Mi bolsillo o las mentiras de telenovela Por. Victor Garavito
Si en una cosa están de acuerdo los colombianos, es que la Reforma Tributaria, propuesta por el Ministro de Haciendo Mauricio Cárdenas Santamaría, lesiona a las clases medias y bajas del país; igualmente, a los trabajadores y profesionales independientes, porque reducirá el salario real para arreglar los desajustes de las cuentas del Estado y su elevado déficit fiscal.
Por eso, diferentes sectores sociales y centrales obreras convocaron, el pasado jueves 27 de octubre, una marcha contra la controvertida reforma, que ha causado fuertes discusiones entre diferentes sectores políticos, quienes anuncian y se muestran renuentes a votarle afirmativamente esta iniciativa del Gobierno Nacional. Aunque, todos sabemos que al final se doblegaran ante los encantos y ofrecimientos del poder.
Es más, por cuenta del precandidato a la presidencia y máxima figura de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, la semana pasada se armó una gresca entre varios altos funcionarios del Gobierno Nacional, que incluyó un fuerte llamado de atención del Presidente Juan Manuel Santos Calderón a su Vicepresidente.
Y como era de esperarse, este estelar momento fue aprovechado por los distintos medios privados de información, para atizar los discursos y ventilar los desacuerdos de los diferentes dirigentes de los partidos políticos, sin entrar a profundizar en las razones de fondo, de una Reforma Tributaria que solo busca cuidarle y dejarle intactos los bolsillos a las multinacionales, las grandes empresas y la plutocracia colombiana, mientras ataca a los que menos tienen.
Es más, a raíz del altercado, la Revista Semana, salió hacer control de daños, como se dice en términos de relaciones públicas, con el fin de bajarle la intensidad a los hechos y volver las cosa a la normalidad frente a la opinión. Por eso, publicó un peculiar publireportaje en el que da explicaciones y trata de detallar los hechos para aclarar las aguas turbias creadas por Germán Vargas Lleras y Cambio Radical; además, la nota periodística crea la sensación que fue un simple malentendido y deja nuevamente entre los colombianos la impresión de la unanimidad monolítica del Estado y nos muestra así las bondades de la Reforma.
Finalmente, mientras usted se sienta todas las noches frente a su televisor ha “entretenerse” con los melodramas de las estrellas criollas del espectáculo o de las historias distorsionadas de narcotraficantes y prostitutas, a ver las interminables odiseas de los refritos de los realities de siempre o tal vez a escuchar las mentiras de los noticieros y dejarse antojar por la publicidad, tenga presente que los canales privados de información siempre han defendido los privilegios de sus dueños y sus grandes empresas, quienes son los únicos beneficiados con la Reforma Tributaria.
Concejal Alexander Madrid Botero Secuestra Equipos de Periodistas Por. Victor Garavito
Ahora la clase política colombiana ha creado un nuevo mecanismo para violar la libertad de expresión y el ejercicio profesional de los periodista en nuestro país.
Así quedó demostrado luego que el Concejal de Montería y Presidente de la Comisión de Presupuesto, Alexander Madrid Botero, quien fue electo por el Partido Conservador Colombiano, le arrebatará la cámara a Marco Antonio Soto Galeano, quien se desempeña como camarógrafo del Canal Nortevisión y el Noticiero CM&; el episodio se presentó mientras cubría actividades del Concejo Municipal de la capital del departamento de Córdoba, junto con la periodista Luz Marina Rodríguez.
Así lo denunció ante la Fiscalía el camarógrafo Soto Galeano, quien además, señaló que el Concejal conservador Alexander Madrid Botero, borró el material grabado y le ordenó al vigilante que sacará a los comunicadores de las instalaciones del Concejo Municipal de Montería. De tal forma, que frente a este incidente, el edil fue demandado por hurto calificado en el ente de investigaciones.
Este hecho fue denunciado y condenado, hace 24 horas, por el Circulo de Periodistas y Comunicadores de Córdoba, mediante un comunicado de prensa que fue ampliamente difundido por los medios regionales y locales; así como por la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper.
De esta forma, la clase política colombiana ya no se conforma con las presiones que recibimos a diario los comunicadores, ni cuando impiden el acceso a la información, la censura de algunos medios privados nacionales y regionales, el no pago por los servicios o congelamiento de las cuentas en las entidades públicas, ni el soborno a cambio del silencio; además de las amenazas ó persecución de algunas entidades gubernamentales y entes territoriales, sino que ahora, secuestra y rapta nuestros equipos, con el fin de evitar el libre ejercicio profesional, los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, de todo ciudadano, como lo establece la carta magna de 1991 y los diferentes convenios internacionales suscritos por Estado colombiano.
