la investigación etnocultural, la producción artística y su circulación.
Hoy la Dirección de Cultura Recreación y Deporte del Distrito de Santa Marta, tiene cinco (5) programas estratégicos y unas metas tangible para el 2017. Por eso, dialogamos con su Directora, la Antropóloga Diana Viveros Paz, para conocer sobre las prospectivas del sector.
[ar] actualidad regional: ¿Qué papel juega la formación artística en el Distrito de Santa Marta?
Diana Viveros P.: Este es uno de los programas estratégicos del Distrito, como lo son las Escuelas de Formación Artística y Cultural, EFAC, con las que aspiramos a formar a 3.200 niños en el 2017, en todas las disciplinas y expresiones culturales.
Además, no proponemos que mediante Acuerdo Distrital se establezca este programa de las Escuelas como una política, es decir, que pasen de ser un proyecto a un programa permanente, donde niños, niñas y jóvenes samarios, puedan desarrollar todo su potencial creativo y su talento. Este es uno de nuestros principales objetivos para este año.
[ar] ¿Cómo Santa Marta se posiciona en el ámbito nacional como una ciudad con oferta cultural permanente?
DVP.: La segunda meta queremos posicionar a Santa Marta como una ciudad de Festivales. En la actualidad hay seis (6) certámenes y queremos que estos se mantengan en este año y que los colombianos, la región y el turismo internacional, estén enterados que en la ciudad hay una oferta cultural en la que puede disfrutar y participar.
Por otro lado, entendemos que con los Festivales dinamizamos la cultura, además, contribuye con la formación, el intercambio de saberes y el emprendimiento local de nuestros creadores.
[ar] ¿Qué mecanismos para el fomento de la actividad creativa y el fortalecimiento del sector tiene previsto la Dirección de Cultura?
DVP.: Actualmente, contamos con un Fondo de Apoyo y Estimulo a las Artes y la Cultura, que se lanzó en el 2016, ya hizo su primera convocatoria y cuenta con un significativo número de proyectos que radicaron los artistas locales y demás entidades culturales de la ciudad. Este Fondo, estamos gestionando con la empresa privada su fortalecimiento.
Así mismo, buscamos que la ciudadanía se organice y el sector se formalice para acceder a los diferentes recursos del Fondo.
[ar] ¿Con respecto a los procesos de construcción de ciudadanía o cultura ciudadana, qué proyecto tiene el Distrito?
DVP.: Otro de nuestros proyectos estratégicos es “Entró Al Juego”, es un proyecto de cultura ciudadana, que desde el lenguaje deportivo pretende llegar a los turistas y samarios con el propósito de ir sensibilizando a la comunidad en temas de convivencia y civismo, donde nuestras relaciones sociales y la cotidianidad, estén mediadas por el respeto, así como, la solidaridad entre quienes habitamos o visiten por Santa Marta.
[ar] ¿Dentro del fomento a la creación artística, que planes ha diseñado la Dirección?
DVP.: Tenemos la programación permanente de la Agenda Cultural. En importante señalar, que Santa Marta, cuenta por primera vez con su web especializada en temas culturales, como lo es santamartacultural.co, donde se encontrará toda la oferta cultural del Distrito.
Igualmente, ya tenemos listo el Plan Decenal de Cultura del Distrito, que este año estaremos entregando. De igual forma, en el portal cultural tendrá toda la información sobre el patrimonio cultural, las diferentes convocatorias locales y nacionales, como también todo lo referente a la Dirección de Cultura de la ciudad.
Por otra parte, continuamos con la programación de la Manzana Cultural, que va a continuar funcionando en el Centro Histórico, con la puesta en escena de nuestro talento local, en sus diferentes expresiones artísticas. Con este evento itineramos por los diferentes parques y llevamos un merado de emprendimiento cultural, donde nuestros creadores tienen la oportunidad de ofrecer su producción artística, que lo denominamos “Baúl Arte”.
[ar] ¿Es la cultura una estrategia de cohesión social y algo más que simple entretenimiento en Santa Marta?
DVP.: Sí. Con programas, como los de Manzana Cultural, también propiciamos la resignificación del espacio público y se convierte en una oportunidad para que la comunidad no solo sea espectadora sino que participe y encuentre en el ocio creativo una oportunidad de expresión; en este punto buscamos que nuestras familias y los turistas tengan la posibilidad de encontrar en la oferta cultural otra alternativa distinta de entretenimiento, que sea distinto a solo ir al Centro Comercial.
De otro lado, con el programa de “Cultura Al Aire Libre” que se escenifica en los parques de La Equidad y La Alegría, donde los diferentes procesos de formación de las Escuelas de Formación Artísticas del Distrito, tienen un espacio, así como las comunidad samaria construir identidad y disfrutar de la producción local de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Finalmente, Santa Marta vive su propia transformación como ciudad y sociedad, donde la cultura es parte fundamental de su desarrollo. De esta forma, no solo promueve una alternativa viable, sino que están propiciando la reflexión de cómo es posible generar verdaderos cambios sociales que promuevan la construcción de la paz, sin corrupción, ni las complicidades entre criminalidad y la clase política, que se tomaron hoy nuevamente se tomaron al país.
El tambor es la esencia del alma de los pueblos del Caribe, con el que se expresan sus luchas y sobre el cual gira el ensamble de los distintos ritmos que conforma su riqueza musical.
A otro ritmo Por. Víctor Garavito
El pasado 5 y 6 de enero del presente año, se llevó a cabo en las Playas del Rodadero de Santa Marta y con la participación de más de 5.000 espectadores, la tercera versión del Festival Internacional de Tambores del Caribe.
De esta forma, la Alcaldía Distrital, a través de su Dirección de Cultura, Recreación y Deportes le apuesta al rescate de la identidad cultural, la investigación etnocultural y la circulación de la producción artística de las diferentes agrupaciones musicales de la capital del Magdalena.
Así mismo, es el reflejo de un proceso de las escuelas artísticas, donde hoy se preparan alrededor de 500 niños en la interpretación del tambor y demás instrumentos de percusión, quienes conforman la Banda Distrital de Tambores de Santa Marta.
Una historia ancestral
El tambor en Colombia entró por Santa Marta con la llegada de los esclavos africanos de las etnias Biohos, Cabindos, Mandingos, Balantas, Macondos, Kimbundus o Basongos, quienes en la parte baja de la Sierra Nevada crearon el primer palenque de nuestro país, que tenía como nombre “La Enramada”.
Por otra parte, en la región occidental y central de África, los bantú usan la palabra ngoma, que significa tambor. Sin embargo, otros historiadores señalan que ya los pueblos originarios del Caribe lo tenían como instrumento musical, como lo advierte el investigador samario Guillermo Barreto.
Lo cierto es que después de los procesos de mestizaje y de hibridación cultural, el tambor sufrió diferentes cambios y transformaciones hasta que finalmente llegó a ser el continente –contenedor– donde hoy se expresa la historia de todos los pueblos y naciones que pertenecen al Caribe, territorio donde la palabra, la tradición oral y el tambor, son parte fundante de su acervo cultural.
Pero tambores hay muchos, a pesar de ello, los más característicos de la cultura Caribe colombiana son el alegre, el llamador o yamaró y la tambora, con los que se ejecutan los ritmos del bullerengue, el fandango, el porro y la cumbia.
El Festival
En su tercera edición del Festival de Tambores del Caribe, se realizó un conversatorio con las diferentes agrupaciones internacionales que participaron en el evento, con el propósito de explorar el contexto histórico y el desarrollo musical del tambor en San Andrés, Venezuela, Brasil, Cuba y Colombia, quienes se participaron del cierre del evento.
Grupo Creole de San Andrés
La agrupación “Creole”, fundada en 1986 por el maestro Orston Christopher, para preserva las tradiciones de los territorios insulares de San Andrés y Providencia, a través de su lengua nativa y su diversidad musical, como son los ritmos del Calipso, Mentó, Shottish, Quadrille, Reggae y la Polka.
Batucada Unido Do Uirapuru de Rio de Janeiro
Por su parte la “Batucada Unidos Do Uirapuru” es un conjunto de músicos dedicados a la interpretación, composición y arreglos de temas del Carnaval de Río de Janeiro y Bahía, que ejecutan los instrumentos de percusión autóctonos de las Escuelas de Samba, acompañado de la cantante brasileña De Soussa y su Show de Garotas.
Ensamble Colombo-Estadounidense Encuentro Entre Dos Mundo, Estampa
Por otro lado, el Latin Jazz estuvo a cargo del “Ensamble Encuentro de Dos Mundos, Estampa”, conformado por el Productor Musical, Nelson Rodríguez Jr, quién reunió a músicos colombianos junto al virtuoso baterista norteamericano, Henley Varner II, de Atlanta. De esta forma se logró una excelente fusión con ritmos tradicionales del Caribe colombiano.
Peligro y sus Rumberos de Cuba
La cuota cubana estuvo a cargo de “Peligro y sus rumbeemos”, grupo que se conformó en el año 1959 como cuarteto en La Habana y que hoy está compuesto por 7 integrantes, su director y cantante principal Rolando Verdes López, quienes tienen una reconocida trayectoria internacional en escenarios de África, Asía y Europa, así como en México, Venezuela y Nicaragua.
Gaita Zuliana Cineca Show de Venezuela
Igualmente, desde la «Tierra de Gracia», Venezuela, se presentó la tradicional Gaita Zuliana de “Cineca Show”, conjunto que salvaguarda los versos y cadencias rítmicas de los Estados de Zulia y los al rededores del gran Lago de Maracaibo; además, género de música popular, conocido también como Gaita del Furro, que fuera declarado Bien Patrimonial de Interés Cultural y Artístico del vecino país.
Por su parte, la participación nacional estuvo a cargo de ‘Reina del bullerengue’, la maestra Petrona Martínez, con su fusión musical: Petrónika, una mezcla entre sus ritmos tradicionales y los nuevos sonidos del género electrónico.
Petrona Martínez
De esta forma se configura Santa Marta como el principal destino turístico de los colombianos y la ciudad del “buen vivir”, donde este año se realizarán siete (7) festivales que convocaran lo mejor de la cultura del Caribe.
Por este artículo, publicado el el 5 de enero del 2016 en el periódico regional HOY DIARIO DEL MAGDALENA: “Dicen Víctimas del Conflicto: “Hemos perdido hasta el presente” (Retirado de la Web de la Empresa Informativa miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP), he recibido una intensa persecución por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dentro la acostumbrada estrategia que usan las entidades públicas de tender cortinas de humo para invizibilizar la realidad y desviar la atención frente a otras miradas. De tal manera, que con ataques de carácter personal y profesional, el Estado colombiano viola el derecho a la libertad de expresión y re-victimiza a las víctimas.
“Hemos perdido hasta el presente”, dicen Víctimas en Colombia Por. Victor Garavito
“No solo con buenas intenciones construiremos la paz, es imprescindible propiciar hechos reales que transformen nuestra realidad y nos permita volver a creer en la esperanza de un mejor futuro, porque hace falta dignificar las víctimas, las que aún hoy hemos perdido hasta el presente”, con estas palabras resume su situación Rita Eva Ávila Mendoza, quien sigue esperando que la Unidad Nacional de Víctimas cumpla con la Ley 1448 del 10 de junio de 2011.