Concejal de Montería Alexander Madrid Botero del Partido Conservador
Tragedia Por Accidente Laboral Por. Victor Garavito
En circunstancias que son materia de investigación, en el día de hoy, sobre las 10 de la mañana, tras un accidente laboral, mientras realizaban labores de poda, murió José Alberto Puello Cantillo (Primero de Izq. a Der.) de 24 años de edad, en las instalaciones de la Finca El Indio, ubicada en inmediaciones del casco urbano del Municipio de Algarrobo.
Al mismo tiempo, otro trabajador algarrobero quedó gravemente herido en sus manos y pies, tras recibir una fuerte descarga de energía eléctrica. A esta hora, esta siendo atendido en el Hospital de Fundación y se encuentra estable.
La finca palmera El Indio es propiedad de Agroindustrias JMD, cuya sede administrativa se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Marta, y quienes aún no se pronuncia al respecto ni ha expedido un comunicado oficial, sobre este lamentable hecho que enluta a la comunidad algarrobera, que una vez más se pregunta y cuestiona las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores y operarios que trabajan en la industria palmera.
Por otro lado, el Personero Municipal de Algarrobo, Dr. Yoel Elguedo Jiménez, señaló que en estos momentos se traslada al lugar de la tragedia para iniciar las indagaciones sobre lo sucedido y expedirá un pronunciamiento oficial, una vez haya concluido su visita a las instalaciones de la Finca El Indio; mientras que la Alcaldía Municipal, que lidera Maribel Andrade Zambrano, sigue sin pronunciarse.
“No nos puede detener el miedo” Por. Victor Garavito
Desde este martes, a partir de las 9:00 de la noche, se inicia un paro cívico de 48 horas en San Martín, Cesar, por la defensa de sus recursos naturales y contra la licencia que legaliza la explotación petrolera mediante el sistema de fracturación hidráulica o fracking.
Hoy, a pesar de que el miedo ronda en el Caribe, hay quienes se resisten como lo hacen las comunidades de San Martín y no es para menos, porque se trata de la defensa de nuestros recursos naturales, de la vida.
Sin embargo, la única respuesta del Gobierno Nacional, del Gobernador del Cesar, Francisco Fernando Ovalle Angarita, el Alcalde de este municipio, Saúl Eduardo Celis Carvajal, junto con el Comandante de Policía de este Departamento, Coronel Diego Hernán Rosero Giraldo, fue movilizar 150 unidades del Esmad, el pasado miércoles 18 de octubre, con los que se agredió a quienes protestaban contra la decisión el Estado de permitir la explotación petrolera mediante el fracking, por parte de las multinacionales ConocoPhillips y CNE Oil & Gas.
Fue en medio de estos hechos que el Alcalde del Municipio de San Martín, Saúl Eduardo Celis Carvajal, señaló a las comunidades que realizaban el plantón como “terroristas”, así lo denunciaron varias personas que se encontraron de un momento a otro atrapados por la fuerza pública, quien arremetió contra los participantes de la protesta pacífica, así lo confirmaron sus asistentes.
La movilización ciudadana
La alerta se encendió en la región después que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, expidió la Resolución 0227 del 7 de marzo de 2016(1), autorizando a las multinacionales la explotación de 33.714 hectáreas, de los municipios de San Martín y Aguachica del Cesar y Río Negro, en Santander, del llamado Bloque Valle del Magdalena Medio, VMM-3, con métodos no convencionales, es decir, fracturamiento hidráulico o fracking.
Sin embargo, extrañamente la actual directora de la ANLA, la bióloga Claudia Victoria González Hernández, en una de esas jugadas que realizan los altos funcionarios del Estado para torcerle el cuello a la Ley, se declaró impedida para conocer sobre los procesos que adelanta esta entidad a la Conocophillips, dado que casualmente su esposo, el Ing. Héctor Manuel García Agudelo, elabora el Plan de Manejo Ambiental para el Bloque VMM-3 de esta multinacional, a la que precisamente se le acaba de autorizar la explotación petrolera mediante el fracking.
De esta manera, en la ANLA se configura un conflicto de intereses y se usa la típica puerta giratoria, utilizada por quienes presuntamente se sirven de sus cargos para realizar negocios privados, como lo denunció la comunidades del Municipio de San Martín. Por estarazón, el Ministro del Medio Ambiente, delegó como Director Ah Doc a la Asesora Jurídica Claudia Lorena López Salazar.
Frente a estos hechos, el Comité en Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, CORDATEC, movilizó a los sanmartinense, frente a las políticas de extracción por la vía del fracking, que pondrá en riesgo a las comunidades y terminará por acabar con las fuentes de agua en esta región del sur del Cesar.
Por otro lado, existe un tema no menor y se trata de las condiciones del Contrato que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, con las multinacionales petroleras, donde la participación en la producción del Estado, descontadas las regalías, será de solo el 2%, como lo estipula la cláusula undécima; además, el país recibirá recursos por parte de las empresas extranjeras, una vez la producción supere los 5 millones de barriles y cuando el petróleo alcance los US$81 dólares, así lo determina la cláusula decimotercera.