Rita Avila, fue desplazada, junto con tres familias más, de la Vereda La Paz del Caribe en el 2012, perteneciente al Corregimiento de Guachaca, ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
“De un momento a otro y por exigencia de hombres armados, nos sacaron de donde siempre habíamos vivido y no nos quedó más que venirnos para Santa Marta, donde nunca me imagine lo duro que era vivir en la ciudad”, recuerda doña Rita.
En la actualidad, lleva cuatro meses esperando una segunda ayuda humanitaria; sin embargo, aún aguarda una respuesta que le ha sido esquiva. “En la Unidad de Víctimas la atención es muy mala, sólo representamos un número y hacemos parte de las estadísticas necesarias para los informes de gestión; además, los funcionarios se burlan de nosotros y no nos prestan atención; siempre nos dicen que nadie les va a decir nada porque ellos son los que mandan”, precisa Ávila Mendoza.
El pasado 17 de diciembre [2015], después de madrugar a las 5:30 de la mañana para conseguir una ficha con la que pueda ser atendida por los funcionarios de la Unidad de Víctimas, sobre las 3:30 de la tarde de ese jueves volvían a decirle lo mismo que en los últimos 120 días ha escuchado: “Que no había sido activada por Bogotá”.
A pesar que doña Rita Ávila tiene cáncer y su riñón izquierdo fuera extraído en una intervención quirúrgica practicada en Bogotá, porque en Santa Marta no contaba con el servicio de urología; el pasado 17 de diciembre intentó explicarle a un infranqueable celador, convertido hoy en el primer interlocutor de la Unidad de Víctimas y experto en la tramitología que a diario enfrentan los más de 190.000 desplazados que viven en la capital del Magdalena y son atendidos en la sede del barrio María Eugenia.
“En el 2015 me entregaron una ayuda de $600.000 y nunca más he contado con la suerte de recibir otro auxilio, a pesar de mi precaria condición de salud, de ser madre cabeza de hogar a cargo de tres hijas y dos nietos, porque mi hijo vive con mi madre y es que en la Unidad de Víctimas es un problema para todo: hay madrugar por las fichas a las 5:30 de la mañana, las citas, etc. Mientras, que los desplazados solo le pedimos al Gobierno Nacional que nos ayude y no nos abandone; fíjese hasta votamos otra vez por el Presidente y hoy siento que no nos ha cumplido”, señala vehementemente Rita Ávila.
Sede Administrativa del Magdalena de la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas
Además, agrega: “No más el 17 de diciembre, cuando les conté a una de las funcionarias sobre esta entrevista, en tono de sarcasmo me dijo que denunciara que ni baños había en la sede María Eugenia para los empleados. Por eso, muchos de los desplazados no queremos ir más a esas oficinas”.
Así se atiende a las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia en Santa Marta. Centro de Atención Barrio María Eugenia, 17 de diciembre de 2015
Por otro lado, frente al tema de salud “estamos mal, cada vez que vamos al IPC del Barrio María Eugenia esta cerrado, nunca hay atención y nos mandan para otro lado y muchas veces ni para el pasaje tenemos”, advierte Rita Ávila.
Finalmente, el caso de doña Rita Eva Ávila Mendoza, representa solo una de las miles de historias que deambulan por la Santa Marta tratando de sobrevivir en medio de la exclusión que se ensaña contra quienes fueron víctimas del conflicto armado; mientras sus días son golpeados insesantemente por la indiferencia institucional, algunos de los desplazados aún sueñan que el 2016 las cosas por fin cambien en medio del proceso de posconflicto que vivirá el país.
Saldo Negativo en materia social Por. Víctor Garavito
El balance social que arrojan las decisiones legislativas tomadas por el Congreso de la República en el 2016, es negativo para la amplia mayoría de los colombianos y los sectores populares del país.
En materia legislativa el 2016 el saldo es negativo para las aspiraciones de las clases medias y bajas en Colombia, quienes enfrentarán un incierto 2017 en materia económica, con un salario básico que cada día pierde poder adquisitivo, con un aumento del 7%, $741.717 más auxilio de transporte $83.140 para un total $820.857, fijado por el Gobierno Nacional; al mismo tiempo, aumenta la concentración de la riqueza en el 9% de la población y persiste la entrega del país a los intereses de la multinacionales extranjeras.
Sin embargo, en medio de esta nada halagador panorama, la clase política que ocupa el Congreso de la República, se dedicó en el 2016 a favorecer la plutocracia criolla y las multinacionales minero energéticas, con reformas y leyes que garantizan el despojo de las riquezas de los colombianos y hacen inviable el desarrollo del país.
Por otro lado, si se trata del control político ejercido, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, es absolutamente pobre, dado que no arrojó resultados concretos dentro del ejecutivo ni de las entidades encargadas de realizar las investigaciones frente a las diferentes denuncias por corrupción o el fracaso de este modelo económico que no contribuye al desarrollo ni al bienestar, ni siquiera a punta del asistencialismo de sus políticas sociales sino que perpetua la pobreza; aunque el legislativo sea ha dedicado a promover la destrucción de los ecosistemas estratégicos y las violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios del Estado.
De esta manera, el Congreso de Colombia demostró una vez más, que sigue siendo la trinchera donde la clase política, junto con la plutocracia y las transnacionales deshacen este precario remedo de democracia y negocian el país, que se supone nos pertenece a todos. Mientras el Centro Democrático da un precario espectáculo en su defensa al gobierno del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y los intereses del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, que patrocinaron sus mentiras en la campaña del No al plebiscito por la paz, pero votaron afirmativamente la Reforma Tributaria.
Así lo refleja el hundimiento de la Proyecto de Acto Legislativo que intentaba consagrar al agua como un derecho fundamental, que fuera impulsado por las organizaciones ambientales del país y presentado por el Senador Jorge Eliécer Prieto Riveros; pero también, la iniciativa legislativa del Senador Jesús Alberto Castilla que buscaba reconocer al campesinado como sujeto político y promover políticas para proteger la cultura, la economía campesina, así como el reconocimiento al derecho a la tierra individual, colectivamente para las familias y comunidades campesinas, con el fin de acceder a la titulación y el territorio.
En cambio, el 16 de junio fueron aprobados los 244 artículos del Código de Policía que claramente viola los más elementales derechos humanos, criminaliza la protesta social y convierte a todos los ciudadanos en un blanco potencial de una sociedad inmersa en la sospecha, de una fuerza que se niega a mejorar sus relaciones con las comunidades y salirse del esquema de la guerra de baja intensidad, aplicada desde 1970, fecha en que se expidió la anterior norma que duro vigente por los últimos 46 años.
Pero también, esta legislatura consolidó las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, Zidres, con la expedición de la Ley 1776 del 29 de enero del presente año, por las que el lobby de las multinacionales se cortan las venas, dado el jugoso negocio que representa para el capital especulativo financiero y la legalización de la entrega de las mejores tierras del país al capital extranjero. Así se legitimó el despojo de tierras a los campesinos colombianos, en un país que un día era nuestro.
Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la joya de la corona: la Reforma Tributaria, aprobada a pupitrazo limpio y bajo la presión del lobby empresarial colombiano y de las multinacionales extranjeras.
El regalo de navidad del Congreso de la República castigará a los colombianos por ser pobres con un IVA del 19%, es decir $7.5 billones al que nos condenaron los Senadores y Representantes; al tiempo que los más ricos solo le aportaran al fisco nacional el 0,4% billones en sus impuestos el 2017; mientras esto pasa el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón subasta al país en los mercados internacionales.
Esta Reforma Tributaria espera recaudar $12 billones para tapar el hueco fiscal que nos ha dejado la corrupción del Estado colombiano y los negocios de los altos funcionarios del Gobierno, a su vez premia y promueve la evasión, dado que solo se sancionará a los evasores a partir de $5.000 millones. Sin embargo, el 60% de los productos de la canasta familiar fueron gravados con el IVA del 19%.
De tal manera, que los que ganaron fueron los Congresistas, quienes están cobrando el 12% a los Alcaldes por los “cupos” de los contratos que les da el Gobierno Nacional por votar sus proyectos, que es como funciona la mermelada que se esparce desde la Presidencia de la República y con la que se van aceitar las campañas políticas que elegirá, como siempre a los mismos el próximo año.
Finalmente, Colombia termina con un saldo negativo en materia social y como el tercer país más desigual en el mundo, en medio de una realidad de una nación carcomida por el hambre, la impunidad, la corrupción y ambiciones de las multinacionales extranjeras que nos saquean y solo dejan destrucción a su paso por el territorio nacional. Por eso, este no será un feliz año para todos.
En Colombia, Ser Mujer Sale Caro
Por. Víctor Garavito
El gasto anual por concepto de toallas higiénicas y tampones en el país es de $2,2 billones y con un IVA del 16% representa $343.000 mil millones; con la nueva Reforma Tributaría que en estos momentos se discute en el Congreso de la República, el impuesto aumentaría al 19%, es decir, pasaría a $400.000 mil millones, lo que significa que ser mujer en Colombia sale caro.
Mientras que en el actual proyecto de Reforma Tributaria se contempla bajarle el Impuesto de Renta a las multinacionales extranjeras en un 11%, es decir, pasarán del 43% al 32%, a las empresas nacionales, pequeñas y medianas, solo se les disminuirá sus carga impositiva en un 2%; al tiempo que a la mujeres colombianas se les cobrará una tarifa del IVA plena del 19%.
En la actualidad los artículos tienen un impuesto del valor agregado, IVA, del 5%, 10% o la tarifa máxima del 16%, con los que se gravan los bienes de lujo; es decir, los que no son vitales para la supervivencia ni pertenecen a la canasta básica de los hogares colombianos.
Sin embargo, artículos de primera necesidad para las mujeres, como las toallas higiénicas y los tampones tienen hoy un IVA del 16% como si fueran un artículo de lujo; hecho que desconoce la condición biológica y de paso refleja la esencia de un Estado de concepción esencialmente machista que discrimina por la condición de género; además, desconoce arbitrariamente el principio constitucional a la igualdad de los colombianos.
En cifras
En Colombia una toalla higiénica cuesta alrededor de $500 pesos y las mujeres deben usar, por recomendación médica, una cada 4 horas; entonces, sí la regla dura cinco (5) días, representaría 25 al mes. Ahora bien, en el año son 13 periodos, entonces serían 323 protectores sanitarios anuales y costarían unos $160.000 en promedio.
Según el DANE hay 13 millones 200 mil mujeres en edad reproductiva, en ese orden de ideas, el gasto en el año suma $2,2 billones y si le sacamos el 16% del IVA, sumaría $343.000 mil millones; pero si el impuesto pasa al 19% le pagarían al Estado unos $60.000 millones más, por el solo hecho de ser mujeres; es decir, el Gobierno busca recaudar $30.000 por cada una de los colombianas anualmente.