Por eso, las comunidades del Municipio de San Martín, que cuenta con una extensión de 905.55 Km2, donde viven sus 16.921 habitantes y se encuentra a 342 km de Valledupar, la capital del Cesar, se propone la convocatoria de una consulta popular, para que su gente defina el futuro de su territorio.
Al mismo tiempo que el pasado 18 de octubre era aprobado en quinto debate por la Comisión Primera del Senado, la iniciativa legislativa que eleva el agua a derecho fundamental, en San Martín su gente era reprimida por la Policía Nacional, precisamente por defenderla.
No obstante, el proyecto de Ley No. 11 de 2016 se aprobó por 11 votos a favor y 3 en contra; de esta forma, la iniciativa logró la mayoría absoluta, requerida para un Proyecto de Acto Legislativo y muy a pesar de la intensa labor que hiciera el Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, para hundir esta propuesta.
Finalmente, hoy la resistencia contra el fracking, no solo depende de la valentía de la gente del Municipio de San Martín, sino del compromiso de cada colombiano por la defensa de los recursos naturales, ya que a esta hora, es muy probable que las multinacionales como la ConocoPhillips, planeen como seguir destruyendo nuestro país.
Las Voces de la Comunidad
Carlos Andrés Santiago de CORDATEC
Con el fin de conocer los puntos de vista de la comunidad sanmartinense, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carlos Andrés Santiago, miembro del Comité en Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, CORDATEC, en momentos en que este martes 25 de octubre se realizaba un plantón frente a la sede del Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá.
¿Qué es lo que pasa en el Municipio de San Martín, Cesar?
Carlos Andrés Santiago: Sucede que la gente de San Martín esta resistiendo a que el Gobierno Nacional instale definitivamente el modelo del fracking en el país, a pesar que hace unos día el Esmad violentó un plantón pacífico que organizó la comunidad frente a la entrada de la maquinarias de la multinacional ConocoPhillips, con las que se iniciarían las pruebas de la fracturación hidráulica. Así mismo, estamos organizando un debate de control político y diversas acciones para que el país entienda que la exploración del petróleo mediante el fracking trae consigo riesgo y múltiples daños a los ecosistemas estratégico de una región y por la tanto no debe implementarse.
¿Cómo va el proceso de la Consulta Popular en San Martín?
Carlos Andrés Santiago: En estos momentos estamos preparando todos lo elementos jurídico, con los que se convocaría a las comunidades de San Martín a definir y decidir a través de la Consulta Popular, con miras a que en los próximos meses logremos iniciar este proceso. De tal manera, que estamos convencidos que esta medida es la única alternativa jurídica para impedir que en nuestro territorio de lleve a cabo la explotación por fracking; en esta perspectiva, nos estamos organizando, siguiendo el ejemplo de muchos municipio en el país que han acudido a este mecanismo, con el fin de salvaguardar sus territorios, sus ecosistemas y determinar su futuro. Entonces, esperamos que a mediados del otro año, los sanmartinenses estemos votando la consulta.
¿Qué esperan del Gobierno Nacional?
Carlos Andrés Santiago: Pues esperamos que mínimamente escuche las reclamaciones y se siente a concertar con nosotros; porque no puede ser posible que se construya acuerdos con quienes han estado alzados en armas, pero con las comunidades que hemos estado resistiendo de manera pacifica no se nos escucha; al contrario se nos envía la fuerza pública para que reprima nuestra reclamaciones, nos intimide, nos señalen y nos haga seguimientos. Por eso esperamos que escuche las reclamaciones, con el fin de declarar la moratoria del fracking, como el primer paso de la suspensión definitiva en Colombia de esta técnica de explotación petrolera.
¿Hasta dónde resistirán las comunidades de San Martín?
Carlos Andrés Santiago: La resistencia del pueblo de San Martín, hace muchos meses dejó de ser solo nuestra resistencia y se convirtió en la de muchos pueblos, que en Colombia están viendo que lo que estamos haciendo. Por eso, creemos fundamentalmente en la movilización, porque con ella vamos a lograr que el fracking se detenga, debido a que en estos momentos hay varios contratos firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las multinacionales petroleras para ejecutar en siete(7) departamento del país, como en la zona de frontera de Norte de Santander, Cesar y Santander, toda la zona del Magdalena Medio, Antioquia, algunas zona de Cundinamarca y gran parte del Tolima.
De tal manera, que visto desde este punto de vista, podemos decir que el fracking es una realidad, entonces no nos queda más que organizarnos y resistir frente a las pretensiones del Gobierno Nacional y las multinacionales.