Pero, esta realidad es apenas la punta del iceberg de una situación económica que golpea fuertemente a la mujeres colombianas, como lo confirman las misma estadísticas del Estado. En este sentido, si observamos la tasa de desempleo en nuestro país, vemos que 13% son mujeres.
Por otro lado, en el campo laboral sin importar que la experiencia o la preparación académica sean similares, las mujeres reciben un 20% menos del salario que un hombre; es decir, por cada $100,oo pesos que obtiene un colombiano, a las colombianas se les cancela solo $80,oo.
Además, el 30% de hogares donde la mujer es cabeza de familia, viven en la pobreza y dentro del sector informal de la economía, las colombianas dedicadas al rebusque alcanzan el 60%.
Este es el panorama real de las mujeres colombianas, según los estudios realizados por el Grupo de Género y Justicia Económica, quien adelanta la Campaña “Menstruación Libre de Impuestos” y que el pasado jueves 15 de diciembre, efectuó un plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Hacienda en Bogotá.
Según Natalia Moreno Salamanca, investigadora del Grupo de Género y Justicia Económica, “cualquier modificación al IVA afecta mucho más a las mujeres porque en el país nuestra situación es peor que la de los hombres y al aumentar un impuesto regresivo que afecta más a los que menos tienen, evidentemente grava mucho más a la mujeres”.
Otro ejemplo, que vale la pena destacar lo constituye la industria cosmética; estos artículos que son de la canasta básica de las mujeres, debido a la presión social y los modelos idealizados que venden los medios privados de información, que como la televisión estratifica y consolida la pirámide cultural y del gusto del público dentro de su estrategia de unificación del imaginario colectivos de las sociedades, como lo señala el Prof. Román Gubern.
Si vemos con detenimiento este hecho a las mujeres se impone “como ser o parecer” y se las explota como segmento consumidor más sistemáticamente a través de una publicidad que en su totalidad esta enfocada en un 80% directamente a su condición de género.
Y dentro de la Reforma Tributaria podemos advertir que los artículos como maquillaje y similares van a tener un alza del 16% al 19%. Igual sucede con el llamado “impuesto rosa”, que es el grupo de bienes que por el hecho de estar dirigidos a las mujeres y ser rosados tienen un sobreprecio entre el 5% y el 20% más, como son las maquinas para depilar, talcos, desodorantes y champús, etc.
Otro aspecto más lesivo aún para las mujeres colombianas es el establecimiento del “monotributo”, que es un impuesto dirigidos a los pequeños negocios de barrio, como las peluquerías, misceláneas, modisterías y tiendas, entre otros. Este nuevo gravamen, además de ser un impuesto antitécnico porque grava las ventas y no las utilidades, afectara más a las colombianas.
En otras palabras, el DANE señala que las mujeres trabajan 13 horas en promedio diario, de las cuales siete(7) son dedicadas a la administración del hogar. Por eso, muchas colombianas no pueden dedicarse a trabajos formales en el ámbito laboral; entonces, una estrategia de supervivencia consiste en montar negocios en sus domicilios.
De tal manera, que el “monotributo”, pone en riesgo la economía familiar y el empleo femenino, lo que puede generar el aumento de mujeres desempleadas en el país, que ya es alto.
En último término, la reforma contempla la eliminación del CREE o impuesto de la equidad, creado para garantizar programas sociales, como el SENA y el ICBF; de suceder esto, sin duda, entra en riesgo la financiación de estas instituciones, que como la del Servicio Nacional de Aprendizaje, es reconocida como la universidad de los pobres; además, se iniciaría el desmonte gradual de la oferta pública dirigida a la protección y cuidado de la infancia colombiana.
De ahí que, seguramente, frente a esta realidad que se avecina, terminaran las mujeres por asumir esta labor, lo que aumentaran las 13 horas laborales diarias, con una salario menor y con la carga de un impuesto más vía “monotributo”.
Y por si fuera poco, todos los colombianos que ganen un salario superior a $2,700.000 mensuales en el 2017 tributaran. De esta forma, el Estado busca afectar cada día más a las clases medias y bajas de los estratos 1, 2, y 3, porque cada dos años el techo de los gravámenes son dirigidos a quienes ganan menos. De seguir esta tendencia en menos de seis (6) años el salario mínimo será afectado por el impuesto a la renta.
El Debate
El Grupo de Género y Justicia Económica, tomó la decisión de hacerle frente al debate legislativo en el Congreso de la República; razón por la cual, han adelantan una intensa labor en estos últimos días para dialogar con los Senadores y Representantes para exponer sus puntos de vistas frente a la perjudicial Reforma Tributaria que promueve el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría.
Con esta finalidad, Natalia Moreno Salamanca preciso que: “redactamos una proposición solicitándole al Gobierno, que dentro de la lista de bienes exentos de IVA incluya artículos como las toalla higiénicas, tampones, entre otros. En el primer debate de la Reforma, que se desarrolló el martes 6 de diciembre, el Senado rechazó nuestra iniciativa, al dejarla como constancia y archivarla, porque el Gobierno la negó.”
A pesar de esta derrota, “hoy más de 50 congresistas de todos los partidos ya nos firmaron la nueva propuesta que presentaremos en el segundo debate y que esta dirigida a eliminar los gravámenes a los bienes de primera necesidad para la mujeres colombianas. En virtud de lo anterior, esperamos que en esta ocasión el Gobierno Nacional no ignore los legisladores que apoyan esta nueva proposición, la acepte y la incluya en el texto de la Reforma definitiva”, precisó Moreno Salamanca.
Finalmente, si este último intento no fructifica el Grupo de Género y Justicia Económica, demandará por inconstitucionalidad la Reforma Tributaria que en los próximos días se aprobará en el congreso, dado que los impuestos están claramente en contra de los principio de equidad y progresividad, porque como van las cosas ser mujer en Colombia resulta demasiado costos.
Natalia Moreno Salamanca del Grupo de Género y Justicia Económica
Para nadie es un secreto que un megaproyecto minero energético, siempre viene acompañado de desplazamientos forzados, masacres y las afectaciones ambientales sobre los ecosistemas estratégicos de las comunidades.
Prueba de ello son las insistentes denuncias de esa relación entre megaproyectos y las afectaciones sobre el territorio; a pesar de ello, el Estado parece no darse por enterado y las investigaciones por estos hechos nunca arrojan resultados. De esta forma, bajo la más completa impunidad operan las multinacionales y se construye “el desarrollo del país”, como lo defiende los altos funcionarios del Gobierno Nacional.
Representante a la Cámara Ángela María Robledo del Partido Verde
¿Utilidad Pública?
Para los funcionarios del Estado, como de las multinacionales, la utilidad pública es simplemente el diseño de un polígono, es decir, trazan una línea, que delimita y engloba un territorio, para imponer su inmediato desalojo.
Se trata, como dice la ley de sanear y garantizar la ejecución por vía administrativa de cualquier proyecto que sea congruente con el modelo económico extractivista de la locomotora minero energética, promovido desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, aprobado por el Congreso de la República, mediante la Ley 1753 del 9 de junio de 2015.
Luego, bajo la sentencia C-394/12 del 30 de mayo del 2012 de la Corte Constitucional, se declararon exequible los artículos 83, 122 y 246 de la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expidió el Plan Desarrollo 2010-2014”, en lo que corresponde al uso del concepto de utilidad pública y de interés social.
Entonces, la única noción de la declaratoria de “utilidad pública” que entiende el Estado, amparada por la normatividad legal vigente, como la Ley 1742 de diciembre 26 de 2014 y la 1682 del 22 de noviembre de 2013, opera como mecanismo de despojo del territorio y la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades del país.
Representante a la Cámara por Antioquía Víctor Correa
El modelo económico
El antecedentes más cercano del concepto de utilidad pública, lo encontramos en el derecho español, donde opera como un consenso social frente a la importancia de algunas obras que según la comunidad, su ejecución podría contribuir con el desarrollo y el bienestar de la sociedad.
En cuanto a nuestro continente, durante el Siglo XX los países latinoamericanos enfrentaban diversas perspectivas de desarrollo; sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL logró impulsar la tesis que era necesario acelerar el crecimiento industrial para generar riquezas y de esta forma recortar las distancias entre los países industrializados y el llamado tercer mundo, como lo es el nuestro.
En Colombia, el exponente de este modelo fue el expresidente Carlos Lleras Retrepo, que con sus Leyes, como la 60 de 1967 de diciembre 26 y la Ley 20 de 1969, del 22 de diciembre, le confirieron a la minería un papel preponderante dentro del sector económico.
Conforme con la medidas tomadas por Lleras, el sector minero energético es declarado de utilidad pública, porque sería el encargado de generar los insumos para el desarrollo del país y la industria nacional. La idea de ese momento era crecer hacia dentro, sustituir importaciones y solo exportar excedentes, entre otras decisiones.
Luego, se expide el Decreto 2655 de 1988, que se configura como el primer Código Minero del país, donde se reitera la utilidad pública que el Estado le asigna a este sector; en esta misma línea el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, traza medidas para fortalecer la industria nacional y promueve la exportación solo de excedentes, porque la idea de crecer consistía en la transformación de los insumos por la industria colombiana para generar empleo y riqueza para el país.
Sin embargo, de eso no quedó nada y pasamos a un modelo netamente extractivista, que ha desmantelado la industria nacional y exporta todo lo que produce el país; además, un sector minero energético que se encuentra en manos de multinacionales extranjeras, que no le tributan al país, como lo demuestran sus declaración de impuestos. Así se denunció durante la Audiencia Pública del pasado 18 de noviembre.
Líderes Sociales de la Comunidades Afectadas por la Implementación de la Utilidad Pública
Para rematar, la Ley 685 de agosto 15 de 2001, por la cual se expidió el Código de Minas, legaliza la entrega el país al capital extranjero. Esta medida ratifica, como lo señala la Constitución de 1991, que el Estado es el propietario de los recursos naturales de los colombianos y este es derecho es inalienable e imprescriptible.
Si bien la Ley 685, en su artículo 13, nuevamente declara de utilidad pública el sector minero energético, el art. 15 precisa que nuestras riquezas pueden ser exploradas y explotadas por terceros a cambio de unas regalías que le dejan cuantiosas ganancias a las multinacionales y probadas perdidas al país, como lo demuestra el contrato realizado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la ConocoPhillips, en el caso de San Martín, Cesar. Y, por otro lado, están los irreversible daños ambientales.
Además, en el art. 60 del Código Minero, establece la autonomía empresarial; en términos reales significa que el concesionario (Léase multinacional) que extrae el recursos es su propietario y puede hacer lo que quiera con ellos. Esto conlleva a que el 92% del carbón que se produce en el Cerrejón se exporte; es decir, a las cinco(5) multinacionales que manejan este mineral no les importa lo que suceda con la demanda del mercado interno.
Así mismo, los cambios que ha presentado la política minero energética en el país son evidente. En primer lugar, el Estado consideró su desarrollo y sí se justificada que este sector fuera de utilidad pública e interés social; sin embargo, hoy esta figura sirve para que el Gobierno Nacional entregue nuestros recursos, que son de todos los colombianos, a un particular, preferiblemente extranjero y con ello viene la expropiación de los territorios a la comunidades.