Impuestos para acabar con los pobres Por. Victor Garavito
En la actualidad, los diferentes sectores sociales del país cada día buscan intervenir y participar en las decisiones sobre los grandes temas que afectan la vida nacional. Así quedó demostrado durante el Foro sobre la “Reforma Tributaria: Propuestas de la sociedad civil”, que se realizó este lunes en el Hotel Tequendama de Bogotá.
Al evento se dieron cita organizaciones sociales, académicos e investigadores y algunos Congresistas, quienes abordaron desde diferentes perspectivas el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria 2016 (1) y se presentaron algunas las propuestas de la sociedad civil, frente a la iniciativa radicada por el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría en el Congreso, el pasado 19 de octubre.
El Foro fue convocado por Justicia Tributaria, Oxfam Colombia, Dejusticia, CTC, CUT, CGT, Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, CIASE y Central de Integración y Capacitación Cooperativa Cincop, con el apoyo de Christian Aid y Friedrich Ebert Stiftung, FESCOL.
No hace menos de cinco años, los colombianos, cuando se anunciaba una nueva reforma a la estructura tributaria, arrugábamos la cara y estoicamente apretábamos nuestro bolsillo, porque sabíamos que iba afectar a las clases bajas y medias del país. En efecto, la estrategia del Estado se repite una y otra vez; a pesar de ello, en esta oportunidad, ya no son solo los expertos los únicos que tienen la palabra.
Hoy, los ciudadanos desconfían de los llamados “expertos”, tanto del Gobierno Nacional como de los entes territoriales, y de los tecnócratas que siempre le señalan a las comunidades que existen temas muy “complejos” y por eso las decisiones técnicas solo deben tomarlas los que saben. Esta estrategia del establishment –Estado–, subestima e insulta la capacidad de abstracción y la inteligencia del pueblo colombiano; por eso, los diversos sectores sociales propician espacios no solo de discusión sino propositivos, como ocurrió en el Foro sobre la “Reforma Tributaria: Propuestas de la sociedad civil”.
La Reforma
El controvertido proyecto trae grandes cambios que afectarán la economía de muchas familias pobres del país, lo que incrementará el hambre y la exclusión de las grandes capas populares y de paso se atentará contra los derechos humanos; así mismo, desestimulará el consumo, el empleo y con ello la inversión, pero estimulará el dinero plástico para fortalecer el sector bancario, que se enriquecerá, con el aumento del manejo de las tarjetas y por el cobro de estos servicios.
Mientras que por el otro lado, la Reforma Tributaria (2) no es estructural, porque no se toca de fondo los temas que tienen que ver con la progresividad y la equidad, que son los principios básicos de cualquier política tributaria sería. En esta ocasión, como en las anteriores, el Estado sale en busca de recursos para tapar el déficit fiscal, que desde el 2002 empeoró, porque los sucesivos gobiernos gastaron más de lo que ingreso; de esta forma, volvieron insostenible las finanzas del Estado, comprometieron la economía del país y, de paso, el bienestar de los colombianos.
De tal manera, que la estrategia presentada por el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, es gravar a las clases pobres y medias, sin tocar ni intervenir a las grandes empresas ni multinacionales, que evaden los impuestos y saquean los recursos naturales.
Por eso, el IVA pasará del 16% al 19% y todos las colombianos cuyos ingresos mensuales sean de $2.700.000 tendrán que declarar renta, es decir, golpea directamente a las finanzas de la clase trabajadora y media.
Así mismo, la Reforma contempla un monotributo, para pequeños negocios, como los propietarios de peluquerías, tiendas de barrio y pequeños mercados, tendrán la oportunidad de escoger en pagar el impuesto de renta (3% de sus ingresos) o aceptar el monotributo (el 1% de sus ingresos totales).
De otra parte, la iniciativa legislativa propone que las entidades sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y los fondos de pensiones, no pagaran renta, siempre y cuando le demuestren a la DIAN que sus fines son eminentemente sociales.
Mecanismos de Evasión y los Recursos Naturales
“El primer gran golpe el fisco nacional lo dan las compañías que exportan, las multinacionales y nacionales, cuando manipulan los precios de transferencia; este es uno solo de los casos como se evaden impuestos en Colombia que no aborda la Reforma Tributaria”, señala el investigador Álvaro Pardo.
Este mecanismo de evasión se presenta a mayor escala en las empresas mineras, por ejemplo: una compañía que produce carbón en el Cesar, lo transporta al puerto de Ciénaga, en el Magdalena, y ahí se lo vende a un supuesto comercializador y ese intermediario, resulta que es una compañía del mismo grupo económico de la empresa minera y esta se lo vende a precios excesivamente bajos; si hablamos del carbón su precio oscila entre US$10 y US$15 dólares; a su vez el comercializador vende el mineral a US$60 dólares en el mercado internacional.
¿Entonces, dónde quedaron las utilidades de la extracción de nuestros recursos? En manos de un comercializador internacional, es decir, en la misma empresa minera que creó un intermediario para evadir los impuestos y, lo más grave aún, es que ese intermediario fue creado en un paraíso fiscal, donde no es posible acceder a ningún tipo de información sobre esa empresa.
Sin embargo, la compañía minera en Colombia liquida y paga sus impuestos sobre la base de los US$10, precio al que vendió al comercializador internacional. Así es como funciona el carrusel que saquea los recursos naturales del país a través de la manipulación de los precios de transferencia y sobre esto no dice nada la Reforma Tributaria, aunque el Gobierno Nacional sabe exactamente como funciona este tipo de evasión, simplemente no interviene.
Sus opositores
Representante a la Cámara Víctor Javier Correa Vélez
Hoy son muy pocos los Congresistas que han manifestado su abierta oposición a la Reforma Tributaria. Uno de ellos es el joven Parlamentario antioqueño Víctor Javier Correa Vélez del Polo Democrático, quien se encontraba en el Foro. Esto nos respondió sobre sus conclusiones del evento.
¿Cuál es su posición frente a la Reforma Tributaria?
Víctor Correa: Hoy queda claro que la actitud que vamos asumir es de oposición a la Reforma Tributaria, porque su contenido es regresivo, es decir, la iniciativa no esta hecha para que el que tienen más tribute, sino que esta diseñada para que quienes menos tienen tribute más. Por eso, queda claro que tenemos que hacerle oposición, pero debemos poner sobre la mesa cuál debería ser la estructura tributaria que Colombia requiere, porque es evidente que en un Estado social de derecho, en una democracia, los tributos se convierten en un elemento fundamental de la redistribución de la riqueza y eso no pasa en nuestro país; la realidad es solo una: los ricos casi no pagan impuestos, mientras que los pobres y la clase media sí.
En este orden de ideas, vamos hacerle oposición a la Reforma, pero a ir planteando en el camino cuál es la propuesta más favorable para el país, frente a la actual panorama fiscal. Y eso lo haremos en contacto con la gente y todos los sectores sociales; sin embargo, debemos tener en cuenta que la correlación de fuerzas en le Congreso no es la más propicia para quienes nos oponemos a la Ley. En este sentido, sabemos que el Congreso es un espacio que funciona por mayorías y esta las tienen quienes están impulsando la Reforma Tributaria; aunque, creemos que lo movilización social tendrá que jugar un papel muy importante, con el propósito de inclinar la balanza.
¿Frente a los argumentos del Ministro de Hacienda cuáles son los principales punto a debatir y discutir con el Gobierno Nacional?
Víctor Correa: Son varios. En primer lugar, los impuestos indirectos como el aumento del IVA; así mismo, los que afectan a las clases populares y medias; igualmente, acabar con algunas exenciones tributarias que actualmente tienen las grandes empresas y el factor deferencial sobre el impuesto de renta, incluso existen actualmente inequidades entre las pequeñas, mediadas, las grandes y las multinacionales; también, hay que trabajar en aspectos relacionados con la equidad de género dentro de las dinámicas económicas, entendiendo por ejemplo, que las mujeres tienen más riesgo de quedarse sin empleo y tienen menos ingresos salariales; todas estas variables deben ser consideradas al momento de introducir cambios y obligaciones tributarias. Quedan muchos otros elementos, como el monotributo para las tiendas, peluquerías y pequeños negocios, esto es algo en lo que hay que intervenir, porque como esta resulta lesivo para gran parte de los colombianos.
¿Qué pueden esperar los colombianos del resultado de la discusión de la Reforma Tributaria, teniendo el cuenta la composición del actual Congreso, según su análisis legislativo?
Víctor Correa: Bueno, esta no es una Reforma Tributaria realmente estructural, es más para resolver unas necesidades apremiantes de caja del Estado; verdaderamente, de lo que se trata es de recaudar rápidamente recursos ante el déficit fiscal. Siendo así, evidentemente, este gobierno no quiere que se toque los grandes capitales y esto es lo que se tendría que hacer con una verdadera reforma estructural; sin embargo, existen algunos elementos rescatables, como el impuesto a los dividendos, que se abordan de forma tímida y no en la magnitud que requiere el país.
Personalmente, no creo que durante el debate se puedan lograr grandes cambios, dada la imposición que existe sobre estos temas y las mayoría con las que cuenta el Gobierno Nacional a la hora de votar. No obstante, eso también depende de la movilización social de los distintos sectores sociales del país, es decir, si existe una gran respuesta social frente a la actual Reforma, se podrán hacer cambios importantes al proyecto.
¿Cárcel para los evasores?