Frente a estas realidades es urgente reformular el Código Minero, teniendo en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional, como la C123/14 y la C035/16; además, de la inexequibilidad del art. 37 de la Ley 685, bajo la C273/16, que prohibía a las entidades territoriales locales y regionales, tomar decisiones sobre su territorios con respecto a las actividades mineras.
¿Qué dijo el Viceministro del Interior?
Viceministro del Interior, Dr. Guillermo Rivera Flórez
Durante la Audiencia Pública citada por la Cámara de Representantes, por iniciativa de los parlamentariosVíctor Correa, Ángela María Robledo y los senadores Alberto Castilla e Iván Cepeda, realizada el pasado 18 de noviembre del presente año, el Viceministro del Interior, Dr. Guillermo Rivera Flórez, develó que la posición del Gobierno Nacional es deslegitimar la oposición bajo el argumento de la “polarización”.
Para el Estado colombiano, las otras opiniones y visiones, como la de los afectados por la implementación del concepto de utilidad pública, polariza, es decir, atrasa y esta contra el desarrollo del país y se opone a la paz. En este orden de ideas, es poco lo que queda para el diálogo, si el Gobierno Nacional mantiene su actual postura, entonces: ¿Cuál es la estrategia del diálogo del Estado? Consiste en trazar la llamadas “líneas rojas”, como lo ha llamado el Presidente Juan Manuel Santos Calderón.
Rivera en su breve intervención precisó que: “Sobre el concepto de utilidad quisiera hacer alguna precisiones en materia minero energética y de explotación de recursos naturales: a mi me parece que lo que nos podría hacer mucho daño como nación, es no encontrar fórmulas de entendimiento que nos permita superar esta polarizacióny estas divisiones extremas, en el sentido de que toda la política minero energética es dañina para el medio ambiente, o contrario a eso, que toda la política minero energética hay que desarrollarla a cualquier costo a cualquier costo, dado ya que es una política estratégica, que genera ingresos fiscales muy importantes, que genera empleo y, quizás, los temas medio ambientales pasarían a un segundo plano”.
Y en lo que respecta al diálogo el Viceministro enfatizó que: “Debo decir que mi actitud frente al diálogo social es la misma que mantenía en el Congreso, como la tengo ahora en el Gobierno; este es un Gobierno que tiene en su ADN el diálogo social. No hay un solo conflicto ni tensión social a la que no hayamos acudido en el término de la distancia, al diálogo; los problemas se enfrentan por la vía del diálogo en el Meta, en el César, en el Cauca, en todas partes, de eso puedo dar fe, que cuando se han agotado las vías del diálogo ha existido la intervención de la fuerza pública…” [sic]
Inmediatamente, después de la intervención del Dr. Guillermo Rivera, las comunidades presentes en la Audiencia Pública manifestaron que el diálogo con el Gobierno Nacional, normalmente terminaba con seguimientos a los líderes sociales y ambientalistas, por parte de los organismos de seguridad y de acciones del ESMAD contra las comunidades.
Nuevos Anuncios
El pasado 6 de diciembre, en medio de la Mesa de Concertación Indígena, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, sorprendió a las diferentes sectores sociales del país al plantear que el Gobierno Nacional buscará regular la Consulta Previa.
De esta forma, el Estado deja claro nuevamente lo que significa la paz real y el aviso del Dr. Cristo, da un campanazo de alerta ante las verdaderas intenciones del Gobierno Nacional; es decir, cuando el ministro le notifica al país esta decisión es porque comienza el desmonte gradual del único mecanismo que hoy tienen las comunidades para defender sus territorios.
Finalmente, lo que se avecina es una pertinaz lucha de las comunidades colombianas, ante la pretensión del Estado y el viejo anhelo de las multinacionales en acabar o deslegitimar la consulta previa, porque se ha convertido en un verdadero escollo frente al desarrollo de los megaproyectos y la explotación minero energética, como es el caso de San Martín, Cesar, en la que sus habitantes libran una feroz batalla, que todos deberíamos acompañar, contra la implementación del Fracking por parte de la multinacional ConocoPhillips.
Entrevistas
Isabel Cristina Zuleta, Directora del Movimiento Ríos Vivos (Tercera de Izq a Der.)
[ar] actualidad regional:¿Cuál es el balance que les deja a las comunidades la Audiencia sobre Utilidad Pública en la Cámara de Representantes?
Isabel Cristina Zuleta, Directora del Movimiento Ríos Vivos: Es un primer evento sobre un debate muy profundo para el país, que va al nudo de los problemas socioambientales y sus conflictos, pero también al nudo de los intereses de grandes poderes económicos y políticos. Sabíamos que iba hacer muy difícil y no esperábamos una postura favorable del Gobierno, como la que obtuvimos hoy; postura que desconoce la oposición a la política minero energética y abre pocos canales para discutirla; a pesar de ello, encontramos la decidida y firme resistencia de muchas comunidades del país.
De ahí que en el debate intervinieran todo tipo de comunidades afectadas por el mal uso de la figura de utilidad pública y esa resistencia es la posibilidad para que se habrá el debate, se amplié y llegue a las instancia del Gobierno, con el propósito de producir su reflexión sobre lo que le están haciendo con las comunidades rurales y como se esta dando este despojó con el uso de la figura de utilidad pública.
[ar]:¿Cómo explicarle a las comunidades que significa la utilidad pública, cómo enfrentarla y qué derechos tiene frente a su implementación?