Víctor Correa: Esa es unas de las propuestas que están sonando; en este sentido, creo que la evasión hay que perseguirla y la cárcel es una alternativa para buscar desincentivar la evasión. Frente a este tema, particularmente, tengo algunas consideraciones de principios con lo que significa la cárcel y en términos generales no creo que esta sea la respuesta que realmente solucione las cosas. En Colombia tenemos las cárceles llenas y sin embargo seguimos teniendo las mismas problemáticas como sociedad. Por eso, creo que la intervención debe darse en otros niveles; sin duda hay que perseguir y castigar los evasores, pero deben existir más sanciones administrativas que penales, es decir, a quien evada se le podría expropiar o imponer multas significativas de índole económico que comprometa su patrimonio. Esta medida si podría constituirse en un desestimulo.
“No Están Solos… No Están Solos…” Por. Victor Garavito
Nada se compara en Colombia como la dignidad y la lucha que mantienen los sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica, en medio de un país vergonzante e impasible, inmerso en el sopor de lo efímero y el olvido.
Todos lo vinos, mientras ellos nunca se cansaron de denunciar, ya sea desde el Senado o en la Calle, como los estaban asesinando, eran exterminados por miles frente a la mirada de una sociedad que jamás fue capaz de conmoverse ni reaccionar; se imponía así nuevamente el leseferismo moral de los colombianos y el silencio cómplice de los medios privados de información.
Como no recordar el atentado contra la Aida Avella Esquivel, el 7 de mayo de 1996, cuando era presidenta de la UP y Concejala de Bogotá. Ese día, sobre las 7:50 de la mañana en medio de un trancón en el Autopista Norte con Calle 141, un grupo de narcoparamilitares lanzó un rocket al vehículo en el que se movilizaba. Este hecho, que fue transmitido casi en directo, en medio del morbo de los periodistas por la muerte y “la chiva”, logró visibilizar y mostrarle al país lo que significaba el genocidio.
Aida Avella Esquivel, Dirigente de la Unión Patriótica
¿Pero cuando perdimos la humanidad que teníamos como sociedad y cómo fue que dejamos que esto pasará? Acaso, la clase política colombiana, no señala aún, que la nuestra es una de las democracia más antigua y sólida del continente.
Claro, en nuestro país siempre se ha perseguido al que piensa distinto y se ha asesinado cualquier expresión de inconformidad y oposición, con el propósito de instaurar el miedo como un dispositivo de control social. Así como no vamos hacer una democracia ejemplarmente excluyente. Por supuesto, que ellos, los plutócratas tienen la razón.
Y eso fue exactamente, lo que ocurrió con la Unión Patriótica, que nació como fruto de los Acuerdos de La Uribe, entre el gobierno del no gratamente recordado presidente antioqueño y conservador, Belisario Betancur Cuartas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 1985.
Desde sus inicios, la Unión Patriótica, se caracterizó por ser una convergencia de distintas expresiones ideológicas y una fórmula, que le permitiría a la insurgencia su transito a la legalidad y el ejercicio de la política; por su parte, el Estado se comprometió a garantizar plenamente las reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles.
Sin embargo, ninguno de los compromisos asumidos por el Gobierno de Betancur Cuartas se cumplieron. En cambio, lo que se desató fue una campaña sistemática de asesinatos, en los que estuvieron involucrados las Fuerzas Armadas, en complicidad con los narcoparamilitares, entre 1985 y el 2005.
De tal manera, que en esa “guerra de baja intensidad” bajo la doctrina del “enemigo interno” que las Fuerzas Armadas colombianas aprendieran en la Escuela de las Américas, de la mano de instructores norteamericanos; además, de la implementación de estrategias como las del Estatuto de Seguridad, la Guerra Contrainsurgente y el Plan Golpe de Gracia, diseñado por el Ejercito colombiano, terminaron por masacrar a dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, ocho (8) congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica.
Actualmente, la gran mayoría de los crímenes se encuentran impunes, aunque en materia jurídica se han realizado significativos avances, como la inclusión en el Código Penal Colombiano la tipificación de genocidio por móviles políticos. De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitió el Caso Colectivo No. 11.227, presentado por UP, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas.
Por otro lado, la Sección Quinta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia del 4 de julio de 2013, decretó la nulidad parcial de la Resolución 5659 de 2002 del Consejo Nacional Electoral, que determinó la perdida de la Personería jurídica de la UP, así́ como dejó sin piso jurídico la Resolución 7477 de 2002, por lo que la Unión Patriótica volvió nuevamente a la arena política nacional al recobrar su reconocimiento como partido político.
Sin embargo, sólo hasta este año el Estado colombiano, pidió perdón por el genocidio de la UP, así lo reconoció el Presidente, el pasado 15 e septiembre, al calificar estos hechos como una “tragedia” en la que “el Estado no tomó medidas suficientes para prevenir los asesinatos, atentados y las demás violaciones, a pesar de las evidencias de que esa persecución estaba en marcha”, así lo señaló Juan Manuel Santos Calderón.
Hoy, luego de conmemorar durante 11 años ininterrumpidamente el Día Nacional por la dignidad de las Víctimas del Genocidio de la UP, el pasado jueves la Unión Patriótica realizó una marcha en Bogotá, porque lo único que no nunca perderán sus militantes es su dignidad; al mismo tiempo, le reclamaron al Gobierno Nacional la implementación definitiva de los Acuerdo de Paz.
Finalmente, a su arribo a la Plaza de Bolívar, los sobrevivientes y militantes de la Unión Patriótica, fueron recibidos por el grito de “No Están Solos… No Están Solos…”, de una parte de la sociedad colombiana, que aún se resiste a la guerra y se la juega por la paz.
In Memoria de mi amigo Ismael Jaimes Córtes. Director del Periódico La Opinión del Magdalena Medio. Asesinado el 6 de mayo de 1992 en Barrancabermeja.
Los Narcoparamilitares y La Clase Política del Magdalena Por. Victor Garavito
La Fiscalía General de la Nación acaba de expedir orden de captura a 18 altos exfuncionarios públicos del Magdalena, entre los que se encuentran exalcaldes y Gerentes de los Hospitales locales, quienes presuntamente son responsables de diseñar una estrategia para robarse los recursos de la salud, en alianza con los narcoparamilitares.
Entre las ordenes de captura se encuentra la del exgerente del Hospital de Algarrobo, Juan Carlos Redondo Andrade, quien se desempeñó en la Empresa Social del Estado, durante la primera parte de la Administración de Licet Belén Prieto Montejo.
Redondo Andrade, fue nombrado por el exgobernador Luis Miguel Cotes Habeych, mediante Decreto 047 del 26 de enero de 2012, quien para esa fecha, ya había sido en tres ocasiones Gerente del Hospital de Algarrobo; además, ocupó ese mismo cargo en el Municipio de Santa Barbará de Pinto y se desempeñó como médico en Pedraza, Tenerife y Salamina.
Según el periódico El Espectador: “Entre las obligaciones que ponía Jorge 40 para avalar la candidatura de una persona a alguna alcaldía de los municipios de Magdalena que controlaban los paramilitares era que les entregaran los contratos de la salud del departamento. Esas imposiciones quedaron plasmadas en pactos, como el de Chivolo y Pivijay, en los que se estableció que a través de la política el paramilitarismo lograría “La Provincia Unida” y que entre el 10% y el 50% de los recursos públicos debían desviarse a las arcas del bloque Norte”.
Capturados:
1. Edgar Enrique Fuentes Torres, exalcalde de Nueva Granada.
2. Carlos Danilo Barrios Sierra, exdirector Hospital de Chibolo.
3. María Guadalupe Mendoza, exdirectora Hospital 7 de Agosto de Plato.
4. Yusif Antonio Atala Elias, exdirector hospital Fray Luis de León de Plato
5. José Onofre Cortina Cervantes, exdirector del Hospital de Tenerife.
6. José Antonio Martínez, exalcalde de El Retén.
7. Carmen Josefina Castañeda, exalcaldesa de Remolino.
8. Ruby Elena Barreto Olivera, exdirectora hospital de Remolino.
9. Diógenes Romero Rodríguez, exdirector Hospital de Remolino.
10. Indira Sierra Carmona, exdirectora Centro de Salud Paz del Rio de Fundación.
11. Ceferino De La Cruz Gómez, exalcalde de Zapayán.
12. Carlos Mario De la Cruz Pacheco, exdirector del hospital de Zapayán.
13. Margarita Rosa Rodriguez Ojeda, exdirectora del Hospital de Sitio Nuevo.
14. William Enrique Orozco Orozco, exdirector Hospital de Salamina.
15. Lourdes Ospino Ospino, exdirectora Hospital de Pedraza.
16. José Antonio De la Cruz Orozco, exdirector del Hospital de El Piñón.
Faltan por capturar:
1. Alfonso Miguel Moya Barraza, exdirector del Hospital de Concordia.
2. Juan Carlos Redondo Andrade, exdirector del Hospital de Algarrobo.
Derechos Humanos y Desarrollo Por. Victor Garavito
¿Qué han hecho los Alcaldes de la subregión del Valle del Rio Ariguaní para erradicar la pobreza? Realmente nada, al contrario, los entes territoriales, solo se encargan de administrar y redistribuir la miseria en los municipios; mientras que la corrupción y los negocios de algunos funcionarios públicos, están por encima de los intereses colectivos.
¿Y por qué no les interesa erradicar la pobreza? Porque la clase política vive de la ignorancia y la clientela, es decir, de las necesidades y carencias de las comunidades. De tal manera, que a pesar de las campañas de las Naciones Unidas, los planes de desarrollo y de las intenciones para cerrar las brechas entre ricos y pobres, que son una de las metas de los objetivos del milenio, su negocio es la pobreza.