Isabel Cristina Zuleta: En términos sencillos le permite a los megaproyectos mineros, grandes represas, de transmisión de energía, las Zidres, que son grandes monocultivos con la intencionalidad de quitarle la tierra a las comunidades, esto le posibilita al Gobierno expropiar, porque argumenta que hay otros intereses mayores sobre el territorio.
En este aspecto, casi se podría decir, como se expresa en uno de los proyecto es que hay que retirar todos los estorbos de la vía para la ejecución de esos megaproyectos; entonces la gente es entendida como un estorbo, Entonces, aplican los decretos que permiten el desalojo forzoso de la gente; es decir, no solo le quitan la tierra a las comunidades sino que si estaban en esos territorios pescando, porque los pescadores no tienen tierra, llega el ESMAD y dan la orden mediante un amparo policivo y despojan a la gente, con el fin de darle paso a los megaproyectos.
Por eso, la importancia que las comunidades nos organicemos y luchemos contra esta figura, porque si se utiliza, también entiendan que la pesca, la tierra, las semillas, la cultura, los saberes ancestrales, como el barequeo, también son de utilidad pública; dado que hoy se esta tergiversando esa figura y se usa para otros intereses.
[ar]:¿Cuáles son las comunidades que en estos momentos están siendo más afectadas por la figura de utilidad pública?
Isabel Cristina Zuleta: Lo que pudimos comprobar hoy en la Audiencia, es que las comunidades más afectadas son las todas aquellas donde hacen presencia los proyectos energéticos; es decir, está figura esta siendo más utilizada para el desarrollo de la producción de la energéticos.
Si bien se ha implementado en las comunidades que se encuentran en territorios mineros, actualmente se ve un interés más exacerbado de su aplicación frente a los proyectos hidroenergéticos, el fracking, el carbón y la construcción de gasoductos. De tal manera, que se puede advertir la implementación de la declaratoria de utilidad pública en territorios atravesados por proyectos energéticos. Por eso, el movimiento Ríos Vivos, llama la atención a las comunidades para que fortalezcamos la organización y nos articulemos, con el propósito de exigirle al Gobierno Nacional que que responda estas simples preguntas. Energía para qué, para quién y a qué costo?
[ar]:¿Qué sé ha ganado hasta el momento?
Isabel Cristina Zuleta: Hemos ganado esperanza en que es posible debatir, así sea con represión. Hemos ganado esperanza en que nos podemos juntar, en que somos un pueblo digno que a pesar de la violencia, nos podemos levantar y exigir nuestros derechos.
Senador Alberto Castilla del Polo Democrático
Senador Alberto Castilla
[ar]:¿Después de la Audiencia qué queda claro de la implementación del concepto de utilidad pública?
Alberto Castilla: Para mi la utilidad pública es un mecanismo para resolver problemas y hoy es mal utilizado. Y cuando me refiero a mal utilizado, es porque frente al modelo de desarrollo económico del país, este concepto se ha convertido en la estrategia para la ejecución de megaproyectos. En este sentido, resulta que al declarar territorios de utilidad pública nunca se tienen en cuenta a quienes habitan esas territorialidades; de esta forma, se presenta un choque entre los planes de desarrollo y los planes de vida de las muchas comunidades en el país.
Mientras las comunidades se relacionan de una forma distinta y armónica con sus ecosistemas estratégicos, los actuales modelos de desarrollo minero energéticos se lo plantean solo para la explotación del recurso. Esto significa que se presenta una ruptura entre la forma como las comunidades abordan el territorio y la que el Estado lo entiende, que es la del simple aprovechamiento económico.
Por estas razones, es fundamental abordar el tema con rigurosidad y contemplando todas las variables, con el propósito que la implementación de la utilidad pública no siga lesionando a las comunidades. En ese orden de ideas y frente a las diferentes denuncias y testimonios presentados por los diversos sectores que intervinieron en la Audiencia, es fundamental que el Congreso entre su implementación.
[ar]:¿Y después de la Audiencia qué sigue?
Alberto Castilla: El debate que den la comunidades, los escenarios como de la Audiencia Pública en el Congreso, en un momento tan importante del país, como es el de construcción de paz, debe llevar al Gobierno Nacional a escuchar estas voces y debería estar dispuesto a revisar esta norma. En esa vía, hoy lo que hemos evidenciado es que se requiere establecer los lineamientos y los procedimientos precisos qué deben tenerse en cuenta para la declaratoria de utilidad pública, porque esta no puede quedar con criterios amplios sino establecido por el legislativo por qué se debe realizar los procesos de declaratoria de utilidad pública.
Por otro lado, frente a los hechos denunciados por las comunidades durante la Audiencia, nosotros seguiremos insistiendo en la Consulta Previa, como un mecanismos a través del cual se escuche la voz desde los territorios. No puede seguir pasando que se hagan declaratorias sin escuchar a la poblaciones colombianas. Por eso, estamos impulsando una reforma constitucional al artículo 64, que contempla los derechos de los campesinos y como uno de sus derechos políticos quede consignado el de la consulta previa, unidos a otros derechos que hoy no tienes las comunidades agrarias del país.
De tal manera, que es oportuno abrir la discusión porque Colombia no puede quedarse entendiendo la oportunidad de construir paz y escuchar la voz de quienes están en los territorios. Este es un verdadero desafió para el Estado, se trata de invertir como se toman las decisiones, para que únicamente no privilegie a los empresarios sino que también debe garantizar las condiciones de vida de los indígenas, afros, campesinos, sectores populares, esto es lo que verdaderamente nos pone a soñar en un país con una construcción de paz estable y duradera, que se vincule a las comunidades y se invierta esa pirámide de la toma decisiones.
[ar] actualidad regional 