En países como el nuestro y en medio de realidades tan abrumadoras como las que viven miles de familias que habitamos el Valle del Rio Ariguaní y donde el 61,7 % de los colombianos, sus ingresos apenas les alcanza para subsistir, puede parecer un contrasentido, que hoy 17 de octubre se celebre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y que su propósito sea el de reconocer los esfuerzos del Estado, en su “empeño” de derrotar el hambre de nuestras comunidades, porque la realidad es otra.
Fue en 1992, que las Naciones Unidas estableció el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el fin de difundir las diferentes iniciativas gubernamentales en su lucha por combatir la exclusión y la marginalidad en el mundo.
Sin embargo, es en 1987, cuando más de 100.000 personas se reunieron en El Trocadero de París, un 17 de octubre, después de ser convocadas por el sacerdote francés Joseph Wresinski, fundador del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, para protestar contra la violación de los Derechos humanos y en favor de la libertad, con el fin de reivindicar las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo.
Hoy, 24 años después, que se iniciará esta celebración, las cosas han empeorado en el mundo y en el Valle del Rio Ariguaní, donde los niveles de exclusión social aumentan, al tiempo que la riqueza se concentran en pocas más y se mantienen la esclavitud en gran parte de nuestra población.
Uribe, la Paz y la Industria de la Guerra Por. Victor Garavito
Cuando se tome una gaseosa Postobón, este sentado frente al televisor escuchando las mentiras de Noticas RCN y te pongas la camiseta del Atlético Nacional, recuerde que estas empresas hacen parte de la Organización Ardilla Lulle, los mismos que patrocinaron las mentiras de Álvaro Uribe Vélez, porque a ellos solo les interesa la guerra; ese es su negocio.
Pero, valla más haya, atrévete a pensar por ti mismo y observé como a través del Canal RCN, lo único que hacen es difundir y convencerte que la única cultura relevante en el país es la paisa y Medellín, la capital, que se la juega con el verde de lo Nacional y se olvidaron que el metro se lo pagamos todos los colombianos.
Por eso, cada vez que tome una gaseosa Postobón, este sentado frente al televisor escuchando las mentiras de Noticas RCN y se ponga la camiseta del Atlético Nacional, observa por la ventana el privilegio que significa haber nacido en tu tierra y lo que ella le aporta al país. Acuérdate que los narcoparamilitares vieron de Antioquía y que ellos contaron con la complicidad de nuestra clase política y el Estado.
Recuerda, que te define la identidad cultural que heredaste y expresas; la que le pertenece a tu gente, la que esta hoy a tu lado; no la que tomas prestada de los medios de información y ni de la postura que asumes porque así es el estilo RCN.
Finalmente, a los paisas y su industria antioqueña, les interesa que olvides tu identidad cultural, solo consuma sus productos y que no pienses por tí mismo el país, donde te mereces vivir en paz.
Mientras campaña del SÍ se dedicó a explicar acuerdos y llamar a la paz, el NO decidió no explicar nada y mentir. pic.twitter.com/uE2H2xS6mF
Al rededor de 4000 mil indígenas de todas las nacionalidades del país y diversas regiones de la geografía colombiana, se dieron cita en Bogotá, el pasado domingo 9 de octubre, para celebrar su XI Congreso Nacional.
Así confirmó la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, quien señaló que el evento “Con la fuerza de la Unidad en la diversidad”, se extenderá hasta el próximo viernes 14 de octubre en el Colegio Claretiano, denominado territorio ancestral Mhyusca, durante los días del encuentro.
El Congreso inició con una ceremonia alrededor del fuego mayor, donde se tejió un mándala con alimentos y plantas medicinales, para ofrendar al territorio y a los espíritus que habitan en el territorio; así mismo, tenía como propósito armonizar la palabra.
Al son de caracoles, flautas, carrizos y luego de un profundo silencio se convocó a los Espíritus de Bakatá, para revivir la lucha de la ONIC y la Guardia Indígena. Luego, los bastones en alto, empezaron a danzar y se le dio paso a las palabras de apertura del Congreso.
En las palabras de apertura el Consejero Mayor de la ONIC, Luis Fernando Arias Arias precisó que: “la ONIC no puede renunciar a su historia jurídica y política que hace parte de su legado. Más allá de ahondar en una discusión formal sobre su naturaleza jurídica, lo que debemos debatir en este Congreso es su apuesta política. El reconocimiento del Gobierno Indígena no lo otorgan las instituciones coloniales ni republicanas, son aspectos formales para seguir controlando la vida jurídica y política de todos los pueblos del mundo…”
En el día de ayer lunes 9 de octubre, en las horas de la tarde, indígenas Guanbianos del Cauca, pertenecientes al pueblo Misak, marcharon por la tradicional carrera séptima de Bogotá, hasta la Plaza de Bolívar, donde se reunieron con los jóvenes del Campamento Por La Paz y, posteriormente, en visitaron el Palacio de Nariño, fueron recibidos por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.
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